Personas privadas de libertad de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Dolores restauraron y entregaron mobiliario escolar al Consejo Escolar local, en el marco de un acuerdo de servicio comunitario.

Las tareas se desarrollaron en el taller de la unidad penitenciaria, en una iniciativa que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, se entregaron dos mesas y trece sillas destinadas a la Escuela Primaria N°10, además de 16 sillas para la Escuela de Educación Secundaria N°3, ambas instituciones públicas del distrito.

La entrega fue recibida por el consejero escolar Marcos Perlán, quien mantuvo un encuentro con el director de la Unidad 6, Martín Olivera; el subdirector de Inclusión, Cristian Herrera; y la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Romina Pereyra.

El taller funciona de lunes a viernes y cuenta con la participación de internos que realizan tareas de restauración integral de bancos, mesas y sillas provenientes de distintas instituciones educativas.

El mobiliario intervenido llega en condiciones de deterioro avanzado y, a través de trabajos de reparación y acondicionamiento, es recuperado para su reutilización en escuelas.

Desde la Unidad 6 destacaron que la propuesta no solo brinda formación en oficios y fomenta hábitos laborales, sino que también constituye una forma concreta de colaboración con el sistema educativo público del distrito.

Se complica la situación de “La Toretto” de La Plata. En las últimas horas el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de la capital de la provincia de Buenos Aires, dispuso el traslado inmediato de Felicitas Alvite de una alcaidía a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La joven, de 21 años, está acusada de haber atropellado y provocado la muerte de un motociclista, Walter Armand, mientras corría picadas a alta velocidad por la Avenida 13 en La Plata. Hasta el momento, Alvite se encontraba alojada en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, pero el magistrado consideró que ya se excedió el límite de seis meses permitido en ese tipo de alojamiento.

Aunque la defensa de Alvite reclama que se cumpla una medida de morigeración otorgada por la Cámara de Casación, ésta todavía no fue aplicada, por lo que se definió su traslado a una unidad penal con mayores medidas de seguridad.

Se recuerda que el 12 de abril se cumplió un año del trágico hecho. La familia de la víctima mantiene viva la memoria de Walter, al tiempo que reclama justicia. Milton Armand, hermano del motociclista fallecido, manifestó su dolor y enojo por la falta de empatía demostrada por la acusada, así como por algunas decisiones judiciales.

Señaló que su hermano era un conductor “muy precavido” y que “durante varios días pensábamos qué pudo haber pasado. Sabíamos que Walter era muy precavido con la moto, siempre andaba con dos cascos por si tenía que trasladar a alguien”.

“Fue todo muy raro. Fui uno de los primeros en llegar cuando nos llamaron. Fue a la madrugada y pasadas las siete de la mañana le hicieron una intervención quirúrgica, pero murió. Los médicos nos explicaron que no había nada para hacer, el golpe fue muy fuerte, voló casi 70 metros por los aires”, recordó el hombre.

En medio del dolor y la angustia por el momento que vivían, Milton destacó que cuando fueron a la comisaría el “destrato fue total” y que “lo único que pedíamos, con mucho respeto, era saber si tenían cosas de mi hermano”.

Para los familiares del motociclista la edad de “La Toretto” no interfiere porque desde que empezó a manejar esa madrugada “cortó semáforos en rojo”.

“Sentimos impotencia y no entendemos cómo juzgan algunos jueces”, señaló.

Fuente: DIB

Internos de la Unidad Penal N°15 de Batán presentaron una medida cautelar ante el Comité Contra la Tortura denunciando el mal estado de las viandas con alimentos que reciben, además de la presencia de un caso de tuberculosis en uno de los presos, que no recibió la debida atención de las autoridades sanitarias ni del Servicio Penitenciario.

Según consta en la denuncia, a veces los alimentos que reciben están congelados, no contienen la cantidad suficiente o no incluyen los productos adecuados para quienes tienen prescripciones médicas. En ese caso señalaron que hay pacientes con VIH, diabetes y otras patologías que no reciben los alimentos adecuados para la dieta que deben seguir.

Esto se suma a la denuncia que realizaron hace unas semanas mujeres trans de la Unidad Penal N°44 respecto de viandas en mal estado, incluso con comida quemada, con cucarachas o hasta escasa en cantidad.

Otro de los puntos de la denuncia tienen que ver con la presencia de un interno que lleva 17 años presos, el cual fue diagnosticado con tuberculosis hace unos días, pero como no hubo ninguna medida sanitaria al respecto se desconoce el avance de su estado y si contagió a otras personas en el pabellón.

Aseguran, según publicó el medio Diputadosbasas.com.ar, que “hasta el momento el Servicio Penitenciario Bonaerense no hizo ninguna tarea preventiva para conocer la cantidad de personas infectadas en el pabellón de máxima seguridad”.

Este caso es una muestra de la preocupación que generan las inexistentes medias sanitarias dentro del penal, lo que motivó la denuncia y el pedido de asistencia ante la Defensoría General en Tribunales.

Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención contra incendios, se desarrollaron en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires un total de 150 simulacros integrales a lo largo de todo el 2024, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Estas tareas, consideradas “de vital importancia” para quienes se encuentran alojados en las unidades y para el personal del SPB, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promueven y acompañan estas iniciativas.

El director general de Seguridad de la institución penitenciaria, Ricardo Méndez, resaltó la importancia de cumplimentar con los simulacros “a fin de elevar los niveles de preparación, entrenamiento, capacitación y planificación de los agentes ante focos ígneos dentro de los establecimientos carcelarios y, de este modo, abordar y enfrentar exitosamente futuros escenarios y/o situaciones críticas”.

Además del personal penitenciario, se capacita en los simulacros a las personas privadas de la libertad, para que en caso de algún siniestro puedan colaborar en la resolución de la crisis.

Como parte de los protocolos, se desataron focos ígneos controlados al interior de los pabellones y, en contextos simulados de realidad, se activaron los mecanismos de seguridad para la extinción del fuego y la evacuación de los involucrados.

Las autoridades destacaron que las dependencias del SPB cuentan con brigadas especializadas en el combate del fuego. “Tenemos alrededor de 450 agentes conformando, dentro de las unidades y alcaidías, las Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI)”, explicó el jefe del Departamento Prevención y Lucha contra Incendios, Fabio De Azevedo.

A su vez, el funcionario detalló que “quienes componen esos grupos, reciben dos cursos intensivos de capacitación, en dos niveles, más allá de las actualizaciones permanentes”.

Se detalló además que dentro de las cárceles bonaerenses hay equipos de respiración autónoma, que son sistemas de aire respirable de uso personal y portátil. A su vez, los agentes que componen las Brigadas disponen de trajes estructurales, extintores, mangueras, lanzas, herramientas y compresores para cargar equipos autónomos, entre otras herramientas.

Cada unidad carcelaria debe realizar, obligatoriamente, dos simulacros de evacuación al año, según lo estipulado en el Anexo III del Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N°110/19. Además, debe elevar ante la superioridad un plan de evacuación indicando procedimiento y roles ante un eventual siniestro.

Se destacó además que en diferentes localidades, bomberos voluntarios y personal de salud prestan colaboración en las diferentes actuaciones a fin de conocer las instalaciones y de estar preparados ante un posible incendio. Y en ese sentido, autoridades de las cárceles de Mercedes, Ituzaingó y Dolores suscribieron convenios de cooperación, coordinación, capacitación y asistencia técnica con cuarteles y otros organismos estatales.

También se indicó que desde el Departamento Prevención y Lucha contra Incendios, dependiente de la Dirección de Planeamiento, se coordina lo referente a formación y especialización. En ese sentido, no sólo se brindan cursos a quienes componen las BPCI, sino también a agentes que trabajan en diferentes áreas del SPB.