Un hombre de 33 años que cumplía prisión domiciliaria intentó fugarse cuando la Policía allanó la vivienda donde residía, en el barrio El Progreso, aunque fue capturado. La operación se desarrolló en el marco de una investigación por un robo, donde quedó imputado otro de los moradores, un hombre de 48.

Personal de la Comisaría Tercera realizó el allanamiento en Echeverría al 1400 a instancias del Juzgado de Garantías N°5, con intervención de la Fiscalía N°6. La investigación se inició el pasado lunes 2, cuando una mujer de 60 años denunció que autores ignorados ingresaron a su garaje tras violentar el acceso, en una vivienda ubicada en San Salvador 5400, y sustrajeron diversos elementos de uso doméstico.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, se reunieron elementos probatorios como declaraciones testimoniales y análisis de registros fílmicos que permitieron establecer la identidad de los presuntos involucrados, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento concretada en las últimas horas.

Durante el procedimiento se encontraba presente uno de los imputados, un hombre de 48 años, quien fue notificado de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

En el mismo operativo, y en cumplimiento de una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, se procedió a la detención del hombre de 33 años, quien tenía suspendida la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en el marco de una causa por robo agravado (en poblado y en banda) y abuso de armas.

Como se informó, el detenido intentó darse a la fuga por la parte trasera del inmueble, desprendiéndose de la tobillera electrónica de control, pero fue rápidamente reducido por el personal interviniente. Por disposición del Tribunal, fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

Por otra parte, fuentes policiales indicaron que no se hallaron otros elementos de interés vinculados al hecho investigado y que las actuaciones continúan para dar con el restante imputado.

A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio recuperó en el barrio Florencio Sánchez una camioneta Amarok que había sido robada el pasado martes en Miramar. La acción se logró mediante la activación de un alerta en el Anillo Digital, debido a que registró la patente con pedido de secuestro.

Los operadores dieron aviso inmediato al personal policial, que interceptaron el vehículo en Antártida Argentina y Morris, y al ser chequeado por informática, descubrieron que había sido sustraído el pasado 16 de septiembre en la ciudad vecina y que la patente pertenecía otro auto.

Además, la conductora de 26 años no portaba documentación del vehículo ni personal, y además utilizaba una tobillera domiciliaria por una causa vinculada a la venta de estupefacientes, aunque según fuentes policiales cuenta con permiso para llevar a su hija a la escuela.

Por ese motivo, fue aprehendida por encubrimiento y trasladada a la Comisaría Quinta, mientras que la Patrulla Municipal dispuso una grúa para el secuestro de la camioneta.

Por último, desde la Municipalidad destacaron la importancia de que los vecinos denuncien de manera inmediata la sustracción de vehículos, ya que esa información permite la carga en el Anillo Digital y favorece el trabajo conjunto para su recuperación.

MUJER CON TOBILLERA ELECTRÓNICA manejaba esta camioneta robada y saltó cuando pasó por una cámara detectora de patentes. pic.twitter.com/0Rah1f7BJ4

La Cámara de Casación Penal resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández deberá continuar utilizando una tobillera electrónica en su lugar de detención, el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. 

La decisión, tomada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, fue en respuesta a un pedido de la defensa de la ex mandataria para retirar el dispositivo de monitoreo.

La medida judicial desestimó la solicitud de la defensa de Fernández, quien argumentó que, por su condición de ex presidente con custodia permanente obligatoria, el uso de la tobillera no era necesario. Los magistrados ratificaron que la ex mandataria y presidente del Partido Justicialista debe cumplir con las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria, que incluyen el uso del dispositivo de monitoreo electrónico y un régimen de visitas limitado.

Por otro lado, la Cámara analizó una solicitud del Ministerio Público Fiscal para que Fernández cumpla su prisión domiciliaria en otro domicilio. Los jueces decidieron de manera unánime que el lugar de detención seguirá siendo el departamento de San José 1111. Sin embargo, advirtieron que la modalidad de cumplimiento de la condena o el domicilio fijado podrían revisarse en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas o ante cambios en las “circunstancias fácticas”.

En relación con la tobillera electrónica, los jueces Hornos y Barroetaveña sostuvieron que la presencia de custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial”. Además, afirmaron que “renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”. Por ello, respaldaron la continuidad de las restricciones de visitas.

En disidencia, el juez Borinsky propuso dejar sin efecto la colocación del dispositivo, argumentando que la “custodia permanente y especializada” de la policía “garantiza un control suficiente sobre su situación”. Asimismo, señaló que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”. 

Borinsky también abogó por eliminar la limitación en el ingreso de visitas al departamento, considerando que la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.

Fuente: con información de DIB

La tobillera, el arresto domiciliario, el indulto y la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ex presidente Cristina Kirchner son todas las dudas que el abogado experto en derecho constitucional, Enrique del Carril, despejó al ser consultado por Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)

En primera instancia, acerca de la posibilidad de indultar a la ex líder del PJ en un futuro incierto, el profesor universitario contempló: “Es un tema complejo, pero es verdad que el presidente tiene la facultad de indultar en general, es una cosa tradicional. Siempre el Poder Ejecutivo tuvo la facultad de, en alguna medida, meterse en la decisión del Poder Judicial por una cuestión de control de poderes entre los casos de condenas por corrupción, en donde tenemos un marco internacional de lucha”.

En esa línea, también recordó que ese poder está previsto en el artículo 36, “que habla de la idea de mantener limpia la Constitución”, por lo que consideró que “es un tema abierto que habría que analizar”.

Entonces, resumió la respuesta al mencionar que, “en principio, desde la letra de la Constitución, el presidente sí puede -bajo dos requisitos, que sea jurisdicción federal y con previo informe del juzgado interviniente- puede indultar a una persona” y que el jefe de Estado “no tiene ningún límite en ese punto”. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación que realizó uno de los abogados de la ex mandataria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que allí “el margen es mucho más limitado, ya que la última instancia en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Y en este marco, el docente de Derechos Humanos en FASTA explicó: ”La comisión es el órgano que presenta los casos ante la Corte Interamericana, y por lo tanto debe analizar la presentación y ver si la admite o no. En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia, sino que implicaría una responsabilidad del Estado argentino, eventualmente una indemnización o algún acto de desagravio, pero no anularía la condena".

Volviendo a la idea del indulto, subrayó que “es un concepto bastante más viejo, de las monarquías, en las que actuaba como la gracia del rey, quien tenía ese poder de perdonar por valoraciones políticas”. Y asimismo, aclaró que “a pesar de que la persona era culpable, esto no quiere decir que tras el indulto sea inocente, sino que son culpables pero no van a ir presos”.

Además, recordó que “han habido indultos en Argentina, como el de los militares del último golpe militar en el gobierno de Carlos Menem, y que luego fueron dejados sin efecto”.En último lugar, del Carril se refirió al largo debate por la tobillera de la ex presidente, ya que ella planteó que como tiene custodia residencial, podría obviar su uso, donde aseguró que esa “es una posibilidad” y “totalmente viable”.

Un hombre de 27 años fue detenido este martes en el barrio San Juan por el robo a un supermercado, ubicado en la esquina de las avenidas Luro y Alió, el pasado 29 de diciembre. Aquel hecho tuvo una particularidad: su cómplice cumplía prisión domiciliaria y tenía puesta una tobillera electrónica que intentó ocultar bajo una media.

Aquel día, un empleado del Supermercado Día % denunció que dos hombres -uno con arma blanca y el otro con arma de fuego- irrumpieron en el comercio, intimidaron a los trabajadores y clientes con sus armas, sustrajeron dinero en efectivo y, luego, se fugaron a pie.

Vicente Paul Lescano Sosa, que gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en una casa a pocos metros del comercio, había sido detenido el pasado 23 de enero por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata.

Ahora, con la detención en un terreno baldío ubicado en Rivadavia al 3900 de su cómplice, identificado como Guillermo Adrián Cisneros, no quedan prófugos por esta investigación. Cisneros tiene antecedentes por otro robo agravado cometido en 2012. Fue alojado en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán.