Este mediodía se conoció la sentencia en el denominado Juicio La Huerta, uno de los procesos más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 12 durante la última dictadura militar.

En total se dictaron ocho condenas, de las cuales cuatro fueron a prisión perpetua. Por primera vez recibieron esta pena los jefes de Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil -Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado- junto a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares a 6 años; y José Luis Álvarez a 5 años. Además, el tribunal dictó 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno -hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas- destacó: “Es un proceso angustiante pero reparador. Los sobrevivientes fueron fundamentales para construir la verdad”.

El fallo reconoció que los hechos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros de sindicalistas en Azul la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La audiencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de toda la región. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense actuó como querellante en el proceso iniciado el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo de la Subzona 12 incluyó centros clandestinos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y Sierra Chica, entre otros. Se juzgaron crímenes cometidos contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de testimoniar.

Fueron 104 audiencias en las que se escucharon más de 200 testimonios. Con esta sentencia, se consolida un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia -más de cuatro décadas después de los crímenes-.

Una mujer que había sido utilizada como “mula” para el transporte de droga fue absuelta en un juicio oral y público realizado en Jujuy. Para tomar esa decisión, el tribunal tuvo en cuenta que la acusada fue víctima de violencia de género y que necesitaba dinero para operar de urgencia a su hija.

Según informó hoy la Defensoría General de la Nación, el fallo se dictó en el marco del primer debate realizado en la provincia norteña con el nuevo Código Procesal Penal Federal, el cual estuvo a cargo del juez Mario Héctor Juárez Almaraz, del Tribunal Oral Criminal Federal.

Los hechos se produjeron el 3 de julio pasado en la ciudad jujeña de Ledesma, cuando Gendarmería Nacional detuvo a la mujer, identificada como M.R., que transportaba un paquete con una sustancia ilícita adherida a su cuerpo. Por ello, fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes y ahora se realizó el juicio en su contra, recopiló Télam.

R fue representada por el defensor oficial Matías Gutiérrez Perea, quien argumentó que la mujer aceptó llevar la droga porque había sido víctima de violencia de género durante años por parte de su ex pareja y se encontraba angustiada por la salud de su hija de 2 años, que padece un problema congénito.

El defensor también argumentó que su asistida fue víctima de trata y que “con poco apoyo familiar y su psiquis destruida, se tuvo que valer de sus propios medios para darle a su hija una mejor calidad de vida”.

En la sentencia, el juez Juárez Almaraz tomó en cuenta “las condiciones y circunstancias de vida experimentadas por la imputada, única fuente de sustento económico de un grupo familiar compuesto por ella y dos pequeños hijos”.

Además, contempló que R sufrió durante seis años situaciones de violencia por parte de su ex pareja, y que la menor de sus hijos necesitaba una cirugía urgente.

“Este contexto, objetivamente analizado”, señaló el magistrado, “indica la existencia de un riesgo cierto, actual e inminente que no ofreció a la encausada otra alternativa que la comisión de un ilícito como medio para evitar un mal actual e inminente al que era ajena”.

Agregó que “no tuvo otros medios menos lesivos a los cuales dar preeminencia antes de transportar la droga, y recurrió a dicha conducta para salvar otro bien o interés mayor amenazado, cual resulta la vida e integridad psicofísica de su hija”.

En el fallo, el magistrado citó la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño y aseguró que el caso debe ser analizado “en el contexto de violencia de género dado en el ámbito doméstico, en el cual se observan las características históricas de desigualdad de poder entre varones y mujeres y las características propias del ciclo de violencia”.

“En un contexto de violencia doméstica, la mujer se encuentra entrampada en un círculo donde la agresión es siempre inminente, precisamente porque es un círculo vicioso del cual no puede salir, porque tiene miedo a represalias, no formula denuncias por miedo, se va aislando y muy pocas veces, o nunca, cuenta lo que sucedió, ya sea por miedo o vergüenza”, destacó.

El Dr. Alejandro Javier Escobar, quien se desempeñaba como secretario del Tribunal de Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, al jurar como Juez, ocupó el cargo vacante en el Tribunal de Trabajo Nº1, en reemplazo de la Dra. María Lujan Larrain.

El acto de jura se realizó en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, sito en Olavarría esquina Brown.

En el hecho, estuvieron presentes tanto familiares y amigos Escobar como de  colegas e integrantes del Colegio Profesional.

Federico Sasso, el joven que atropelló y mató a Lucía Bernaola en junio de 2017 en Alberti y la Costa, fue condenado este viernes a 6 años de prisión por el Tribunal Criminal Oral N°1 de Mar del Plata, quien lo encontró culpable del delito de homicidio culposo agravado por conducción temeraria.

Esta tarde, cerca de las 15, los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Juan Manuel Sueyro dieron a conocer su veredicto, en el que también le impusieron al automovilista una pena de inhabilitación para conducir por el término de 10 años. Sin embargo, no le revocaron el beneficio de prisión domiciliaria del que goza hasta la fecha. 

Durante la lectura del fallo, hubo disturbios en la sala, donde familiares de la víctima reaccionaron con gritos e insultos contra Sasso ante la decisión del Tribunal de condenarlo por homicidio culposo y no por homicidio con dolo eventual, una figura que prevé una mayor pena. Además, la Justicia le ordenó al Municipio que arbitre las medidas necesarias para evitar otros siniestros viales en la zona de Alberti y la costa. 

En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por Rodolfo Moure, pidió a los magistrados una pena de 10 años de prisión para Federico Sasso, además de exigir que se le revoque la prisión domiciliaria y que se le imponga una sanción especial para que se lo inhabilite para la conducción de cualquier tipo de vehículos durante una década.

Maximiliano Orsini, el abogado de Verónica Borelli, la mamá de la menor de 14 años, había adelantado a este medio que pediría una condena de entre 10 y 12 años de cárcel para Sasso, al sostener como la fiscalía la acusación por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que contempla una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión.

Por su parte, Facundo Capparelli, el abogado del joven, solicitó una condena “mínima” para su defendido tras cuestionar distintos agravantes que señalaron las otras partes intervinientes en la causa y la carátula de “homicidio simple con dolo eventual”.

Después de finalizar la etapa de los alegatos, Sasso aprovechó la “última palabra” que le concedieron los jueces y, entre lágrimas,aseguró que nunca quiso “matar a nadie” y le pidió “perdón” a los padres de Bernaola. "Me duele en el alma que no esté más esta persona, Lucía”, afirmó.

Antes del conocimiento de la sentencia, Borelli ya se había mostrado "muy conforme" con el desarrollo del juicio y, más allá de la condena que eventualmente le impondría el tribunal, aseguró que sentía un "triunfo" por las exposiciones que se vertieron en el debate oral en torno a la culpabilidad del conductor.

"Todos dijeron la verdad. Acá hay una persona alcoholizada y que manejó a alta velocidad y eso es lo que hay que juzgar", dijo a El Marplatense, y concluyó: "El juicio ya lo gané; yo estoy tranquila de que luché por mi hija, de que todo lo que quería que se de a la luz lo logré”.

Organizaciones que acompañaron la lucha de la mamá de Bernaola a lo largo de estos años también habían solicitado a la Justicia que aplicara una condena "ejemplar" por el fuerte impacto que tuvo el caso para la sociedad. “Acá está la posibilidad de que haya un cambio de paradigma en la Justicia y la sociedad. Creo que va a ayudar mucho este caso”, afirmó Héctor Blasi, vicepresidente de la ONG Familiares de víctimas de Delito y Tránsito.

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de junio de 2017, cuando Sasso conducía su vehículo Renault Clío a alta velocidad y con 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre. Al llegar a la curva de Alberti y la Costa no pudo controlar el rodado, invadió la mano contraria, siguió su recorrido sobre la vereda y atropelló a Lucia Bernaola, quien murió en el acto, e hirió a otros ocho jóvenes que caminaban con la víctima.