Personal de la Policía Federal secuestró este viernes tres frascos de marihuana tras detener a un menor de edad en en calle Arana y Patricio Peralta Ramos que intentaba intercambiarlos con otro hombre que logró darse a la fuga.

Los oficiales recorrían la ciudad en el marco de las tareas de prevención que se realizan por el control de la pandemia del COVID-19 cuando observaron a dos jóvenes a bordo de dos motocicletas que intentaron darse a la fuga al notar la presencia de los efectivos policiales.

Sin embargo, la policía conisguió retener a uno de ellos y con la intervención judicial asignada a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de la Dra. Mariana Baqueiro se secuestraron los tres frascos de marihuana, la moto y el teléfono celular del menor de edad, además de disponerse el traslado del joven a la Unidad Penitenciaria de Batán.

El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ordenó la prisión domiciliaria a más de 700 detenidos. Según el fallo dictado por la Justicia, la resolución comprende a todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” que están cumpliendo condena en las cárceles del territorio por delitos leves.

Así, se los trasladará a su hogar a aquellos reclusos mayores a 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres con hijos menores.

El vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, fue el encargado de firmar la resolución, aunque en el documento se expresa que la misma fue consensuada con el resto de los jueces de casación bonaerenses.

De esta manera, se firmó un habeas corpus colectivo y lo presentó, en principio, Cecilia Boeri, defensora general de Mar del Plata. No obstante, la acompañaron también sus colegas de los 17 departamentos judiciales en los que trabajan en Buenos Aires.

El fallo explica que se identifica una “gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”, según informa el diario Clarín. La decisión se sostuvo con el objetivo de “contener la pandemia” para instrumentar medidas alternativas a la prisión o incluso “reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.

Vale la pena añadir que existe una superpoblación del 120% en el sistema penitenciario provincial. Si bien hay capacidad para alojar a 24 mil detenidos, se registraron cerca de 52 mil personas dentro de los penales. Desde el Ministerio de Justicia se aceleraron medidas preventivas y recursos sanitarios en cuanto comenzó la pandemia.

Sergio Martín Suárez se encontraba en su día de franco y mientras esperaba el ómnibus en las calles Colón y Jara para dirigirse a su domicilio, ante el alerta de los transeúntes, no dudó en actuar con valor y colaborar con su comunidad.

Un delincuente estaba efectuando un robo en una heladería ubicada a 20 metros de la parada de colectivo. Tras ser alertado por personas que se encontraban en la zona se dirigió al lugar y observó al ladrón salir corriendo del comercio por la avenida Colón, por lo que procedió a efectuar una persecución interceptándolo en calle Francia y Brown.

Suárez pudo reducir al delincuente y le solicitó a uno de los testigos que se encontraba en el lugar que de aviso al servicio de emergencia 911. Minutos más tarde, arribaron al lugar de la aprehensión efectivos de la policía local y asistieron al Alcaide con la posterior detención del delincuente.

El Obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, saludó este viernes, en el Vaticano, al Papa Francisco, y le entregó un regalo que le enviaron especialmente los presos de la Penitenciaría de Batán.

Luego de que culminó el Congreso Bíblico Internacional, del que ambos participaron, Mestre cruzó algunas palabras con Francisco y, tal como lo había prometido en su última visita a la Unidad Penitenciaria N°15, le dio en mano una imagen, pintada por los internos, de Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja asesinado en 1976 por la última dictadura cívico militar.

Además, el Obispo le transmitió a la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana "la cercanía y el cariño de toda la diócesis de Mar del Plata". El próximo domingo comenzará la "Visita Ad Limina" en la que participa Mestre junto a otros 26 obispos de las regiones Platense, Noreste y Litoral de la Argentina.

En ese encuentro, cada obispo debe presentar al pontífice "una relación sobre la situación de su diócesis". "Los Obispos peregrinarán a Roma llevando un detallado informe de la realidad pastoral de cada una de las diócesis del país. Estos informes son enviados previamente a los dicasterios para favorecer las reuniones y los encuentros que se realizan. La última visita de estas características se llevó a cabo en 2009. Diez años después se vuelve a realizar, esta vez con Francisco como pontífice", detallaron desde la diócesis de Mar del Plata.

En la previa a su viaje, Mestre anticipó a El Marplatense que durante su encuentro con Francisco le pedirá que "no se prive de la alegría de viajar al país" y que tratarán temas con “cierta implicancia social, sobre la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo”.

El Juez de Garantías, Juan Tapia, celebró la declaración de "emergencia penitenciaria" que resolvió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación días atrás al poner énfasis en la gravedad de la problemática y considerar que no se ha podido generar una "masacre en las cárceles solamente por azar".

El funcionario judicial consideró que la medida que determinó el Gobierno, y que sólo es extensiva para las unidades penales de órbita federal, "implica reconocer que hay una violación estructural a los derechos de las personas que están privadas de su libertad".

"La emergencia reconoce que hay superpoblación carcelaria, que hay que hacer programas para buscar mecanismos alternativas para la prisión en algunos casos y procurar que se fijen cupos en otras ocasiones, y abordar la problemática con los tres poderes del Estado", sostuvo, a Radio Mitre Mar del Plata.

Para el titular del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, la declaración de emergencia "introduce una cuestión cultural muy importante que es poner la cuestión carcelaria en la agenda pública" para "generar compromisos a distintos actores del Estado".

En diálogo con Antes que sea Tarde, Tapia consideró que en las cárceles hay un "sinnúmero de conflictos de mínima cuantía que podrían ser resueltos de una manera diferente al castigo y revertir la situación de superpoblación".

"Hay un aumento de la conflictividad, y eso muchas veces tiene una respuesta por la vía penal. Hay veces que hay problemas sociales que demandan respuestas sociales y que son canalizados con el aparato represivo del Estado; la respuesta penal es eso, es un castigo", señaló, y analizó: "El aumento desmedido de la respuesta panal es el fracaso de otras herramientas de contención estatal".

Sin embargo, el juez consideró que la situación que se presenta en la Provincia de Buenos Aires es "más grave" que la que afrontan las cárceles federales, y citó como ejemplo el complejo penitenciario de Batan, donde hay un importante faltante de colchones para que puedan dormir en condiciones dignas los presos. "Hoy no se genera una masacre en la cárceles solamente por azar", aseveró.

"Si uno compara la tasa encarcelamiento (NdeR: que es la cantidad de personas que hay cada 100 mil habitantes) a nivel nacional, está absolutamente desbordada a nivel provincial: en 2012, había 198 cada 100 mil habitantes y en 2017 había 276 cada 100 mil, que es algo que ni siquiera tiene relación con el crecimiento población", puntualizó.

Tapia también puso énfasis en la "importante ausencia" que muestra el Estado en los últimos años para hacerse cargo de áreas claves y básicas como la salud. "En Batan, nos ha pasado de que hay internos que empiezan a toser y ni los revisan. Entonces su situación se empieza a agravar y una intervención posterior ya es muy tarde. Se mueren por tuberculosis, que es una enfermedad del medioevo pero que resulta un facto muy concurrente para las cárceles argentinas y en particular las bonaerenses", afirmó.

Ante este escenario, el responsable del Juzgado de Garantías N°4 insistió en que el Estado no puede violar la "propia ley". "Gran parte de la comunidad no sólo mira para otro lado con estos temas sino que refuerza el discurso de que esa gente se tiene que pudrir en la cárcel", lamentó.

Las extremas condiciones de detención que deben afrontar día a día los internos que están alojados en el complejo penitenciario de Batán, lejos de revertirse, parece profundizarse con el paso de los meses, pese a las constantes alarmas que encienden distintas autoridades judiciales.

Juan Tapia, quien se desempeña como Juez de Garantías en Mar del Plata, le reveló a Radio Mitre Mar del Plata que, a la fecha, hay una faltante de 65 colcohones en las distintas unidades carcelaria que integran el predio que está en la vecina localidad.

En declaraciones al programa Antes que sea Tarde, el magistrado afirmó que en la Unidad Penal N°44 hay un faltante de 50 colchones, mientras que en la Unidad Penal N°15 esa cifra asciende a 10 colcohones y en la Unidad Penal N°15, que es a donde son destinadas las mujeres, hay 5 colchones que no se destinan para las presas.

Tapia insistió en que el cuadro que atraviesa a las cárceles de Batán es "muy complejo", teniendo en cuenta la superpoblación que se arrastra en cada caso. A fines de enero, ya había asegurado que la Unidad Penal N°15 tiene 1314 internos, cuando la capacidad máxima de plazas se estipula en 900, mientras que la Unidad Penal N°44, que cuenta con un límite de 372 plazas, hay 565 personas.

El titular del Juzgado de Garantías N°4 se mantuvo firme en su postura y cuestionó que en parte de la sociedad “prolifere un discurso a favor de que los presos se pudran en las cárceles”, por lo que recordó que desde el Estado se debe dar cumplimiento a una serie de “obligaciones legales y constitucionales” para garantizar las condiciones óptimas de alojamiento de las personas privadas por su libertad por conflictos con la ley.

En marzo de 2017 ya se había planteado con preocupación el faltante de colchones: según la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, en esa fecha ya había 120 presos que no dormían en las condiciones que marca la ley. “Las personas duermen en el piso y ya hemos tenido casos de muerte por tuberculosis en la unidad”, señaló.

Ya se había expresado en la misma sintonía con este medio en agosto pasado Esteban Viñas, el Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata,  quien acusó “problemas muy serios” y “defectos muy graves” en el funcionamiento del sistema carcelario que tiene lugar en la Provincia y la ciudad. “La población carcelaria está creciendo de manera exponencial y va a superar en 2018 los 42 mil internos. La Provincia solo tiene capacidad cerca de 26 mil internos”, graficó.

El Director General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense Juan Carlos Vaccaro puso en funciones este viernes al nuevo director de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Roberto Astete.

La asunción se llevó a cabo en la playón del establecimiento, ubicado bajo el Palacio de Tribunales, en Almirante Brown y Tucumán, y contó con la presencia de la Jefa del Complejo Zona Este, Claudia Díaz y el Secretario de Coordinación, Pascual Lettieri, máximas autoridades del Complejo Penitenciario Zona Este.

En la ceremonia el nuevo director saludó formalmente al personal a su cargo y se expresó: "Estoy muy contento de lo que me toca afrontar. Sé que vamos formar un gran equipo de trabajo en esta Alcaidía". 

Al acto concurrieron, el director de la Unidad Penal N° 50, Roberto Martínez, el director de la Unidad N° 15, Juan Domingo Montes de Oca, subdirectores oficiales y suboficiales que se desempeñan en el establecimiento.

El Prefecto Mayor Roberto Astete, quien tomo posesión del cargo, ya había formado parte del Complejo Zona Este desempeñándose en la Unidad Penal N° 15 y luego en la Unidad Femenina N° 50, como subdirector. Antes de asumir el actual cargo, se desempeñó como director de la Unidad Penal N° 37 de Barker.