Ayer, el ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, que encabezó durante días la búsqueda de Loan Danilo Peña, fue imputado con prisión preventiva sin plazo por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público del acusado. Para los fiscales de Goya, Juan Castillo y Guillermo Barry, es el principal cómplice de los supuestos captores de Loan, el marino retirado Carlos Pérez y su mujer, María Caillava.

¿Cómo llegaron los fiscales de Goya a esa conclusión? En palabras de los funcionarios del Ministerio Público de Corrientes, Maciel fue “uno de los funcionarios principales de la investigación”, desde el momento de la desaparición hasta el 21 de junio, cuando fue detenido. En ese rol, “alteró rastros y pruebas entorpeciendo el curso de la investigación”, detalla el dictamen.

Durante los rastrillajes, el hallazgo de un botín en el barro dio esperanza de encontrar a Loan con vida. Un indicio de que caminaba por el monte. Pero resultó ser una pista falsa plantada por Maciel, según los fiscales. El ex comisario, además, simuló “que él mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña”, la tía de Loan, pareja de Bernardino Antonio Benítez, también imputado en la causa.

Aunque se confirmó que el botín pertenecía a Loan, un informe de subdirector de Defensa Civil determinó que “la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla”.

Al mismo tiempo, los fiscales destacaron en el dictamen que Maciel “liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese a que este ministerio público no había ordenado la medida”.

De esta manera, “atentó con el normal y eficaz funcionamiento de la administración de justicia y la búsqueda de Loan”.

El domingo 16 de junio, a tres días de la desaparición y cuando todavía lideraba a la policía local, Maciel salió de la comisaría ante el reclamo de un nutrido grupo de vecinos. Se paró frente a ellos y les dijo con la finalidad de tranquilizarlos: “Voy a dar comunicado oficial para todos ustedes, me acabo de comunicar con el fiscal, con el Ministro, y con mi compañero de trabajo, el director de la Unidad Regional 2, nos comprometemos a hacer un informe, luego de que se termine de hacer un dato fehaciente que estamos siguiendo”.

Y siguió: “Así que les pedimos por favor que nos esperen, que nos aguanten y el informe especial va a estar en las próximas horas”. El anuncio, que fue registrado por medios de la zona, causó expectativa, pero el supuesto informe ni la supuesta pista nunca llegó al escritorio de la fiscalía.

Además de Maciel, hay otros cinco involucrados en el supuesto rapto. Se trata de Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez, quienes quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Los tres primero están apuntados como partícipes primarios. El matrimonio, como coautores materiales.

Fuente: Infobae.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, aseguró que el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof intensificó este año las tareas en materia de lucha contra la trata de personas, al destacar que en la actualidad "un total de 712" víctimas de este delito reciben ayuda del Estado provincial.

Al conmemorarse el Día Mundial contra la Trata de Personas, Alak explicó que en 2021 se aprobó el plan provincial contra la trata de personas" y aseguró que esa iniciativa continuará durante los próximos tres años "con acciones de prevención, protección, acompañamiento, persecución, fortalecimiento y articulación institucional".

"Con ese trabajo saldamos una deuda que la provincia tenía desde 2012, con una planificación a tres años que se ajusta a los estándares internacionales", señaló el ministro a través de un comunicado de la cartera que encabeza.

En la provincia de Buenos Aires, la agencia encargada del rescate y asistencia integral a las victimas es el Programa Provincial de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Justicia.

"La trata de personas con fines de explotación laboral, sexual u otras, representa una grave violación a los derechos humanos porque implica la obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres humanos que son considerados como mercancía, lo que atenta contra su libertad y autodeterminación", remarcó el ministro bonaerense.

En el documento de la cartera provincial de Justicia y Derechos Humanos se indicó que "la detección de esos delitos es central para desplegar la persecución y sanción penal a sus responsables, y también para que el Estado pueda iniciar el proceso de restitución de sus derechos a las víctimas".

En ese sentido se recordó que si algún ciudadano tiene información sobre cualquier forma de explotación de personas, puede comunicarse gratuitamente desde cualquier lugar del país con la Línea 145 atendida por operadoras especializadas, que están disponibles para tomar denuncias, brindar orientación y asistencia durante las 24 horas, los 365 días del año.

En tanto, desde el organismo se informó que en la provincia de Buenos Aires y de acuerdo a las cifras obtenidas por el Observatorio de Políticas contra la Trata y sus Delitos Conexos, desde principios de año hasta el presente se asisten 69 personas de sexo femenino, 31 masculino y 3 trans.

En lo concerniente al objeto del delito, un total de 50 personas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y otras 48 para explotación laboral, 2 de trata mixta y los últimos 5 por otros delitos.

En cuanto a las principales nacionalidades de las personas victimizadas la mayoría (62) son de Argentina, seguidas por 23 de Bolivia y 13 de Paraguay.

En cuanto a la la lucha contra la trata en la Provincia, se informó que el Programa "interviene a requerimiento judicial, por derivación de otro organismo o solicitud de colaboración o acompañamiento, por denuncias, o por fiscalizaciones laborales".