La Justicia Federal ordenó el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, mediante una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La resolución dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y del monto de las becas estudiantiles, conforme lo establece la normativa vigente.

La causa se inició a fines de octubre, cuando el CIN promovió un proceso colectivo para exigir la aplicación efectiva de la ley, luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su implementación mediante el Decreto 795/2025. El Gobierno había argumentado que la norma no definía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución.

En su presentación, el CIN reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, con especial énfasis en la actualización salarial y de becas según el índice inflacionario. El organismo advirtió que la suspensión generaba una afectación colectiva y urgente, deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y vulneraba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

Al resolver, el juez Martín Cormick dispuso “admitir la cautelar solicitada por la actora, declarando inaplicable a su respecto lo dispuesto en el decreto 795/2023”, particularmente en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El magistrado sostuvo que en el caso “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, dado que la lesión de los derechos invocados surge de manera clara e inequívoca del accionar de la autoridad pública, sin requerir un análisis exhaustivo de los hechos.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), a la espera de que este lunes se promulgue finalmente la Ley de Financiamiento Universitario, anunció la continuidad del plan de lucha, que incluirá clases públicas y un posible paro total de actividades.

Tras la reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados, se decidió que el martes 21 se realicen clases públicas de 09:00 a 17:00, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Independencia y Rodríguez Peña a las 11:00.

En tanto, el miércoles 22 se convocará a un paro total de actividades en caso de que, tras la promulgación de la ley, surjan excusas de incumplimiento. Esta medida será ratificada o suspendida este lunes.

En adhesión a estas iniciativas, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), tras un plenario de secretarios generales, resolvió sumarse con 48 horas de lucha: 24 horas de jornada de protesta el martes 21 y 24 horas de paro el miércoles 22, en solidaridad con las universidades afectadas.

“Buscamos visibilizar y profundizar la defensa de la educación pública y garantizar las condiciones salariales y de funcionamiento que precisan los docentes y la Universidad”, manifestaron desde ADUM.

Se llevará a cabo el próximo viernes a las 14 en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario el acto de lanzamiento oficial de Soberanía Universitaria, un nuevo espacio colectivo conformado por docentes, estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

En este marco, se presentará la fórmula para el Rectorado y la Vicerrectoría de la UNMdP, integrada por Enrique Salvador Andriotti Romanin y Vera Alejandra Álvarez, quienes impulsan una propuesta académica, política y de gestión orientada a la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia.

Soberanía Universitaria se define como un espacio plural y democrático, comprometido con la construcción de una universidad que fortalezca un proyecto académico y científico soberano, con mayor participación en el cogobierno, protagonismo de las unidades académicas en las decisiones del presupuesto e inclusión, y un vínculo activo con la comunidad.

Por un lado, Andriotti Romanin es sociólogo político y se desempeña en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, mientras que Álvarez es ingeniera, divulgadora científica, docente e investigadora, también del mencionado organismo.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), mediante su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves una serie de actividades en todo el país con el objetivo de exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.

La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, expresaron una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y le solicitaron al Congreso que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.

En tanto, el presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/.

El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT) y a los gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.

En palabras finales, Alpa concluyó: “Los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; los estudiantes, la actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.

El proyecto  busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1%-1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.

Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial del INDEC desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.

El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento, incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia y extensión, se actualizarán anualmente según el IPC. Al mismo tiempo, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustentaría con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.

En este sentido, el proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.

A pesar de la masiva marcha que tuvo lugar este miércoles por la tarde, el presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario. Así lo dejó asentado el gobierno nacional en el Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves.

Mediante el decreto publicado se establece el veto al Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757 sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN el 12 de septiembre de 2024. En el artículo 1 se establece “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757″ mientras que en el artículo dos se remarca: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.

En el considerando del decreto se detallan los distintos artículos del proyecto, como por ejemplo, las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

Por tal motivo, al justificar el veto de la ley el gobierno nacional sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento” y se aclaró que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

El hecho ya había sido anticipado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X. En este sentido, precisaron: “El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal”.

Y agregaron: “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″.

Además, arremetieron contra los dirigentes políticos que asistieron este miércoles a la movilización. “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.

Asimismo, fue el mismo jefe de Estado quien tomó, en sus redes sociales, una clara postura en contra de la marcha. “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”, fue el mensaje que replicó el primer mandatario poco después de que la masiva movilización llegara a su fin.

La convocatoria al reclamo se extendió a nivel federal. De este modo, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales de todo el país recorrieron las calles de las diversas ciudades y se congregaron en un punto en común para manifestar su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

En Buenos Aires, los asistentes se congregaron frente al Congreso de la Nación

Particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la multitud se reunió frente al Congreso de la Nación, el acto central estuvo encabezado por la Federación Universitaria Argentina (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, fue el documento que se leyó durante el acto central

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” fue el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.

También estuvieron presentes diferentes representantes de la Unión Cívica Radical, La Cámpora, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros. En tanto, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau fueron los principales referentes que asistieron. Así también lo hizo Cristina Kirchner, quien se encontraba a pocos metros de la gran convocatoria.

En el documento que se leyó al cierre del acto central realizado en la Plaza del Congreso, se destacaron diez puntos claves sobre el reclamo por la educación pública. Entre ellos, se destacó la crisis del financiamiento universitario, el rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio, la caída de los salarios, el desmantelamiento del sistema científico, el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, el pedido para que no se vete la ley de financiamiento universitario, y una advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025.

Además, en el documento se resaltó el rol estratégico de las universidades nacionales, se agradeció el apoyo de la sociedad, y se puso en valor la educación pública. De esa manera, se dieron a conocer los puntos centrales que mantienen en vilo a las instituciones educativas y que estuvo firmado por las tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario.

Fuente: Infobae.

Con motivo de la segunda Marcha Federal Universitaria, las calles de Mar del Plata se volvieron a colmar en defensa de la educación pública. La marcha comenzó a las 16 desde el complejo universitario, en Rodríguez Peña y Dean Funes, y culminó sobre las 19 en el Monumento al General San Martín.

Allí, diferentes representantes de la educación pública marplatense se expresaron desde el escenario ubicado en la avenida Luro y San Luis, frente a miles y miles de marplatenses que salieron a la calle para oponerse al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los oradores fueron: el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, el secretario general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti, y la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), Victoria Schadwill.

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Lazzeretti cerró el acto y fue quien más efusividad le dio a su relato, además de haber sido el más extenso de la jornada. La voz de la UNMdP sostuvo: “Hoy nos convocamos no solo para reclamar por salarios dignos para docentes y no docentes, ni solo para reclamar por un sistema de ciencia, tecnología e investigación, o para pedir que incrementen el monto de las becas que le dan a los estudiantes, que no han recibido la actualización que corresponde. Nos convocamos para defender la educación pública y el sistema universitario público argentino”.

En esa línea, lanzó directamente contra el Gobierno: “Nos atacan permanentemente. Lo que se esconde detrás de esa supuesta actitud gauchita y benevolente de querer mejorar el sistema universitario, es una actitud de atacarlo para degradarlo. No seamos ingenuos ni inocentes porque detrás de cada crítica y ataque no hay ninguna intención de mejorar la educación pública. Porque ellos no creen en la educación pública, pero son tan miserables que no se animan a decirlo. No tienen el coraje de discutirle a la sociedad argentina que no quieren la educación ni la universidad pública”.

A su vez, recordó que se cumplen 140 años de la sanción de la Ley 1.420, a la cual consideró “trascendental” para el desarrollo del país y que "fue un punto de inflexión, cerró las discusiones del siglo XIX y abrió las puertas del siglo XX”. Es que la sanción, de acuerdo a Lazzeretti, “planteó una educación común, en la que los programas son iguales en cualquier lugar del país en que se dice, laica, no religiosa, pública, gratuita y obligatoria”. 

Y más allá de ello, lanzó: “Pero todavía tenemos que escuchar a ciertos diputados imbéciles que le quieren preguntar si hay que mandar a su hijo al colegio o dejarlo trabajando en el taller. Son profundamente reaccionarios”.

En otro tramo de su discurso también se refirió a las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos". Por ese motivo, sostuvo: “Tenemos cuatro veces más de estudiantes de los que teníamos en 1983 y los tenemos de verdad, pero estos ignorantes no saben ni contar a los estudiantes del sistema público argentino”.

Por último, subrayó que “hay una mirada cortoplacista y que no cree en la universidad pública", que en cambio cree “que la educación debe ser una mercancía que se puede comprar y vender como cualquier otra”. Entonces, sentenció: ”En la Argentina no hay una universidad para ricos y otra para pobres, sino universidad de excelencia, que es la pública. Les molesta que haya educación pública, gratuita, no arancelada y libre para los jóvenes. Defendemos una causa justa y no todo se compra y se vende. No se compran ni se venden pibes, ni órganos o armas. Y tampoco vamos a permitir que transformen a la educación superior en una mercancía".

Quienes participaron de la Marcha Federal Universitaria en la ciudad aseguraron que reunió a más personas que durante la primera, la cual se desarrolló a fines de abril de este año. Los oradores confiaron que fueron catorce cuadras de manifestantes.

La lucha de las universidades frente a la postura del gobierno de Javier Milei sobre la educación superior continúa en las calles. El mandatario aseguró que vetará la Ley de Presupuesto Universitario que tuvo el visto bueno en el Congreso, mientras que docentes, estudiantes y no docentes denuncian un abandono total por parte del Estado. 

Al respecto, Victoria Schadwill, secretaria gremial de APU, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos realizando un paro total de actividades de 24 horas en Mar del Plata, en el marco de la gran Marcha Federal que se viene el 2 de octubre en defensa de nuestros salarios, la Universidad Pública y en contra del veto”. 

Esto se debe a que “ya sabemos que la ley que aprobó tanto Diputados como Senadores el gobierno ya adelantó que la va a vetar hoy o hay tiempo hasta el 3 de octubre. Entonces es un llamamiento a toda la sociedad para que activamente participen de esta gran marcha porque el ataque a la Universidad Pública es el ataque a una sociedad”. 

Asimismo, señaló que “la educación pública garantiza igualdad de derechos para acceder a una universidad de calidad”. 

“El gobierno nacional está ajustando a través del no financiamiento, entonces esta ley lo que permite es un auxilio de acá a fin de año. No financia nuevas carreras o edificios, sino el presupuesto para poder subsidiar de acá a fin de año. Está en riesgo la continuidad de la educación y la Universidad pública”, agregó. 

En este contexto, indicó que “son los salarios más bajos desde la vuelta de la democracia a la fecha, incluso es menor comparativamente a la crisis del 2001. El 50% de nuestra planta está por debajo de la línea de la pobreza”. 

Así como son los salarios más bajos, “son los porcentajes de PBI que se aprueban a nivel nacional para inversión en el sistema universitario. Está por debajo del promedio histórico”, continuó. 

En detalle, explicó que “si uno compara en estos 10 meses de gobierno, hemos perdido contra la inflación un 50%, durante el gobierno de Macri por cuatro años fue un 25%. Entonces, en nueve meses de duplicó lo que llevó la gestión del Pro”. 

Además, el recorte “no es solamente los gastos de funcionamiento, las partidas de investigación, ciencia y técnica, educación, ni hablar las becas para estudiantes que permite que puedan permanecer en el año lectivo”. 

Por este motivo, “ayer tuvimos la primera reunión de la mesa conformada por las autoridades de la Universidad, ADUM, centros de estudiantes, la FUM y Conicet, donde convenimos que será a las 15 en el complejo universitario para marchar al centro a las 16”. 

En el marco del tratamiento del proyecto de ley que establece el financiamiento de las universidades nacionales en la Cámara de Senadores de la Nación, este jueves, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) convocó a un paro y movilización por las calles locales. 

El sector manifestó la urgente necesidad de que durante esta jornada se alcance los dos tercios de aprobación y que no sea vetada por el gobierno nacional, “como hicieron con el aumento de los jubilados”. 

Sobre esto, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM expresó: "Es una jornada muy especial porque se abrió una pequeña luz de esperanza para solucionar nuestro problema, el reclamo que estamos teniendo desde febrero y que el gobierno nacional no atiende. El sector se expresó multitudinariamente aquel 23 de abril con la marcha en Mar del Plata y en todas las ciudades del país pero ellos nos dicen que para nosotros no hay plata".

"Este mes nos ofrecieron un 3% y la inflación fue un 4%, o sea, nos dijeron "vuelven a perder". Y la pequeña luz que se abre es esta Ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados que contó con un amplio apoyo y que se encamina a aprobarse en el Senado de la Nación. Estamos reclamando justamente esto último en las calles", agregó. 

Con respecto al respaldo de Maximiliano Abad en cuanto a la aprobación de la Ley, en donde indicó que su voto sería “positivo” y que “también tenía la esperanza de que se superaran los dos tercios cuando se trate en el recinto”, el referente afirmó: "Él nos dijo que no solo la va a acompañar sino que hay una mayoría de senadores que están en la misma posición. Muy probablemente se alcancen los dos tercios en el Senado y es un número significativo que tiende de nuestra parte a ponerle condicionamiento a un posible veto presidencial. Es por eso que también pedimos que se apruebe y que no hagan lo mismo como con el aumento a los jubilados. Es una vergüenza lo que hizo Javier Milei". 

El Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) reiteró su preocupación sobre la crítica situación que atraviesan las universidades públicas argentinas. A pesar de las respuestas parciales recibidas por parte del Ejecutivo nacional, indicaron que el “normal funcionamiento de estas instituciones sigue en riesgo, y la defensa de las mismas se mantiene como una prioridad innegociable”.

El HCS reconoció que las actualizaciones presupuestarias recientes han permitido a las universidades nacionales afrontar sus gastos de funcionamiento con menor dificultad. Sin embargo, subraya que las mismas impactan sólo en un porcentaje menor al 10% del presupuesto total, lo que es insuficiente para cubrir todas las necesidades operativas.

Se recordó que en febrero de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un pronunciamiento en el que los rectores del sistema universitario destacaban la necesidad de cuatro puntos fundamentales: “Incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme al proceso inflacionario para garantizar la continuidad de las actividades universitarias y el cumplimiento de su misión; actualizar los salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a los programas universitarios destinados a inversión en infraestructura, equipamiento y sostenimiento de programas de becas; y garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.

“De estos cuatro puntos, sólo se ha avanzado en la actualización de los gastos de funcionamiento mensuales. El resto de los temas planteados sigue sin resolverse, afectando gravemente al sistema universitario”, se indicó.

En primer lugar, el atraso salarial de los trabajadores docentes y no docentes continúa sin solución. Ante esto, consideraron que “es urgente activar y respetar los espacios paritarios, donde se deben formular y debatir las propuestas salariales, evitando que el diálogo se transforme en un monólogo marcado por la discrecionalidad”.

Además, manifestaron que “persiste la necesidad de incrementar los montos destinados a becas estudiantiles de toda índole. Sostener la matrícula y planificar su crecimiento es una tarea central e identitaria del sistema universitario”.

Por último, el HCS denuncia una fuerte parálisis en el funcionamiento del sistema científico tecnológico. Las agencias científicas aún no financian proyectos de investigación de manera adecuada y se ha reducido el ingreso de nuevos becarios. No se están cumpliendo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional sobre el financiamiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En conclusión, el HCS de la UNMDP manifestó que “se ha avanzado solo en uno de los cuatro aspectos críticos que configuran la crisis del sistema universitario público argentino. Aboga por respuestas inmediatas a sus demandas, reafirmando su voluntad de diálogo y trabajo conjunto, en post de garantizar el correcto funcionamiento de las universidades públicas argentinas”.

Fuente: Portaluniversidad.org.ar