La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un operativo en Mar del Plata y detuvo a un hombre que era investigado en una causa por infracción a la Ley 26.364, normativa que tiene como objetivo la prevención y sanción de la trata de personas, como así también la asistencia a sus víctimas.

Tras una investigación de larga data llevada adelante por la propia Autoridad Marítima Nacional, que tuvo su origen a partir de una declaración recepcionada por la Autoridad Judicial en Cámara Gesell, los miembros de la fuerza concretaron este martes una orden de allanamiento y detención emanada por el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8 del Dr. Pablo Dallera; y la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el Dr. Santiago Eyherabide.

En este marco, se llevó adelante un procedimiento en una vivienda del barrio Cerrito y San Salvador que permitió detener a un hombre de 49 años, de nacionalidad argentina, acusado de extorsionar a mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad, una de las cuales radicó la denuncia que originó la investigación.

Asimismo, en el inmueble se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa, arrojando el aforo total de lo incautado un valor aproximado de 1.650.000 pesos.

El magistrado interviniente ordenó que el acusado sea alojado en la sede local de la Prefectura hasta que este miércoles por la mañana fuera citado a declarar.

Un impactante hallazgo sacude a la provincia de Buenos Aires: ocho fetos humanos fueron encontrados dentro de bolsas de residuos en un depósito de la Clínica Santa María, en la localidad bonaerense de Villa Ballester. La Justicia investiga si detrás del caso existe una red vinculada a la trata de personas, sustracción de menores o maniobras ilegales dentro del establecimiento. 

El descubrimiento se produjo durante un allanamiento ordenado por la Justicia federal en el marco de la búsqueda de una niña de 12 años oriunda de Santiago del Estero, que cursaba un embarazo de más de ocho meses producto de una violación. La menor y su madre fueron localizadas en la clínica tras haber desaparecido de su provincia. 

Según trascendió, los investigadores intentan determinar si en el lugar se realizó un aborto tardío, si alguno de los fetos hallados corresponde al embarazo de la menor o si hubo una presunta apropiación del bebé recién nacido. En paralelo, también se investiga la posible participación de una ONG que habría intervenido en el traslado, alojamiento y tratamiento de la niña. 

Ante la gravedad del caso, personal del Ministerio de Salud bonaerense realizó una inspección en la clínica para verificar las condiciones sanitarias y administrativas del establecimiento. Mientras tanto, la causa avanza con hermetismo y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas horas. 

Un hombre fue procesado en Mar del Plata por el juez de Garantías Santiago Inchausti, acusado de trata de personas y narcotráfico, al considerar que captó a dos jóvenes mediante engaños, los trasladó a la ciudad y los obligó a vender cocaína bajo condiciones de servidumbre.

La investigación, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos, determinó que las víctimas habrían sido contactadas con una promesa de trabajo y vivienda. Sin embargo, al llegar, fueron obligadas a permanecer las 24 horas en una vivienda dedicada a la venta de estupefacientes.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el acusado planificó su traslado para utilizarlos como cara visible de un punto de venta. Durante los allanamientos, ambos jóvenes fueron encontrados con una balanza y 15 gramos de cocaína, mientras que los organizadores les proveían semanalmente la droga para su comercialización.

Desde la fiscalía, a cargo de Daniel Adler, remarcaron que existía “un control absoluto” sobre las víctimas, quienes estaban sometidas a un “contexto amenazante”, con apropiación total de su tiempo, ausencia de retribución real y severas restricciones a su libertad.

El procesamiento fue ampliado el 13 de enero de 2025, cuando el juez consideró acreditado el delito de trata de personas en sus modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por la explotación, el engaño, las amenazas y el abuso de vulnerabilidad. Además, dispuso un embargo por 100 millones de pesos.

La causa se originó a fines de marzo de 2025, tras una serie de allanamientos que desarticularon la organización narcocriminal. En ese momento, la pareja de jóvenes había sido inicialmente considerada parte de la logística, pero nuevas pruebas permitieron advertir indicios de trata de personas.

A partir de ello, se abrió un legajo específico con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Coordinación Nacional de Rescate, que entrevistó a las víctimas. Ante la sospecha de explotación, se dispuso su liberación en abril de 2025.

La pesquisa estableció que el acusado y su entorno decidieron reemplazar a quienes operaban en un punto de venta “marcado” por la policía. Para ello, contactaron a una familiar de una menor vinculada al caso y ofrecieron a la pareja trasladarse a Mar del Plata, aprovechando su situación económica vulnerable.

De acuerdo con la investigación, la propuesta incluyó el pago de pasajes, alojamiento y manutención. Incluso, se les prometió que la joven sería madrina del hijo del imputado, lo que nunca se concretó. La pareja llegó a la ciudad a comienzos de marzo de 2025.

Para la fiscalía y el juez, quedó acreditada la captación mediante engaño, así como el acogimiento, ya que las víctimas residieron en una vivienda facilitada por el acusado, donde permanecieron bajo estricto control y dedicadas a la venta de droga.

“En ese contexto, las víctimas asumieron sin alternativa los riesgos de ser descubiertas durante el despliegue de la actividad ilegal, mientras que los victimarios se valieron justamente de su explotación para eludir aquel mismo riesgo a título personal, sin renunciar por ello a las ganancias reportadas por el delito. El derrotero incluyó una jornada interminable de disponibilidad pasiva absoluta para la venta 24 horas, cuasi nula retribución, retención e impago de ingresos, control absoluto de las víctimas con vulneración plena de su intimidad, restricciones a su libertad y amenazas”, sostuvo la fiscalía.

El fiscal Eyherabide explicó que “el empleo de las víctimas en actividades delictivas -incluido el tráfico de drogas- como finalidad trascendente de explotación para la configuración típica que se propone, encuentra recepción en el supuesto previsto por el inciso ‘b’ del artículo 2 de la Ley 26.842”.

Además, citó la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo a) bajo la amenaza de una pena cualquiera y b) para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que visibilizar estas conductas permite comprender la dimensión de las organizaciones criminales y diferenciar claramente entre víctimas y victimarios dentro de las estructuras del narcotráfico.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El juicio contra supuesta la red de trata que captó a Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en julio de 2017 y hallada asesinada un año después, entró en su séptimo mes sin avances concretos.

Ya casi termina el año y en todo este tiempo apenas se realizaron diez audiencias, varias de ellas virtuales, otras suspendidas sobre la hora y una última que duró apenas 18 minutos. La familia habla de dilaciones, de testigos que no aparecen y de jueces con problemas de agenda.

“Siguen manoseando la memoria de mi hija”, dijo Marta Ramallo, la madre de Johana, a la salida de los tribunales federales de La Plata. Desde abril, allí se juzga a ocho imputados acusados de integrar la red de trata que habría captado y explotado a la joven. Sin embargo, el proceso se hace a cuentagotas.

El debate oral comenzó a fines de mayo. Desde entonces, solo una decena de testigos llegó a declarar. Entre suspensiones por “motivos técnicos”, postergaciones por problemas de agenda del Tribunal Oral Federal Nº 2 y pedidos de virtualidad de los imputados, el expediente avanzó menos de lo previsto.

El juicio por la explotación sexual y venta de drogas en la "zona roja" de La Plata comenzó en mayo de este año. (Foto: Fiscales.gob.ar)

Según explicó Marta, las audiencias llegaron a suspenderse a último momento por razones absurdas como la falta de testigos, inconvenientes con el sistema de transmisión o la superposición con otros compromisos judiciales de las partes.

El presidente del tribunal, el juez Germán Castelli —quien además lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos—, solo estuvo presente en las primeras dos audiencias de manera presencial. Recién en la última volvió a ocupar su asiento en 8 y 50.

“Nos ponen una audiencia virtual, otra presencial, después nos suspenden porque la agenda del juez se complicó. Ya sabemos que es diciembre y que el año se termina, pero los tiempos de la Justicia no son los mismos para todos”, expresó Marta.

Los jueces Andrés Basso y Nelson Jarazo justificaron la distancia entre audiencia y audiencia por falta de tiempos y por la necesidad de “ahorrar recursos”. Para la familia, esas explicaciones no alcanzan.

Los ocho acusados —Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez, Federico Hernán D’Uva Razzari, Carlos Alberto Espinoza Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Giménez, Celia Andreaza Benítez, Mirko Alejandro Galarza Senio y Hernán Rubén García— integraban, según la fiscalía y la UFEM, una organización que operaba en la zona roja platense entre 2016 y 2017.

“Los ocho cuarenta”, como eran conocidos los hombres de esa banda, habrían explotado sexualmente a mujeres en situación de consumo, haciéndolas dependientes, manipulándolas y entregándolas a clientes. Todas las ganancias quedaban para la red.

Para la Justicia, Rodríguez ofrecía los servicios sexuales de mujeres. (Foto: gentileza Infobae).

Mientras tanto, las mujeres de mayor edad dentro del grupo conocidas como “Las viejas”, recorrían el territorio y cobraban “peaje” a las víctimas. La fiscalía especializada pidió evaluar si ellas también estaban sometidas, pese a su rol violento en la calle.

Este juicio intenta develar cómo era la trama detrás de la supuesta red de trata y no se centra en el femicidio de Johana, ya que ese expediente tramita en paralelo con un número distinto. Pero más allá del funcionamiento de la organización, lo que hoy preocupa a la familia es la dinámica del juicio. Desde mayo, los imputados dejaron de asistir a las audiencias. Alegan ataques de pánico, problemas de salud, visitas familiares o simplemente piden conectarse por Zoom.

“No podemos permitir que vayan o no según su humor. Que se la banquen. Para la Justicia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero para la sociedad que pide justicia por las pibas que son víctimas de un sistema prostituyente ya están condenados”, dijo Marta.

Marta Ramallo, la mamá de Johana, desde las puertas de los tribunales federales de La Plata, pide que se acelere el juicio. (Foto: Facultad de Periodismo La Plata)

La última jornada expuso las irregularidades del proceso. Estaban citados tres testigos, pero solo uno asistió: el playero de la estación de servicio de 1 y 63, donde una cámara captó la última imagen de Johana con vida. La audiencia duró 18 minutos.

El hombre aseguró no recordar nada. Y cuando la querella intentó refrescarle la memoria con su declaración original de aquel entonces, respondió que la firma del acta “no coincidía” con la suya. Los jueces no repreguntaron. Lo dejaron ir.

“Iba a ser una audiencia clave, porque se iban a mostrar los videos de mi hija, la última vez que se la vio con vida. Lo que pasó es un manoseo al expediente y una impunidad que se viene desarrollando hace tiempo”, sostuvo Marta.

Para colmo, según la mamá de Johana, varios testigos dejaron de contestar llamados o mensajes. Otros se niegan a asistir de manera presencial. “Hay motivos suficientes para que mi ira explote contra el tribunal y contra todo el Poder Judicial”, dijo.

En los últimos días, Marta pidió ser recibida por los jueces. Contó que tuvo una audiencia con el tribunal en la que expuso cada una de sus quejas. “Expresé mis inquietudes sobre la lentitud del juicio, los testigos que faltan a su palabra, la falta de sanciones por falso testimonio y la sensación de que todo se va quedando en el camino”.

“Nosotras, las madres, tenemos que tener la memoria aunque esté golpeada por el dolor. Recordamos cada detalle. Me estruja el alma cada vez que aparece la imagen de mi hija por última vez con vida. Estoy preparada para enfrentar eso, pero no quiero que me tengan lástima. Necesito que pasen el video. Es una prueba importante”, expresó.

Johana tenía 23 años y una hija de seis cuando desapareció. (Foto: Facebook).

Marta, que lleva años movilizando a organizaciones feministas y acompañando a otras madres de víctimas, habló del desgaste que produce un juicio interminable. “No tengo título de abogada, pero sí aprendí a defenderme dentro de mi ignorancia. El dolor que nos atraviesa nos obliga a estar en cada detalle. No podemos permitir que los imputados decidan cuándo presentarse y cuándo no. Esto es un desastre”, sostuvo.

Para la querella, la dispersión de las audiencias impactará de lleno en la etapa de alegatos: “Si se desestiman testigos, si faltan pruebas y si cada instancia queda a mitad de camino, llegás a los alegatos con muchísimo desperdiciado. Y lo que se desperdicia, no sirve para condenar”.

Mientras el calendario avanza, el juicio que debería develar qué pasó con Johana Ramallo tambalea. Entre audiencias dilatadas, testigos que no aportan, imputados ausentes y un tribunal con tiempos ajustados, la familia siente que la Justicia se mueve lejos de su dolor. “Para ellos es un expediente más. Para mí es la vida de mi hija”, resumió Marta.

Fuente: TN

La causa contra el pastor evangélico Roberto Tagliabué, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en una decisión fuertemente cuestionada por la fiscalía, dio un paso clave: el juez concedió el recurso y la apelación ya fue mantenida oficialmente ante Casación por el fiscal Mario Villar.

El expediente ingresó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde quedó radicado en la Sala I. Desde allí, Villar presentó un escrito ratificando el recurso impulsado inicialmente por la fiscal Laura Mazzaferri y el fiscal general Marcelo Colombo, quienes habían advertido que el fallo absolutorio era “arbitrario” y contrario a la legislación vigente.Según fuentes judiciales, tras la intervención del fiscal, la Cámara deberá correr traslado al abogado defensor y, una vez cumplido ese paso, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

La apelación busca revertir la absolución que el mes pasado dejó sin condena a Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai, a quien la fiscalía acusa de haber montado un esquema de explotación que alcanzó a jóvenes y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio, reclutaba a las víctimas bajo la promesa de asistencia, recuperación de consumos problemáticos y alojamiento, pero terminaba sometiéndolas a condiciones de servidumbre.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron en que el pastor explotó laboralmente a nueve personas —incluyendo un menor y una persona con discapacidad—, y que incluso habría ejercido ilegalmente la medicina. Por eso solicitaron una pena de 14 años de prisión, la inhabilitación perpetua para toda actividad vinculada a la salud o la asistencia comunitaria, la reparación integral a las víctimas y el decomiso de los bienes que, según sostienen, se habrían utilizado para cometer los delitos.

La investigación reveló que, además de la iglesia, Tagliabué habría utilizado un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar el trabajo de los jóvenes. También se habrían apropiado de pensiones por discapacidad, asignaciones y otros subsidios estatales durante más de veinte años, período en el que el pastor consolidó influencia barrial y una estructura que, según la fiscalía, funcionaba como un mecanismo de sometimiento.

Con la apelación ya firme en Casación, el futuro judicial del caso queda en manos de los magistrados de la Sala I, quienes deberán definir si reabren el camino hacia una eventual condena o si sostienen la absolución dictada en Mar del Plata.

La investigación señala a Konstantin Rudnev como referente de Ashram Shambala, una organización de origen ruso considerada sectaria por promover sometimiento psicológico, aislamiento y explotación de seguidores. 

En su país fue acusado de manipulación espiritual, abuso y captación coercitiva, prácticas que, según la Justicia, podrían haberse replicado parcialmente en Bariloche, motivo por el cual se lo investiga por presunta trata de personas.

La fiscalía argumentó que la causa es “compleja” y que aún continúa la investigación, con plazo para presentar la acusación final hasta marzo del año próximo. La defensa cuestionó la decisión y denunció que no hubo avances sustanciales en la pesquisa.

El abogado Carlos Broitman afirmó que el juez Gustavo Zapata rechazó un pedido de estudios médicos y resolvió extender la prisión preventiva. Señaló que desde agosto está pendiente una endoscopía “clave para descartar pólipos”, y denunció que tampoco se realizaron controles por nódulos pulmonares ni evaluaciones cardiológicas y neurológicas.

Según Broitman, Rudnev se encuentra en un pabellón cerrado “sin ventilación y rodeado de fumadores”, lo que empeora su cuadro respiratorio. “Lo ven caminar y creen que está bien, pero se está deteriorando”, aseguró.

Informes médicos del Hospital de Clínicas, firmados por Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, describen episodios de asfixia nocturna, dolor torácico, alteraciones digestivas y pérdida de sensibilidad en brazos. También remarcan que la ausencia de intérpretes complica la administración de medicamentos y su seguimiento clínico.

En paralelo, la mujer señalada como víctima, Elena Makarova, presentó una querella penal contra los fiscales. Afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de otros ciudadanos rusos, y acusó al Ministerio Público de “forzar un relato de trata que no existió”.

Makarova detalló que llegó a Argentina huyendo de una expareja violenta y que, durante su paso por el Hospital de Bariloche, sufrió prácticas “invasivas y deshumanizadas” sin su consentimiento. También denunció que le retuvieron documentos, la incomunicaron y la trasladaron a un refugio en contra de su voluntad.

Su declaración, presentada con pedidos de prueba y una recusación contra los fiscales, podría impactar de lleno en la hipótesis central del caso.

Fuente: NA

Los juegos online y las plataformas digitales se convirtieron en uno de los principales espacios de encuentro, entretenimiento y socialización para niños y adolescentes. Allí construyen amistades, comparten intereses y desarrollan habilidades que forman parte de su vida cotidiana. Pero ese mismo ecosistema, tan habitual como necesario para su desarrollo en la era digital, también puede transformarse en un terreno fértil para los abusadores que se aprovechan del anonimato, la confianza y la exposición constante de los más chicos.

“Cada caso debe analizarse individualmente, sobre todo cuando se trata de niñeces y adolescencias en pleno desarrollo psicoevolutivo. No existen generalidades que definan un cuadro específico”, explicó la Licenciada Daniela Gasparini en diálogo con El Marplatense.

Según detalló, los delitos contra la integridad sexual, física o psicológica (como el abuso, la trata o la explotación) atentan directamente contra la salud integral y el normal desarrollo de los chicos. “Podemos observar signos inmediatos o síntomas que aparecen con el tiempo. Cuando hablamos de situaciones inconcebibles para cualquier persona, nos referimos al trauma”, indicó.

Entre los síntomas más visibles se destacan los cambios de conducta, la irritabilidad, el bajo rendimiento escolar o la presencia de marcas en el cuerpo. También pueden presentarse señales más invisibles: aislamiento, ansiedad, insomnio, hipervigilancia, trastornos de alimentación o pesadillas recurrentes.

“La sintomatología puede aparecer durante el tiempo en que la persona es víctima, inmediatamente después o incluso muchos años más tarde”, declaró. “En algunos casos se manifiestan cuadros de estrés postraumático, flashbacks, pensamientos intrusivos o depresiones profundas”, continuó.

En los casos de abuso sexual infantil o grooming, el patrón suele repetirse: un adulto logra ganarse la confianza de la víctima para luego manipularla. “Primero generan un vínculo de cercanía, y después les hacen creer que son responsables de lo que ocurre. Pero ningún niño o adolescente puede consentir un abuso sexual”, explicó la especialista.

Los abusadores suelen instalar sentimientos de culpa, vergüenza y miedo. “Amenazan con difundir fotos o con hacerles daño a ellos o sus familiares si cuentan lo que pasa. Así logran el silencio y que la situación se vuelva secreta.”

A través de redes sociales o videojuegos, los agresores crean perfiles falsos para contactar a varios niños al mismo tiempo. Se hacen pasar por alguien de su edad y entablan conversaciones que luego derivan en pedidos de fotos o videos íntimos a cambio de monedas virtuales o beneficios dentro de los juegos.

“Cuando un adulto solicita, obtiene o intercambia material íntimo de un menor por medios digitales, estamos ante un caso de grooming. Si ese material se comercializa o distribuye, el delito escala a trata y explotación sexual infantil”, explicó.

Además, subrayó que los especialistas ya no hablan de “pornografía infantil”. “Los niños no son actores. Se trata de material de abuso sexual infantil. La acción delictiva incluye la obtención, distribución y comercialización de ese contenido.”

Las plataformas digitales con millones de usuarios menores son el escenario donde estas prácticas encuentran terreno fértil. “No son simples espacios de juego; son empresas que facturan millones y deberían destinar recursos a políticas de control y seguridad”, planteó.

En ese sentido, remarcó que el Estado “debe regular y exigir estándares de protección”, e incluso propuso que se incorpore la verificación biométrica como medida de seguridad adicional para el ingreso de usuarios menores.

También hizo hincapié en el rol de las familias: “No se trata de prohibir, sino de acompañar. Lo virtual no es menos real. Los adultos deben conocer las plataformas, controlar el tiempo de uso, hablar con los chicos y consultar ante cualquier duda”, concluyó la licenciada Gasparini.

En caso de detectar un caso o tener sospechas, existen líneas de asistencia y denuncia disponibles las 24 horas:

La Fiscalía de Mar del Plata, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que se investiga al ex magistrado Jorge Ferro, acusado de beneficiar con su actuación a un estudio jurídico vinculado con un imputado por trata de personas. 

Según la acusación, Ferro habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público en al menos diez casos, entre los años 2002 y su renuncia el 1° de mayo de 2018. 

Se le atribuye haber favorecido, por acción u omisión, al estudio encabezado por Alejandro Ferrarello, y también a los abogados María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro.

Los otros tres profesionales enfrentan cargos por tráfico de influencias agravado: Ferrarello como autor, y Hernández Morhain y Gil de Muro como coautores. 

Según la fiscalía, Ferrarello habría ejercido sus influencias para que Ferro dictara, demorara u omitiera fallos en asuntos bajo su competencia, con el fin de obtener beneficios económicos.  

La causa comenzó el 1 de septiembre de 2016 tras una denuncia vinculada al expediente del prostíbulo VIP “Madahos”, una investigación bajo la órbita de delitos de trata de personas y lavado de activos. 

En el marco de esa causa, secuestraron dispositivos electrónicos en las oficinas del estudio jurídico, cuyos peritajes permitieron trazar comunicaciones entre Ferrarello y Ferro. Los fiscales sostienen que el vínculo entre ellos era “estrecho”, de amistad, laboral y económica, y que, pese a ello, el ex magistrado intervino como camarista en casos donde Ferrarello tenía interés, con la intención de favorecerlo. 

Además de los cargos principales, la fiscalía y PROCELAC pidieron continuar la investigación por enriquecimiento ilícito contra Ferro, donde se busca determinar si las ganancias derivadas de las conductas investigadas modificaron su patrimonio de manera ilícita. 

Para ello, ordenaron medidas de prueba enfocadas en rastrear activos y movimientos económicos de los implicados, con el objetivo de verificar la existencia de bienes o ingresos incompatibles con sus declaraciones o ingresos legítimos.

La denuncia de un grupo de madres reveló un caso estremecedor en la provincia de Salta y derivó en la detención de cuatro hombres acusados de integrar una red de trata de menores con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la denuncia, la banda captaba a las víctimas a la salida de la escuela y después las “ofrecía” a clientes que las esperaban en dos hoteles ubicados sobre la ruta 26.

La organización tenía todo calculado: desde una lista de precios por cada “servicio” hasta el tiempo exacto que debían durar los encuentros sexuales.

La investigación se inició por la denuncia de un grupo de madres. (Foto: Gentileza El Tribuno)

El dato más escalofriante, según detalló una fuente cercana a la causa, es que los hombres pagaban más si las chicas era vírgenes. En ese caso, la tarifa llegaba a los 200 mil pesos.

Las entrevistas en Cámara Gesell a las menores confirmaron el horror: los encuentros sexuales se hacían en hoteles de la ciudad y un remisero de 63 años era quien las llevaba y facilitaba el contacto con los adultos. Las chicas contaron que los clientes les ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos.

El remisero no solo trasladaba a las adolescentes, sino que también habría abusado de una de ellas. Además, tenía un código para pactar los encuentros. La frase “Vamos a hacer la onda” era la clave para organizar las citas, tanto entre él y las víctimas como con los clientes.

Por la investigación hay cuatro detenidos. (Foto: Gentileza El Tribuno)

Eduardo Villalba, el fiscal a cargo de la investigación, detalló que los clientes pagaban una escala de dinero según el “servicio” que solicitaban. “Por un beso se pagaba 60 mil pesos, por sexo oral 80 mil y hasta 200 mil pesos por penetración si la víctima aún no había perdido la virginidad”, apuntó.

En la estructura de la red, un menor de edad jugaba un papel clave: era amigo de las víctimas y aprovechaba esa confianza para averiguar detalles personales, como cuáles de las adolescentes eran vírgenes. Esa información se la pasaba al remisero a cambio de dinero.

El remisero no solo organizaba las citas, sino que controlaba que las chicas cumplieran con los servicios pactados. Les preguntaba si habían ido a la cita y exigía el pago, que generalmente se hacía por transferencia.

Los encuentros duraban 18 minutos y se realizaban casi al final del horario escolar, aprovechando las horas libres. El conductor monitoreaba todo y les pedía a las menores que se grabaran en poses sugestivas para ofrecerlas a los clientes.

El fiscal relató un caso puntual: el menor le contó al remisero que una de las víctimas, de 16 años, tenía una hermana de 12. El hombre intentó sumarla a la red y, en una oportunidad, logró que la nena subiera a su auto, donde la manoseó. Por este hecho, fue imputado por abuso sexual.

Durante los allanamientos, la policía secuestró en la casa del remisero juguetes sexuales, pastillas de estimulación masculina y femenina, y otros elementos que sostienen la acusación.

Por la gravedad del caso, la fiscalía pidió la prisión preventiva de los imputados, salvo el menor. Insistieron en que se trata de un hecho de “gravedad inusitada”, donde está en juego la obligación del Estado de proteger a los niños y adolescentes frente al delito de trata de personas.

El fiscal remarcó que hay más víctimas que todavía no declararon y que restan pericias clave, ya que se trata de una causa de alta complejidad. “Hay derechos humanos en estado puro comprometidos, incluso la dignidad de los niños”, advirtió.

Fuente: TN

Una denuncia realizada al 911 dio la pista del terrorífico escenario que se  escondía en un departamento del complejo habitacional del SOIP en Mar del Plata. Facundo Uribe, de 42 años, fue arrestado el 29 de agosto por ser el principal acusado de explotación de la prostitución de personas mayores de edad, a las cuales marcaba con la inicial de su nombre. 

Durante un allanamiento avalado por la jueza Graciela Trill de la Justicia de Garantías de Mar del Plata, una víctima fue rescatada y trasladada al hospital para recibir atención médica. Asimismo, los efectivos encontraron un pendrive enfunchado en el televisor con información crucial para la causa. 

“El muchacho pidió declarar”, señalaron fuentes judiciales a El Marplatense. Este miércoles dió su versión de los hechos frente a la fiscal Trill en tribunales. Mientras tanto, los peritos analizan las pruebas que ya dieron un primer resultado: cerca de 200 archivos con imágenes y videos de abuso sexual infantil. 

Tras la audiencia, desde la fiscalía señalaron que “estamos esperando abrir los otros dispositivos, en búsqueda de mas víctimas y evacuando las citas del imputado al momento de declarar”.

Hasta el momento se tomó conocimiento sólo de dos víctimas que ya realizaron su declaración . “Ya intervino por ambas el Ministerio de Justicia con la Dirección de Rescate de Trata. Ambas tienen problemas de consumo, esa es la vulnerabilidad y por eso intervinieron", concluyeron.

Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue arrestada en su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires acusada de integrar una organización dedicada a la explotación sexual que tenía su epicentro en La Plata. 

La mujer es madre de la vedette Ayelén Paleo y cumplía un rol clave como fotógrafa de las víctimas, cuyas imágenes eran utilizadas para publicarlas en sitios web de ofrecimiento sexual.

El operativo, a cargo de la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense, incluyó 15 allanamientos simultáneos en distintas provincias y permitió desarticular parte de la estructura criminal, que también operaba en La Pampa y Santa Fe. 

La Justicia determinó que la red captaba a las víctimas ofreciéndoles falsos trabajos como empleadas domésticas y luego las obligaba a prostituirse. Debían pagar un “book fotográfico” valuado en 90 mil pesos y entregar el 90% de lo recaudado. Además, eran rotadas cada 10 o 15 días en micros de larga distancia para evitar rastreos.

En el domicilio de Rodrigo se secuestraron computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización de fotos destinadas a plataformas digitales.

Las detenciones se concretaron con la intervención del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, y de distintas fiscalías de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Entre los arrestados se encuentra una mujer señalada como “jefa – financista” que coordinaba un call center con diez líneas activas de WhatsApp para atender a clientes y derivarlos a prostíbulos.

Las víctimas, todas mayores de edad, fueron asistidas por equipos interdisciplinarios de programas nacionales y provinciales contra la trata.

Fuente Infobae

En el marco del juicio que investiga al pastor Roberto Tagliabué, acusado por trata de personas agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, este lunes se desarrolló una jornada clave con la declaración indagatoria del imputado y el inicio de la reproducción de cámaras Gesell correspondientes a las víctimas.

Tal como había adelantado su defensa en una audiencia anterior, Tagliabué prestó declaración durante más de una hora y media. Expuso su versión de los hechos en línea con la teoría del caso presentada previamente por su abogado, y posteriormente aceptó responder preguntas formuladas por la Fiscalía, lo que dio lugar a un extenso interrogatorio centrado en precisar diversos aspectos relevantes para la causa.

Luego de su declaración, donde negó haber privado de la libertad a los asistentes del tratamiento de rehabilitación, el tribunal procedió a la reproducción de la cámara Gesell de una de las víctimas, como parte de las pruebas anticipadas recolectadas durante la etapa de instrucción. Esta instancia se llevó a cabo sin público presente, en cumplimiento con la legislación vigente en materia de trata de personas, que establece medidas especiales de resguardo para proteger la intimidad y la identidad de las víctimas.

Cabe recordar que todas las víctimas cuyos casos fueron elevados a juicio ya habían declarado previamente, por lo que sus testimonios fueron registrados y ofrecidos como prueba audiovisual. Las únicas declaraciones presenciales en audiencia fueron las de las dos víctimas que no habían brindado testimonio durante la investigación preliminar, quienes lo hicieron en la jornada anterior.

La audiencia de este lunes marcó el inicio de una serie de proyecciones de cámaras Gesell, con el objetivo de evitar la revictimización. La primera de estas proyecciones fue casi completa, y se retomará en la próxima audiencia para finalizar los minutos restantes.

El cronograma judicial prevé que las próximas dos audiencias -ambas los lunes- estarán dedicadas a la reproducción de este tipo de pruebas. Tras un feriado intermedio, se espera que hacia fines de junio comiencen las declaraciones de testigos sin reserva de identidad y que no son víctimas, dando inicio a una nueva etapa del proceso.

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó a cabo dos allanamientos en Balcarce, en el marco de una causa por infracción a la Ley 26.364, normativa que tiene como objetivo la prevención y sanción de la trata de personas, como así también la asistencia a sus víctimas.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Juez Federal Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal Nº 2 de Mar del Plata, encabezada por Silvana Sánchez, mientras que la instrucción de la investigación es llevada adelante por Laura Mazzaferri, de la Fiscalía Federal N° 1.

Los operativos fueron desarrollados en simultáneo por personal de la Prefectura de Mar del Plata: uno de ellos en un predio rural y el restante en un domicilio emplazado en el casco urbano.

Los efectivos ingresaron a ambos lugares con los testigos hábiles, y luego procedieron a registrar las zonas.

En este contexto, secuestraron un revólver calibre 32, armas blancas, dinero, dispositivos electrónicos -como un DVR, dos notebooks, un pendrive, un CPU, una tablet y un contador de billetes- y documentación de interés para la continuación de la causa.

El personal de la PNA trabajó con miembros del Programa Nacional de Rescate y Acompañamientos a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; la Secretaría del Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación; y la Delegación Regional Balcarce del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

La causa en la que una abuela rescató a su nieta de 17 años de una red de trata de personas sumó en los últimos días un nuevo detenido y el pedido de ampliación de la imputación para uno de los principales acusados.

El caso había salido a la luz gracias a que Fabiana, una abuela de 58 años, quien rescató a su nieta en febrero de este año. Se hizo pasar por prostituta para salvarla del edificio de avenida Libertad, donde estuvo secuestrada durante 21 días.

La Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, logró identificar a un hombre mayor de edad que también habría participado en los hechos por los que ya se encuentra procesado otro imputado: Gabriel Sánchez, acusado de ser el cabecilla de la organización.

La fiscal dispuso el secreto de sumario del expediente para así avanzar en la investigación y en las últimas semanas solicitó la detención y el allanamiento del domicilio del nuevo sospechoso. El juez de actuación del Juzgado N°3, Santiago Inchausti, autorizó las medidas que se concretaron el 18 de diciembre.

El celular del hombre estaba registrado en el edificio donde ocurrió el calvario, pero se había mudado de ese lugar a mitad de año. Se sospecha que, tras la detención de Sánchez, trató de escapar de la Justicia y buscó refugio en otro punto de la ciudad para no ser encontrado. Pero las autoridades llegaron hasta él mediante escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de antenas.

Aunque en el lugar allanado no había mujeres ni menores de edad, la Fiscalía avanzó con su imputación. Es por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes”.

El 19 de diciembre, el hombre fue indagado en sede judicial y actualmente el juez Inchausti se encuentra evaluando su situación procesal. El magistrado debe analizar si las pruebas que tiene la Fiscalía son suficientes para dejarlo detenido.

En paralelo, Mazzaferri había solicitado la ampliación de la imputación contra Sánchez, sumando el delito de abuso sexual agravado en relación con otra menor que también estaba alojada en el edificio de Avenida Libertad. Sin embargo, el juez decidió no hacer lugar a este pedido.

Se recuerda que a principios de este año Fabiana logró rescatar a su nieta infiltrándose en una red de trata. La joven había sido secuestrada tras un engaño por redes sociales y retenida durante 21 días en un departamento de avenida Libertad. Allí fue drogada, golpeada y abusada, mientras sus captores la ofrecían a clientes por 20.000 pesos.

Hoy, la chica ya tiene 18 años e intenta reconstruir su vida bajo la protección de su familia, mientras sigue con miedo a que la vuelvan a buscar. Aunque el rescate marcó un punto de inflexión, la investigación sigue abierta. La Fiscalía avanza en cada pista para desarticular por completo la red y obtener justicia para las víctimas.

Fuente: TN

Pasaron cuatro días desde que Mariela Quintanilla, la mamá de la adolescente Iara Nardelli, se encadenó en Tribunales para exigir que la Justicia busque a su hija desaparecida. 

Con una huelga de hambre y carteles pide que “la Justicia Provincial se declare incompetente para que pueda actuar libremente la Federal”, declaró en diálogo con El Marplatense. 

A pesar de la visibilidad de su caso, desde el Palacio de Tribunales “hacen oídos sordos, por eso estamos acá firmes y vamos a seguir por tiempo indeterminado”, aseguró. 

“Ellos miran para el costado, no quieren ver lo que está pasando, estoy buscando a mi hija, necesito que la encuentren y a su bebé”, enfatizó. 

A su lado, con la misma cadena en la cintura, se encuentra la Abuela Coraje, la mujer que rescató a su nieta de 17 años de una red de tratas después de estar 21 días desaparecida. 

“Esto que sucedió con mi nena tiene que ser público para que no vuelva a suceder con ninguna mamá ni con ningún chico más. Hoy la estoy pasando mal porque me vive hostigando la captora que convivió con el único detenido, su familia”, declaró. 

Por lo que “basta de privilegios, quiero que vaya a un penal el único detenido, es lo que reclamo. Mi nena estuvo 21 días secuestrada, hay un solo detenido, yo no digo que sean buenos o malos, hay de todas las clases, pero quiero justicia por lo que me sucedió”, reclamó. 

“Ya llevamos siete meses, la Justicia tiene que seguir y espero que hagan bien las cosas. Es lo único que pido”, concluyó. 

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que -entre otros aspectos- advierte que “la tendencia de los últimos años destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales”.

La fiscalía especializada del MPF, a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Continúa con las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming -el acoso a un niño o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico- (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

La PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

NUEVA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

CAPTACIÓN MEDIANTE OFERTAS LABORALES ENGAÑOSAS

Del universo de las 1941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

VÍCTIMAS

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulneradas sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

LAS DENUNCIAS POR JURISDICCIÓN

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Fuente: Fiscales.gob.ar

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó sin prisión preventiva al ex camarista de ese órgano judicial, Jorge Ferro, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a dos abogados y a una abogada, coimputados por el delito de tráfico de influencias en causas donde se investigaba el delito de trata de personas.

El fallo -firmado por Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena-, es consecuencia de una orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado la resolución dictada hace casi dos años por la Cámara Federal de Mar del Plata por la que Ferro y las otras tres personas fueron sobreseídas. El tribunal había declarado prescripta la acción respecto del ex camarista y su situación había arrastrado la del resto de los acusados.

El recurso ante la Cámara de Casación que propició el nuevo fallo fue interpuesto por el fiscal general Daniel Adler junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y la fiscal federal -ex cotitular de esa procuraduría- Laura Roteta. La investigación está a cargo de la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, con quien coadyuva la procuraduría especializada.

Ferro está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por enriquecimiento ilícito, acciones vinculadas al tráfico de influencias que se les atribuyó a los restantes imputados.

De acuerdo con la investigación, el ex juez habría utilizado información con la que contaba en razón de su cargo para privilegiar los intereses particulares de los tres coimputados, “menoscabando así los intereses del Estado y poniendo en jaque la correcta administración de justicia”, indicaron la fiscalía y la PROCELAC.

La pesquisa tuvo su origen en una denuncia formulada por el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); la fiscal Roteta y el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, ex cotitulares de la PROCELAC; y el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, a raíz del análisis de las pruebas obtenidas en el marco del caso Madaho’s, en el que se desbarató una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La fiscalía y la PROCELAC informaron que, de acuerdo a los peritajes de los teléfonos investigados, uno de los acusados -abogado- en ese caso mantenía un estrecho vínculo de amistad, laboral y económico con Ferro, pese a lo cual este último intervino como camarista en el caso “con el propósito de mejorar y favorecer la situación procesal” del imputado, a quien “también le ofrecía asesoramiento jurídico y colaboración en procesos penales del estudio jurídico al que pertenecía”. Aquel abogado fue patrocinado en ese caso por otros dos profesionales pertenecientes a su estudio jurídico. Los tres, en definitiva, ahora están procesados por tráfico de influencias agravado.

En este contexto, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata y la PROCELAC también investigan la posible generación de ganancias ilícitas para los imputados derivada de aquellos hechos. En efecto, se investiga si Ferro, cuanto menos desde 2002 y hasta el 1 de mayo de 2020, habría incrementado de modo apreciable y sin justificación su patrimonio. Ferro renunció a su cargo el 1 de mayo de 2018 cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura de la Nación en función de los sucesos ventilados en el caso Madaho’s.

Según indicaron la fiscalía y la PROCELAC, en el caso se están llevando cabo medidas tendientes a trazar el perfil patrimonial de las personas investigadas. En concreto, se busca identificar activos y/o movimientos de índole económico que permitan revelar ganancias ilícitas.

Fuente: Fiscales.org

Este martes se realizará el primer Festival contra la trata de personas en Mar del Plata: será de 17 a 20 en el primer piso de la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108. El evento combinará charlas y acciones artísticas, con el fin de difundir las nuevas formas de captación de posibles víctimas que surgieron en los últimos tiempos y de prevenir nuevos hechos delictivos que afectan la dignidad y la libertad de las personas.

La propuesta es organizada por la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Mar del Plata/Batán, integrada por diversas organizaciones especializadas y la Subsecretaría de Derechos Humanos y se realiza en coincidencia con el Día mundial de lucha contra la trata, que se conmemora cada 30 de julio como una jornada para visibilizar este flagelo que cada vez toma nuevas modalidades amparado en el avance de las tecnologías y las redes sociales.

El primer Festival será abierto a la comunidad y se trata de una oportunidad para conocer acerca de este delito y las diversas formas de prevenir riesgos: para ello habrá una mesa de charla para intercambiar información, visiones y experiencias, así como un escenario artístico que ofrecerá música y danza en vivo. Además, participarán las artistas Alicia Arigós y Laura Stringhini, quienes desarrollarán una obra colaborativa, abierta a quien quiera sumarse.

La actividad estará centrada en difundir, a través de algunos casos registrados en los últimos tiempos, las nuevas formas que adoptan las organizaciones criminales para captar posibles víctimas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las personas, en especial de jóvenes o quienes buscan empleo, utilizando datos y perfiles de redes sociales falsos.

Como resultado de investigaciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo a un hombre procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y trata de personas, tras un operativo efectuado en el barrio porteño de Recoleta.

La detención, resultado de pesquisas llevadas a cabo por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA, se concretó en la vía pública cuando el acusado de 58 años estaba cerca de su domicilio.

La causa es del 2021, cuando por orden la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, se allanaron tres establecimientos en los cuales el detenido, de nacionalidad peruana, era el responsable y regenteador de las actividades.

Desde el año pasado los prefectos realizaban el seguimiento de las actividades del imputado, luego del procesamiento con prisión preventiva emitido por delitos de abuso sexual con acceso carnal. Interviene en la causa el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas.

“Mi hermano tenía una deuda y necesitaba plata. Yo pienso que él le entregó a Loan a Victoria”, confesó Ana, la hermana de Antonio Benítez -uno de los detenidos por la desaparición del menor-, en diálogo con Crónica.

Durante un breve reportaje, la mujer, que vive en el campo, se refirió al caso y apuntó contra su hermano. Asimismo, dijo que los vecinos de 9 de Julio le contaron que su hermano es “violador” y que “vende droga”. “Tenía una causa y estuvo preso. Ahora está preso de nuevo. Él robaba vacas, toda la policía estaba viendo”, agregó Ana en conversación con el medio.

En paralelo, durante las últimas horas trascendió el chat en el que Laudelina Peña invitó a la funcionaria municipal María Victoria Caillava al almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, tras el cual el niño de 5 años desapareció.

El diálogo al que pudo acceder TN muestra cómo la tía del menor intensamente buscado le dice a una de las acusadas de coautora material de la captación con fines de explotación de Loan que “doña Catalina” le pidió que la invitara al día siguiente al mediodía “para comer el pollo”.

Caillava, en su respuesta, le dijo que iba a asistir a la cita con su marido, el capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez, el otro sindicado como coautor del mismo delito que su esposa.

Incluso, cuando Laudelina le indicó que solo debían llevar lo que iban a tomar, Caillava, con un emoji de carcajada, afirmó que llevaría “una petaca”.

Los seis detenidos por la desaparición de Loan fueron trasladados en la tarde de este miércoles a cárceles federales. Daniel “Fierrito” Ramírez, imputado como partícipe primario de la captación con fines de explotación de Loan, fue llevado a la Unidad Regional Norte N°7, en Chaco.

Por su parte, María Victoria Caillava y el capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez, acusados como coautores materiales del mismo delito, fueron trasladados al Complejo Federal N° 3 de Güemes en Salta. A ese mismo lugar llevaron a Mónica del Carmen Millapi (partícipe primaria), Antonio Benítez (partícipe primario) y el comisario Walter Maciel (encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor).

Fuente: Infobae