A 27 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, se conoció hoy que la tía del chico, Laudelina, pidió la prisión domiciliaria. Mientras avanzan diversos peritajes, el Consulado argentino ordenó que la búsqueda se amplíe Bolivia, que podría haber sido uno de los destinos del nene de 5 años.

Se recuerda que la tía del nene actualmente está detenida en el penal de Ezeiza. Ante esto, se conoció en las últimas horas que la magistrada Cristina Pozzer Penzo ordenó que los hijos de la mujer sean trasladados a su casa para resguardar su seguridad.

En declaraciones a la prensa, había demostrado estar “preocupada por la seguridad de los menores”, Macarena y Camila. 

“Piden que se los restituyan a su hogar. Proponen que todos estén juntos, los cinco en el domicilio de Laudelina. Es una revictimización. Vamos a apelar esto”, dijo por su parte uno de los abogados de la Fundación Dupuy a la prensa.

Luego de la orden de la jueza, Camila, la prima de Loan, habló con la prensa y planteó que “la Justicia está actuando mal” con la decisión de que se vayan a la casa de Laudelina. 

“Nos piden que nos vayamos a la casa familiar, pero no comprenden el trastorno que significa para mi nena. Yo no tengo miedo de volver a mi casa, pero nos piden que nos vayamos a otro domicilio. Yo quiero volver a mi casa, pero no comprenden que mi hija me va a preguntar”, expresó. 

Asimismo, agregó: “Nadie se pone en nuestro lugar, no hay contención psicológica. Siento que me van a dejar detenida en el domicilio, ni a salir a comprar, nada”.

Como se indicó, la búsqueda de Loan se ha extendido a Bolivia a pedido del Consulado argentino. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del vecino país se informó que se han activado “protocolos de búsqueda a nivel nacional a través de la División de Trata y Tráfico”.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Por otra parte continuó la investigación y hoy se hicieron nuevos allanamientos en la Comisaría de 9 de Julio. Fue en ese marco que la Justicia denunció la falta de un cepillo de dientes de Loan que estaba incautado en la dependencia policial. Según pudo saber, este elemento había sido secuestrado por el comisario Walter Maciel sin orden judicial.

Con respecto a Maciel, para la investigación la reconstrucción de las actividades que realizó el comisario el 13 de junio no cierra. Esto es en base de los testimonios de varios policías, quienes aseguraron que el detenido los obligó a mentir respecto del horario de desaparición de Loan.

Según se pudo saber, Maciel se retiró de la comisaria de 9 de Julio a las 14:30 y no se pudo dar con él hasta las 16:30 de ese día. Fueron los oficiales Cáceres y Torres quienes lo fueron a buscar personalmente a la casa porque no respondía los llamados. 

En ese momento, el comisario le dijo a su mano derecha -Cáceres- que anotara más tarde el reporte de la familia Peña. Luego, hubo otra actitud que fue extraña: el comisario ordenó a todos los policías que fueran a buscar a Loan mientras él se quedó a solas con quienes después terminaron detenidos.

Fuentes: con información de TN

La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo rescató a 17 mujeres, 15 argentinas y dos mexicanas, de una red de trata que funcionaba en Playa del Carmen. La Justicia determinó que las víctimas llegaron a México luego de que les ofrecieran falsas ofertas de trabajo en hoteles de lujo.

El resguardo de todas las mujeres ocurrió tras un operativo en un inmueble ubicado a metros de la autopista federal. Tras el rescate se confirmó que tres hombres fueron detenidos.

La noticia se conoció por medio de un comunicado oficial en el que se detalla que los sospechosos fueron identificados como Luis Alfredo “N”, Emmanuel “N” y Ángel Alberto “N”. Están acusados de explotación sexual.

En el informe brindado por la Fiscalía General del estado de Quintana Roo se detalla que todas las víctimas llegaron a Playa del Carmen luego de que les ofrecieran trabajos en hoteles de lujo en uno de los lugares más importantes del turismo local. Sin embargo, detrás de esto había un plan macabro.

“Al llegar a México, supuestamente de vacaciones, fueron reclutadas para jornadas exhaustivas en bares-restaurantes, aprovechándose del estado de vulnerabilidad derivado de la falta de empleo y pobreza en la que vivían en la Argentina”, apuntó la Fiscalía.

Sobre la situación de las 15 argentinas, la Fiscalía detalló que esperan la resolución de su situación migratoria. Por su parte, los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público local.

Fuente: TN

Una joven de 25 años que había sido sometida a crueles torturas,‭ ‬trata de personas y reducción a la servidumbre fue rescatada‭ y tres personas quedaron detenidas en la localidad de‭ ‬González Catán,‭ ‬partido de La Matanza, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Las autoridades indicaron que dar con el paradero de la joven fue el resultado de una intensa investigación de la Fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas,‭ ‬Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza,‭ ‬el‭ ‬Programa Provincial de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata,‭ ‬y efectivos de la División Trata de la Policía Bonaerense,‭ ‬Policía Ecológica,‭ ‬Agentes del Grupo‭ ‬de Apoyo Departamental‭ (‬GAD‭).

Con los datos obtenidos de la investigación, personal de esos organismos ingresaron a una vivienda donde fueron detenidos dos hombres y una mujer,‭ ‬vinculadas a un grupo religioso quienes,‭ tenían cautiva a la joven de‭ ‬25‭ ‬años contra su voluntad.

Una vez detenidas y al constatar que la víctima no se encontraba‭ ‬allí, y con la colaboración y datos aportados por testigos que advirtieron la violencia a las que era sometida la mujer, se hizo ‬una búsqueda en el lugar para dar con la victima, quien presentaba múltiples heridas físicas producto de las torturas a las que fue sometida.

Profesionales asistieron y dieron contención a la joven‭ ‬víctima del delito de Trata de Personas y Reducción a la Servidumbre y, según el Ministerio, será acompañada‭ ‬por personal especializado del‭ ‬Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata.

Un hombre que oficiaba de “Apostol” y su pareja están acusados de captar personas atravesadas por situaciones familiares, sentimentales o económicas dificultosas, a través de un mensaje de fe, con la finalidad de explotarlas laboralmente e incluso desapoderarlas de sus bienes. Sobre el principal imputado, pesa también la acusación por tres situaciones de abuso sexual y una en grado de tentativa; y de amenazas coactivas reiteradas cometidas desde la unidad penitenciaria donde permanece detenido.

Isaías Nelson Hurtado y Patricia Soledad Padilla Coronado llegan a juicio acusados de captar a más de 20 personas, atravesadas por situaciones económicas, emocionales y familiares dificultosas, a través de un mensaje de fe -que tenía alcance nacional e internacional por medio de una radio y una página web-, para reducirlas a la servidumbre, explotarlas laboralmente, y hasta desapoderarlas de sus bienes. A su vez, el hombre que decía ser el pastor del ministerio religioso, sacó provecho de esta situación para abusar sexualmente de tres mujeres y haber intentado abusar de otra víctima; y por otro lado, llega acusado por amenazas coactivas reiteradas realizadas telefónicamente desde la unidad penitenciaria donde permanece detenido.

El debate oral y público, a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz, comenzará este viernes a partir de las 12. En representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación actuará el fiscal general Juan Manuel Pettigiani.

La acusación

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, se le atribuye a Hurtado y Padilla Coronado haber utilizado -al menos entre julio del 2007 y julio de 2016, cuando se realizaron los allanamientos- la apariencia de un "Ministerio” religioso y los mensajes de fe y de existencia de un "ser superior" para captar y acoger personas en situaciones de vulnerabilidad -marcadas por su edad, estados de depresión, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y/o de educación- para congregarlas en reuniones que se llevaban a cabo en "el templo".

Una vez lograda la captación de las personas, que comenzaban a concurrir a las “reuniones del ministerio”, en los casos en que no eran oriundas de Mar del Plata se las instaba a mudarse allí –en algunas ocasiones gestionándoles una vivienda cercana al “templo”-; y a quienes vivían en la ciudad balnearia se los compelía a vivir en sectores cercanos al domicilio de Hurtado, con la excusa de “la toma de territorio que implicaba tomar lugares estratégicos para cuidar la casa apostólica” , pero con el claro fin de controlar con mayor facilidad su libertad de autodeterminación y sus movimientos diarios y aislarlos de sus familias.

A partir de allí, las maniobras consistían en persuadir a sus víctimas para que aporten sus recursos económicos a las arcas del “Ministerio” y reducirlas a la servidumbre y/o explotarlas laboralmente, a efectos de que presten diferentes funciones en el mismo. Todo ello, de acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2, se dio en perjuicio de más de 20 personas, aunque algunas de ellas no se identifican aún como víctimas de situaciones de explotación.

En concreto se las instaba a realizar tareas de limpieza; se les retenían sus salarios en caso de que tengan empleo en otro sitio; lograban la obtención de préstamos en distintas entidades financieras para beneficio de los investigados -dinero que nunca les era devuelto, generándoles importantes deudas-, como así también se las conducía a trasferir sus bienes a la congregación. Es decir, se generó una “pantalla” constituida a partir de un supuesto “ministerio religioso” con mensajes de fe y la existencia de un “ser superior” -que vendría a ser Hurtado, con el fin de ganar la voluntad de las personas y a partir de allí lograr su explotación.

De acuerdo a la investigación, se generó una “pantalla” constituida a partir de un supuesto “ministerio religioso” y la existencia de un “ser superior” –que vendría a ser el imputado-, con el fin de ganar la voluntad de las personas y a partir de allí lograr su explotación.

En relación a Hurtado, la acusación repara en que era el principal administrador y organizador del lugar, quien dirigía y daba las pautas en el lugar, quien instruía al resto de los integrantes en las actividades diarias, daba las autorizaciones a los "fieles" para poder salir de la Iglesia o sus domicilios, como así también en todo lo atinente a la panadería que poseía el “Ministerio”. “Ejercía un completo control sobre las vidas y acciones de las personas y les exigía el constante aporte de dinero para sus arcas por medios coactivos y/o defraudaciones. Incluso, ha obtenido la adquisición de inmuebles y otros bienes por esos medios, todo ello con la colaboración de su esposa Patricia Padilla, resultando ambos beneficiarios de los recursos económicos que producían y les eran quitados a los ‘fieles’”, señala el requerimiento.

De hecho, consta dentro del gran caudal probatorio reunido en la causa, que desde AFIP se informó que ni Hurtado ni Padilla registraban actividad económica alguna. Es decir, los acusados no poseían ingresos legítimos que les permitieran llevar a cabo sus actividades diarias, ni adquirir los bienes que poseían, ni realizar los viajes al exterior que llevaban a cabo con frecuencia.

Es para destacar que el bien jurídico protegido por la figura de trata de personas, de la que se acusa al matrimonio, es la libertad. Y sobre ello hizo especial hincapié el fiscal a cargo de la instrucción de la causa: “Entendemos que la libertad de las víctimas se halla en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria, sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”.

Abusos y amenazas

A su vez, Hurtado llega al juicio también acusado por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa. El hombre, de acuerdo a la acusación, sacó provecho al conocer la situación de vulnerabilidad que padecían las mujeres y de la sujeción emocional, psíquica y espiritual que había logrado sobre ellas.

En un expediente paralelo, que se elevó a juicio en conjunto con la causa central, se acusa a Hurtado también de amenazas coactivas reiteradas sobre cinco personas, realizadas de manera telefónica desde la unidad penitenciaria donde permanece detenido.

Hurtado llega a juicio  acusado también por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa.

Reparación a las víctimas y decomiso

Durante la investigación se lograron identificar distintos activos que fueron utilizados por los imputados para desarrollar los hechos delictivos de los que se los acusa, como otros que serían producto de los mismos. Se trata de dos inmuebles; activos que puedan hallarse en las cuentas bancarias identificadas en Venezuela y Estados Unidos y que, mediante exhortos internacionales se requirió su embargo; seis mil dólares y diez mil pesos secuestrado en la vivienda de los imputados y depositado en cuenta judicial; cinco automóviles y una moto.

“Todos estos activos fueron oportunamente cautelados y así deberán mantenerse con el objeto de asegurar eventuales decomisos y/o cubrir la eventual satisfacción de multas y una futura indemnización a las víctimas, en íntima consonancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, planteó el fiscal al clausurar la instrucción y requerir la elevación a juicio de la causa.

Calificación legal de las conductas

Los hechos de las que resultaron víctimas más de 20 personas, para el MPF encuadran en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de intimidación y coerción, abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de personas sobre las que se tuvo autoridad, por la cantidad de víctimas, por ser ministro o autoridad de culto, por la consumación de la explotación y –en algunos casos- por haber sido las víctimas menores de edad al momento de su captación.

Candidatos a la intendencia de General pueyrredon encabezaron una mesa debate sobre la trata de personal. Los diferentes sectores disertaron y expusieron puntos importantes sobre la problemática que envuelve a la sociedad.

De la misma, participaron los candidatos a intendente Alejandro Martínez, Marisa Zizmond, Gustavo Pulti y Guillermo Montenegro. También estuvieron los candidatos a concejales Pablo Zelaya Blanco y Maria José Sánchez. Arroyo se ausentó y no mandó a ningún representante de su partido.

Alejandro Martínez, candidato por el Frente de Izquierda, remarcó que la trata de personas es “un frente lucha cotidiano” para su espacio. “Tenemos muy presente que las primeras leyes que se dictaron en este país contra la trata de personas en defensa de las mujeres fueron presentadas en 1913, y esta es una lucha contra la trata y la explotación en general”, señaló a modo introductorio.

“Somos una fuerza política que animamos con toda nuestra fuerza la lucha de la mujer, contra estos flagelos, por el derecho al aborto legal, por la ESI y todas las reivindicaciones, contra los femicidios. Hay que señalar que la trata de personas tampoco se restringe a la explotación de la mujer con fines de prostitución, estamos en una zona que todavía arrastra y seguirá la trata de personas con fines laborales, en la zona frutihortícola. Y rozando la situación, en el puerto”, sintetizó Martínez sobre la actualidad.

Asimismo, el candidato se refirió a la expropiación de la casita azul y apuntó que es una “victoria del movimiento de lucha”. Además, agregó que ese espacio “tiene que ser un lugar de refugio, centro integral de la mujer”, al tiempo que “no debería ser el único”.

Por su parte, Gustavo Pulti, candidato por Acción Marplatense destacó que "nadie se declara cómplice de la trata pero se lo es por omisión. Cuando llega el momento actuar se debe actuar".

Asimismo recordó acciones que llevó adelante durante su mandaro en General Pueyrredon y destacó: "Esta ciudad logró que una concejal promoviera una ordenanza que garantizara un nuevo marco regulatorio para trabajar contra la trata en forma coordinada".

"Sancionamos un decreto que dio un marco legal para muchas ciudades y fue un instrumento que nos permitió cambiar realidades. Un saldo de época es que no está más la casita azul haciendo de cara a todos, este tipo de celebraciones que ocurren por la inocencia de la mayoría", agregó.

Por su parte, Marisa Zizmon, del frente NOS explicó que la trata de personas "es un crimen contra la humanidad y es la esclavitud del siglo XXI. En la actualidad a nivel mundial existen 12 millones de personas que son un negocio como las armas y las drogas. Esto es porque se compran y se venden una y otra vez y eso se da porque existe demanda y existe oferta, impunidad y también existe indiferencia".

En esta línea, expuso que "existe la complicidad de policías, políticos de turno y la sociedad, al tolerar lo que no debiera tolerar. Las manifestaciones son con el trabajo infantil, la mendicidad que vemos de los niños, la compra de chicos que se da en la zona norte de nuestro país, algo que también se da por la falta de leyes de adopción en Argentina, el trabajo esclavo de adultos, la explotación sexual, la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos".

"Todo esto se puede solucionar con educación, con afecto a nivel familiar y con no discriminación, la cual también viene por la pobreza, por la falta de una oportunidad digna de trabajo. Podemos decir también que la trata y explotación de personas implica la obtencion de ganancia a costa de los seres humanos, lo que convierte a las personas en mercancías, lo que les afecta en su dignidad y en su libertad", finalizó.

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, primero brindó un panorama mundial y señaló que “hay una economía ilícita en el mundo que se mueve a través de tres delitos: tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas”, por lo que “hay que generar políticas públicas internacionales que generen un compromiso, que va más allá de lo que podemos impulsar y acompañar desde Mar del Plata”.

“Lo importante que hace la mesa es visibilizarlo. Todo lo que genera el cambio del paradigma de lucha contra la trata, lo vamos a tener que acercar a los barrios. No podemos esperar sentados que nos vengan a plantear los problemas. Además de la concientización y el cambio cultural, tenemos que estar cerca de quienes creemos que pueden sufrir estos problemas”, afirmó Montenegro.

En esa misma línea, indicó que “es difícil que alguien se anime a tomar la denuncia por miedo a las consecuencias” y “ahí es donde los funcionarios públicos tenemos que hacernos cargo del problema”.

La Delegación Mar del Plata de la Policía Federal Argentina realizó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

Se realizaron tres allanamientos en domicilios particulares y en un departamento que era utilizado para el ejercicio de la prostitución. En este marco, se detuvieron a tres personas mayores de edad.

Como resultado del operativo, se secuestraron ocho teléfonos celulares, una pistola calibre .22 con cuatro municiones, dos notebook, artículos eróticos, folletería de promoción sexual, profilácticos, geles íntimos y otros elementos de interés para la causa.

Una mujer de 33 años de edad y dos hombres de 39 y 31 fueron apresados y quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti – Secretaría Penal N° 6 a cargo del Dr. Pablo Lega, autoridad judicial interviniente en los hechos.

En el marco de tres allanamientos dispuestos de manera simultánea, un hombre de 74 años fue detenido este jueves acusado de captar mujeres jóvenes con el pretexto de que trabajen como niñeras en el cuidado de su hijo menor de edad, pero con la intención de acosarlas y abusarlas sexualmente.

La investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°1, que dirige Laura Mazzaferri, se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas. Hasta el momento son tres las jóvenes que han declarado en el marco del expediente, sin perjuicio de que a raíz de estos testimonios se han conocido otros casos, encontrándose la investigación en secreto de sumario parcial. En su mayoría, se trata de mujeres de entre 20 y 30 años de edad.

De acuerdo a la pesquisa, el hombre publicaba avisos solicitando mujeres para trabajar como niñeras a través del diario, de páginas web y redes sociales, incluso en el Facebook de la radio en la que tenía un programa de folclore.

La Fiscalía tiene como hipótesis de investigación la presunta comisión del delito de trata de personas y reducción a la servidumbre, además de los sucesos de acoso y abuso sexual declarados.

Este viernes, al ser indagado por el juez Santiago Inchausti, el anciano se negó a declarar y en los próximos días se determinará su situación procesal. En la contención y asistencia a las víctimas están interviniendo las trabajadoras del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Los allanamientos

Con los elementos reunidos en la instrucción  de la causa se realizaron este jueves tres allanamientos simultáneos en los que intervino la Prefectura Naval Argentina -delegación Mar del Plata-: en la vivienda del hombre, donde se secuestraron 27 currículums y un revólver calibre 38 con varias municiones; en la radio y en un campo del barrio La Trinidad, donde se secuestró un rifle de aire comprimido y un revólver calibre 32 con municiones de distinto calibre. A su vez, hubo una orden de presentación en el estudio jurídico de otro hijo, lugar que era indicado en los avisos para entregar los CV, por lo que se solicitó documentación que pueda ser de interés para el desarrollo de la investigación.

En virtud del obrar sistemático desplegado por el imputado respecto de las víctimas, la Fiscalía tiene como hipótesis de investigación la presunta comisión del delito de trata de personas y reducción a la servidumbre, ello sin perjuicio de los sucesos de acoso y abuso sexual declarados por las víctimas en el marco del expediente.