En el marco del ciclo lectivo 2026, 110 personas privadas de libertad iniciaron cursos de formación en oficios en la Alcaidía Penitenciaria Batán, a través del Centro de Formación Laboral N°408, como parte de un programa de capacitación orientado a la inclusión social.

La propuesta formativa incluye cursos de Cocinero para comedores escolares, Panadería y Montador Electricista, entre otras opciones, y se desarrolla bajo la coordinación del área de Formación Técnica y Oficios.

En el marco de convenios interinstitucionales, las actividades se articulan con el Centro de Formación Laboral Nº404 de Empleados de Comercio, con orientación en administración, donde se dictan cursos bimestrales de Pensamiento Computacional.

Asimismo, junto al Centro de Formación Laboral Nº402 se llevan adelante las capacitaciones en Montador Electricista y Panadería.

El director del CFL Nº408, Gustavo Montañez, destacó que la formación en estos contextos permite incorporar herramientas concretas y fortalecer hábitos vinculados al trabajo.

Por su parte, la directora de la Alcaidía Penitenciaria, María Guadalupe Díaz, subrayó que garantizar el acceso a la educación implica generar oportunidades reales de desarrollo personal y proyección a futuro.

Estas acciones buscan acercar la formación laboral a las personas privadas de la libertad, fortaleciendo habilidades -especialmente en el campo digital- y promoviendo su inclusión social.

Los reclamos de los internos van desde la presunta falta de controles médicos a los penitenciarios hasta la permanencia en el penal de reclusos que por edad se encuentran entre las "personas de riesgo”. También por la alimentación: el cierre de las visitas por cuestiones sanitarias implica el corte de ingresos de alimentos que llevan las familias de los detenidos.

"Hemos tenido algunas problemáticas en la unidad 44 de Batán, donde compañeros detenidos reclamaron días atrás al Servicio Penitenciario por la falta de barbijos y guantes. Si bien ellos firmaron un acta diciendo que no recibirían familiares por el miedo del contagio para resguardar a las familias y resguardar a los detenidos, el Servicio Penitenciario ingresa y egresa sin tomarse la temperatura y sin tomar las medidas sanitarias correspondientes", manifestó Canela Bella, ex interna, familiar de un detenido en Batán y referente del Proyecto Mecha, el cual tiene por objetivo buscar la pacificación interna de las cárceles, en declaraciones a EL MARPLATENSE. 

"La realidad es que desde el domingo 15 de marzo ya no se reciben más visitas y ese fin de semana no ingresó mercadería, por lo que al no contar con la alimentación, ni la salubridad necesaria, se agrava el problema de hacinamiento y compañeros que están pasados de libertades condicionales asistidas. Problemáticas que se vienen tratando desde el 5 de diciembre, con una huelga pacífica a nivel provincial", destacó.

En referencia al estado general de salud de los internos de Batán, "en la Unidad 44  hubo represiones, con chicos lastimados y también trasladados, de manera que se ha violado el protocolo que dice que no pueden ser trasladados entre unidades penitenciarias. De todas maneras, se que el juez de Ejecución número 2, Juan Galarreta, ha pedido que se haga un relevamiento sanitario alimenticio y revisar la situación de los detenidos", afirmó la referente del Proyecto Mecha.

Al ser consultada sobre si el estado de cuarentena expone en mayor medida la problemática de las unidades penitenciarias, Bella aseguró que "la mayoría de las familias que abastecen los alimentos y la sanidad de los internos, se mueven por las mujeres que son cabeza de familia y la realidad es que estas mujeres, que mantienen a sus seres queridos o que le llevan todo lo que pueden, tapan todo "el circo" de que el servicio penitenciario le entrega todo a los presos, que gasta muchísimo dinero en los presos".

"La realidad es que ahora se ve que, al no poder asistir las familias durante varios días, explotan las cárceles porque no hay nada", concluyó.

Alrededor de nueve mil detenidos se encuentran realizando una huelga de hambre desde hace seis días en penales de la provincia de Buenos Aires en reclamo del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la derogación de la llamada Ley Blumberg, la reinstauración de la ley del 2x1 y por la falta de alimentos, entre ellos carne y pollo, pero desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que la provisión de comida se ofrece de manera normal en todos los penales y que sólo hubo inconvenientes con esas mercaderías algunas semanas de noviembre.

Fuentes del SPB informaron que los reclusos que se plegaron a la medida representan un 20 por ciento del total de internos alojados en las cárceles de la provincia, y que por el momento “la situación está controlada porque la protesta es de manera pacífica”.

En ese sentido, destacaron la presencia de jueces, fiscales y organismos de derechos humanos en los penales que están permanentemente dialogando con los presos para mantener calma la situación.

Los penales donde se registra mayor adhesión a la huelga son las unidades 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, en tanto que en las otras el acatamiento es dispar, indicaron los voceros.

Y precisamente en Mar del Plata, el titular del Juzgado de Garantías N° 4, Juan Tapia puso de manifiesto esta situación. “Es una cuestión estructural, que se viene agravando y profundizando básicamente por la cantidad de personas encerradas en una limitada cantidad de prisiones. En esta última gestión ha aumentado en 15 mil personas la cantidad de detenidos. En ese marco el rol del poder judicial es muy importante. Los tres Poderes del Estado tienen que tomar nota de la situación”, confió en conversación con el programa “Antes que sea tarde” que se emite por Mitre Mar del Plata.

Y detalló: “El Judicial, promoviendo el habeas corpus, que son pequeños “parches” para una situación estructural y compleja. El Ejecutivo, en el que el nuevo Gobierno tendrá un gran desafío con la cuestión carcelaria. Mientras que el Legislativo tiene un rol central en el monitoreo de atención y en la necesidad de promulgar la ley de cupos, que establezca cuál es el límite de alojamientos de personas en cada una de las Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires y buscar mecanismos para, cuando se excede ese cupo, ver la forma de liberar a quien está más próximo de cumplir la pena o a quien cometió el delito más leve. Los tres poderes tienen un grado de responsabilidad en esta situación”.

Sobre los cupos que mencionó, agregó que “la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico. Más de 55 mil personas privadas de la libertad. Hay una sobrepoblación cercana al 60%, con lo cual está claro que estamos absolutamente excedidos”.

En relación a la situación carcelaria en Batán, Tapia afirmó: “Estuvimos haciendo recorrida en la Unidad Penal y muchos internos decían que no iban a hacer huelga de hambre por cuestiones de integridad física, a raíz de situaciones que ya venían padeciendo. Después uno de los pabellones tomó la decisión de hacer la medida de fuerza. Ante lo cual debemos responder de una manera efectiva a estas demandas. Pero más allá de la respuesta coyuntural ante esta situación, habrá que sentarse a planificar políticas penitenciarias porque hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires viene agravándose y la eclosión es la consecuencia que ahora se pone de manifiesto”.

La privación de la libertad debe contar con alimentación, espacios y en condiciones dignas. A lo que Tapia agregó que “es una gran batalla cultural. Ya que algunos manifiestan el desinterés por lo que ocurre en el interior de una cárcel porque el que está ahí cometió un delito y ´no importa´, y que el Estado dedique sus recursos a cosas más importantes. Pero hay que reparar que vivimos en un estado de derecho, que nos comprometimos a que el Estado no puede violar la ley ante un reproche de un ciudadano que eventualmente ha violado una ley. Y la única sanción es la privación de la libertad ambulatoria y la cárcel no puede transformarse en una pena de muerte por azar, donde cada tres días muere un detenido ni tampoco pueden avalarse tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre personas que están bajo custodia del Estado, que es responsable de la integridad física de esas personas”.

Refiriéndose al número de muertes, el titular del Juzgado N°4 de nuestra ciudad, destacó que “en Mar del Plata hay números alarmantes del último tiempo por enfrentamientos en situaciones absolutamente evitables, de la calle y que transitoriamente se encontraron en un mismo lugar. El Estado es responsable de controlar que ello no ocurra. Y particularmente, en el último mes hemos tenido un muerto por semana. Es una respuesta negativa respecto de aquello que se pretende evitar, que es procurar con el encierro que una persona pueda desnatularizar el hecho violento que ha cometido para llegar a ese espacio y reinsertarse pacíficamente a la sociedad”.

En este caso en particular, la problemática coyuntural, según Tapia depende de “que los funcionarios que entienden en las causas de los internos, se comuniquen con el detenido que está haciendo esa medida de fuerza, que monitoree su salud y vaya viendo que ese reclamo sea razonable. Y ver cuáles son los carriles adecuados para que el sistema de salud pueda atender las condiciones básicas de vida”.