Seis hombres mayores de edad fueron aprehendidos en la tarde del lunes 16 de febrero en inmediaciones de la Ruta 226, a la altura del kilómetro 5, acusados de intentar usurpar terrenos ubicados a la vera de la traza mediante la instalación de una empalizada precaria.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo y efectivos de la Comisaría Decimosegunda, quienes constataron que los involucrados se encontraban delimitando lotes de manera irregular en el sector.

Los aprehendidos tienen 23, 25, 26, 29, 30 y 32 años. Tras la intervención policial, se dio aviso a la UFI N° 12, a cargo del Dr. Ferreyra, que avaló lo actuado y dispuso la notificación de los seis imputados por el delito de usurpación (Art. 60 del Código Procesal Penal). Posteriormente recuperaron la libertad en los términos del Art. 161 del mismo cuerpo legal y se ordenó el retiro del cerco instalado.

Dos con pedidos de captura

Durante la identificación se constató que dos de los aprehendidos registraban capturas activas.

El hombre de 32 años presentaba un pedido vigente por delitos contra la fe pública y contra la propiedad, entre ellos falsificación o adulteración de documento público, uso de documento falso y tentativa de robo, además de antecedentes por infracciones a la Ley 23.737 y otros hechos. En comunicación con el Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata, se dispuso su comparendo a primera hora del miércoles.

Por su parte, el hombre de 30 años tenía captura activa por amenazas calificadas y antecedentes por delitos contra la propiedad, infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. Interviene el Juzgado Correccional N° 1 de Mar del Plata, que también ordenó su presentación en la misma fecha.

Antecedentes de los restantes implicados

El hombre de 29 años registra antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracciones contravencionales.

El de 25 años cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracciones contravencionales.

El de 26 años posee antecedentes por hurto en comercio y averiguación de identidad.

En tanto, el joven de 23 años no registra impedimentos legales vigentes al momento del procedimiento.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente.

Vecinos del barrio Fray Luis Beltrán denunciaron esta madrugada un nuevo intento de usurpación en una vivienda ubicada en Las Dalias al 3100, la cual se encuentra en estado de abandono y destinada a demolición.

Según el testimonio de una vecina de 49 años, alrededor de la medianoche observó, junto a otros residentes, que una familia ingresaba al inmueble con intenciones de ocuparlo. La denunciante aseguró que no era la primera vez que intentaban usurpar la propiedad, aunque en ocasiones anteriores los propios vecinos habían logrado impedirlo.

Ante la situación, la mujer se comunicó con el 911 para dar aviso, dejando constancia de que hasta el momento no se logró ubicar al propietario del lugar.

En ese marco, personal de la Comisaría Decimoquinta se presentó en el lugar y, tras realizar un relevamiento vecinal, consiguieron identificar al sospechoso, un hombre de 31 años.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia N° 12, a cargo de la Dra. Simón, dispuso la notificación del imputado por el delito de “Usurpación”, aunque sin medidas restrictivas sobre su libertad.

El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a las empresas y cooperativas prestatarias del servicio de energía eléctrica que operan en General Pueyrredon que trabajen en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para que elaboren e implementen protocolos de verificación previa para solicitudes de nuevas conexiones y reempadronamientos, orientados a prevenir la consolidación de ocupaciones ilegítimas de inmuebles.

En ese sentido, propusieron que se considere un esquema de control documental mínimo, admitiendo como vías de acreditación, sin carácter taxativo y con criterio de razonabilidad:

a) Título: escritura inscripta, boleto de compraventa con intervención notarial de su contenido -no solo certificación de firmas- u otro instrumento que acredite derecho legítimo de posesión;

b) Tenencia legítima: contrato de locación, comodato u otro vínculo jurídico válido con autorización del titular registral;

c) Habilitación pública: constancia emanada de autoridad judicial o administrativa que autorice la ocupación o el uso;

d) Otros supuestos con respaldo normativo (p. ej., adjudicaciones de vivienda social, regularizaciones reconocidas por autoridad competente), debidamente acreditados.

De esta manera, desde la UCR se remarcó “la necesidad de prevenir la instalación de medidores de energía eléctrica en terrenos o inmuebles ocupados irregularmente o usurpados dentro de General Pueyrredon”.

Al mismo tiempo, se explicó que “la propiedad privada cuenta con tutela constitucional, artículo 17 de la Constitución Nacional y artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siendo deber de los poderes públicos prevenir actos que la vulneren”.

A su vez, se añadió que “el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce mecanismos de protección de la posesión legítima y de la propiedad, incluyendo acciones específicas frente a ocupaciones ilegítimas. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los consumidores el acceso a servicios públicos de calidad, imponiendo a las prestatarias el deber de brindar su servicio conforme a la ley y sin lesionar derechos de terceros”.

A continuación, desde la bancada radical se señaló que “la instalación de medidores en inmuebles ingresados sin título legítimo puede contribuir, involuntariamente, a la consolidación fáctica de situaciones irregulares, complejizando restituciones y agravando conflictos vecinales”.

“En el Partido de General Pueyrredon existen situaciones de ocupación irregular y conflictos de tenencia que exigen mecanismos preventivos y de verificación documental coordinados entre el Municipio y las prestatarias, sin estigmatizar a poblaciones vulnerables ni desconocer excepciones legales válidas”, agregaron los ediles y finalizaron afirmando que “el Honorable Cuerpo debe promover instancias de cooperación institucional que resguarden la legalidad, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica”.

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante con el objeto de analizar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en General Pueyrredon.

En ese sentido, la edil radical manifestó su preocupación por “la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, que constituye un fenómeno creciente con impactos jurídicos, sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial”.

A su vez, remarcó que “estas situaciones generan una profunda afectación del derecho de propiedad y exponen a los vecinos a hechos de angustia, violencia y conflicto, particularmente cuando se producen intentos de desalojo”.

“La experiencia demuestra que las modalidades de usurpación son diversas: ocupaciones violentas, asentamientos clandestinos, engaños mediante boletos apócrifos o falsos poderes de disposición, y maniobras de estafa que terminan perjudicando a familias de buena fe”, añadió Romero, quien también sostuvo que “en muchos casos, la falta de control oportuno y de requisitos más estrictos para trámites vinculados a la acreditación de la titularidad, cambios de dominio o solicitudes de servicios básicos, contribuye involuntariamente a la consolidación de ocupaciones irregulares”.

Además, la concejal indicó que “las consecuencias no se limitan al derecho individual de los propietarios, sino que impactan en el entorno urbano, generando degradación ambiental, pérdida de tierras fiscales que podrían destinarse a fines comunitarios, y mayor inseguridad para la población”.

“Las usurpaciones y ocupaciones irregulares producen efectos sobre el ordenamiento territorial, al consolidar procesos de urbanización no planificada que dificultan la provisión de servicios, la infraestructura adecuada y el desarrollo de políticas de hábitat integrales, afectando tanto a los vecinos involucrados como al conjunto de la comunidad”, expresó Romero.

En último lugar, la edil explicó que “la realización de una nueva jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante constituye una herramienta institucional adecuada para debatir diagnósticos, sistematizar experiencias y elaborar propuestas que contribuyan a dar respuestas sostenibles a esta problemática”.

A través de las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, el Municipio llevó adelante esta tarde un operativo de desalojo en una propiedad usurpada, ubicada en Moisés Lebensohn al 1852, mediante el que retiró a 21 personas, de las cuales siete eran menores, y secuestró un arma de fuego.

En paralelo, el personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis rescató a 38 gatos, que ya fueron ubicados en un hogar de tránsito. 

Según informaron desde el Gobierno comunal, de este modo le dieron respuesta a los reclamos de vecinos de la zona que veían en ese domicilio y en sus ocupantes un polo de conflicto permanente.

“Este operativo se concreta gracias a investigaciones judiciales que se llevaron adelante a través de la Fiscalía 12 de Usurpaciones, a cargo de Luis Ferreira”, señaló el titular de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, quien añadió que se encontraban "frente a una situación en donde algunos propietarios vieron vulnerados sus derechos, puesto que un grupo de personas usurparon su domicilio particular”.

“En función de esto -y como auxiliar de la justicia desde el ámbito municipal- se dio acompañamiento a lo establecido por el fiscal. Pudimos irrumpir en el lugar, controlar la escena, desalojar a las personas que estaban allí indebidamente y abordar cuestiones sensibles, como contención a menores y control estructural y de seguridad de la propiedad”, afirmó el funcionario.

En última instancia, remarcó que “siempre” acompañarán a la Justicia “cuando el objetivo es restablecer estos derechos que son vulnerados indebidamente”, al mismo tiempo que expresó que estarán "prestos a actuar para llevar adelante este tipo de acciones”.

Seis hombres, con edades entre 19 y 36 años, fueron imputados hoy por la Justicia tras el intento de usurpación de un predio que fue impedido por personal policial de la Comisaría Decimoprimera.

El hecho ocurrió esta tarde en Yapeyú y 12 de Octubre, a donde los agentes concurrieron tras la denuncia realizada por un hombre de 78 años, propietario de esas tierras, según documentación que presentó.

El personal policial identificó a los imputados, un total de seis masculinos, dos de 19 y cuatro de 23, 26, 29 y 36 años.

Desde la Fiscalía Temática de Usurpaciones, a cargo de Luis Núñez, se ordenó la notificación de la formación de causa por “tentativa de usurpación”, aunque no se los privó de la libertad, y el cese de toda actividad en el lugar.

Dirigentes del club San Isidro denunciaron que fueron usurpadas cinco hectáreas de los terrenos en que planeaban construir la villa deportiva, ubicados en la avenida Jorge Newbery y Cabo Corrientes. Esos terrenos fueron adquiridos hace casi quince años por la familia Philapsidis.

Por la situación, referentes de la institución deportiva aseguraron que se movilizarán hacia la zona para confrontar a los usurpadores. La futura villa, para la cual ya habían instalado la columna de la electricidad y acababan de adquirir el alambrado para cercarla, se encuentra entre las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el complejo acuático Aquopolis.

Según indicaron, un grupo de diez personas ingresó al lugar y comenzó a bajar contenedores con pesadas grúas de camiones especialmente fletados, además de haber instalado ya una casilla, la que estaría siendo ocupada por los custodios del lugar.

El caso fue denunciado ante la Justicia y desde la institución pusieron en conocimiento de la situación al intendente Guillermo Montenegro y al secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de distintas áreas, llevó adelante un operativo para derribar una propiedad que se encontraba en estado de total deterioro y abandono, con humedad y rajaduras significativas en sus paredes, ubicada en el barrio La Florida.

Se tomó la decisión debido a que la estructura tenía peligro de colapso y existía la posibilidad de que cayeran escombros hacía la vía pública, que podrían haber generado daños de distinta magnitud.

La presidente de la sociedad de fomento barrial había manifestado los reiterados hechos de inseguridad en el barrio, lo que fue motivo inicial del reclamo ante este inmueble: se había establecido un refugio para usurpadores, señalados a su vez como causantes de ilícitos y conductas de diferentes tipos. Las personas que usurparon la vivienda ingresaban por la parte trasera de la propiedad, que linda con el arroyo que atraviesa el barrio. En su interior, también se encontraron vehículos abandonados.

En este marco, se iniciaron las acciones desconectando el remanente de los servicios, conexiones de vereda para la contención del riesgo asociado a los mismos. En el operativo intervino personal de EMVIAL, Defensa Civil y EMSUR.

En tanto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, explicó: "Después de haber agotado todas las instancias administrativas, de haber perimetrado recurrentemente una zona en el barrio La Florida, de muchas denuncias de los vecinos, y tras un proceso de notificación y otro que se relaciona con la posibilidad de que el privado tome cartas en el asunto ante la imposibilidad y la negativa, el Estado municipal tomó la decisión y la determinación con diferentes elementos para el derribo controlado de esta estructura".

"Donde hay riesgo público, donde hay actividades inescrupulosas y directuales, tomamos determinaciones severas y de fondo para darle a los vecinos la tranquilidad que se merecen", añadió.

Debido a que la propiedad no tenía vinculación con las estructuras lindantes, el procedimiento no requirió desvinculación a mano, sino que fue un trabajo directo de la maquinaria pesada, con supervisión para evitar situaciones de daño colateral. El material resultante generó seis traslados de camión batea llenos.

Este procedimiento es parte de un trabajo que busca generar un control del espacio público, interviniendo sobre ciertas propiedades en abandono y usurpación como el caso de la ubicada en Santa Fe y Córdoba, donde la problemática excede el mero uso o estado de la propiedad, y se convierte en un foco conflictivo y un riesgo potencial para la sociedad.

La Municipalidad de General Pueyrredon informó que el 10 de octubre a las 10 realizarán la subasta de siete terrenos que pertenecían a la denominada Villa de Paso, delimitada por la avenida Juan José Paso y las calles Las Heras, Larrea y Lamadrid.

La subasta se hará de forma online a través de la plataforma del Banco Ciudad de Buenos Aires. Esta medida se da en el mismo marco de la digitalización de los expedientes que lleva adelante el Municipio desde 2023, ya que las herramientas tecnológicas permiten llegar a mayor cantidad de ciudadanos y transparentar los actos de gobierno.

Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta, constituyendo un correo electrónico que será válido para todos los efectos jurídicos derivados de la subasta y una garantía de oferta equivalente al 3% del valor de base establecido para el inmueble.

En caso de participar por primera vez, deberán registrarse generando su usuario y contraseña. La garantía de oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado preadjudicatarios del lote dentro de un plazo de hasta siete días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la subasta online.

En caso de ser preadjudicatario, reintegrarán los fondos del depósito de garantía una vez abonada la seña y la comisión más el IVA de dicha comisión. La devolución de la garantía de oferta se realizará automáticamente una vez finalizada la subasta y dentro de los plazos establecidos en las condiciones de venta (según se trate de preadjudicatario o no).

La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil, la Patrulla Municipal y el EMSUR, realizó hoy un procedimiento para ingresar en una propiedad usurpada ubicada en Córdoba entre Falucho y Gascón que generaba malestar a los vecinos.

Como consecuencia de dicho operativo, el Municipio identificó a seis personas en situación de calle, quienes fueron retiradas y asistidas adecuadamente. En ese sentido, personal del EMSUR se encargó de la limpieza de la propiedad, el cierre del lugar y la limpieza de la vereda y la zona circundante, para que los vecinos pudieran circular con tranquilidad.Para limpiar la vivienda, que tiene una superficie de aproximadamente 350 metros cuadrados, trabajaron dos cuadrillas: una del área de Espacios Públicos y otra de Higiene Urbana. Durante estas tareas, realizaron dos viajes de almejero al predio de disposición final, con una carga aproximada de 8 toneladas de residuos diseminados en el lugar.

En tanto, el personal de Defensa Civil se encargó de la logística y la seguridad humanitaria durante el proceso, mientras que la Patrulla Municipal transportó los elementos necesarios para el cierre y reordenó la circulación en la zona.Durante el operativo, realizaron un cierre con terciado fenólico en las aberturas de la propiedad y soldaron con chapa marco de ángulo las rejas de entrada para asegurar una obstrucción estanco. Luego instalaron una empalizada publicitaria para el cerramiento definitivo y además, limpiaron la vereda.La vivienda representaba un problema para los vecinos debido a la inseguridad que generaba. En este contexto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, expresó: “Dada a la frecuencia de denuncias al 911 sobre confrontaciones y alteraciones del orden público en la vivienda ubicada en Córdoba entre Falucho y Gascón, y considerando el riesgo estructural y la insalubridad por acumulación de basura, decidimos intervenir después de enviar varias notificaciones a los propietarios sobre estos problemas”.“Desde la Municipalidad, con el apoyo de diversas áreas, procedimos a ingresar al lugar con acompañamiento policial para desalojar a las personas que allí pernoctaban y causaban molestias a los vecinos. Implementamos una medida provisional con un cerramiento más seguro de la estructura. Continuaremos con las acciones administrativas necesarias para que el propietario se haga responsable de estas eventualidades. Si el propietario no cumple con sus obligaciones, se aplicará la regulación de propietarios responsables, conforme a la ordenanza municipal. Seguiremos trabajando en este proceso para regularizar estas situaciones”, concluyó el funcionario municipal.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, marcó distancias esta semana con su par del gobierno nacional, Sabina Fréderic, quien públicamente dijo que las tomas de tierras no son un tema de su área sino que responden al déficit habitacional.

Al hablar del tema, Berni se expresó con una contundencia que había evitado su superior, el gobernador Axel Kicillof: “El derecho a la propiedad es algo que no podemos discutir, la Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y listo, se acabó la discusión”.

Este jueves, consultado por los grises que muestra el gobierno en la cuestión, Berni planteó: “Yo pienso y hablo por Sergio Berni, soy ministro de la provincia de Buenos Aires; el gobernador entiende y comprende la situación como yo, sino ya me hubiera echado a patadas”.

Y justificó en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre: “Quizás yo soy más vehemente porque parte de la transparencia de un político tiene que ser económica e ideológica y no podemos decir una cosa frente al micrófono y después hacer otra”.

Kicillof y Berni afrontan una situación compleja. En la provincia de Buenos Aires ya fueron usurpadas 4.300 hectáreas donde se iban a construir barrios cerrados y viviendas sociales.

Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.

Según esa documentación, que está en los archivos del Ministerio de Seguridad que atesora Berni, desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas. La mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión.

Las tomas son cada vez más organizadas. Berni explicó que últimamente se han sumado diferentes actores a la cadena delictiva, entre ellos abogados, estudios de contadores, y barrabravas que aprovechan la necesidad real de familias que están hacinadas y las usan para ocupar tierras públicas y en algunas ocasiones también privadas.

“Son personas que no tienen un techo propio, son arriadas, las dejan en el lugar 15 días y después cuando se garantizan el control de la zona, los sacan a patadas para hacer negocios inmobiliarios y venta de tierras”, desarrolló.

Estos grupos se amparan en la usucapión, un modo que tienen las personas de adquirir derechos reales -en este caso el dominio (propiedad)- luego de tener el control del terreno durante 20 años.

Fuente: Infobae

Este domingo por la mañana, vecinos del barrio Las Heras denunciaron que un grupo de personas intentaban asentarse en los terrenos ubicados en Fortunato de La Plaza y Tetamanti.  Una situación similar a la ocurrida a principios de agosto en Tatamanti y Mario Bravo.

En esta ocasión, por la insistencia de los vecinos se presentaron en el lugar la policía y la Patrulla Municipal. Detectaron que había un grupo de personas merodeando pero ante la presencia desistieron y se fueron.

Fuentes consultadas por El Marplatense, recordaron una situación muy parecida en el mismo barrio en los terrenos ubicados en Tetamanti y Mario Bravo, en el límite con barrio Parque Hermoso.

En ese caso eran 60 personas y cuando llegó la policía fueron notificados. En el lugar quedó marcado el terreno y se le dio intervención a la Fiscalía 12. Asimismo, se concretó un servicio para que un móvil recorra la zona para que no se haga efectiva la usurpación.

Desde la Asociación Vecinal de Playa Grande, denuncian que los terrenos municipales de la Villa de Paso, que en su momento fueron expropiados, reubicando a las familias que allí permanecían, están siendo nuevamente usurpados por gente que permanentemente descarga materiales y avanza con diferentes construcciones, generando una situación de inseguridad en la zona.

"El grupo de vecinos que viven en cercanías de la Villa de Paso, en las reuniones que mantenemos, manifiestan una constante preocupación, de que los terrenos que fueron expropiados por la municipalidad, están volviendo a ocuparse. Hay terrenos que no pudieron ser expropiados, los cuales pertenecen a particulares, pero lo grave es que los que fueron expropiados, significaron además un alto costo con la relocalización de las familias", manifestó Graciela Delbasto presidente Asociación Vecinal de Playa Grande, en declaraciones a El Marplatense.

"Las personas que ocupan los terrenos no son las mismas que estaban, según observan los vecinos, quienes además ven como van descargando material, construyendo y avanzando con las construcciones", aseguró.

"Por este motivo nos hemos acercado a la municipalidad y hemos pedido una reunión con el intendente Montenegro, para tratar el tema, y nos ofreció recibirnos en la segunda quincena de marzo. Con la ordenanza que establecía la relocalización de la villa, se había creado una comisión mixta entre vecinos y funcionarios y esa comisión funcionó solo un tiempo, por lo que pretendemos que se pueda volver a formar", remarcó la referente vecinal.

Al ser consultada sobre si la situación que se da en el barrio con las usurpaciones, genera a su vez situaciones de inseguridad, Delbasto indicó que "desde ya que también los vecinos denuncian diferentes hechos de inseguridad. Lamentablemente todo se genera por un descuido por parte de las autoridades o el municipio, quien debería haber realizado algún tipo de cuidado sobre los mismos, como cortar el cesped, cercarlos, hacer plazas, iluminar, de manera tal de impedir la reocupación".

"En la anterior gestión mantuvimos una reunión con el ahora ex intendente Arroyo, quien nos explicó que era un tema muy complejo, porque no se puede desalojar familias así nomas, sino que todo necesita de un proceso judicial", destacó.

"Lo que pretendemos lograr es que lo que fue expropiado, se mantenga libre y que haya mas control", concluyó Graciela Delbasto presidente Asociación Vecinal de Playa Grande.