El detenido empresario Lázaro Báez sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri lo presionó para que acusara a la ex presidenta Cristina Kirchner y que admitiera ser testaferro de sus bienes, con el fin de "atacar al modelo de país que imaginó Néstor", al prestar declaración indagatoria en el juicio en su contra por supuesto "lavado de activos".

El dueño de "Austral Construcciones" negó haber sido testaferro del fallecido ex presidente y aludió a una "encerrona" armada en su contra para que se convirtiera en arrepentido e involucrara a la familia Kirchner en los delitos de lavado de activos por los que ahora está preso y es juzgado.

El empresario procesado declaró que fue "utilizado" en "una campaña atroz" para "deshornar" a su familia, y "de un modo elíptico a la familia del ex presidente Néstor Kirchner".

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "manipuló a todo el sistema" en un "esquema perverso", dirigido por "el propio presidente Mauricio Macri", dijo.

En ese contexto, aludió a presuntos ofrecimientos para convertirse en arrepentido a cambio de quedar libre, recuperar parte de sus bienes y dejar a sus cuatro hijos fuera de las acusaciones si se decía testaferro de los Kirchner, algo que no aceptó.

"Fui, soy y seré amigo de Néstor Kirchner, fue un vínculo con mucha anterioridad a que se convirtiera en un político trascendente. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que yo fuera su testaferro, ni de él ni de su familia", afirmó el dueño de "Austral Construcciones", preso en esta causa desde hace casi cuatro años.

"Me permito en esta oportunidad negarlo enfática y categóricamente", agregó.

Báez prestaba declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo juzga junto a sus cuatro hijos por el presunto lavado de unos 60 millones de dólares producto de sus negocios con la obra pública nacional en el kirchnerismo.

La Justicia Federal de Mar del Plata tiene ya en su poder el pedido que un juzgado de Andorra hizo a la Justicia argentina para que tome declaración indagatoria a los testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y a los financistas que utilizó para sacar el dinero del país.

El expediente llegó desde el juzgado de Sebastián Casanello y en la ciudad se aprestan los preparativos para ejecutar el trámite, que se hará online, siguiendo "la ruta del dinero K", según lo que consignó Clarín.

El juez federal Santiago Inchausti mandó a ubicar a las 18 personas requeridas por Andorra y pidió colaboración a la fiscal Laura Mazzaferri, con quien lleva adelante la investigación de una asociación ilícita entre "cuevas financieras" y casas de cambio locales, reactivada a partir de una resolución de la Corte Suprema y que tiene en vilo a célebres personajes de la city marplatense.

Las indagatorias se tomarán en la sede de Viamonte y Bolivar y serán transmitidas por videoconferencia. Estarán allí los arrepentidos en la causa de los "cuadernos", Sergio Todisco y su ex esposa Elizabeth Ortiz Municoy, declarados testaferros de Muñoz, y los titulares del Grupo Jonestur, Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, quienes se repiten en las distintas causas, ahora conectadas.

Rigano y García Navarro y otras 23 personas volvieron a estar procesados en la causa que puso bajo la lupa a las casas de cambio y financieras locales a partir de una denuncia del Banco Central y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Pero ese voluminoso expediente, durante un año y medio, estuvo paralizado. Fue a raíz de una polémica decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: había decretado nulas las actuaciones y sobreseído a todos los imputados a partir de lo que interpretó como un error de Gendarmería, una formalidad al tomar una declaración. Hasta entonces se habían hecho más de 50 allanamientos y secuestrado más de 3 millones de dólares. En estos días, el mecanismo de investigación vuelve a ponerse en marcha.

"Hay indagatorias pendientes y prueba que surgirá de la pericia informática, información sensible que contienen celulares, pendrives y computadoras secuestrados", dijo a Clarín una alta fuente judicial. Los delitos que se investigan son asociación ilícita, intermediación financiera y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra. En los allanamientos, además de los millones en manos de arbolitos y en cajas de seguridad, se secuestraron diferentes tipos de armas: era "territorio tomado", definió en una resolución el juez federal Inchausti.

Ya en la documentación analizada hasta la nulidad se habían hallado pruebas sobre las millonarias transferencias bancarias al Principado de Andorra a través de la financiera Jonestur. Luego Todisco y Municoy, en su arrepentimiento, lo contaron en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El mismo oficio del principado encajado entre los Pirineos que solicita las 18 indagatorias requiere información sobre el estado en que se encuentran las investigaciones abiertas contra el Grupo Jonestur.

Allí, los investigadores federales deberán anexar una nueva causa penal conexa con el expediente de las "cuevas financieras", nacida a partir de la denuncia de empresarios del transporte de pasajeros en Mar del Plata y Pinamar, El Rápido del Sud y Montemar, para que se investigue a Jonestur por el delito de intermediación financiera a partir de la formación de una supuesta asociación ilícita.

"Se trata de una causa reciente, por lo pronto el juez decretó la conexidad con el expediente de las cuevas financieras", confirmó a este diario una fuente del Ministerio Público, que instruye la investigación.