Por Humberto O. Noel

La semana pasada la noticia del desafuero de un Juez que fuera integrante del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata por actitudes imposibles de imaginar por parte de un magistrado en el ejercicio de sus funciones, según sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento en el expediente  SJ 680/23 - “Riva Mariano s/ Jurado de Enjuiciamiento’’, trascendió el ámbito judicial causando indignación no sólo en los vecinos de esta ciudad, sino también en distintos lugares provinciales y hasta nacionales.

Pero este hecho tapó a otro no menos escandaloso, que fue la orden de desalojo del edificio sito en Garay 1768 donde funcionan los Tribunales del Trabajo 1, 2 y 3, por falta de pago de los alquileres a cargo de la locataria, que no es otra que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La correspondiente sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 de la ciudad de La Plata en los autos ‘Maquez Adriana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Desalojo. El próximo paso judicial es el lanzamiento, por lo que no debería asombrarlos que cualquier día de estos al circular por la arteria nombrada nos encontremos que está ocupada por el mobiliario de dicho órgano judicial que ha sido allí arrojado.

Comenzando por el primer acontecimiento, debo decir que durante varios años, la Asociación Judicial Bonaerense denunció en distintas ocasiones al Juez finalmente destituido por maltrato del personal, al que le hizo vivir situaciones aberrantes.

Fue necesario además de la insistencia del sindicato nombrado durante todo ese tiempo, denuncias de abogados y presentaciones de justiciables ante el supremo órgano judicial de este estado, que aunque huelgue agregar, tiene una Secretaría llamada Control Judicial que cuenta con un cuerpo de inspectores, mediante el cual debería impedir que avancen situaciones como esta.

Llegado a un punto insostenible se inició el enjuiciamiento de quien para acceder al cargo que ocupó, debió someterse a un examen físico y psíquico realizado por el departamento correspondiente del poder judicial bonaerense, que esta demás decirlo, depende y debe ser contralado por la SCJBA. Y la primera pregunta que se formulan quienes conocieron a esta persona o quienes siguieron las alternativas del Jury es cómo se lo consideró capacitado psicológicamente.

Retomo ahora el desahucio citado, y con él, el caos edilicio en el que funciona la administración de justicia en nuestra ciudad.

Para ello, y dado que no se exhiben datos para su conocimiento público, se estima que se alquilan entre seis y nueve inmuebles en Mar del Plata a un costo anual que puede calcularse entre $240.000.000 y $530.000.000 habiéndose dejado de lado el anhelado y viejo proyecto de construcción de una ciudad judicial, para el que el Estado nacional donó al provincial el predio situado en la avenida Juan B. Justo entre Pehuajó y Funes mediante ley 26.673/2011, formalizándose posteriormente el acto de escrituración.

En esos lugares en los que el deterioro ha llegado a una situación calamitosa, trabajan hacinados estimativamente 1200 empleados, transitan los abogados y no tienen donde sentarse los justiciables o testigos que deben concurrir. En los depósitos de los expedientes en papel que están desapareciendo por el avance tecnológico o porque fueron comidos por la ratas, una trabajadora precisamente se contagió de leptospirosis.

Pero no es menos cierto que se compraron dos fastuosos chalets, patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, uno en la intersección de las calles Falucho y Corrientes (Villa Devoto) donde imparte justicia la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y otro recientemente en la esquina de las calles Buenos Aires y Brown (Villa Bary) sede actual de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, imponentes ambos a la vista y orgullo de un pasado, pero que resultan ser inapropiados y carentes de funcionalidad para la finalidad, por los que se pagaron estimativamente $3.000.000.000, no habiéndose publicado detalles al respecto.

¿Cómo se ha llegado a este estado? Tal vez esta pregunta la responda lo dicho por un empleado judicial pronto a jubilarse, al puntualizar que en bastante más de 35 años de desempeño nunca presenció la visita de un ministro de la Corte, agregando que comprendía que podría resultarles engorroso por más que no lo hagan diariamente, sumarles al traslado desde sus domicilios sitos a no menos de 60 kilómetros de la ciudad de La Plata donde cuentan con adecuados despachos, venir a Mar del Plata o a cualquier ciudad cabecera de otro departamento judicial, en los autos con chofer que se les proporciona.

Un grupo de alrededor de 20 personas armadas con cuchillos habría irrumpido este martes en un juzgado del Departamento Judicial San Martín, en un hecho que fue denunciado como una grave intimidación al Poder Judicial y que estaría vinculado a la reciente detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.

El episodio ocurrió al mediodía, en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Nicolás Schiavo. Según trascendió, el grupo ingresó a la mesa de entradas y exigió la liberación de personas detenidas en una causa narco.

De acuerdo con un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el ataque habría sido una represalia directa por allanamientos realizados el 22 de enero, en los que se secuestraron armas de fuego, municiones y chalecos antibalas.

Desde el Colegio expresaron su “enérgico repudio y profunda preocupación” y advirtieron que el hecho expuso la falta de seguridad en los edificios judiciales, poniendo en riesgo a magistrados, trabajadores y ciudadanos. También señalaron la insuficiencia de recursos tras la desfederalización de los delitos de narcomenudeo.

Otras fuentes judiciales relativizaron la magnitud del episodio y señalaron que el grupo “fue a reclamar, golpeó la puerta y se retiró”, sin provocar destrozos ni heridos. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcaron que hubo amenazas de muerte y que los agresores aseguraron que regresarían.

Finalmente, el Colegio de Magistrados exhortó a los tres poderes del Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y preservar el normal funcionamiento de la Justicia.

Fuente: Infobae

Con el lema “La verdad no prescribe, los dibujos lo describen y las víctimas lo gritamos desde el alma”, víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil se manifestarán este miércoles 13 de noviembre a las 10 de la mañana frente a los Tribunales de Mar del Plata, en las calles Brown y Tucumán.

El encuentro, impulsado por el colectivo Justicia Activa en Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias (J.A.A.S.C.I.A), busca visibilizar la problemática del abuso y exigir avances en las causas judiciales pendientes.

La fecha coincide con el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, establecido por la Ley 27.458, aprobada por el Senado en 2018, en conmemoración de la sanción de la Ley 26.904 que tipificó este delito en 2013.

El objetivo de esta jornada es generar conciencia sobre la importancia de la denuncia y el acompañamiento, ya que —según advierten desde la organización— “el mayor riesgo que supone el desconocimiento es la no denuncia”.

Durante la actividad se exhibirán dibujos realizados por niñas, niños y adolescentes que, a través del arte, logran expresar el dolor y el temor de las experiencias vividas. “Las causas de ASCIA muestran una triste realidad donde el tiempo pasa, pero las heridas siguen abiertas. Los juicios por la verdad no son un trámite: son memoria viva y reparación colectiva”, manifestaron desde el colectivo.

Desde J.A.A.S.C.I.A. también se suman a las fechas que completan un mes de lucha: el 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñeces, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre los reclamos principales, solicitan celeridad y pronta fecha de Juicio por la Verdad de María Tobio en Mar del Plata, así como en todas las causas donde las víctimas aún esperan ser escuchadas.

La manifestación invita a toda la comunidad a participar con pañuelos rojos, símbolo del estado de alerta y lucha contra la impunidad, y pañuelos amarillos, que representan la prevención, la esperanza y la reparación. 

“Nos encontramos, nos abrazamos y exigimos un abordaje judicial con perspectiva de género y niñez. Porque las infancias no mienten. Porque la verdad no caduca. Porque la justicia debe garantizar el derecho de acceso a la verdad”, expresaron desde el movimiento.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a 20 años de prisión a Brandon Tomás Ledesma, hallado culpable del asesinato de Jeremías Fredes, un joven de 18 años que fue baleado en el barrio El Progreso durante una pelea vecinal ocurrida en enero de 2023.

La sentencia fue dictada este lunes por los jueces Pablo Viñas, Paula Soulé y Facundo Gómez Urso, quienes resolvieron por unanimidad imponer la pena por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ledesma permanecerá alojado en el complejo penitenciario de Batán, donde ya se encontraba detenido.

El crimen tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando una discusión entre vecinos escaló tras el robo de una gallina. Según la investigación, un grupo de jóvenes habría arrojado piedras contra un auto y luego sustraído el animal, lo que derivó en una persecución y una serie de agresiones. En medio del conflicto, Fredes, que intentó intervenir para calmar la situación, recibió un disparo en el cuello efectuado por Ledesma.

De acuerdo con el informe forense, la víctima murió días después en el Hospital Interzonal por un paro cardiorrespiratorio provocado por una lesión en la arteria carótida. Testigos aseguraron que el agresor efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó cuando el joven intentaba alejarse.

Tras el hecho, Ledesma permaneció prófugo durante seis meses hasta ser capturado en una persecución policial. Fue detenido mientras circulaba en una motocicleta por la zona de Caraza y Reforma Universitaria, donde intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocas cuadras.

La fiscalía había solicitado una pena severa por considerar acreditado que el acusado actuó con la intención de matar. El fallo, conocido este lunes, descartó la figura de alevosía, pero confirmó la responsabilidad plena del imputado en el crimen.

Con esta sentencia, el caso, que conmocionó al barrio El Progreso por su origen absurdo y la violencia del desenlace, llega a su cierre judicial casi dos años después del hecho.

La Municipalidad, a través de las áreas de Defensa Civil y Tránsito, llevó a cabo este jueves un ejercicio de evacuación controlada en el edificio de Tribunales. La actividad contó con la participación de Bomberos de la Provincia, el Ministerio de Justicia de la Provincia y personal policial, con el objetivo de fortalecer los protocolos de emergencia.

El operativo consistió en la evacuación controlada de los nueve pisos del edificio, con aviso previo a todos los involucrados, para evaluar los procedimientos de emergencia y la estructura edilicia. Además, se realizó un descenso controlado desde la parte superior del inmueble para verificar las condiciones de seguridad de la construcción.

El director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia del simulacro: “Estas prácticas permiten aprender de situaciones reales y perfeccionar los protocolos de actuación, trabajando en conjunto con todos los organismos que deben intervenir”. La actividad se diseñó con un enfoque técnico y de capacitación, por lo que no involucró al público habitual ni a personas detenidas.

El ejercicio permitió evaluar aspectos relacionados con la seguridad edilicia, identificar posibles errores, medir tiempos de respuesta y optimizar los protocolos de evacuación. Con un tiempo total de 5 minutos y 41 segundos, el operativo involucró a unas 300 personas distribuidas en el edificio, lo que representó un desafío significativo por su complejidad.

“Este fue el puntapié para seguir perfeccionándonos. El trabajo en conjunto fue impecable. Ahora haremos un balance entre todos los organismos para aprender de la experiencia y seguir mejorando”, concluyó Rodríguez. La iniciativa refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad y la preparación ante emergencias en edificios públicos.

Una denuncia realizada al 911 dio la pista del terrorífico escenario que se  escondía en un departamento del complejo habitacional del SOIP en Mar del Plata. Facundo Uribe, de 42 años, fue arrestado el 29 de agosto por ser el principal acusado de explotación de la prostitución de personas mayores de edad, a las cuales marcaba con la inicial de su nombre. 

Durante un allanamiento avalado por la jueza Graciela Trill de la Justicia de Garantías de Mar del Plata, una víctima fue rescatada y trasladada al hospital para recibir atención médica. Asimismo, los efectivos encontraron un pendrive enfunchado en el televisor con información crucial para la causa. 

“El muchacho pidió declarar”, señalaron fuentes judiciales a El Marplatense. Este miércoles dió su versión de los hechos frente a la fiscal Trill en tribunales. Mientras tanto, los peritos analizan las pruebas que ya dieron un primer resultado: cerca de 200 archivos con imágenes y videos de abuso sexual infantil. 

Tras la audiencia, desde la fiscalía señalaron que “estamos esperando abrir los otros dispositivos, en búsqueda de mas víctimas y evacuando las citas del imputado al momento de declarar”.

Hasta el momento se tomó conocimiento sólo de dos víctimas que ya realizaron su declaración . “Ya intervino por ambas el Ministerio de Justicia con la Dirección de Rescate de Trata. Ambas tienen problemas de consumo, esa es la vulnerabilidad y por eso intervinieron", concluyeron.

Sobrevivientes y familias nucleados en Justicia Activa en ASCIA (Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias) se reunieron en Tribunales en el marco del Mes de la Infancia, con el fin de visibilizar lo que definen como “violencia institucional hacia los niños”. Allí realizaron un abrazo solidario a las causas judicializadas y colocaron de molinillos de colores en las rejas del edificio.

Entre los casos presentes estuvo el de María Tobio, quien espera desde enero de 2021 la fecha para realizar un Juicio por la Verdad por los abusos sufridos en la infancia por parte de su progenitor, Juan C. Tobio, el único de sus tres victimarios que sigue con vida.

Desde ASCIA advirtieron que el 84% de las denuncias por violencia sexual infantil son intrafamiliares y que en el país el 98% de las causas terminan desestimadas, lo que deja a miles de niños conviviendo con agresores en libertad.

“Garantizar que la Justicia actúe cuando la víctima está lista para hablar es una cuestión de salud pública y de derechos humanos”, remarcaron en un comunicado, subrayando que los traumas pueden tardar décadas en salir a la luz. Según UNICEF, 1 de cada 8 mujeres y 1 de cada 11 varones sufrieron agresiones sexuales antes de los 18 años.

En ese marco, Tobio, afirmó que el abrazo solidario buscó acompañar todas las causas judicializadas y mantener viva la exigencia de justicia. “Pedimos tutela judicial efectiva y acceso a la justicia”, remarcó en diálogo con El Marplatense.

Las organizaciones denuncian además que en muchos procesos judiciales se aplica la teoría del “Falso SAP” (Síndrome de Alienación Parental), desacreditando el testimonio de los chicos y obligándolos a revincularse con sus agresores. Por eso, reclamaron tutela judicial efectiva y acceso real a la justicia.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata condenó a una pareja por el mayor secuestro de drogas registrado en Tres Arroyos. El hecho ocurrió en 2023, tras un episodio de violencia doméstica que derivó en la detención de los imputados y un allanamiento en su domicilio, donde se incautaron 7 kilos de cocaína, 29 kilos de marihuana, 770 troqueles de droga sintética y nueve armas de fuego. La sentencia fue dictada por el juez Martín Luciano Poderti.

Pablo Sebastián López fue condenado a siete años de prisión, mientras que su pareja, Margarita Rosa Vallejos, recibió una pena de cuatro años y seis meses. Ambos fueron hallados coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de nueve armas de fuego y encubrimiento agravado en dos hechos. El tribunal también ordenó el decomiso del inmueble donde residían, ubicado en la calle Rocha al 400, así como de 133.000 pesos y 12.700 dólares, considerados producto del delito. 

El caso comenzó el 20 de enero de 2023, tras un episodio de violencia doméstica protagonizado por López en la casa de su madre, que motivó su detención luego de un llamado al 911. Al día siguiente, Vallejos se presentó en la comisaría primera de Tres Arroyos para exigir la liberación de su pareja, mostrando un alto grado de alteración. Al intentar ingresar por la fuerza a la zona de calabozos, fue detenida, y en su mochila se encontraron 2,41 gramos de cocaína, 7.900 dólares, 54.830 pesos y un celular, lo que desencadenó una investigación penal.

A partir de los elementos secuestrados, la fiscalía provincial solicitó un allanamiento en la vivienda de la pareja, autorizado por el juez de Garantías. En el domicilio se hallaron 7,533 kilos de clorhidrato de cocaína (2,794 kilos de cocaína pura), 29,240 kilos de marihuana, 770 troqueles de droga sintética, un cultivo indoor de marihuana y nueve armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres, una carabina y dos escopetas robadas. El fiscal subrogante Carlos Martín Fioriti destacó que el lugar, ubicado en un barrio residencial cerca de un club de tenis, era ideal para camuflar actividades ilícitas.

Durante la audiencia, Fioriti subrayó la magnitud del secuestro, el embalaje profesional de la droga (panes de cocaína, ladrillos de marihuana y troqueles de droga sintética) y el almacenamiento en lugares como un taparrollos. Según pericias químicas, el material podía generar entre 27.948 y 55.897 dosis de cocaína, 54.684 cigarrillos de marihuana y 770 dosis de droga sintética. El fiscal también resaltó que las armas incautadas, aptas para el disparo, tenían como propósito “proteger o custodiar esas drogas”.

Fioriti afirmó que los imputados formaban parte de “una maquinaria mucho mayor” y destacó que este secuestro es el más relevante juzgado por el TOCF en Tres Arroyos. Aunque solicitó penas de nueve años para López y ocho para Vallejos, el tribunal impuso sanciones menores, basándose en la prueba presentada y las circunstancias del caso.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

En línea con la postura del Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria temporal con la que, por cuestiones de salud, había sido beneficiado Hugo Alberto “Coco” Esteban, condenado el año pasado como miembro de una organización narcocriminal que en 2015 transportó 2.802 kilos de marihuana que fueron incautados en la provincia de Misiones en un caso conocido como “Marea Verde” y cuya investigación se originó en Mar del Plata.

El máximo tribunal penal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña -cuyo voto lideró la resolución-, Juan Carlos Geminiani y Carlos Mahiques, resolvió por unanimidad hacer lugar al recurso del fiscal subrogante Carlos Martín Fioriti que, en la instancia de casación, fue sostenido por el fiscal general Raúl Pleé.

El Ministerio Público Fiscal fundó su recurso en los Informes Médicos del Servicio Penitenciario Federal que sostuvieron una periodicidad en la atención médica del imputado, la ausencia de deterioro de su patología y la disuasión médica respecto de la cirugía de columna que el imputado pretendía llevar adelante -por un cuadro de lumbalgia crónica-. Fioriti expresamente solicitó la nulidad de la decisión impugnada o bien, la resolución del caso con arreglo a la ley aplicable.

La condena y el arresto domiciliario

Esteban fue condenado el 18 de junio de 2024 por el Tribunal Oral Federal (TOCF) de Mar del Plata a la pena de 13 años de prisión por resultar coautor responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la pluralidad de intervinientes en concurso ideal con el de falsedad ideológica documental, en el ya mencionado caso “Marea Verde”.

Asimismo, el TOCF marplatense ordenó revocar el arresto domiciliario del que gozaba en ese momento el condenado. Esa última decisión fue apelada por la defensa y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -con una integración parcialmente diferente a la que intervino ahora- resolvió rechazar el recurso.

En abril pasado, la defensa planteó un pedido de morigeración de prisión del imputado fundado en la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de darle una adecuada respuesta en su lugar de detención -el penal de Ezeiza-, a las patologías que Esteban presentaba y en la presunta cirugía de columna que tenía programada para el 20 de mayo. El juez Luciano Poderti, en su carácter de Juez de Ejecución Penal, resolvió entonces declarar el arresto domiciliario temporal en virtud del deterioro en la salud que evidenció luego de una visita carcelaria efectuada el 10 de marzo último en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“En la resolución recurrida el a quo mediante una valoración sesgada de los partes médicos aludidos priorizó su impresión personal y otorgó el beneficio por fuera de todo supuesto legal de procedencia, desconociendo a su vez lo decidido recientemente por esta Sala III en sentido contrario”, señalo Barroetaveña.

La postura del MPF

En su recurso de casación, el fiscal Fioriti planteó la “arbitrariedad” de la decisión del juez de Ejecución Penal. Entre otros argumentos, sostuvo que, para otorgar el beneficio, el magistrado se basó fundamentalmente en lo observado en su visita carcelaria y que se apartó de lo consignado por los informes médicos aportados tanto por el SPF como por el Cuerpo Médico Forense.

Según el representante del MPF, de ellos surge que “no se ha producido un deterioro de la patología” que padece Esteban, que se desaconsejó la cirugía de columna y que en el ámbito carcelario es atendido con periodicidad por sus dolencias.

A su turno, al apoyar la postura de su colega en la instancia anterior, el fiscal general Pleé refirió que, a partir de la nueva información médica aportada por la propia defensa, se desaconsejó la cirugía programada y consecuentemente, se pospuso la misma, circunstancia que, a su criterio, desvaneció el argumento central que motivó el arresto domiciliario.

De conformidad con lo postulado Fioriti, consideró que la decisión adoptada por el tribunal, se sustentó en una “valoración arbitraria e infundada” de las constancias obrantes en el legajo, por lo que propuso que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, se revoque la resolución dictada por el TOCF de Mar del Plata y se ordene la detención de Esteban para que cumpla su pena en un establecimiento penitenciario.

El fallo de Casación

El máximo tribunal penal dejó sin efecto la prisión domiciliaria temporal ordenada luego de analizar la situación del imputado bajo el marco de los artículos 10 del Código Penal, 32 de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena y 314 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Asimismo, en línea con lo planteado por el MPF, se refirió a los informes médicos que desaconsejaban la cirugía que el imputado iba a realizarse y que daban cuenta de un buen estado general del paciente.

El camarista Barroetaveña remarcó en sus fundamentos la falta de un análisis integral de todas las circunstancias relevantes del legajo y entendió que el estar privado de su libertad en un establecimiento carcelario no le impedía al imputado tratar adecuadamente su dolencia.

El fiscal Fioriti planteó la “arbitrariedad” de la decisión del juez de Ejecución Penal. Entre otros argumentos, sostuvo que, para otorgar el beneficio, el magistrado se basó fundamentalmente en lo observado en su visita carcelaria y que se apartó de lo consignado por los informes médicos aportados tanto por el SPF como por el Cuerpo Médico Forense.

“En la resolución recurrida el a quo mediante una valoración sesgada de los partes médicos aludidos priorizó su impresión personal y otorgó el beneficio por fuera de todo supuesto legal de procedencia, desconociendo a su vez lo decidido recientemente por esta Sala III en sentido contrario”, señalo Barroetaveña.

El caso “Marea Verde”

La investigación se inició con un procedimiento policial realizado en la calle peatonal San Martín, de la ciudad de Mar del Plata, en enero de 2015. En esa ocasión, se secuestraron aproximadamente tres kilogramos de marihuana en poder de un hombre. A partir de la información obtenida del teléfono celular que fuera secuestrado, se pudo conocer sus vínculos con un grupo de personas que, en forma indistinta, podían desempeñar tanto el rol proveedor, comprador, y/o consumidor de diversos estupefacientes con todos los cuales compartía la labor ilícita.

También se pudo conocer el plan criminal que la organización llevaba adelante para el tráfico de casi tres toneladas de marihuana. El estupefaciente fue comprado en la República de Paraguay, y transportado hasta la localidad de Wanda, en la provincia de Misiones. Allí debía ser acondicionado en un camión equipado con una caja con doble fondo, para trasladarlo hasta la ciudad de Mar del Plata, lugar donde el estupefaciente sería comercializado.

La maniobra delictiva incluyó la adquisición del camión y la adulteración de la documentación necesaria para colocar a una persona ajena a los hechos como titular del vehículo, con el objetivo de ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios.

El operativo “Marea Verde” se realizó el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, oportunidad en la cual la Policía Federal Argentina secuestró a bordo de un camión marca Scania unos 2.802 kilogramos de marihuana. Luego, la declaración de uno de imputados como “arrepentido” en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737, permitió determinar los roles y las responsabilidades de los eslabones más altos de la cadena de tráfico.

Se trató del secuestro de marihuana más importante que se juzgó en la jurisdicción de Mar del Plata. En un primer juicio, realizado en 2019, 15 personas fueron condenadas a penas de prisión de entre uno y 14 años, multas, inhabilitación de hasta 6 años y el decomiso del camión implicado en la maniobra. Esteban permaneció prófugo desde 2015 hasta febrero de 2019, cuando lo detuvieron en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y recién terminó condenado por el caso el año pasado.

Fuente: Fiscales.

Un hombre de 55 años, identificado como Adrián Buistrón, fue condenado hoy a siete años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, tras ser encontrado culpable de tres casos de abuso sexual simple contra amigas de su hija. Tras la lectura de la sentencia, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los hechos denunciados se registraron entre 2019 y 2020 en la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi. La investigación comenzó cuando una de las menores le contó lo que ocurrió a una docente.

Según constó en la investigación, el hombre abusó de las menores cuando se quedaban a dormir en su casa para participar de piyamadas junto a su hija. Entre los hechos señalados, se señaló que manoseó a las chicas y además se masturbó.

Por orden de la autoridad judicial competente, personal de la Comisaría Segunda se hizo presente en el lugar para efectivizar la orden de detención, informaron desde la Departamental de Policía local.

El Tribunal Oral Federal N°2 notificará hoy a la ex presidente Cristina Fernández la resolución de cumplir prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes del Gobierno. La comunicación se realizará mediante una audiencia virtual por Zoom, con el objetivo de evitar el traslado de la líder del Partido Justicialista (PJ) a los Tribunales.

Con esta medida, Fernández quedará formalmente detenida en su departamento ubicado en la calle San José al 1100, en el barrio de Constitución, y no podrá participar en la movilización prevista para mañana, convocada bajo la consigna “Cristina Libre”. La notificación se concretará antes del vencimiento del plazo para que la ex presidenta se presente voluntariamente en tribunales, establecido para este miércoles.

La resolución se enmarca en una jornada clave, tras el rechazo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al pedido de la defensa de anular la orden de detención. No obstante, el juez Jorge Gorini ultima los detalles de un fallo que confirma la prisión domiciliaria, cuya oficialización se espera en las próximas horas. 

La medida incluye condiciones específicas: no se utilizará tobillera electrónica por falta de dispositivos, pero se dispondrá una custodia presencial a cargo de fuerzas de seguridad. Además, se restringirá el aforo de reuniones políticas en el domicilio, aunque Fernández podrá comunicarse libremente por redes sociales, conceder entrevistas y aparecer en espacios públicos, como el balcón de su departamento.

El Gobierno busca evitar un traslado judicial que pueda desencadenar protestas de difícil control. Sin embargo, sectores del peronismo, gremios y organizaciones sociales mantienen la convocatoria a la movilización, denunciando una persecución judicial y un caso de lawfare contra la ex mandataria. 

En paralelo, la defensa de Fernández de Kirchner ha iniciado una estrategia internacional, presentando una denuncia ante la Corte Penal Internacional y planificando un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema. Como precedente, citarán el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Fuente: con información de TN

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy, en una sesión ordinaria, los pliegos para designar a 131 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales y defensores, correspondientes a más de la mitad de los 206 candidatos que superaron las entrevistas requeridas para cubrir vacantes en el Poder Judicial provincial. Seis de los nombrados corresponden al Departamento Judicial Mar del Plata.

Los nuevos funcionarios judiciales de la ciudad serán el juez del Tribunal de Trabajo, Carlos Cordero, el juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Leandro Favaro, el juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Juan Pablo Lódola, la defensora oficial para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, Sandra Nuccitelli, la jueza del Juzgado de Garantías del Joven, Libertad María Celeste Cordido, y la jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, María Anastasia Gerula.

El acuerdo para estas designaciones se alcanzó al mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria, aunque persisten objeciones de sectores del oficialismo y la oposición sobre algunos pliegos, que continuarán en negociación. 

La sesión, que comenzó con demora a las 16:00 debido a tratativas de última hora, estuvo marcada por la controversia en torno a los nombramientos para La Matanza, donde confluyen intereses políticos de la vicegobernadora Verónica Magario, alineada con el gobernador Axel Kicillof, y el diputado Facundo Tignanelli, cercano al diputado nacional Máximo Kirchner. 

Por disposición de Magario, el Palco de Prensa permaneció cerrado, limitando el seguimiento de la sesión a la transmisión oficial por YouTube, sin que se comunicaran los motivos de esta medida. El debate fue seguido desde los palcos por el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, y por Tignanelli, quien se incorporó hacia el final.

Fuente: con información de DIB

Con cierto grado de resignación Miguel Gatti, el padre de Leandro “Lele” Gatti, el DJ asesinado el 26 de septiembre de 2021 en la zona de Playa Grande, aseguró con un dejo de impotencia que fue “muy significativo” el pedido que hizo la defensa de uno de los acusados para que se atenuara la pena. La Fiscalía pidió hoy 20 años para José Maximiliano Vergara y 18 para Luis Itzcovich y Fernando Romito.

“Fue muy significativo el pedido de atenuantes de los defensores de los delincuentes y asesinos”, señaló el hombre. Y remarcó: “Piden atenuantes ante un caso de muerte como fue la muerte de mi hijo. Y todas las posibilidades que no son posibilidades para rebajar las penas de los delincuentes”.

Gatti hace mención a la solicitud de la abogada Carla Aguad, quien pidió que se tenga en cuenta que Vergara declaró haber sido autor del hecho, mientras que Cristian Ford, abogado de Itzcovich, pidió que sea sentenciado como “partícipe necesario” y no como “coautor”, como lo había estipulado el fiscal Fernando Berlingeri.

Por otro lado, Paula Oviedo, representante legal de Romito, expondrá recién mañana. Una vez que se conozca este alegato, los jueces Fabián Riquert, Juan Manuel Sueyro y Federico Wacker Schroder anunciarán cuándo se conocerá el veredicto.

Como resumen de lo que vienen siendo estos días, Miguel Gatti indicó que “seguimos intentando transitar todo esto con el dolor que tenemos encima, con la pérdida de nuestro hijo y con todo lo que significa este juicio”.

Más temprano, el fiscal Berlingeri había expresado a este medio que “la Fiscalía entiende que el veredicto tiene que ser condenatorio para Vergara, Itzcovich y Romito. En el caso de los primeros dos, como coautores; y el último, como partícipe necesario. El delito, para nosotros, es Homicidio en Ocasión de Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego”.

“Interpretamos que el tribunal debe aplicar 20 años de prisión para Vergara y 18 años para Itzcovich y Romito. Sin embargo, el pedido del particular damnificado fue aún superior al nuestro, solicitando 25 y 21 años respectivamente”, señaló.

Trabajadores judiciales elevaron un pedido de aumento del presupuesto para el mantenimiento de los edificios y los cargos dentro del sistema de Justicia Bonaerense. 

En este sentido, Oscar Yenni, secretario gremial de AJB judiciales, declaró en diálogo con El Marplatense que “como todos los años, a través de nuestro centro de investigación e información hacemos una evolución sobre el presupuesto del trabajo judicial en la provincia de Buenos Aires”. 

Por lo que se llevó a cabo “un relevamiento de las necesidades y el presupuesto que históricamente para el poder judicial fue del 7%, hablamos de los años 90, como se le da a educación, salud, inclusive a seguridad”. 

Sin embargo, “tenés salud privada, al igual que seguridad y educación, pero la justicia es para todos los bonaerenses, no hay posibilidad de otra cosa”, agregó. 

Entonces, “el pedido de recuperación del presupuesto histórico en forma gradual es lo que como sindicato solicitamos. De ir a un 5% y que se traduzca en cobertura de cargos, infraestructura, tenemos un problema gravísimo en el ámbito de la procuración, fiscalías, defensorías, asesorías, que están realmente detonadas”, afirmó. 

En este contexto, “yo te diría que hay una emergencia edilicia que se debe resolver porque no solamente tiene que ver con las condiciones de trabajo, sino que beneficia al justiciable”, resaltó. 

“No estamos hablando del actual gobernador, fueron distintas gestiones que hicieron que del 7 bajara al 3,22%. Eso significa que no hay un política para el poder judicial”, aclaró. 

Por lo que “vos sabés dónde tenés que priorizar o poner la plata para que la cosa funcione. Si querés una Justicia para los bonaerenses que realmente dé respuestas, que pueda resolver, poner más juzgados, más dependencias, otros organismos y reforzar lo que tenemos, danos las herramientas para poder trabajar. Hay que poner plata, esto es una decisión política, no pasa por otro lado”, indicó. 

Por otro lado, contó que “en Mar del Plata a partir del 1° de octubre renovamos autoridades y vamos a conducir la departamental. Lo que estamos observando es que tenemos un problema importante en la infraestructura”. 

El principal conflicto es que “el Poder judicial está diseminado en más de 40 edificios o casitas distribuidas en toda la ciudad y sinceramente es muy complejo el acceso a la Justicia para la ciudadanía”. 

"Entonces cuando la gente tiene un problema va a Tucumán y Brown, el edificio central, y ahí empieza a deambular por toda la ciudad. Ahí no pueden resolver la situación y tienen que ir a familia, que está a 20 cuadras, y ahí sucesivamente", prosiguió. 

“Lo que necesitamos en Mar del Plata es tener una mesa de administración de Justicia donde esté sentado el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados, los actores que hacen al día a día a nivel Justicia y la Intendencia porque debe saber cómo funciona todo en la ciudad, y no solamente para pedir cargos, sino para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos marplatenses y de Batán”, concluyó. 

Un Tribunal integrado por ciudadanos declaró culpable en juicio oral por jurados a un hombre por abusar de su hija -por más de diez años- y de su nieto. Ambos eran menor al momento de los abusos y se prevé una condena de 30 años de prisión. 

En el primer hecho la víctima fue su hija, quien fue abusada desde los 4 hasta los 15 años. Allí fue condenado como autor de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por ascendiente y por resultar el mismo un daño grave a la salud mental de la víctima".

Y en el segundo hecho la víctima fue su nieto, quien fue abusado a los 11 años, y se lo condenó con la misma calificación, aunque sin el agravante de daño grave para su salud mental.

El sujeto fue juzgado ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Alexis Imaz, en un juicio por jurados que se desarrolló en tres jornadas. A su vez, el fiscal de la causa fue Alejandro Pellegrinelli, mientras que Julio Razona el abogado representante de las víctimas.

En el juicio se probó que el hombre abusó de su hija desde pequeña, lo que le ocasionó gravísimas secuelas psíquicas, a tal punto que la joven debió ser internada en cinco ocasiones por intento de suicidio. Además, no pudo continuar con su escolarización en forma normal y se encuentra en tratamiento por las secuelas de los reiterados abusos de su padre.

En este sentido, el personal médico que trató a la víctima declaró como testigo, informando la gravedad de las lesiones psíquicas que padece y del tratamiento farmacológico que recibe.

Y por lado del agresor, que gozaba de arresto domiciliario, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El viernes 27de septiembre se llevará a cabo una nueva audiencia, denominada juicio de cesura, donde Imaz determinará la pena del condenado, que puede oscilar entre los 8 y los 30 años de prisión.  Por su parte, el letrado Razona manifestó que solicitará como pena el máximo previsto por el Código Penal.

Pasó más de un año y la familia de Iara Nardelli sigue en búsqueda de respuestas sobre la desaparición de la adolescente en el barrio Virgen de Luján, al noroeste de Mar del Plata.

Ante esta situación de vulnerabilidad Mariela Quintanilla, mamá de la joven, decidió encadenarse a las puertas de Tribunales hasta conseguir que la causa cambie de carátula. 

“Me prometieron una reunión con el Juez de Garantía, la fiscal que en ese momento era Romina Díaz y yo iba a presentar lo que estaba pasando, que no se trataba ni de femicidio ni de suicidio, sino que mi hija fue captada por una red de trata”, declaró en diálogo con El Marplatense. 

Asimismo, señaló que “no me dicen nada, desde el 13 de junio que se desarchivó la causa, lo único que hacen es darle nota a los medios, decir que están investigando, pero nadie se comunicó conmigo”. 

En un descampado encontraron restos óseos y sus pertenencias, entre ellas un corpiño y una remera con un corte realizado con un arma blanca. Allí también se descubrió una campera, anteojos recetados, blisters de medicamentos, botellas de bebidas alcohólicas y un cuaderno de anotaciones personales.

Respecto a la medida drástica que implementó, dijo que “estoy desde las 10 de la mañana, encadenándome, iniciando huelga de hambre y voy a estar por tiempo indeterminado, hasta que se declare incompetente la fiscal Salas, que la Justicia Provincial se declare incompetente así la Justicia Federal puede actuar libremente”. 

A su vez denunció que “mi hija me mandó un mensaje que decía que estaba secuestrada en Córdoba, que está embarazada y tiene mucho miedo. Eso lo presenté en un primer momento a la fiscalía general y no me dieron bolilla, no quisieron investigar nunca”. 

“Ellos querían seguir con la hipótesis de suicidio, les convenía que todo esto no se destape. Estoy con la abuela Coraje, que ella misma rescató a su nieta, y con más mamás que no se animan a denunciar, pero están pasando por la misma situación. En cualquier momento van a estar acá también conmigo”, concluyó. 

Ante lo que entiende como dilaciones de parte de la Justicia, Mariela Quintanilla, la mamá de Nara Iardelli, la joven de 16 años que fue encontrada muerta el 10 de julio de 2023 luego de una semana desaparecida, se encadenará mañana en la sede de Tribunales y comenzará una huelga de hambre.

“Es la única manera de que hagan algo”, dijo Quintanilla en diálogo con El Marplatense. La mujer tiene pensado comenzar su acción de protesta a partir de las 10:00 frente al edificio ubicado en Tucumán y Brown.

Días atrás se conoció que la Fiscalía General revocó la decisión de la fiscal Romina Díaz de archivar la causa y ordenó que se reanudara la investigación. Sin embargo, para Quintanilla “lo único que hizo Fiscalía es pasarles información a los medios de comunicación diciendo que van a seguir trabajando e investigando en la causa, nada más”.

Iara vivía en un complejo denominado Aldeas Infantiles, donde permanecía por un cuadro de depresión que atravesaba desde hacía dos años. La joven desapareció el 30 de junio del año pasado: trece días después, sus restos fueron encontrados en un descampado del barrio Virgen de Luján, cerca de su lugar de residencia.

Según constó en las pericias realizadas, hacía al menos cuatro días que los restos se encontraban en esa ubicación. Además, en un radio de 300 metros también detectaron pertenencias de la víctima, entre ellas un corpiño y una remera con un corte realizado con un arma blanca.

La causa se encuentra caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Uno de los testigos del atentado a Cristina Kirchner aseguró este miércoles ante el tribunal que un custodio de la ex presidenta le pidió que borrara un video donde había documentado parte del hecho.

Se trata de Cristóbal Elgueta, uno de los militantes kirchneristas que declararon este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de CABA.

“La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video”, aseguró el testigo.

Cuando la jueza Sabrina Namer le preguntó por qué le habían pedido que borrara el video, el joven indicó: “Tengo dos teorías”. Acto seguido, expuso: “Creo que como se trató de un hecho complejo que ocurrió bajo la responsabilidad de la custodia de Cristina, posiblemente ellos querían salvarse”.

Y siguió: “Charlando con amigos, pensamos que quizás tenía que ver con el manejo de la información en cuanto al ámbito en el que Cristina se maneja”.

Elgueta es uno de los militantes que estaban en la puerta del edificio que tiene Cristina Kirchner en Recoleta, para apoyarla tras haber sido condenada a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Los testigos presenciaron el momento en que Fernando Sabag Montiel sacó un arma y gatilló a la cara de la ex presidenta. Algunos de ellos lo redujeron y dieron aviso a la policía. Además de Sabag Montiel, en el debate también están acusados Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, que integraban “La banda de los copitos”, un grupo de vendedores de algodón de azúcar apuntado en la causa por haber tramado el ataque contra la expresidenta.

“En un momento hay un forcejeo y veo que lo sacan a Montiel y le preguntan: ‘¿a dónde la tenés?’. El estaba a mi derecha, creo que tenía puesto un gorro. Después vi que lo empezaban a cachear para ver dónde tenía el arma”, mencionó Elgueta en su relato de los hechos.

Y continuó: “En ese momento veo que algo que brilla cae al suelo, y en el ajetreo, no sé si Sabag Montiel o alguien más lo patea hacia la izquierda. A Montiel no le encuentran nada y ahí dice ‘soy compañero’ o ‘aguante Cristina’, en varias oportunidades. Ahí lo sacaron hacia la calle Uruguay”.

Elgueta detalló que, segundos más tarde, se acercó a la persona que había pateado el “objeto que brillaba”. “Le pregunté ‘lo tenés ahí, ¿no?’. Y me respondió que sí. Yo pensaba que era un cuchillo, había visto algo que brillaba”, describió.

El joven aseguró que al principio no se había dado cuenta de lo que había pasado, pero que luego, al mirar los videos que había grabado, se dio cuenta de que Sabag Montiel tenía una pistola.

“Nos sacaron hacia la calle Uruguay y Juncal. Nosotros éramos militantes autoconvocados. Ahí nos pusimos a ver las imágenes que habíamos grabado. Éramos cuatro o cinco. Primero vimos el video de Ivo, pero no se veía nada. Después vemos mi video, que fue el que dio vueltas y en el que se ve el arma en la cara de Cristina”, narró Elgueta.

El testigo dijo haberle enviado la copia a una joven militante y amiga llamada Sofía, a quien la custodia de Cristina Kirchner -luego de que los jóvenes les comentaran el material que tenían en su poder- hizo pasar al edificio donde vive la ex presidenta. Minutos más tarde, Elgueta dijo que lo hicieron pasar a él por la puerta de servicio, y allí le exigieron que borrara el video.

Fuente: TN

Fue condenado un hombre de 34 años por haber abusado sexualmente de su sobrina y haber obligado al hermano de la menor a sacar fotos durante la violación. En un juicio abreviado realizado en el Tribunal 4 de Mar del Plata, RR recibió una pena de diez años de prisión por el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por haber sido cometido con violencia, ambos en concurso ideal”. 

Los hechos por los que el juez Gustavo Fissore condenó a RR ocurrieron en febrero de 2021 en Balcarce y fueron investigados por el fiscal Rodolfo Moure. De acuerdo con la hipótesis, probada luego en el debate, los abusos se cometieron en el interior de una verdulería que poseía el padre de las víctimas, cuando en una oportunidad quedó el hombre solo con sus sobrinos.

El condenado ejerció fuerza física sobre la niña y el hermano de ella, que intentó acudir en su ayuda, pero el hombre lo golpeó en la cabeza y lo tiró contra una pared. Luego, lo obligó a que tomara fotografías mientras violaba a su hermana y, para que lo hiciera, amenazó con matar a sus padres si contaban lo sucedido.

Según el fiscal, “dicha práctica abusiva, por su naturaleza prematura y perversa al obligar a que el hermano de la víctima extraiga fotografías mientras abusaba de su hermana, tuvo la connotación para generar una indebida interferencia en el proceso de formación de la sexualidad de la víctima con capacidad de degenerar o depravar sexualmente a esta”.

La víctima del abuso sexual narró con precisión las circunstancias

Este caso tuvo como circunstancia extraordinaria que contó con un testigo, que a su vez también fue víctima y pudo declarar. En Cámara Gesell, la víctima del abuso narró con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultara abusada. La niña describió que su tío la abusó un domingo a la mañana en el interior de la verdulería y que su hermano fue testigo presencial de todo, aunque aclaró que no era la primera vez que su tío abusaba de ella. Además de los testimonios de las víctimas, un amigo del agresor declaró que el imputado le confesó el abuso sexual.

Fuente: DIB

Finalmente este martes, el juez Juan Galarreta del Juzgado N°2 le otorgó la libertad asistida a uno de los condenados por el caso de Nicolás Saurel, desaparecido desde el 3 de febrero del 2014. Su familia decidió que tras estas salidas asistidas, apelarán la decisión junto a la Fiscalía.

En noviembre de 2016, Repetto y Caldas fueron condenados a 15 años de prisión por “secuestro coactivo agravado de muerte preterintencional” .Luego de más de diez años sin saber dónde está el cuerpo de la víctima, un silencio atroz emana de los acusados. 

En ese sentido, Ayelén Martínez quien era la pareja de Saurel en ese momento indicó: "Hoy sucedió lo que preveíamos, que el doctor Galarreta del Juzgado N°2, el más garantista de los derechos de los asesinos, dio un mal ejemplo y propuso a los futuros delincuentes a que sigan matando y haciendo desaparecer cuerpos porque, de acuerdo a los artículos y derechos que le confiere, le concedió la libertad con una pericia psiquiátrica muy floja que hizo en diciembre". 

"Se lo volvió a invitar a otro examen el 14 de febrero pero se negó. Si uno está bien psíquicamente, permitiría que lo llamen las veces que sean necesarias. La Fiscalía va a apelar porque el doctor Galarreta trajo escrito el fallo, sin contemplar la palabra de la mamá y sin todo lo expuesto por la Fiscalía", sentenció.

"Hizo lectura durante media hora de una decisión que ya la traía escrita al momento de la audiencia. Fue de manual, leyó los artículos y confirió. Sin tener en cuenta el hecho gravísimo de secuestrar y matar a golpes a una persona y hacer desaparecer el cuerpo. La pregunta que yo le hago a la sociedad es por qué siguen con ese secreto tan macabro. Qué hicieron con el cuerpo, lo violaron, lo descuartizaron, lo trituraron, por qué nunca le dieron la posibilidad a la madre de que hiciese un duelo como se merece", aclaró la familia representada por el Ministerio Público Fiscal.

“Un mes antes de que se sancione la Ley 15232 de víctima en el año 2021, ellos ya habían hecho el pedido de salidas transitorias y cayeron en este Juzgado N2 del juez Galarreta que le concede libertad a todos los asesinos”, dijo.

"Si Germán Caldas o Darío Repetto nos matan a nosotros o a algún familiar, este Doctor va a ser el responsable", afirmó su pareja.

"De la condena de 15 años estipulados, solo cumplió 10 y este tipo de presos vivos que tienen asesoramiento legal pagado en dólares porque tienen el poder adquisitivo necesario, son asesorados sobre las posibilidades para pedir salidas. Hicieron cursitos de panadería y alguno otro, que le dieron el derecho de estar libres en las calles marplatenses, después de haber matado a golpes a un hombre y haber hecho desaparecer su cuerpo", sentenció.

La desaparición de Saurel se produjo el 3 de febrero de 2014, cuando, según la investigación judicial, Germán Caldas y Darío Repetto secuestraron a la víctima en el marco de un ajuste de cuentas por un supuesto robo y lo mataron. Hasta la fecha, no pudo encontrarse ningún rastro del cuerpo del joven.