El municipio continúa firme en su batalla declarada contra Uber y este domingo a la madrugada secuestró el vehículo número 50 que funcionaban en Mar del Plata mediante esa aplicación.

Según informó la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la comuna, a cargo de Claudio Cambareri, el último rodado fue detectado durante un control rutinario en Rodríguez Peña y la costa.  El vehículo, un Fiat Palio negro, era conducido por un hombre que no vive en la ciudad. Al constatar que no estaba habilitado por el municipio como transporte público, se procedió al secuestro del auto.

Este sábado por la noche, el personal municipal de Tránsito había secuestrado otro rodado, cuyo chofer -oriundo de la localidad bonaerense de San Vicente- quiso darse a la fuga. El hecho ocurrió en Belgrano y La Rioja y, debido a la brusca maniobra del conductor, el pasajero cayó de la unidad cuando se estaba bajando y debió recibir atención médica.

La nueva ordenanza -que aprobó el Concejo Deliberante el jueves pasado y que endurece las sanciones contra todos aquellos que ejerzan el transporte ilegal en la ciudad- fue promulgada por el Ejecutivo hace 15 días, por lo que los dueños de los vehículos deberán abonar cifras de 6 dígitos antes de retirar sus rodados del playón municipal.

La reglamentación que se aplicará en estos casos, impulsada por el Intendente Carlos Arroyo, establece cuantiosas multas ante “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal” que irán desde los 10 hasta los 50 sueldos mínimos del personal municipal, lo que representa montos entre los $154200 hasta $771000.

Además, estable el inmediato secuestro del vehículo y la inhabilitación por 180 días hábiles para conducir automotores. En caso de reincidir, las multas e inhabilitaciones se endurecerán aún más, llegando hasta cifras que rozan el millón de pesos y a 360 días la prohibición de manejar.

Las sanciones afectarán tanto a los conductores como a los titulares de los transportes ilegales que sean detectados. La ordenanza también establece, específicamente, que los contratos acordados entre un usuario del servicio ilegal de transporte y transportista mediante una plataforma o aplicación digital también serán ilegales.

Para quienes ofrezcan o publiciten estos medios de transporte que no cuenten con habilitación municipal -como el caso de las empresas Uber y Cabify- se prevén multas aún más importantes: llegan hasta los 80 sueldos básicos, es decir, un millón doscientos mil pesos.

El municipio continúa batallando contra Uber y, durante este fin de semana, secuestró seis vehículos que funcionaban en Mar del Plata mediante la aplicación. De acuerdo a lo informado por las autoridades, todos los choferes provenían de diferentes ciudades del Conurbano bonaerense. 

Según publicó en su cuenta de Twitter la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la comuna, a cargo de Claudio Cambareri, los rodados fueron detectados durante los controles rutinarios y, al constatar que no estaban habilitados por el municipio como transporte público, se procedió al secuestro de los seis autos. Los últimos tres fueron interceptados en las inmediaciones de la Estación Ferroautomotora. 

Desde la subsecretaría se informó que ninguno de los choferes es oriundo de Mar del Plata, sino que todos proceden del Conurbano bonaerense. Uno de ellos llegó desde Monte Grande, otro de Lomas de Zamora, un tercero, de Ramos Mejía, una conductora es vecina de Lanús, mientras que no se especificó de qué localidad eran originarios los dos restantes.

La nueva ordenanza -que aprobó el Concejo Deliberante el jueves pasado y que endurece las sanciones contra todos aquellos que ejerzan el transporte ilegal en la ciudad- fue promulgada por el Ejecutivo este viernes, por lo que los dueños de los vehículos deberán abonar cifras de 6 dígitos antes de retirar sus rodados del playón municipal.

La reglamentación que se aplicará en estos casos, impulsada por el Intendente Carlos Arroyo, establece cuantiosas multas ante “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal” que irán desde los 10 hasta los 50 sueldos mínimos del personal municipal, lo que representa montos entre los $154200 hasta $771000. 

Además, estable el inmediato secuestro del vehículo y la inhabilitación por 180 días hábiles para conducir automotores. En caso de reincidir, las multas e inhabilitaciones se endurecerán aún más, llegando hasta cifras que rozan el millón de pesos y a 360 días la prohibición de manejar.

Las sanciones afectarán tanto a los conductores como a los titulares de los transportes ilegales que sean detectados. La ordenanza también establece, específicamente, que los contratos acordados entre un usuario del servicio ilegal de transporte y transportista mediante una plataforma o aplicación digital también serán ilegales.

Para quienes ofrezcan o publiciten estos medios de transporte que no cuenten con habilitación municipal -como el caso de las empresas Uber y Cabify- se prevén multas aún más importantes: llegan hasta los 80 sueldos básicos, es decir, un millón doscientos mil pesos.

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon aprobó este jueves por la tarde una ordenanza que endurece las sanciones contra todos aquellos que ejerzan el transporte ilegal en la ciudad, ante el malestar que causó entre taxistas y remiseros el reciente desembarco de la aplicación Uber en Mar del Plata.

El proyecto fue aprobado con 21 votos favorables, la abstención del concejal Guillermo Volponi y el voto negativo de la edil Angélica González. En tanto que Alejandro Carrancio estuvo ausente durante el debate, que se dio en el marco de una contundente movilización de taxistas, remiseros y choferes de autos rurales que, desde el mediodía, se apostaron sobre la avenida Luro, interrumpiendo el tránsito.

La ordenanza, impulsada por el Intendente Carlos Arroyo, establece cuantiosas multas ante "la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal" que irán desde los 10 hasta los 50 sueldos mínimos del personal municipal, lo que representa montos entre los $154200 hasta $771000. 

Además, estable el inmediato secuestro del vehículo y la inhabilitación por 180 días hábiles para conducir automotores. En caso de reincidir, las multas e inhabilitaciones se endurecerán aún más, llegando hasta cifras que rozan el millón de pesos y a 360 días la prohibición de manejar.

Las sanciones afectarán tanto a los conductores como a los titulares de los transportes ilegales que sean detectados. La ordenanza también establece, específicamente, que los contratos acordados entre un usuario del servicio ilegal de transporte y transportista mediante una plataforma o aplicación digital también serán ilegales.

Para quienes ofrezcan o publiciten estos medios de transporte que no cuenten con habilitación municipal -como el caso de las empresas Uber y Cabify- se prevén multas aún más importantes: llegan hasta los 80 sueldos básicos, es decir, un millón doscientos mil pesos.

Los taxistas y remiseros que se apostaban en la puerta del Palacio Municipal, felicitaron a Arroyo, lo palmearon y hasta lo aplaudieron, mientras cantaban en contra del diputado Guillermo Castello, quien siempre se mostró favorable al arribo de este tipo de aplicaciones a la ciudad. "Estoy feliz, este es un triunfo de Mar del Plata", aseguró Arroyo en un breve contacto que mantuvo con la prensa en la vereda.

Poco a poco los transportistas comenzaron a retirarse de la avenida Luro, por lo que el tránsito quedarán normalizado en la zona a la brevedad. 

El intendente Carlos Fernando Arroyo confirmó que se elevó en las últimas horas un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con el que busca endurecer las sanciones y multas económicas al transporte ilegal de pasajeros, después de la llegada de Uber a la ciudad.

La normativa contempla unan inhabilitación para conducir (180 días hábiles y 360 hábiles en casos reincidentes), multas económicas para choferes, titulares de los vehículos y a la empresa. “Se aplican sanciones gravísimas a la persona que conduzca el vehículo, al titular del mismo y, además, a la plataforma como Uber ya que hemos ubicado un domicilio. Habrá sanciones para todos y van a ser muy graves“, garantizó el jefe comunal.

Asimismo, Arroyo confió que la iniciativa “tendrá apoyo del Concejo Deliberante". "Creo que han tenido reuniones con representantes de taxis y remises y han llegado al convencimiento que la política que está siguiendo el Ejecutivo es la correcta. No podemos permitir un servicio público de transporte sin control y que no está regulado por el Estado", sostuvo, e insistió: "Acá no se trata del transporte de piedras, son personas y yo, como Intendente, tengo que cuidar a la gente de mi ciudad”.

DETALLES DEL PROYECTO

Desde la Municipalidad informaron que el primer artículo del Proyecto modifica la Ordenanza Municipal Nº 13.613 que regula en materia de transporte de personas rige en el Partido de General Pueyrredon y, establece que la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa graduable entre 10 y 50 sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de 180 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida.

En caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre 15 y 60 sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de 360 días hábiles. Además será infraccionado quien resulte ser el titular registral del vehículo, en el supuesto caso de no haber coincidencia de su identidad con la del conductor.

Además, se deja constancia que la difusión por cualquier medio y formato y/o la oferta pública del servicio de transporte dará lugar a la imposición de una multa, para las personas humanas y/o jurídicas responsables del hecho, graduable entre cincuenta (50) sueldos y ochenta (80) sueldos mínimos del personal municipal. En caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre (70) setenta y noventa (90) sueldos mínimos del personal municipal.