Si bien hace semanas se votó afirmativamente en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon la ordenanza que regula la actividad de las aplicaciones de transporte, los choferes se encuentran a la espera de que se cumplan los 90 días acordados para su reglamentación para comprender cómo se aplican a la práctica los alcances de la reglamentación. En ese contexto, Facundo Setzes, titular de la Asociación Civil de Conductores Unidos, aseguró que “gran parte” de sus colegas se encuentran “esperanzados de poder trabajar bajo un marco legal, sin el miedo a represalias legales, multas o secuestros”.

En diálogo con El Marplatense, Setzes señaló que los choferes de aplicaciones atraviesan una etapa de transición y que dentro del sector “está bastante dividido el asunto”. Por un lado, indicó que existe un grupo minoritario que rechaza la regulación porque “saben que van a quedar excluidos del trabajo legal”. En contraposición, remarcó que la mayoría de los conductores avanza en la regularización de su actividad, tramitando licencias y adecuando sus vehículos.

Respecto al clima general, el representante de los choferes reconoció que persiste la incertidumbre sobre la implementación concreta de la normativa, la adhesión de las plataformas digitales y el esquema de controles que se aplicará en la ciudad. Según explicó, muchos trabajadores aguardan la reglamentación definitiva para conocer con precisión su situación futura.

No obstante, sostuvo que una porción significativa del sector mantiene expectativas positivas y continúa con los trámites necesarios “para pertenecer a ese trabajo legal que tanto anhelaron”. En la práctica cotidiana, describió escenarios diversos: mientras algunos conductores aún se manejan con cautela y desinformación, otros ya adoptan nuevas dinámicas. Y resaltó que desde la votación en el Concejo “no hubo ningún incidente, ni ninguna disputa ni cruce de palabras. Absolutamente nada, por suerte”.

Setzes destacó además el rol de la Asociación Civil de Conductores Unidos en este proceso de adaptación. Explicó que la entidad gestiona trámites, articula con compañías de seguros para flexibilizar requisitos y brinda asesoramiento integral a los choferes. En esa línea, concluyó que están “asesorando a los choferes de cómo sacar el registro profesional, evacuando todo tipo de dudas y consultas, y ayudándolos en esta transición”.

Tras el debate realizado hoy en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, se consiguió dar tratamiento y aprobar dos expedientes clave que venían analizándose en torno a la regulación de las aplicaciones de transporte. La ordenanza se podría votar en el reciento este jueves.

Al respecto, el concejal de la Coalición Cívica, Guido García, señaló que el texto original “ha sido modificado a partir de las respuestas recibidas por el Ejecutivo la semana pasada y también después de escuchar a los diferentes sectores y los aportes y los bloques”. Según el edil, la búsqueda de consensos fue fundamental para elaborar el dictamen final que crea un registro de empresas de tecnología de movilidad.

El edil detalló que las plataformas tendrán la obligación de registrarse ante el municipio y exigir a sus prestadores una serie de condiciones para garantizar la calidad del servicio. Entre los puntos acordados, mencionó la necesidad de contar con “licencia profesional expedida por la Dirección de Licencias de la Munidipalidad”, antecedentes penales de los conductores, vehículos identificados con seguro para transporte de pasajeros y una antigüedad máxima de 15 años.

Para García, el principal logro de esta normativa es la previsibilidad laboral que otorga a los conductores del sector: “La buena noticia es que lo van a poder hacer sin riesgo a sanciones y con la posibilidad de trabajar de una manera más ordenada y previsible. Así que nos parece un paso más que positivo”.

En sintonía con la regulación de las plataformas, el concejal informó que la comisión también aprobó modificaciones en las ordenanzas que rigen a los taxis y remises, buscando equiparar las condiciones de competencia. En ese sentido, destacó que se logró aumentar la vida útil de sus unidades a 15 años y se avanzó en la quita de regulaciones obsoletas.

El presidente de la comisión subrayó que se avanzó decididamente en “eliminando muchas cargas y restricciones que tenían por ejemplo de horarios, de inspecciones, desinfecciones, tasas que se les cobraban”, recordando además que a principio de año ya se había dejado sin efecto una tasa de transferencia que representaba un costo muy alto para el sector.

“Se ha conseguido avanzar en un equilibrio y en que una competencia que permita a los usuarios poder elegir el servicio más conveniente y cada vez con una mayor calidad”, afirmó García.

El referente de la Coalición Cívica se mostró “muy contento de haber podido dar este paso”, aunque recordó que la propuesta todavía debe superar una instancia clave antes de implementarse en la ciudad.

“Falta ahora que se pueda debatir en la sesión para que se convierta en ordenanza y que los marplatenses y quienes nos visitan puedan tener una mejor movilidad con una mejor cobertura y con más seguridad”, concluyó.

El uso de la bicicleta crece en Argentina frente al aumento de los costos de movilidad, impulsado por el encarecimiento del transporte, los combustibles y el mantenimiento vehicular, en un contexto económico que obliga a revisar hábitos de desplazamiento en las ciudades.

Cada junio, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta (3 de junio), el tema vuelve a instalarse en la agenda pública como punto de partida para analizar la movilidad urbana y sus desafíos.

El fenómeno se explica por el fuerte incremento de los costos de otras alternativas. Mantener un automóvil cuesta entre $300.000 y $650.000 mensuales, mientras que una motocicleta demanda entre $70.000 y $130.000. En tanto, el transporte público puede representar entre $40.000 y $110.000 mensuales según el uso.

Frente a este escenario, la bicicleta ofrece una ventaja económica clara: sus costos operativos rondan entre $20.000 y $35.000 mensuales, incluso considerando mantenimiento y seguridad. Esta diferencia la convierte en una opción cada vez más elegida por motivos financieros y ambientales.

Sin embargo, su participación en la movilidad urbana aún es limitada. Solo el 4% de los viajes a nivel nacional se realiza en bicicleta. En la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 7%, con más de 400.000 viajes diarios impulsados por una red de más de 300 km de ciclovías.

La pandemia marcó un punto de inflexión, acelerando su adopción y consolidando el hábito. A esto se suma el crecimiento de la micromovilidad, con bicicletas eléctricas que amplían el perfil de usuarios.

No obstante, el crecimiento enfrenta desafíos estructurales. La falta de infraestructura segura limita su expansión, mientras que la seguridad vial sigue siendo una preocupación central. En 2025 se registraron 4060 muertes en siniestros viales, de las cuales el 5% correspondió a ciclistas.

A esto se suma el robo de bicicletas, con entre 12.000 y 20.000 unidades sustraídas por año en el AMBA y otras ciudades bonaerenses. Esto impulsó la demanda de sistemas antirrobo, estacionamientos seguros y seguros específicos.

El crecimiento de la bicicleta obliga a repensar la movilidad urbana de forma integral, donde infraestructura, educación vial, seguridad y herramientas de protección son claves para consolidar una alternativa sostenible en el tiempo.

En el marco del debate acerca de la regulación a las aplicaciones de transporte, el presidente de la Asociación Conductores Unidos, Facundo Setzes, aseguró que el sector viene sosteniendo desde hace meses una agenda de trabajo con concejales y referentes del Ejecutivo para avanzar en ese sentido, e indicó que cuando habla de regular “implica solamente habilitar y no tanto restringir”,

En diálogo con El Marplatense, Setzes explicó que “hemos venido trabajando durante varios meses para poner en agenda lo que es la regularización y habilitación de esta actividad”. En ese marco, señaló que mantuvieron reuniones con distintos bloques políticos para conocer sus posturas y, al mismo tiempo, acercar la mirada de los conductores: “Tratamos de ver cuáles son sus expectativas, sus requisitos y, de alguna manera, incidir en una posible regulación futura”.

Setzes sostuvo que el objetivo es aportar las problemáticas y necesidades concretas del sector, al que consideró con mayor conocimiento práctico de la actividad: “Entendemos que somos más entendedores de esta actividad que los mismos integrantes de la política”.

En esa línea, indicó que la asociación presentó un proyecto propio, elaborado a partir de encuestas y reuniones con choferes. “Tuvimos la iniciativa de presentar una propuesta para tratar de que se regule de la forma más favorable, inclusiva, sin tantas restricciones”, explicó. Y remarcó que “cuando me refiero al término regular, implica solamente el tema de habilitar y no tanto restringir”, en contraposición con posturas que priorizan sanciones o limitaciones.

El dirigente también reconoció el rol del Estado en materia de control, aunque planteó la necesidad de garantizar condiciones para trabajar: “Entendemos que el municipio vela por la seguridad, el orden público y la vialidad, pero nosotros también queremos garantías para que los trabajadores podamos desempeñarnos en un marco legal que sea para todos y que sea accesible”.

Sobre el avance legislativo, señaló que “presentamos un proyecto y venimos trabajando fuertemente con el concejal Guido García para proponer cuál es nuestra perspectiva de la actividad”, y agregó que buscan establecer parámetros “amplios y lo menos restrictivos posible”, aunque aclaró que quedarán sujetos al debate en el Concejo Deliberante.

Entre los puntos centrales, mencionó la propuesta de exigir licencia de conducir categoría B1 en lugar de un registro profesional. “A nosotros nos parece obsoleto, hoy implica una práctica teórica en la vía pública que, para este sistema de transporte, resulta innecesaria, ya que contamos con herramientas como el GPS en el celular”, argumentó.

Asimismo, se refirió a la antigüedad de los vehículos: “Algunos bloques propusieron un límite de 10 años, nosotros lo extendemos a 15 años”, explicó, al considerar necesario un equilibrio entre accesibilidad y condiciones de seguridad.

Finalmente, Setzes destacó que la iniciativa incluye un registro local y mecanismos de adecuación para los trabajadores: “Defendemos el trabajo local y establecemos prórrogas para aquellas personas que estén por fuera de algunos de estos parámetros, de modo que puedan incluirse y regularizar su situación”. Según concluyó, el objetivo es avanzar hacia una regulación que permita dejar atrás el esquema de sanciones y formalizar la actividad.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de cambios en puestos estratégicos de la administración pública, entre ellos la renuncia del director del RENAPER, la salida del titular de la UIF y recambios en Transporte y el ENARGAS.

En primer lugar, se confirmó que Pablo Luis Santos dejará su cargo como director del RENAPER a partir del 1° de febrero. En el mismo decreto, el Ejecutivo designó como reemplazante a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, agradeciendo al funcionario saliente “los servicios prestados” durante su gestión.

También quedó formalizada la salida de Paul Starc al frente de la UIF, una decisión que ya había sido anticipada la semana pasada por el Ministerio de Justicia y atribuida a motivos personales. En su lugar fue nombrado Ernesto Gaspari, a quien en el oficialismo señalan como cercano al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Starc, exfiscal, había asumido en abril de 2025 y había llegado al organismo tras la salida de Ignacio Yacobucci, en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde la Casa Rosada remarcaron que Starc no se fue en malos términos y confirmaron que integrará el directorio del BICE, dependiente del Ministerio de Economía. “Si se hubiera ido mal de la UIF, no se le habría ofrecido ese lugar”, deslizaron fuentes oficiales.

En paralelo, el Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, tras aceptar la renuncia de Luis Pierrini, también por razones personales. Finalmente, se dispuso la salida de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y la designación de Marcelo Alejandro Nachón como su reemplazante, destacando que reúne los antecedentes necesarios para el cargo.

Con estos decretos, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración de áreas sensibles del Estado, en un contexto de ajustes internos y reorganización del esquema de gestión.

Fuente: TN

Hoy comenzó a regir el incremento en la tarifa del transporte público urbano en el Partido de General Pueyrredon. Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto plano urbano pasó a costar $1550, según lo establece el decreto firmado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

La actualización también alcanzó a las líneas suburbanas y mixtas, cuyos valores ahora oscilan entre $1550 y $2459,59, dependiendo del recorrido. Hasta ayer, el precio general del pasaje era de $1360.

La suba se implementa en el marco de las facultades otorgadas por el Concejo Deliberante al Ejecutivo municipal para definir la tarifa del transporte público hasta el 31 de diciembre. 

Cabe recordar que desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) habían solicitado que el boleto alcanzara los $1909,82, un monto finalmente inferior al aprobado.

La medida ya impacta desde hoy en todos los servicios urbanos y suburbanos del distrito.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó la Resolución 272/2025 que redefine la distribución del régimen transitorio de subsidios para empresas de transporte automotor que operan fuera del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en ese contexto General Pueyrredon aparece entre los distritos donde el fondo tuvo menor aumento: apenas un 9,2%.

Según el informe, entre los mayores incrementos se destacan Tornquist (+370%), Junín (+298%), San Andrés de Giles (+205%), Chivilcoy (+186%), San Pedro (+178%), Azul (+129%) y Olavarría (+122%).

En contraste, General Pueyrredon figura en el extremo opuesto, con un alza de apenas el 9,2%, por debajo del promedio provincial, al igual que San Nicolás, Tandil, Pergamino, San Antonio de Areco y Ramallo.

Para General Pueyrredon, este bajo aumento representa un desafío significativo, ya que las empresas locales concentran casi $1000 millones en subsidios provinciales mensuales. No obstante, la jurisdicción recibe más fondos del Estado nacional que de la Provincia: en mayo, el gobierno federal transfirió $1443 millones, frente a $1196 millones aportados por Buenos Aires.

Publicada el 25 de septiembre, la norma asigna un monto global de $3540 millones entre más de 60 jurisdicciones municipales, con el objetivo de garantizar “previsibilidad, transparencia y equidad” en la asignación de fondos. Esta medida, impulsada por el propio Ministerio, prioriza variables como el personal afectado, el parque móvil y los kilómetros recorridos para las líneas municipales.

La nueva Metodología de Distribución del Régimen Transitorio establece un ingreso mínimo de $4 millones por unidad, junto con un piso de $2.083.194,50 por agente y $1900 por kilómetro recorrido. Si bien busca equilibrar los recursos, el análisis revela una ampliación de brechas entre municipios, con diferencias superiores al 300% entre las ciudades más y menos beneficiadas.

Fuente: con información de DIB

Los pobladores que bloqueaban desde la semana pasada el acceso a Machu Picchu, en el sureste de Perú, levantaron la protesta, tras alcanzar un acuerdo para el transporte terrestre de los turistas hasta la famosa ciudadela inca, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1983, las visitas al sitio arqueológico se vieron afectadas de manera intermitente desde el 14 de septiembre.

Comunidades campesinas interrumpieron con rocas y troncos la ruta férrea para exigir la salida de una empresa privada de autobuses, cuya concesión de 30 años finalizó el 4 de septiembre.

Una nueva compañía de origen local debía asumir a partir de esa fecha el transporte de los turistas desde la estación de tren hasta Machu Picchu.

Tras una tregua de 72 horas que empezó el miércoles, las dos empresas alcanzaron un acuerdo a instancias del gobierno.

"Ya se levantó la huelga. Los pobladores se reunieron en la sede de la PCM (Presidencia de Consejo de Ministros) en Lima donde llegaron a varios acuerdos", dijo a la AFP Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo.

Según Luque, el principal punto del documento suscrito prevé que las empresas Consettur Machupicchu e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy, propiedad de las comunidades, convinieron prestar el servicio de transporte de manera conjunta "por cuatro meses", cuando se abrirá una nueva licitación.

Este lunes "todo está normal en Machu Picchu", destacó el funcionario.

Al menos 2.300 turistas, entre peruanos y extranjeros, fueron evacuados o salieron por sus propios medios entre martes y miércoles pasado a causa de las protestas que derivaron en choques con la policía que dejaron 14 efectivos lesionados, según un balance oficial.

A este sitio arqueológico, el principal atractivo turístico de Perú, ingresan por día unos 4.500 visitantes en promedio, según el ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

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Un importante operativo policial se llevó adelante en una vivienda ubicada en Goñi al 2.900, donde se investigaba a una banda de delincuentes acusada de protagonizar al menos cuatro violentos robos a choferes de aplicaciones en Mar del Plata.

La intervención, ordenada por la fiscal Lorena Hirigoyen, estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Parque Hermoso con apoyo de los destacamentos Mogotes, Ferrocarril, el Gabinete Técnico de la Comisaría Octava, Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental.

Dentro del domicilio, los agentes encontraron elementos que vinculan a los sospechosos con los asaltos, como una llave con control de alarma de un Chevrolet Prisma robado días atrás, documentación de un Fiat Palio con pedido de secuestro, dos pantalones deportivos que habrían sido utilizados en varios de los hechos, una cuchilla de 25 centímetros y cinco celulares.

Aunque los dos sindicados como autores no estaban en el lugar al momento del allanamiento, la Fiscalía avaló el procedimiento y ordenó profundizar la investigación para detenerlos.

Además, los investigadores lograron reconstruir una secuencia de robos con un mismo patrón: ataques a choferes de DiDi y Uber mediante amenazas con armas blancas y de fuego.

El primero de los robos tuvo lugar el 28 de junio. En ese caso, la víctima fue un conductor de Uber de 64 años, a quien lo amenazaron con un revólver en Baigorrita y De los Reservistas, y los delincuentes se llevaron su Chevrolet Corsa, su teléfono y 80 mil pesos en efectivo.

En tanto, el siguiente asalto por este grupo ocurrió el 15 de agosto, cuando un chofer de DIDI que había levantado a un pasajero en Gutemberg e Inda fue asaltado en Cacique Tohel y Brumana. Tras exhibirle un arma blanca, lo hicieron descender de su Ford Fiesta Max y le robaron dinero y pertenencias.

Una semana más tarde, el 23 de agosto, también tres hombres le robaron el vehículo a una mujer que circulaba en la zona de las avenidas Polonia y Mario Bravo, mientras que el último de ellos ocurrió el pasado sábado cuando una conductora de DiDi fue despojada de su Chevrolet Prisma en Catriel y Canessa. Sin embargo, el rastreo satelital del vehículo permitió ubicarlo en la misma casa allanada hoy y restituirlo a la dueña.

Los cuatro episodios, cometidos en apenas dos meses, refuerzan la hipótesis de que se trata de una banda dedicada a asaltar conductores de plataformas, moviéndose por distintas zonas de la ciudad y usando tanto cuchillas como armas de fuego.

Una audiencia clave llego a su fin, integrada entre padres, autoridades del Consejo Escolar y representantes de la Fiscalía en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, ubicada en La Rioja 2327, en el marco del conflicto por el transporte escolar en el paraje San Francisco y Los Ortiz. 

La presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Mónica Lence, destacó que “la instancia de diálogo siempre es positiva” y confirmó que la causa penal iniciada por el corte de ruta protagonizado días atrás será archivada. “Se entendió que quienes generaron disturbios no fueron los padres. Ellos solo buscaban respuestas. Se separaron las aguas y no habrá consecuencias legales para ellos”, explicó en dialogo con El Marplatense.

Sin embargo, el problema de fondo, la suspensión del transporte escolar, sigue sin resolverse. Lence detalló que el Consejo Escolar espera una autorización de la Dirección Provincial para actualizar los valores del servicio, lo que permitiría una contratación directa y la reanudación inmediata del transporte.

Por su parte, Vanesa, madre de uno de los alumnos afectados, señaló que “no hubo una respuesta concreta sobre el restablecimiento del servicio”. Aunque valoró que se haya adelantado una reunión prevista para el miércoles, remarcó que “recién la semana que viene podría haber novedades”.

Cristian Cativiela, consejero escolar y presidente de la Comisión de Transporte, agregó que ya se enviaron los informes correspondientes a La Plata para justificar la necesidad de volver a los valores previos al recorte que dejó desierta la última licitación. “Si la provincia aprueba esos valores, el servicio se puede restablecer en uno o dos días. No es una licitación nueva, es un ajuste técnico”, aclaró.

Además, en la reunión se garantizó la continuidad pedagógica de los alumnos. Se confirmó que no se computarán inasistencias y se entregarán los módulos correspondientes mientras dure la suspensión del servicio. “No queremos que los chicos pierdan su vínculo con la escuela”, remarcó Cativiela.

Si bien desde el Consejo Escolar aseguraron que hay diálogo fluido con las autoridades provinciales, el malestar entre las familias persiste ante la falta de una solución inmediata. “Cada día que pasa es un día más sin clases para nuestros hijos”, lamentó Vanesa.

La expectativa ahora está puesta en que la Dirección de Transporte provincial emita una respuesta favorable antes del lunes. Mientras tanto, los padres siguen a la espera de que el servicio esencial se restablezca cuanto antes.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires retiró en lo que va de 2025 un total de 1.200.500 kilos de carga que excedían los límites permitidos mediante operativos en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses, como el Camino del Buen Ayre, el Peaje Dock Sud y la Ruta 6.

Según se informó, durante estos operativos se detectaron camiones con sobrepeso en materiales como arena, arcilla, fresado, hormigón, tierra y tosca.

Desde el Ministerio de Transporte destacaron que el exceso de carga “no sólo representa una evasión fiscal al no declarar el peso real, sino que también deteriora las rutas, daña los vehículos y aumenta significativamente el riesgo de siniestros viales”.

Los controles, realizados por agentes de Fiscalización de Cargas, también identificaron otras infracciones, como la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, neumáticos en mal estado, ausencia de lona cobertora y carga sin sujeción. Estas faltas, derivaron en multas para los responsables.

Sobre estos operativos, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, indicó que “necesitamos que todos los actores viales asuman el compromiso de garantizar una conducción segura en los caminos bonaerenses para prevenir hechos fatales de tránsito”.

Además, destacó que “los camiones con exceso de peso no maniobran adecuadamente, deterioran el asfalto y generan condiciones que pueden provocar despistes y colisiones, poniendo en riesgo la vida de nuestras vecinas y vecinos”.

Con el objetivo de optimizar la circulación del transporte público y mejorar la seguridad vial en una zona clave del centro marplatense, se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto que propone la implementación de un carril exclusivo para colectivos sobre la avenida Independencia, entre 25 de Mayo y San Martín, en sentido norte-sur.

Uno de los puntos a atender, según el texto presentado, es abordar los problemas de congestión vehicular que enfrentan diariamente los vecinos, causados por la operación de más de diez líneas de colectivos que comparten carriles de circulación general. Esta situación genera embotellamientos, demoras y maniobras peligrosas, afectando tanto a los usuarios del transporte público como a los conductores particulares. 

La propuesta incluye la creación de un carril exclusivo demarcado y señalizado para colectivos, la prohibición de estacionamiento en ese tramo, la instalación de señalética en calles aledañas para ordenar el ingreso del transporte público y la posible reubicación de algunas paradas para descongestionar el área.

La iniciativa se inspira en experiencias exitosas de ciudades como La Plata, Rosario y CABA, donde la implementación de carriles exclusivos ha permitido reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. Estas medidas buscan no sólo agilizar el transporte público, sino también contribuir a un tránsito más ordenado y seguro para todos los ciudadanos.

El proyecto fue presentado por el concejal de Unión por la Patria, Juan Manuel García, quien explicó la situación en ese tramo señalado “es un desorden total”. Por lo tanto, consideró que se propone “algo simple” como que “los colectivos tengan su propio carril para poder frenar y salir sin congestionar todo el tránsito”.

“Es más seguro para todos y hace que el transporte público funcione mejor también. Esto no es nada nuevo, ya funciona en otras ciudades. Lo único que necesitamos es la voluntad política para hacerlo en General Pueyrredon”, remarcó el edil.

El contexto no es favorecedor, hay prestaciones impagas desde 2023 y los atrasos ya alcanzan los nueve meses. Incluso algunos transportistas no tienen las autorizaciones legales para ejercer su labor por el cambio de sistema y la migración a lo digital.

En diálogo con El Marplatense, Serrano explicó que la deuda afecta tanto al transporte como a los centros de día: “Tenemos gastos fijos que no podemos seguir sosteniendo. Los costos siguen subiendo y los ingresos están congelados”. El referente explicó que los aranceles nacionales, que marcan los valores de facturación, no se actualizan desde el año pasado.

El congelamiento de los aranceles, sumado a la suba constante de combustibles, servicios y salarios, empuja a los prestadores al límite. “Entre octubre y diciembre del año pasado el incremento fue solo del 2,8%, y en lo que va de 2025 no se tocó”, advirtió.

En la reunión con autoridades de IOMA, los transportistas recibieron una explicación: la demora se debería a la transición hacia un nuevo sistema digital para las autorizaciones y la carga de prestaciones. “Nos dijeron que tomaron nota de la deuda y que se van a activar los pagos a la brevedad”, relató Serrano.

Sin embargo, no hubo respuesta concreta sobre una posible actualización de los aranceles. “Nos explicaron que eso no depende de ellos, sino que se está discutiendo a nivel nacional”, dijo. La Federación de Transportistas (FATRADIS) y otras entidades ya elevaron el reclamo en el Congreso, pero la definición aún no llega.

“Hoy estamos sosteniendo el servicio a pulmón, pero si esto sigue así, no vamos a poder continuar”, alertó Serrano. A pesar de las dificultades, destacó que lo más importante son las personas con discapacidad que dependen de estos servicios. “Ahí está el foco. Necesitamos que quienes toman decisiones lo entiendan y actúen en consecuencia”.

Por último, recordó que la crisis no solo afecta al transporte y a los centros de día, sino también a otros prestadores del sistema, como acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales y hogares. “Todos estamos encuadrados dentro de un nomenclador nacional que está completamente desactualizado”, concluyó.

Lo hizo a través del Decreto 321/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, en el cual, en su artículo primero indica: “Acéptase, a partir del 9 de mayo de 2025, la renuncia presentada por el doctor Franco Hernán Mogetta Prevedello, al cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Economía”.

El Artículo 2° señala: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”. Finalmente, el Artículo 3° dice: “Desígnase, a partir del 10 de mayo de 2025, al señor Luis Octavio Pierrini en el cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Economía”.

La salida de Mogetta y su reemplazo por Pierrini, según diversas fuentes, fue impulsada por el asesor Santiago Caputo, con aval del ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien desde el Gobierno se intentó cubrir estas versiones bajo una salida consensuada para pasar a ocupar una candidatura, tal como lo indicó Caputo en las redes sociales.

Quién es Luis Pierrini, el nuevo secretario de Transporte

Pierrini es presidente y gerente general de Triunfo Seguros, una empresa fundada por su padre en 1967, con sede en Mendoza y fuerte presencia en provincias del oeste argentino como San Juan y San Luis.

Con más de 650 empleados y más de 3.000 productores asociados en todo el país, Triunfo funciona bajo el modelo cooperativo. En la compañía también trabajan sus dos hermanos, y es conocida por ser sponsor oficial de la selección femenina de hockey sobre césped, Las Leonas.

El nuevo funcionario no tiene antecedentes en la gestión pública ni experiencia directa en el ámbito del transporte. Desde 2004 dirige la compañía familiar, y en declaraciones a la prensa local ha mostrado preocupación por los desafíos del sector asegurador.

Además de ser presidente de Triunfo Seguros y miembro del ICMIF, es el vicepresidente del club Independiente Rivadavia de Mendoza, también es aficionado al automovilismo y ha ocupado cargos en organismos internacionales del sector asegurador como Reaseguradores Argentinos y la International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF).

Recientemente, adquirió una parte accionaria del diario La Capital de Rosario, integrándose a un grupo de medios con presencia en el litoral argentino.

Aún se desconoce la suerte que correrán los subsecretarios de Transporte que acompañaban a Moguetta, Hernán Gómez (Transporte Aéreo), Martín Ferreiro (Ferroviario) y Mariano Plencovich (Automotor).

Fuente: Noticias Argentinas

Choferes de taxis y remises de Mar del Plata presentaron una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se cumpla con la Ordenanza N° 23928, la cual prohíbe el funcionamiento de aplicaciones de transporte en el Partido de General Pueyrredon. La presentación fue realizada ante el Juzgado N°9 y apunta directamente a la creciente actividad de plataformas como Uber, Cabify y Didi, a las que acusan de operar en la ilegalidad.

En diálogo con El Marplatense, Darío López, secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, expresó: “En conjunto con la agrupación El taxi no se rinde, presentamos una cautelar que se encuentra en el Juzgado N°9 pidiendo que dejen de funcionar las aplicaciones ilegales en Mar del Plata. Las defino así porque hay una Ordenanza, la 23928, en donde se aclara que no pueden trabajar dentro del partido de General Pueyrredon”.

El referente gremial denunció una situación de desigualdad en las condiciones laborales entre los trabajadores del sector formal y quienes operan a través de estas plataformas. “Nosotros tributamos en Argentina, pagamos nuestros impuestos, tenemos los choferes regularizados, dos VTV al año, una inspección anual. Esto no es justo. Estamos jugando con distintas armas. Si no hubiese una Ordenanza, las cosas serían distintas, pero al existir, ellos son los ilegales”, remarcó.

Actualmente, según precisó López, Mar del Plata cuenta con 2.147 taxis, 715 remises y 280 autos rurales, todos habilitados bajo la normativa local. “Nunca nos negamos a que haya más licencias de taxis o remises, pero sí a que estas aplicaciones sigan laburando en la ciudad”, aclaró.

Además, advirtió sobre los riesgos que implica el uso de estos servicios informales: “Estos conductores no tienen seguro, antecedentes chequeados, trabajan en autos en mal estado o en vehículos distintos a los registrados. Viene gente de Buenos Aires a laburar acá. Es todo una vergüenza”.

Por último, cuestionó al Ejecutivo municipal por no tomar cartas en el asunto: “El Intendente está encaprichado y no nos da bolilla porque estas plataformas compran voluntades. Así que nosotros nos dirigimos directamente a la Justicia para que intervenga. Si a esta gente le interesa tanto trabajar con las apps, vamos a presentar un proyecto de ordenanza para pedir más licencias, siempre y cuando se limpie la calle y se respete la normativa vigente”, concluyó.

Ya comenzó a regir en Mar del Plata el aumento del boleto de colectivos aprobado día atrás por el intendente Guillermo Montenegro: la tarifa plana pasará a costar $1360 contra los $1180 que salía hace hasta hace horas, lo que representa un 15%.

El valor fijado por el jefe comunal se acerca a lo señalado por el estudio de costos del Ejecutivo, que hablaba de $1360,14, mientras que está un poco por debajo del $1484,50 que exigían desde la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP).

Se recuerda que el Concejo Deliberante le otorgó a Montenegro la facultad de definir los aumentos del precio del boleto de acuerdo con su punto de vista, y hasta el próximo 31 de diciembre. Este es el primer aumento que autoriza en lo que va del año.

Además de la tarifa plana que se abona en los recorridos en la zona urbana de la ciudad, los servicios suburbanos (líneas como el Batán o el 717) también verán crecer la tarifa de manera considerable.

La Municipalidad de Mar Chiquita, a través del Consejo del Transporte elevó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires una carta en la que aseguran "profunda preocupación respecto de la conducta desplegada por la empresa Costa Azul línea 221", luego del anuncio de la empresa de dejar de aplicar el boleto estudiantil gratuito.

La medida fue tomada tras el anuncio de la empresa transportista mencionada, única que presta el servicio de transporte público urbano e intercomunal en el sector costero del distrito, de dejar de aplicar el beneficio del boleto gratuito estudiantil establecido mediante Ley 14.735, informando que solo se aplicará un 20% de descuento del valor del boleto según el trayecto realizado.En la misma aseguran: "Esta pretensión resulta manifiestamente ilegal y contraria al marco normativo vigente, que establece la obligatoriedad del beneficio para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa citada".  La Ley 14.735 establece en su artículo 2° la gratuidad del boleto para alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario y superior, siendo este un derecho adquirido que no puede ser desconocido unilateralmente por ninguna empresa prestadora del servicio.

"No puede dejar de soslayarse que la empresa transportista ha comunicado que implementará esta medida el día 04/03/2025, un día inhábil por tratarse del feriado de Carnavales, y a tan solo 24 horas previo al inicio del ciclo escolar 2025, lo que a todas luces resalta su accionar antirreglamentario. Por ello es que dejamos solicitado que se arbitren los medios necesarios para que de manera urgente la autoridad de aplicación normalice esta situación y se garantice el derecho al Boleto Especial Educativo de carácter gratuito en el Partido de Mar Chiquita", continúan.

De esta manera, la Municipalidad de Mar Chiquita a través del Consejo de Transporte solicita se intime a la empresa transportista a mantener la plena vigencia del beneficio del boleto estudiantil gratuito; se apliquen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, conforme lo establecido en el régimen de penalidades vigente y se adopten las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 14.735.

Después de 12 años que salió el último tren de Miramar, y con “preocupación” por un proyecto que busca construir un paseo sobre las vías, vecinos de esa ciudad, Otamendi, Estación Chapadmalal, Batán y Mar del Plata organizan una mateada para reclamar por la vuelta del tren que une las dos ciudades costeras.

El encuentro, informaron los organizadores, se realizará el próximo sábado 22 a las 18:00 en la estación de trenes de Miramar.

La convocatoria es para reclamar pero, además, para intercambiar miradas sobre la situación actual del proyecto de la vuelta del tren y los pasos a seguir en adelante.

En ese sentido, exigieron que “se vuelva a considerar la propuesta abandonando por completo el proyecto” o que en todo caso “se considere hacer el paseo dejando las vías del tren como ocurre en el barrio de La Boca en Buenos Aires, donde conviven el tren y el paseo entre Caminito y el estadio de Boca”.

Con el último aumento habilitado por el intendente Guillermo Montenegro, desde esta madrugada ya comenzó a regir el nuevo precio del boleto del transporte de pasajeros: será de $1180. Y si se tiene en cuenta que en enero los marplatenses pagaban algo más de $297, la suba en lo que va de 2024 alcanza casi el 400%.

El aumento fue aprobado el pasado 18 de octubre, y desde entonces se trabajó para actualizar el sistema SUBE. Se recuerda que desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CaMETAP) habían pedido que el mismo ascendiera a $1296,56.

Según informaron desde el Ejecutivo, el estudio de costos realizado desde la Municipalidad dio un valor de $1208,15, por lo que se terminó efectivizando en $1180. Representa, en relación a los $940 que se pagaban hasta ayer, un 25,5% más.

Se recuerda que este es el tercer aumento que se le otorga a los empresarios del transporte de General Pueyrredon en lo que va del año. El primero había sido el pasado 25 de marzo, cuando pasó de $297 a $750. Y el segundo el 1 de julio, cuando se estableció el costo de $940.

Obviamente que el aumento del colectivo afecta a toda la comunidad, pero especialmente a aquellos que lo usan para trabajar y están obligados a transportarse diariamente. Por ejemplo, quienes trabajen en comercio, seis días a la semana y tomen dos colectivos por día, tendrán que desembolsar alrededor de $53.664 por mes.

Esto es obviamente para quienes hagan horario corrido y sólo tomen dos colectivos por día. Y tampoco incluye a quienes abonen otro tipo de tarifa más cara relacionada con líneas interurbanas.

Como se dijo más arriba, el boleto de colectivo en Mar del Plata aumentó casi cuatro veces su valor en lo que va del año, suba motivada fundamentalmente en la quita de los subsidios motorizada por el Gobierno nacional.

Más allá del precio, los usuarios del servicio han mostrado además su disconformidad con el funcionamiento, algo que se traduce por ejemplo a las frecuencias y las condiciones en que se encuentran las unidades. 

Días atrás una pasajera comentó a El Marplatense: “La calidad del servicio es pésima, no hay garitas para refugiarse del mal tiempo, los carteles son viejísimos y si es que están, a los cordones no los pintan y los colectivos están en pésimas condiciones, rotos y sucios. Y hay que sumarle las escasas frecuencias que tienen para pasar”. Una queja que, lamentablemente, se repite.