Trabajadores del Correo Argentino nucleados en la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) se plegarán hoy a la movilización organizada en la ciudad por la CGT, en la víspera del Día del Trabajador y para reclamar contra las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. Mientras, se encuentran “trabajando a reglamento” y preparan medidas para la semana próxima según indicó Jorge Váttimo, secretario general de la seccional local del gremio.

En declaraciones a El Marplantese, Váttimo describió el plan de lucha que llevan adelante desde el pasado lunes, en el inicio de una serie de medidas frente al conflicto con la empresa. En Mar del Plata, el Correo Argentino cuenta con cerca de 350 empleados, en un contexto donde -según remarcan desde el sector- los salarios más bajos tienen un básico que ronda los $700.000.

Sobre esas acciones, el referente de FOECYT explicó que el 4 y 5 de mayo habrá 48 horas de paro. Y tras esa instancia, “seguirá el 6 de mayo con trabajo a reglamento hasta tener alguna respuesta de la empresa o del Ministerio de Trabajo”.

Váttimo también advirtió sobre la reacción de la empresa frente a las medidas y sostuvo que “luego de haber iniciado el plan de lucha, apostó más fuerte y despidió 20 trabajadores del área logística”. En ese marco, detalló que “tenemos un galpón logístico en Champagnat y Balcarce, donde se registraron la mayor cantidad de despidos”.

Por último, remarcó la situación actual del servicio y señaló que “en este momento estamos con trabajo a reglamento”, lo que implica que “se ve restringida un poco la atención al público, la tarea operativa, porque hacemos cumplimiento a los reglamentos de los carteros, de los supervisores, de los auxiliares”.

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley tras un extenso debate en el Senado. La norma modifica aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores del sector privado, incluyendo la registración laboral, la organización del tiempo de trabajo, las indemnizaciones por despido y los aportes previstos en convenios colectivos.

El nuevo marco regulatorio combina cambios en los costos laborales, herramientas para administrar la jornada laboral y nuevas reglas para la resolución de conflictos judiciales, además de incentivos orientados a la formalización del empleo y a la inversión.

Uno de los principales cambios operativos está vinculado al registro laboral. La ley establece que la inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin necesidad de trámites adicionales ante otros organismos. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán validez legal y deberán conservarse durante diez años. En materia salarial, se ratifica que el pago deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales, quedando excluidas las billeteras virtuales.

La ley introduce el banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, lo que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos dentro de los límites legales vigentes. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período general entre octubre y abril, aunque se habilita a pactar su goce fuera de ese intervalo y a fraccionarlas en tramos de al menos siete días consecutivos.

También se establecen cambios en los aportes sindicales y patronales. Los aportes de los empleadores a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios desde enero de 2028. En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes no podrán exceder el 2%, mientras que se mantiene el 6% destinado a obras sociales. Además, se elimina la posibilidad de que los empleadores actúen como agentes de retención de cuotas sindicales sin autorización expresa del trabajador.

Otro punto central es la ampliación del período de prueba, que pasa a ser de seis meses y podrá extenderse a ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización por antigüedad, aunque el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio y cumplir con todas las obligaciones previsionales.

La norma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de trabajo no registrado o con registración deficiente. En su reemplazo, se crea un régimen de incentivos para la regularización del empleo. Los empleadores que blanqueen personal no deberán abonar sanciones, pero sí pagar las diferencias salariales y previsionales correspondientes al período no registrado.

En materia indemnizatoria, se modifica la base de cálculo para los despidos sin causa, que considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el sueldo anual complementario y las vacaciones. Además, se establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido y se fija un nuevo sistema de actualización de los créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual.

La ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones, financiado con aportes mensuales obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones y las micro, pequeñas y medianas empresas el 2,5%, con posibilidad de incrementos mediante aval legislativo. También se habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual, que reemplazará a la indemnización tradicional sin afectar derechos adquiridos.

Asimismo, se dispone una reducción de las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social: de un punto porcentual para grandes empresas y de 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación. En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial.

Por último, se modifican las reglas para el pago de sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán cancelar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales podrán hacerlo en hasta doce cuotas.

Fuente: con información de Infobae

El cierre de las cuatro sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y que mantiene en vilo a trabajadores de Mar del Plata y otras localidades. En la ciudad, los 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 sostienen un acampe permanente en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes, luego de que la empresa anunciara su cese de actividades en diciembre.

Desde el inicio del conflicto, los trabajadores —nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA)— reclamaron primero el pago de salarios adeudados y luego el cumplimiento íntegro de las indemnizaciones. Sin embargo, las negociaciones con la patronal estuvieron marcadas por la falta de propuestas concretas.

“Desde el primer momento la oferta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del SECZA.

Según explicó el dirigente, el acampe fue clave para forzar a la empresa a sentarse a negociar: “Si algo se logró con los 40 días de acampe es que se hayan sentado en una mesa en la que no querían estar”.

Durante este proceso se realizaron distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La más reciente, llevada a cabo este viernes en La Plata, marcó un punto de inflexión: la empresa alcanzó un acuerdo con trabajadores de una de las plantas más grandes, que contempla el pago del 50% de las indemnizaciones en tres cuotas. Una propuesta que desde el SECZA consideran inaceptable.

De acuerdo a lo trascendido, la patronal intentó utilizar ese acuerdo parcial para dar por caída la negociación con el resto de los trabajadores y avanzar en la judicialización del conflicto. No obstante, la intervención del Ministerio permitió establecer un nuevo cuarto intermedio y mantener abierta la mesa de diálogo.

Este conflicto de Caromar no es un hecho aislado, sino un caso testigo directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. “El estudio de abogados Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado. Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral”, explicó Fraysse.

El dirigente sindical advirtió que esta metodología podría replicarse en otros conflictos: “Esto va a pasar en muchos otros lugares. Llevan la negociación al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese laboral es lo que conviene, porque supuestamente garantiza la disponibilidad de la indemnización”.

Fraysse hizo referencia al denominado “Fondo de Asistencia Laboral”, mediante el cual el gobierno nacional busca redireccionar aportes patronales para que el Estado asuma parte del costo de las indemnizaciones por despido.

“Hace 40 días que estamos ahí. Estuvimos el cuerpo de delegados, la comisión directiva del sindicato y los trabajadores de Caromar. La empresa tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión que ejercemos, aunque el propio candado lo puso la empresa”, concluyó Fraysse.

UTHGRA Mar del Plata entregó casi 5000 cajas navideñas a trabajadores de la hotelería y la gastronomía, en la víspera de la Navidad. La iniciativa fue coordinada por la conducción gremial encabezada por el secretario general Pablo Santín y se desarrolló en la sede de la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

Ayer y hoy, miles de afiliados se acercaron a retirar sus cajas, preparadas con productos de primera calidad para acompañar la mesa navideña de sus familias. Desde el gremio destacaron que esta acción forma parte de una tradición sostenida en el tiempo y representa un gesto de acompañamiento en un contexto económico complejo.

“En el cierre de un año muy difícil para todos, es una enorme alegría poder acompañar a los trabajadores hoteleros y gastronómicos también de esta manera, con este gesto, colaborando a llenar la mesa navideña de sus familias”, expresó Santín.

El dirigente agregó que “sabemos que la situación no es sencilla, por eso redoblamos el compromiso para estar presentes, cerca de nuestros afiliados, cumpliendo con esta tradición tan esperada que permite cerrar un nuevo año juntos”.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre será depositado este sábado 20 en las cuentas de los trabajadores provinciales.

Desde la Provincia, no obstante, se encargaron de aclarar que la medida se concreta en un contexto de “severa crisis económica y restricciones financieras” que afectan de manera directa a la administración bonaerense.

En el cierre del año, el Sueldo Anual Complementario (SAC) vuelve a convertirse en un ingreso esperado por millones de trabajadores. Este pago extraordinario, establecido por la legislación laboral, se abona en dos instancias: a mitad de año y en diciembre, y constituye un refuerzo económico fundamental para quienes se encuentran bajo relación de dependencia.

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual percibida por el empleado en cada semestre. En su cálculo se incluyen conceptos como sueldo básico, horas extras y comisiones. Para quienes no alcanzan los seis meses de antigüedad, el monto se liquida de manera proporcional según el tiempo trabajado.

La segunda cuota del SAC debe depositarse antes del 18 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo. Si la fecha límite coincide con un día no laborable, el pago debe realizarse en el día hábil anterior. En muchos casos, las empresas optan por adelantar el depósito para que los trabajadores dispongan del dinero antes de las fiestas.

El beneficio alcanza a empleados registrados del sector público y privado, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes, salvo que exista una disposición específica que los contemple.

Fuente: con información de Provincia e Infobae

Los residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), atraviesan una situación crítica por la falta de pago de salarios, la precarización de sus condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo. El conflicto impacta directamente en su formación profesional y en la atención que brindan a los pacientes. “Mientras acompañamos, rehabilitamos, contenemos y trabajamos todos los días por la salud y la dignidad de nuestros pacientes, los residentes de INAREPS estamos atravesando una situación insostenible”, expresaron.

En INAREPS, 24 residentes no perciben haberes desde septiembre y aún no cuentan con fecha de cobro. Se recuerda que la institución desarrolla programas terapéuticos especializados en rehabilitación psicofísica y neurológica, configurándose como único centro de referencia nacional público en su área.

El reclamo incluye el pago inmediato de los salarios adeudados, la adecuación de los contratos de residentes y jefes de residentes en su totalidad de acuerdo con la Resolución 1993/2015, y la actualización salarial correspondiente para todos los residentes nacionales en conformidad con lo establecido por la Ley 27.796/2025.

A mediados de julio, el Gobierno nacional modificó el régimen de residencias mediante la Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, transformando la relación laboral en una “beca”. En respuesta, el Congreso sancionó la Ley 27.796, que declaró la “Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud”, derogó la resolución y exigió una actualización salarial que aún no se ha concretado.

Los residentes de salud son profesionales en formación y continua evaluación que prestan servicios esenciales en organismos públicos. “Es vulneración de derechos laborales; desgaste físico, emocional y económico; pone en riesgo la continuidad de un sistema de formación esencial para la salud pública”, señalaron los afectados, quienes llevan más de 90 días sin percibir su salario.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un incremento del 1,3% para el personal doméstico, que se hará efectivo en diciembre y completará la suba pactada a comienzos de noviembre. La medida alcanza a más de 1,3 millones de trabajadores en todo el país, cuyas remuneraciones no habían registrado modificaciones desde septiembre.

A principios de noviembre, la CNTCP -integrada por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo- había confirmado un aumento del 2,7%, distribuido en dos tramos: un 1,4% aplicado en noviembre y el 1,3% restante en diciembre. Además, se dispuso un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que se abonará hasta enero a quienes trabajen más de 16 horas semanales. En el período anterior, la suba total había sido del 6,5%, aplicada entre julio y septiembre.

Con el nuevo ajuste, las escalas salariales quedan de la siguiente manera: los supervisores percibirán $3.783,32 la hora y $471.961,06 mensuales con retiro, y $4.143,71 la hora y $525.691,97 sin retiro; el personal para tareas específicas como cocina cobrará $3.582,80 la hora y $438.483,53 mensuales con retiro, y $3.926,79 la hora y $487.121,05 sin retiro; los caseros recibirán $3.383,53 la hora y $427.807,54 mensuales; quienes asisten y cuidan personas percibirán $3.383,53 la hora y $427.807,54 mensuales con retiro, y $3.783,32 la hora y $476.759,57 sin retiro; mientras que el personal de tareas generales cobrará $3.135,96 la hora y $384.722,14 mensuales con retiro, y $3.383,53 la hora y $427.807,54 sin retiro.

A estas cifras se suman adicionales por antigüedad (1% del salario mensual por cada año de servicio), por zona desfavorable (30% extra en provincias patagónicas y el Partido de Patagones) y el Sueldo Anual Complementario (SAC), que se paga en junio y diciembre y equivale al 50% del mejor sueldo del semestre, proporcional en caso de haber trabajado menos de seis meses.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

A través de un proyecto de resolución, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa la empresa Textilana SA, y por “el impacto que las suspensiones decididas generan en los trabajadores de la ciudad”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, el edil massista se refirió a “la grave situación que atraviesa la empresa Textilana SA -conocida comercialmente por su marca Mauro Sergio- ante la caída de las ventas y la consecuente decisión de suspender a la mayoría de su personal hasta marzo de 2026”.

En ese sentido, explicó que “la industria textil ha sido históricamente uno de los sectores productivos más significativos de Mar del Plata, generando empleo directo e indirecto, impulsando la radicación de familias trabajadoras y conformando un entramado industrial fundamental para el desarrollo económico de la ciudad”.

Al mismo tiempo, Cheppi dijo que “este sector constituye un eslabón estratégico para la diversificación económica local, integrando cadenas de valor de diseño, confección, logística, distribución, comercio y exportación, además de representar una fuente esencial de empleo para mujeres, jóvenes y trabajadores con oficios especializados”.

“Las empresas textiles de la ciudad, entre ellas Textilana SA, sostienen desde hace décadas un rol productivo central, aportando dinamismo industrial, capacidad instalada y continuidad laboral para cientos de familias marplatenses. Textilana SA, a través de su marca Mauro Sergio, es una de las firmas más emblemáticas del sector textil local, con una trayectoria ampliamente reconocida y un impacto significativo en el empleo registrado de la región”, añadió.

A su vez, el concejal opositor señaló que “Mar del Plata constituye uno de los polos textiles más importantes del país, contando con alrededor de 250 fábricas y empleando a más de 3600 personas en forma directa y más de 10.000 en forma indirecta, lo que convierte al sector en uno de los principales motores del empleo y la actividad económica regional”.

“Según datos recientes de la Cámara Textil local, la producción del sector registró una caída cercana al 30% durante 2024, afectando la capacidad productiva, la competitividad y la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, puntualizó.

“Experiencias históricas ya demostraron impactos similares durante 1990, cuando políticas de apertura indiscriminada de las importaciones -implementadas sin un plan real de fortalecimiento de la industria nacional- provocaron cierres masivos de empresas, pérdida de empleos y un profundo retroceso en la actividad textil”, recordó Cheppi.

Para finalizar, el edil massista afirmó que “la suspensión de la actividad productiva de Textilana genera, además del impacto directo sobre su personal, un efecto multiplicador negativo sobre la economía local, disminuyendo el consumo y afectando a comercios, servicios y actividades que dependen de los ingresos de estas familias”.

“El Estado municipal no puede resultar indiferente ante una situación que compromete a uno de los sectores más representativos de la identidad productiva marplatense, ni ante las consecuencias sociales, laborales y económicas asociadas a la paralización de esta actividad industrial”, sentenció.

En Argentina, el sector del delivery ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por plataformas digitales como Rappi y PedidosYa, que generaron ingresos superiores a 1860 millones de dólares en 2024. Este auge, consolidado desde la pandemia de Covid-19 en 2020, se proyecta para 2025 con la participación de alrededor de 160.000 repartidores en todo el país.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con WorkerTech y Civic House, analiza estas dinámicas laborales, revelando un modelo flexible pero precario que transforma los hábitos de consumo y el mercado laboral.

En los últimos años, el delivery se ha convertido en una de las principales formas de consumo en el sector gastronómico a nivel mundial. La irrupción de plataformas digitales facilitó el acceso a comida lista en la puerta del hogar y expandió las opciones hacia productos básicos cotidianos. Esta práctica se afianzó por la comodidad de recibir pedidos sin salir de casa, en un contexto económico y social que impulsó tanto a consumidores como a trabajadores hacia un modelo de negocio en constante expansión.

En Sudamérica, Brasil lidera con amplia ventaja, alcanzando ingresos por más de 8.400 millones de dólares en 2024, según Statista Market Insights. Allí, la aplicación iFood concentra más del 80% del mercado, compitiendo con Uber Eats, Rappi y 99Food. México registró 2.530 millones de dólares en pedidos de comida y víveres, mientras que Argentina se posiciona en un punto intermedio con sus 1.860 millones, sostenida principalmente por Rappi y PedidosYa.

El caso argentino presenta particularidades notables. Durante la pandemia, el delivery fue declarado actividad esencial, acelerando su adopción y multiplicando la cantidad de repartidores. Entre 2020 y 2021, se registró el mayor salto de crecimiento, con incrementos entre el 20% y el 78% en trabajadores activos. Para 2025, se estima que 160.000 personas participen en este sector, consolidándolo como una fuente relevante de ingresos.

El informe del BID, titulado Nuevas modalidades laborales en la economía digital: un estudio empírico del trabajo de reparto en Argentina, se basó en datos de Rappi y PedidosYa (identificadas como Empresa A y Empresa B). Revela que solo el 10% de los repartidores trabaja de manera “full time”, cumpliendo más de 300 órdenes mensuales, mientras que el 90% restante se conecta esporádicamente, sin contrato ni beneficios como vacaciones, aguinaldo o cobertura de salud ante accidentes.

En este esquema flexible, los ingresos son desiguales: los repartidores de dedicación plena superan el promedio salarial de un empleado registrado, aunque en condiciones precarias. Entre septiembre de 2022 y octubre de 2023, sus ingresos crecieron, mientras que los eventuales se estancaron o retrocedieron, contrastando con la pérdida general de poder adquisitivo por inflación.

El estudio detalla la composición de ingresos: en promedio, el 61,3% proviene de órdenes completadas, con variaciones según el vehículo. Los motociclistas obtienen el 66,8% de esa fuente, y los ciclistas el 58,2%. Las propinas representan el 19,3% del total, destacando la importancia del comportamiento de los clientes. El tiempo de conexión influye directamente, permitiendo mayores ganancias en picos de demanda.

El perfil de los repartidores se ha rejuvenecido: la participación de jóvenes entre 18 y 24 años pasó del 24% al 33% en 18 meses, con hombres representando cerca del 80% de la fuerza laboral. Esto refleja el delivery como salida rápida en un mercado laboral con barreras a empleos formales.

Los cambios en hábitos de consumo explican este crecimiento. Una encuesta de Kantar Insights indica que el 76% de los argentinos redujo salidas a comer afuera por altos costos. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés reportó una caída del 20% en consumo desde marzo, superior al 40% en restaurantes de gama media y alta. Muchos locales gastronómicos amortiguaron pérdidas mediante delivery, con promociones, descuentos y pagos electrónicos.

La diversificación amplía el alcance: en Brasil, James Delivery suma víveres y productos esenciales; en Argentina, las apps replican este modelo, ofreciendo desde comidas listas hasta artículos de limpieza. Sin embargo, surgen desafíos: algoritmos regulan el desempeño, generando incertidumbre, y la falta de cobertura agrava vulnerabilidades. En 2021, se registraron 34,5 incidentes laborales por cada 1.000 trabajadores, con 11,1% en trayectos.

Las brechas de género son evidentes: el 55% de las mujeres repartidoras completa hasta 40 órdenes mensuales, frente al 49,3% de hombres, concentrándose en trabajos eventuales. Además, es común trabajar simultáneamente para varias empresas, diversificando ingresos ante la inflación persistente.

Los especialistas coinciden en que el delivery cumple un doble papel: estrategia de subsistencia en un mercado laboral frágil y tendencia de consumo expandida. El debate sobre su regulación es inevitable; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) discutirá en Ginebra las condiciones de trabajadores de plataformas, con 187 países participantes.

Por otra parte, el auge del delivery transformó hábitos de consumo e impactó el mercado de motovehículos en Argentina. La moto se consolidó como transporte preferido de repartidores por su bajo costo, practicidad en tránsito urbano y mantenimiento económico. Datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmaron un agosto con ventas activas. Con proyecciones anuales cercanas a 600.000 unidades, el mercado de motos vive su mejor momento en una década. Dejó de ser opción secundaria para volverse estratégica, vinculada al delivery y nuevas dinámicas de movilidad urbana en Argentina.

UTHGRA Mar del Plata informó que el trabajador que había sido injustamente despedido del Hotel Edén fue reincorporado a su puesto, luego de una audiencia celebrada hoy en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El sindicato había iniciado ayer una medida gremial contundente en el establecimiento ubicado en Gascón al 1700, en repudio al despido de un empleado, quien fue desvinculado por firmar un aval en apoyo a la Lista Celeste de cara a las próximas elecciones internas.

Por esa situación, el gremio desplegó una protesta en las puertas del albergue transitorio del centro y hoy se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó que el trabajador debe ser reincorporado a su puesto de trabajo.

"La reincorporación de este compañero es el resultado de una acción colectiva que, por un lado, demuestra que hubo una gravísima práctica antisindical completamente fuera de lugar, pero también marca que cuando hay unidad, convicción y lucha, el trabajo se defiende y se respeta como corresponde”, expresó el secretario general del sindicato a nivel local, Pablo Santín, al darse a conocer la resolución.

"Además, esto es un ejemplo de que los empresarios no pueden hacer lo que se les de la gana. Tienen que ajustarse a la ley y respetar los derechos laborales de los trabajadores", agregó.

Por último, desde UTHGRA celebraron la decisión tomada a instancias de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, agradecieron el acompañamiento de delegados y trabajadores, y reafirmaron que la conducción seguirá firme en la defensa de cada derecho que intente ser vulnerado.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es un derecho laboral que perciben todos los trabajadores en relación de dependencia registrados, así como jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. El pago se realiza en dos cuotas al año: la primera en junio y la segunda en diciembre.

Según la Ley de Contrato de Trabajo (art. 122), la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el último día hábil de junio, que este año es este lunes.

Sin embargo, existe un plazo de gracia de hasta 4 días hábiles posteriores para efectivizar el pago, por lo que algunos trabajadores podrían cobrarlo recién hasta el viernes 4 de julio.

El monto del aguinaldo de junio equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador durante el primer semestre del año (de enero a junio). Esto incluye sueldo básico, horas extras, comisiones, bonos no remunerativos y cualquier otro concepto que integre la remuneración habitual.

Si trabajaste los 6 meses completos, es el 50% del sueldo más alto de enero a junio.

Si no llegaste a ese tiempo, se debe realizar el sueldo más alto dividido doce y multiplicarlo por los meses trabajados.

Si la empresa no paga el aguinaldo dentro del plazo legal, el trabajador puede reclamarlo ante su empleador y, en caso de incumplimiento, realizar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Además, la falta de pago genera intereses por mora.

Luego de varias semanas de conflicto, negociaciones y un largo proceso de lucha, la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata informó que en las últimas horas se logró llegar a un acuerdo en el conflicto con la cadena "De Top Cake".

De esta manera, los trabajadores despedidos finalmente comenzaron a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

A partir del cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, siete trabajadores habían quedado a la deriva, lo que motivó una inmediata reacción y varias medidas gremiales llevadas adelante por el sindicato.

Además de la protesta realizada semanas atrás en el local de Avellaneda y Jujuy, UTHGRA local desplegó todo el equipo gremial y mediante abogados, consiguió medidas cautelares para embargar los bienes de la empresa, lo que fue determinante para alcanzar un acuerdo más rápido. 

En ese sentido, el secretario general del gremio, Pablo Santín, expresó: "Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a cobrar las indemnizaciones, lo que nos muestra que una de las herramientas más poderosas que tenemos los trabajadores es el derecho a huelga, ya que tiene un efecto contundente. A pesar de los esfuerzos de los empresarios por evadir sus responsabilidades, se pudo llegar a un acuerdo gracias a la movilización de los compañeros".

A su vez, destacó las dificultades atravesadas para llegar a este punto: "Nos encontramos con empresarios difíciles, que hace más de un año y medio no pagan la obra social, incluso teniendo a algunos de sus trabajadores con estados de salud delicados, mientras nosotros no dejamos de hacernos cargo y seguimos brindando todos los servicios y prestaciones con responsabilidad, más allá de que hace el mismo tiempo no recibimos los aportes de la obra social".

En tanto, el dirigente gremial advirtió a su vez sobre el comportamiento de los responsables de la firma, quienes "utilizan un testaferro para eludir sus responsabilidades y no tienen reparos en vulnerar los derechos de los trabajadores". Sin embargo, subrayó que gracias a la unidad y la lucha de los trabajadores se pudo cerrar el acuerdo “en el que todos entendieron que tenían que ceder un poco”.

Más allá de este punto de acuerdo que lleva alivio a las familias cuya fuente de trabajo se vio vulnerada, desde el sindicato sostienen que continuarán exigiendo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los empresarios de "De Top Cake". 

Los trabajadores de la empresa Apolo Fish mantienen sus medidas de fuerza en medio del conflicto que llevan adelante con los dueños: hoy se manifestaron frente a la casa de uno de los propietarios, además de rechazar la propuesta de indemnización para 33 empleados despedidos. El próximo lunes tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.

“Tengo 25 compañeros que están despedidos con una causa que les formaron ellos y 8 compañeros que están despedidos con una causa de fuerza mayor”, explicó Sandra, representante gremial de los trabajadores en diálogo con El Marplatense. Mientras tanto, la actividad en la plata ubicada en Pescadores 1267 está paralizada. 

En cuanto a la propuesta de indemnización hecha por la empresa, se indicó que a los 25 con causa “les quieren dar la indemnización final de vacaciones adeudadas, vacaciones y aguinaldo”, mientras que a los otros 8 “indemnizarlos, pero a 24 cuotas”.

“Nosotros obviamente se la rechazamos. Les dijimos que estaba muy lejos, es decir era una locura lo que nos planteaban”, agregó la trabajadora a la vez que augura algún tipo de novedad para la audiencia anunciada para el próximo lunes: “A ver si modifican algo, si hay otra propuesta”.

Como se indicó, actualmente la planta está paralizada y lo único que se está haciendo es darle frío al pescado que se encuentra en la cámara. En ese sentido, Sandra explicó que “había sido clausurada por inhabilitación por lo que es amoníaco y también porque no tenían habilitación en lo que es en la parte de máquina”.

La delegada recordó que el conflicto comenzó con siete trabajadores despedidos “obviamente sin causa, para nosotros”, y que con el paso de las reuniones y aumento de la tensión entre las partes “nos encontramos que ya le estaban llevando carta de documentos a otros compañeros y nos notificaron ellos mismos que estábamos todos despedidos”.

En el marco del Día del Trabajador Sanitarista, Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) reconoció hoy a más de un centenar de trabajadores, entre jubilados y empleados, que cumplieron 25 y 30 años de servicio. La ceremonia tuvo lugar en la plaza 15 de Mayo, ubicada en la sede central de la empresa.

El acto fue encabezado por el presidente del organismo, Carlos Katz, y contó con la participación del director Daniel Díaz, miembros del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS), representantes de diversas gerencias operativas, compañeros y familiares de los homenajeados.

Durante su discurso, Díaz alentó a los presentes a “continuar por este camino, que es el correcto para una empresa estatal eficiente”, mientras que Katz destacó que “los jubilados dejaron su vida y su historia en esta empresa. Siempre serán parte de nuestra comunidad activa”.

“Insistimos en que el trabajo es en equipo: no hay áreas más importantes que otras. Todas son engranajes de un mismo circuito que garantiza el funcionamiento de los tres servicios esenciales que brindamos. Todos son parte fundamental del esfuerzo diario de esta empresa. Son miembros de este equipo”, resaltó Katz.

El Día del Trabajador Sanitarista conmemora el inicio, el 15 de mayo de 1874, de las obras para la construcción de la Planta Potabilizadora de Recoleta. Estas tareas, impulsadas tras la trágica epidemia de fiebre amarilla de 1871, fueron parte del Plan Bateman, y marcaron el nacimiento de la Comisión de Aguas Corrientes. La infraestructura proyectada estuvo destinada a abastecer a una población de 400.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Se recordó por otra parte que la fecha no laborable se trasladó para el próximo lunes 19, por lo que ese día la atención comercial se brindará exclusivamente a través de la Oficina Virtual en la web www.osmgp.gov.ar, mientras que las guardias operativas técnicas estarán garantizadas para asegurar la prestación de los servicios de agua, cloacas y mantenimiento de desagües pluviales.

Trabajadores del Sanatorio Belgrano realizaron hoy una jornada de reclamo en las instalaciones ubicadas en Belgrano entre Chaco y La Pampa debido a que todavía no cobraron su salario, y desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) amenazan con un paro por 24 horas.

Haciendo palmas y con cánticos en el hall del sanatorio, los trabajadores mostraron su disconformidad con la situación de demora en el pago de los sueldo que “persiste como todos los meses”, según manifestó la secretaria general de ATSA, Analía Moreda.

“Pasado el cuarto día hábil, todos los compañeros se encuentran sin cobrar cero pesos de su salario”, manifestó la referente gremial. Por este motivo, si no reciben el depósito en las próximas horas, “seguramente arranquemos un paro por 24 el lunes”.

Moreda confió que los trabajadores “están agotados, extenuados de esta situación”, a la vez que calificó como “vergonzosa” la actitud de la empresa porque “nadie da la cara, nadie sabe nada”.

Si bien la situación en el nosocomio es conflictiva desde hace tiempo, en enero pasado más de un centenar de empleados, entre administrativos, camilleros, mucamas, enfermeros y personal de mantenimiento, habían denunciado el no cobro sus salarios de diciembre.

Trabajadores del Sanatorio Belgrano, que habían comenzado hoy paro, con atención de urgencias y guardias mínimas, levantaron la medida de fuerza luego de que la empresa abonara los sueldos adeudados. No obstante, aseguraron que permanecerán en “estado de asamblea permanente”.

Analía Moreda, secretaria general de Asociación de trabajadores de la sanidad Argentina (ATSA), destacó que la retención de tareas total culminó a pocas horas de comenzar debido a que “mágicamente aparecieron los salarios adeudados de los compañeros”, entre los que se encontraban enfermeros, mucamas, camilleros, administrativos y empleados de quirófano.

En diálogo con la prensa, Moreda anticipó no obstante que “el quinto día hábil del mes que viene” se reunirán en asamblea y, de hecho, “permaneceremos en estado de asamblea permanente para que no vuelva a pasar esta situación”.

Además, la gremialista lamentó que “a los compañeros les depositan parte del salario y se confían. Pero esperamos y llegamos a este punto”.

Más temprano, Moreda había indicado en diálogo con El Marplatense que ante el pedido de los trabajadores, desde la empresa habían manifestado que se iba a saldar al deuda “cuando haya plata”. 

“Encima tienen esa forma de contestar que parece que uno les está pidiendo limosna, cuando es el salario que uno se ganó trabajando todo el mes y a destajo”, resaltó a la vez que aseguró que “no hay ningún justificativo” para el retraso en el pago.

Enfermeros, mucamas, camilleros, administrativos y empleados de quirófano del Sanatorio Belgrano realizan una medida de fuerza por tiempo indeterminado, sólo con atención de urgencias y guardias mínimas de los pacientes en piso, en el marco de un reclamo salarial que lleva varias semanas y que no tiene visos de solución en un futuro inmediato.

“Es lamentable tener que llegar a esto, pero es la única manera que la empresa entienda que la gente no puede estar sin cobrar”, manifestó Analía Moreda, secretaria general de Asociación de trabajadores de la sanidad Argentina (ATSA), en diálogo con El Marplatense.

Moreda indicó que las autoridades del Sanatorio realizaron un “pago parcial”, pero que lo hicieron “jugando con la buena fe de la gente, diciéndole que la semana siguiente iba a estar el resto. Y la gente con un peso en el bolsillo trata de esperar”.

Sin embargo, resaltó que “estamos casi a fin de mes y esas promesas fueron de pagar cuando haya plata”.

“Encima tienen esa forma de contestar que parece que uno les está pidiendo limosna, cuando es el salario que uno se ganó trabajando todo el mes y a destajo”, resaltó la representante gremial de los trabajadores.

Por otra parte, aseguró que “no hay ningún justificativo” de parte de la empresa por el retraso en el pago y que con relación al futuro “no dieron respuesta alguna de por qué, ni cómo, ni cuándo. Cuando haya plata dicen”.

Tras la finalización del Sistema de Retiro Anticipado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los trabajadores del sector se encuentran en estado de alerta por la falta de respuestas del gobierno sobre la nueva reestructuración. 

En este sentido, Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, señaló en diálogo con El Marplatense que “estamos haciendo recorridas por todas las dependencias del país, sobre todo los del frente de conducción nacional”. 

De modo que “tenemos una falta de respuesta por parte de las autoridades del organismo, por primera vez en años, ante la solicitud de reuniones o planteos de diálogo”. 

Asimismo, recalcó que “hace pocos días se terminaron los retiros voluntarios, necesitamos definiciones sobre nuestra cuestión salarial, las modificaciones de la estructura que siguen pendientes”. 

Por lo que “toda la política que bajan es de forma unilateral y necesitamos que dialoguen con la representación de los trabajadores”, argumentó. 

En este marco, “estamos tratando de esclarecer la situación a nuestros compañeros y el cómo nos preparamos para hacernos escuchar”. 

Por otro lado, aclaró que “hoy no corre riesgo ningún puesto de trabajo, hemos logrado una cautelar que le impide al estado nacional y al organismo llevar despidos adelante”. 

Por consiguiente, la principal preocupación es que “hace un año tenemos el salario congelado, nos han ajustado fuertemente nuestro fondo de jerarquización”. 

El organismo, “está funcionando con cierta deficiencias porque toda al política de desmantelamiento del organismo hace que por la improvisación se hayan ido más de 2500 trabajadores y son los de mayor experiencia”, concluyó. 

A través de su secretario general, Daniel Zacarias, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Mar del Plata expresó su más contundente repudio a la iniciativa lanzada a nivel nacional por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La misma pretende arrogarse la defensa de los derechos de los trabajadores municipales. 

Ante esto indicaron mediante un comunicado: “ATE no pudo detener los miles de despidos de su sector y quiere ingresar a los municipios arrogándose la defensa de los derechos de los municipales en un acto de hipocresía mayúscula. Desconocen la lucha de años llevada adelante por quienes estuvieron siempre en cada comuna, alzando la voz sobre las injusticias y avasallamientos de los derechos de los trabajadores”.

“Somos nosotros, los municipales, de cada Sindicato junto a la Fesimubo quienes conseguimos con mucho esfuerzo y tras muchos años de lucha nuestra Ley, la 14.656”, continuaron.

“Somos nosotros -insistieron- los que sostenemos cada reclamo y conquista por un mejor salario y mejores condiciones laborales y quienes exigimos al gobernador Axel Kicillof la urgente puesta en funcionamiento del Consejo Municipal del Salario”.

Y agregaron: “A los dirigentes que toman las ideas y logros de otros, para ahora acercarlas como propuestas propias y nuevas, les decimos que no vamos a permitir empañar nuestra lucha y nuestros logros, el camino recorrido y el que aún nos queda por transitar; por intereses mezquinos, proyectos personales, políticos o ¡vaya a saber qué!”.

“Los trabajadores municipales de Mar del Plata y General Pueyrredon, encolumnados en la Fesimubo y la CTM seguiremos en la lucha constante e incansable, en la protección y conquista de derechos como lo hicimos todos estos años”, sumaron desde el STM. 

“No necesitamos la demagogia de un grupo de dirigentes necesitados de nuevo de protagonismo, que disimule la falta de representatividad y los logros en el sector que representan”, concluyeron. 

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) del Movimiento Evita denunció que el próximo 26 de noviembre se efectivizará la orden de desalojo del espacio ubicado en Gaboto 9554 donde 150 familias desarrollan diversas tareas.

En este galpón se llevan adelante múltiples actividades productivas y de reinserción laboral, como la fabricación y mantenimiento de carros jugueros, food trucks, gazebos y otros elementos de trabajo, y la distribución de compras colectivas que realizan distintos fruteros de la zona. También es un espacio donde confluyen artistas callejeros, feriantes y emprendedores que realizan su actividad en diferentes puntos de la ciudad, muchos de ellos con más de 10 años de trayectoria.

“El espacio, además de generar trabajo digno, ha sido una herramienta fundamental para la reinserción laboral de diferentes personas, promoviendo la oportunidad de salir adelante a través del esfuerzo y el compromiso”, señalaron a través de un comunicado.

Hace seis años, el lugar fue alquilado por la comunidad trabajadora a personas que luego resultaron no ser los propietarios legales. Una sociedad anónima se presentó como dueña del espacio y ha solicitado el desalojo, sin permitir instancias de mediación.

Desde el inicio de este conflicto, “los trabajadores han buscado dialogar y regularizar la situación, poniéndose a disposición para alquilar de manera legal. También solicitan que se reconozcan las mejoras realizadas en el lugar durante estos años de trabajo”, afirmaron.

En esta situación, solicitaron una instancia de mediación que permita llegar a un acuerdo, el reconocimiento de las inversiones realizadas en el galpón para el desarrollo de la actividad y la posibilidad de alquilar el lugar de forma legal para continuar trabajando dignamente.

"No queremos apropiarnos de nada que no nos corresponda. Somos familias que todos los días salimos a ganarnos la vida con trabajo digno. Pedimos la oportunidad de seguir adelante sin perder nuestro espacio de trabajo," expresaron representantes de la comunidad.

“La situación mantiene en estado de alerta a las familias, que convocan a la sociedad y a los medios de comunicación a visibilizar este conflicto para evitar un desalojo que afectará profundamente a 150 familias trabajadoras de Mar del Plata”, concluyeron.