El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reclamó hoy el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, a través de un comunicado en el que exigieron al Gobierno nacional medidas urgentes para atender la crisis del sistema.

En el documento, las entidades sostuvieron que la solución a los problemas que atraviesan las universidades públicas “se encuentra en la letra consagrada en la ley” y remarcaron la necesidad de garantizar su plena aplicación.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron.

Además, reclamaron la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional “para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino”.

El comunicado también puso el foco en la situación de los hospitales universitarios, al advertir sobre la necesidad de una “urgente distribución de los fondos” ante un escenario que calificaron como “crítico”.

Por último, las organizaciones destacaron la masiva participación en la IV Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo. “Agradecemos la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos. Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyeron.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Mar del Plata Convention & Visitors Bureau organizó un encuentro de vinculación en el Hotel Spa República, destinado a articular el trabajo entre universidades y empresas socias, con el objetivo de generar oportunidades de empleo, pasantías y proyectos conjuntos en la ciudad.

La iniciativa, impulsada a través de su Comisión de Recursos Humanos, permitió que las casas de altos estudios presentaran sus mecanismos de articulación con el sector privado y compartieran propuestas de trabajo conjunto orientadas al desarrollo del talento local.

El espacio buscó promover instancias concretas de inserción laboral, prácticas profesionalizantes y experiencias formativas, en un esquema en el que los estudiantes adquieren herramientas en contextos reales, mientras que las empresas pueden cubrir vacantes y fortalecer sus equipos con perfiles en formación.

Durante la jornada participaron representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA, la Universidad CAECE, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Atlántida Argentina y la Universidad Siglo 21.

Cada institución dispuso de un espacio de exposición para presentar su oferta académica, programas de pasantías y prácticas profesionales, bolsas de empleo y experiencias vinculadas a ferias laborales.

Desde la organización destacaron que la propuesta se enmarca en una estrategia para fortalecer la profesionalización del ecosistema turístico local y consolidar el trabajo articulado entre el sector privado, el ámbito académico y el sector público, en beneficio del desarrollo productivo de Mar del Plata.

El presidente Javier Milei aseguró hoy que su salario es hasta cuatro veces menor que el de algunos rectores universitarios, al sostener que percibe $4 millones brutos mensuales frente a ingresos que, según indicó, alcanzan los $18 millones en las casas de estudio, en el marco de sus publicaciones en redes sociales tras la marcha en defensa de la universidad pública.

El mandatario compartió en la red social X una comparación salarial en la que cuestionó los ingresos de las autoridades universitarias, en medio de la tensión generada por la masiva movilización realizada el día anterior en Plaza de Mayo.

Lejos de moderar su postura, Milei continuó con críticas hacia los organizadores de la protesta y sostuvo que la convocatoria no respondió exclusivamente a reclamos académicos, sino que estuvo atravesada por intereses políticos.

En ese sentido, apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de intentar proteger “sus cajas” mediante la utilización de la educación pública como una “bandera” que encubre otros intereses.

Desde el oficialismo, el posicionamiento se mantuvo en la misma línea. La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que afirmó que el Gobierno nacional cumple con las transferencias presupuestarias correspondientes al sistema universitario.

Por su parte, el área de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, también remarcó durante la jornada que los envíos de fondos se realizan de acuerdo a lo previsto.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La comunidad universitaria se movilizó nuevamente hoy en Mar del Plata en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales, en el marco del conflicto con el Gobierno de Javier Milei por el presupuesto educativo y la actualización salarial.

La marcha comenzó a las 16:30 desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano y se extendió hasta el monumento al General San Martín (Luro y Mitre), con la participación de estudiantes, docentes, no docentes, agrupaciones universitarias, la CGT, la CTA, la CTA Autónoma, organizaciones sociales y gremiales, además de ciudadanos autoconvocados.

Una vez que llegaron las diferentes columnas al punto de concentración, se escucharon discursos de referentes de diferentes espacios relacionados con la Universidad. Desde los No Docentes, María Victoria Schadwill afirmó que “tenemos historia, los estudiantes, los trabajadores, la universidad tiene historia de resistencia y esto es resistencia”. Además, advirtió que “el colectivo de trabajadores no docentes somos aproximadamente 50.000 y la mitad está bajo la línea de la pobreza”.

En ese sentido, sostuvo: “Esto lo tenemos que revertir ahora. No le vamos a dar mucho tiempo al Gobierno ni a la Corte”. Y sobre la Universidad, aseguró que “la quieren cerrar y nosotros no lo vamos a permitir. Por eso estamos en la calle”.

Por su parte, Antonia Muñoz, del CONICET, señaló que “están haciendo un país para el 1%, dejándonos afuera a la mayoría” y cuestionó el impacto de las políticas actuales sobre el sistema científico y educativo.

También advirtió que “esto no perjudica solamente a los que estamos dentro de la universidad, perjudica a todo el pueblo”, y planteó: “¿Es posible un país desarrollado sin soberanía científica?”.

Finalmente, remarcó que “lo que están haciendo es romper con un compromiso del Estado con los derechos” y alertó sobre el aumento del desempleo en los últimos años.

Rectores, docentes y estudiantes realizaron hoy la cuarta Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires y en distintos puntos del país, donde reclamaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “los acompañe” y “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley” de Financiamiento Universitario.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezado por Franco Bartolacci y Anselmo Torres, junto a federaciones docentes y no docentes.

Durante la jornada, desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) se leyó un documento en el que se advirtió que “el poder adquisitivo de las partidas no ha superado el 64% del que tenía en enero de 2023” y que “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias” desde diciembre de 2023.

En ese sentido, denunciaron que el Poder Ejecutivo “ignora la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795” y “desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, lo que -según afirmaron- implica una “ruptura del acuerdo democrático” y de la división de poderes.

La movilización contó con la participación del Frente Gremial Docente y No Docente -integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN-, además de la CGT y las dos CTA.

Los manifestantes sostuvieron que la crisis “no es solo presupuestaria”, sino que también afecta el funcionamiento integral del sistema universitario y científico, al que consideraron clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la competitividad del país.

El cierre del documento remarcó: “La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, y advirtió que, sin financiamiento adecuado, “el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El diputado nacional Emiliano Yacobitti advirtió que el conflicto en torno al sostenimiento económico de las universidades públicas podría escalar nuevamente si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno. En ese sentido, señaló que la comunidad académica mantiene un estado de alerta frente a las dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

El dirigente, vinculado a la Universidad de Buenos Aires, remarcó que la situación no solo impacta en la calidad educativa, sino también en la continuidad de actividades clave como la investigación y la extensión. Según explicó, la falta de actualización de las partidas presupuestarias frente a la inflación genera un desfasaje cada vez más difícil de sostener.

Además, sostuvo que el reclamo trasciende a una institución en particular y alcanza a todo el sistema universitario nacional. Por eso, no descartó que estudiantes, docentes y autoridades vuelvan a organizar manifestaciones en distintos puntos del país, en caso de que no se cumpla con los compromisos establecidos.

En ese contexto, Yacobitti insistió en la necesidad de garantizar previsibilidad y recursos suficientes para evitar una mayor profundización del conflicto, y llamó a abrir canales de diálogo que permitan destrabar la situación antes de que se intensifiquen las medidas de protesta.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los principales gremios docentes y nodocentes difundieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre la crisis del sistema universitario y científico, denunciando caída presupuestaria, pérdida salarial y falta de respuestas del Gobierno nacional, bajo el título Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan.

El pronunciamiento se dio en el marco de una jornada federal de 24 horas de “universidad pública abierta”, en la que instituciones de todo el país realizaron actividades académicas, científicas y de extensión. Según indicaron, la iniciativa permitió mostrar “el potencial extraordinario del sistema universitario público”, pero también alertar que ese desarrollo está en riesgo sin medidas urgentes.

Uno de los datos centrales del documento es la caída del 45,6% en las transferencias a las universidades desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad”, señalaron, y advirtieron que la situación impacta en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales.

En relación con los salarios, afirmaron: “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, y calificaron como “angustiante e injusta” la situación de docentes y trabajadores nodocentes. También reclamaron la actualización de los programas de becas estudiantiles.

El texto subraya además la existencia de un fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795, que contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno “mira hacia otro lado” y no cumple con lo establecido por la norma sancionada por el Congreso.

Frente a este escenario, las organizaciones informaron que notificaron a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional.

Asimismo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de protesta, incluyendo movilizaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo en defensa de la educación pública y la ciencia.

El documento concluye con una fuerte apelación al valor del sistema universitario argentino, al que define como una “herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y un pilar del desarrollo nacional: “La nación argentina es su universidad pública”.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El Gobierno anunció que no implementará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar de que el Senado rechazó los vetos a estas iniciativas. 

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo promulgará las normas, pero no asignará recursos presupuestarios para su ejecución, replicando la estrategia aplicada anteriormente con la Emergencia en Discapacidad.

Desde la Casa Rosada indicaron que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tiene un impacto mínimo en las cuentas fiscales, pero que no será aplicado para evitar contradicciones con la decisión de no incrementar fondos a universidades. 

La ley de Emergencia Pediátrica implicaría un gasto de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.

La partida universitaria es la que más preocupa al Ejecutivo: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento previsto para este año alcanzaría $1.959.974 millones, equivalente al 0,23% del PIB, incluyendo un ajuste del 32% en gastos de funcionamiento y un 40% en salarios y becas.

El Gobierno planea dilatar la firma de la promulgación de las leyes hasta el máximo permitido de diez días hábiles y anunció un plan de obras en el Garrahan por $30.000 millones, como forma de contrarrestar el costo político de no aplicar las normas. 

Fuente: TN

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.

La Asociación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (ADUM) llevará a cabo un paro total de actividades y un semaforazo en defensa de la universidad pública, este jueves 21 y viernes 22 -respectivamente-, en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario. La medida se suma a otras que se han venido aplicando desde el regreso de las vacaciones de invierno.

Las protestas forman parte de un plan de 48 horas de acciones rotativas que se extenderán durante las próximas cuatro semanas. La decisión fue tomada en la última reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de ADUM.

En ese contexto, mañana se ejecutará un paro total de actividades académicas como medida de visibilización y reclamo. Por su parte, el viernes, a las 10:30, se realizará el mencionado “semaforazo” en la intersección de Independencia y Peña.

La concentración previa está programada a las 10:00 en el complejo universitario de Funes y Roca, desde donde los manifestantes partirán hacia el lugar de la protesta, con regreso al mismo punto a las 12:00.

Se recuerda que la semana pasada, con el inicio del segundo cuatrimestre, se decidió una medida de fuerza que impidió el regreso a clases. El paro se realizó del lunes 11 al jueves 14.

Bloques opositores buscan alcanzar el quórum necesario para debatir y aprobar una serie de proyectos que contemplan aumentos presupuestarios para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales, así como la eliminación de retenciones al campo y la derogación de varios decretos presidenciales.

Desde el mediodía, el bloque Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano, encabeza una de las sesiones especiales con una agenda centrada en salud, educación y recomposición salarial. 

Uno de los ejes es la declaración de la emergencia en pediatría y la suba de partidas para el Garrahan, que incluye una cláusula que exige que los salarios del personal sanitario no puedan ser inferiores, en términos reales, a los de noviembre de 2023.

En paralelo, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) impulsa un proyecto que busca reconocer al Hospital Garrahan como institución nacional de referencia en atención pediátrica de alta complejidad.

También se pondrán sobre la mesa iniciativas ligadas al campo: desde la eliminación de retenciones a productos agropecuarios hasta la búsqueda de estabilidad fiscal para el sector, con fuerte apoyo de legisladores de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal y el bloque cordobés que responde a Martín Llaryora. “Hay que sacarle la pata de encima al campo”, sostuvo el exgobernador Juan Schiaretti.

A las 14:30, otra sesión especial, solicitada por Unión por la Patria (UxP) junto con Encuentro Federal, apunta a la derogación de varios Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Javier Milei. Se trata de normas que, entre otras cosas, desactivan organismos históricos como el Instituto Yrigoyeneano, el Teatro Nacional Cervantes y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está en agenda la reforma a la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los DNU, herramienta clave para el Gobierno ante su debilidad numérica en el Congreso.

El número mágico es 129. Hasta el momento, Democracia para Siempre aseguró sus 12 diputados. A ellos se sumarían radicales cercanos a Rodrigo de Loredo, como Julio Cobos y Atilio Benedetti, además de los cordobeses del schiarettismo y los cinco diputados del Frente de Izquierda. La atención está puesta en los 98 legisladores de UxP, liderados por Germán Martínez, quienes podrían inclinar la balanza.

Desde el oficialismo, el diputado Fernando Iglesias (Pro) cuestionó las convocatorias y acusó a la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno. “La coalición del déficit quiere preparar el terreno para el club del helicóptero. Estos proyectos no tienen nada que ver con las prioridades de los argentinos”, afirmó.

Desde la UCR, la diputada Soledad Carrizo también se mostró crítica: “Muchas de estas iniciativas no tienen dictamen ni pasaron por comisiones. Están usando causas justas con fines partidarios. Es un juego político, no un verdadero debate institucional”.

Con acusaciones cruzadas y temas sensibles en juego, la sesión promete ser intensa. Resta saber si la oposición logrará reunir los números necesarios para avanzar en el recinto y si el oficialismo podrá frenar una agenda que considera un intento de desgaste al Ejecutivo.

Fuente: TN

La Secretaría de Vinculación con el Medio (C.E.D.E.T.) tuvo una destacada participación en la Ronda de Negocios Multisectorial – Mar del Plata 2025, organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y realizada el pasado jueves 19 de junio en el Teatro Auditorium.

El evento reunió a Pymes, emprendimientos, comercios e instituciones con el objetivo de generar vínculos estratégicos, fomentar el desarrollo productivo y abrir nuevas oportunidades de negocio en la región.

En este marco, el C.E.D.E.T. se presentó como un actor clave para articular acciones concretas junto al sector privado, manteniendo reuniones con empresas de distintos rubros para abordar temáticas vinculadas a la comercialización, el comercio exterior, la intermediación laboral y la formación profesional.

Entre las firmas con las que se generaron sinergias se destacan Somos Consultora de Recursos Humanos, INBIOTEC-CONICET, asesores financieros, la Universidad Nacional del Sur y el Laboratorio Fares Taie, consolidando una agenda de trabajo conjunto con proyección regional.

El Dr. Fernando Graña, vicedecano y representante del C.E.D.E.T. en la actividad, expresó: “Fue una jornada muy enriquecedora. Hubo mucha participación y predisposición para el diálogo. Nos llevamos contactos de valor para seguir construyendo puentes entre el mundo productivo y el universitario, que es uno de nuestros principales objetivos.”

La Ronda, con inscripción previa y entrevistas coordinadas con antelación,permitió a los participantes establecer relaciones comerciales e institucionales en un entorno colaborativo y dinámico. El C.E.D.E.T. continúa impulsando espacios de articulación que fortalecen el entramado socio-productivo de la región.

El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de la VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso. Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

La Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que a su vez deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio.

El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones. También se llevó adelante una orden de presentación sobre la casa de estudios, de la que se obtuvieron varias cajas con papeles.

La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la universidad se lo giraba a las empresas Secutrans y Transito Seguro. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa, sin intermediarios.

La primera de las firmas tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. De hecho este último suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por presuntas inconsistencias en los convenios heredados con universidades públicas; una de estas, la de San Martín.

Foto: fotomultas Córdoba.

“Lo que señala el denunciante es que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas”, dijo una fuente judicial.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

En diálogo con TN, desde Secutrans afirmaron que la compañía “no tiene ningún convenio con la Universidad Nacional de San Martín”. Y agregaron: “Los únicos municipios en los que estuvo fue a través de licitación pública y no tuvo contacto con la Universidad”.

A su vez en el entorno de Camani aseguran que Secutrans nunca se allanó y que se realizó el procedimiento sobre otra firma que tiene un nombre similar. “Es imposible que Secutrans haya cobrado plata en negro”, afirman.

Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

-Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios

-Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Estas empresas no son las únicas investigadas. En otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi están en la mira los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA dijeron que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

El caso D‘Onofrio también tiene una pata vinculada al supuesto lavado de dinero. Allí, el juez Alvaro Gonzalez Charvay investiga un supuesto cobro de coimas por parte del exministro y de la exconcejal Claudio Pombo de proveedores de concesiones de la VTV. Una de las firmas en la mira es Franutec S.A.

Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

Fuente: TN

El director de Economía del Conocimiento del Municipio, Walter Gregoracci, celebró los cuatro años del Distrito Tecnológico local y destacó el crecimiento sostenido del sector en la ciudad. “Es un orgullo ver que el trabajo que se viene haciendo en conjunto con todas las entidades que conforman este sector de la economía del conocimiento está cumpliendo con creces las perspectivas que teníamos”, afirmó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

En principio, Gregoracci resaltó la relevancia del sector tecnológico para el desarrollo económico y social de General Pueyrredon: “Ver que un sector tan pujante y que genera empleo de calidad logra crecer al ritmo que está creciendo en Mar del Plata es muy importante; para la generación de trabajo, para la economía y absolutamente para todo”.

En ese sentido, subrayó que Mar del Plata ofrece condiciones ideales para el desarrollo de la economía del conocimiento. “Tiene un sistema académico muy importante, cinco universidades con carreras vinculadas al sector, centros de investigación, más de 1.500 investigadores, y toda una belleza natural y gran calidad de vida”, detalló.

Para el ingeniero electrónico, ese entorno favorece la llegada de nuevos talentos. “Mar del Plata es un imán para mucha gente que en su juventud ha pasado vacaciones en la ciudad y hoy tiene la posibilidad de radicarse. Pero también tiene un valor agregado respecto de otros lugares del país: el trabajo articulado que naturalmente desarrollan todas las instituciones”, afirmó.

Y agregó: “Hace más de 20 años que las universidades, las empresas, los emprendedores y los institutos de ciencia y tecnología trabajan en forma conjunta. Ese es un valor agregado enorme”.

Consultado sobre la cantidad de empresas del sector, indicó que el número “cambia constantemente” y remarcó el dinamismo del ecosistema tecnológico local. “Hace poco menos de 18 años, en Mar del Plata éramos 15 o 20 empresas y hoy estimamos que hay más de 300. Día a día vas descubriendo un emprendimiento nuevo”, señaló.

Entre los factores que impulsan ese crecimiento, destacó los programas que lleva adelante el municipio con el plan estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento. “Alentamos a los jóvenes a estudiar carreras vinculadas con la tecnología y promovemos el desarrollo de emprendedores y el apoyo a las empresas. Todo eso genera un ciclo evolutivo que va produciendo otras cosas”, sostuvo el funcionario municipal.

Por último, explicó que, a diferencia de las industrias tradicionales, el sector tecnológico se basa en el talento humano. “Una empresa puede estar exportando sus productos a varios países desde una oficina que nadie ve. Por eso existe la idea de impulsar el distrito tecnológico, para que se nuclee el sector, se transforme en un faro y se empiece a visibilizar”.

Allí, también reflexionó sobre los desafíos que impone la innovación. “Los avances tecnológicos son tan rápidos, y la inteligencia artificial está penetrando de forma tan fuerte, que ni los que estamos en tecnología terminamos de entender de qué se trata. Pero ya hay una visión mucho más amplia del tema, tanto a nivel de los vecinos de la ciudad como de otras industrias”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno Nacional dispondrá “el fin de la gratuidad a los extranjeros en el sistema de salud pública”.

En esta serie de modificaciones del régimen migratorio, también se determinó que las universidades nacionales podrán “cobrar aranceles” a todos aquellos que no tengan nacionalidad argentina.

“El objetivo de las medidas es avanzar por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, aseguró. 

Por otra parte, indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, como mejor consideren.

“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, desde ya, no sólo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno salió al cruce tras el rechazo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a las auditorías. “Violan los derechos de los estudiantes”, afirmó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

“Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN de algunas auditorías. En la Universidad Nacional de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades”, dijo el funcionario.

Alvarez defendió la intervención del Poder Ejecutivo en la educación superior, criticada por la casa de estudios. “Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió. Se dan clases”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario abundó: “Todo lo financiero está ejecutado en las universidades públicas. La recomposición salarial no está en el presupuesto. No entiendo dónde recortamos fondos”.

La UBA rechazó las auditorías impulsadas por el Gobierno al argumentar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) busca ejercer un control que excede sus competencias. En respuesta, Javier Milei lanzó una frase tajante: “Están sucias”.

“La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, explicaron desde la institución a través de un comunicado.

También indicaron que la iniciativa de la SIGEN pone en riesgo la libertad de cátedra, un principio fundamental de la educación universitaria, y representa una interferencia que podría limitar el contenido de lo que se enseña y aprende en las universidades públicas.

En ese sentido, para garantizar la transparencia de sus procesos, la UBA anunció una convocatoria a nivel nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.

En el documento titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la institución destaca que “ya cumple con las auditorías establecidas en la legislación vigente”, y que es “una de las entidades públicas más fiscalizadas de la Argentina”.

Además, explicaron que se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría de 2025, en continuidad con los procesos de revisión.

Este paso, según argumenta, busca brindar transparencia y acceso público a toda la ciudadanía, en un contexto en el que el respeto a la autonomía universitaria se vuelve fundamental frente a las acusaciones de falta de claridad en el uso de los recursos económicos.

A su vez, la institución también señaló que, conforme al artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, “la SIGEN solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”.

Desde la UBA también plantean que las acusaciones de falta de transparencia esconden un “ataque ideológico contra la naturaleza de la universidad pública y gratuita en el país”.

Fuente: TN

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) informó cómo continuará el plan de lucha que coordinaron junto al resto de la comunidad universitaria, en contra del ajuste al financiamiento de las universidades nacionales, para que se apruebe una Ley de Presupuesto 2025 acorde a las necesidades de las casas de altos estudios y por la recomposición y aumento salarial de docentes y no docentes. 

“Cientos de estudiantes, graduados, docentes y no docentes seguimos unidos y organizados para ponerle un freno a las políticas de recorte y ahogo del Gobierno nacional, y definimos realizar clases públicas, muestras educativas, ferias científicas y postas de prevención de salud, todos los días y durante dos semanas desde el próximo martes. Se desarrollarán en diferentes lugares públicos de nuestra ciudad a cargo de las diferentes unidades académicas (facultades y Escuela Superior de Medicina), una por vez”, indicaron en un comunicado.

En ese sentido, anunciaron que “los miércoles se realizarán clases públicas sobre las mentiras que el Gobierno nacional esgrime contra las universidades públicas, acompañadas de semaforazos y cortes”. También, otra de las medidas aprobadas por la Asamblea Intercuerpos fue la realización de una vigilia en la previa a la votación de la Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso, y un festival cultural e intervenciones culturales en todas las unidades académicas.

Además, definieron que los fines de semana llevarán a cabo acciones “para hablar del conflicto en plazas y playas de Mar del Plata, con el resto de la comunidad local y turista”. Y por último, resolvieron “promover a Mar del Plata como sede de una marcha regional”.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas también se trasladó a la obra pública: en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ya rescindió 11 proyectos de mejoras edilicias en casas de estudio de todo el país. “No son priorizadas”, aseguran en el Ministerio de Economía.

La decisión de la Casa Rosada se conoce en medio de la discusión por el presupuesto que el Gobierno destina al funcionamiento de las universidades, lo que provocó tomas y clases abiertas en la vía pública en todo el país.

En el Gobierno aseguran que las obras en cuestión se debieron haber terminado en 2023 y que presentaban fuertes retrasos. Se trata de proyectos que fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández. Según cálculos de TN el Estado había invertido unos $1422 millones en estas obras que al momento del traspaso de Gobierno estaban en ejecución, pero que la gestión de Milei decidió rescindir.

El Gobierno redobla la apuesta contra las Universidades y ya rescindió 11 obras de mejoras edilicias. Foto: MapaInversiones.

En algunos casos se trataba de obras que estaban cerca de terminarse, pero otras tenían un muy bajo nivel de avance físico. Como sea, el Gobierno decidió dejar de financiarlas, lo que representa otra decisión que coloca tensión a la actual discusión: mientras las Universidades advierten que el presupuesto 2025 impedirá su normal funcionamiento, el Gobierno insiste con auditar sus gastos.

En el listado de obras que fueron rescindidas se encuentra el nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta que debía haberse terminado en mayo de 2023, pero se avanzó en tan solo un 35%. En la obra ya se colocaron $131 millones. El proyecto contempla la construcción de un sector de 2235 m2. La obra se paralizó.

Javier Milei insiste con auditar el gasto de las universidades. Foto: (AP/Jose Luis Magana)

Otra proyecto que se rescindió es la ejecución de la obra nueva para la Universidad Nacional de Rosario (Unidad Académica Facultad de Ciencias Veterinarias), que debía haberse finalizado en agosto de 2023, pero quedó en un 10.42%. Se pagaron 127 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con un proyecto en la Universidad de Río Negro, en General Roca, en donde se pagaron $152 millones para una iniciativa que quedó trunca. Se debió haber finalizado en el octavo mes del 2023.

Ninguno de estos proyectos forma parte del anexo dos del acuerdo que el Gobierno firmó con las provincias. En ese listado están las obras que la Casa Rosada se comprometió a seguir financiando, por lo que sino son las provincias o las propias casas de estudio las que deciden terminar los proyectos los proyectos quedarán en la nada.

También hay otras obras que en la Casa Rosada dicen haber rescindido pese a que estaban prontas o en camino de terminarse. Un ejemplo de esto son las obras edilicias que se hacían en la Universidad Nacional de José C. Paz, en donde se trabajaba en el edificio aulario y el comedor universitario. La obra debió haberse inaugurado en noviembre de 2023 y quedó en un 64% de avance físico, por el que se pagaron $224 millones.

Otra de las obras que fueron rescindidas por el gobierno de Javier Milei. Foto: MapaInversiones.

La gestión de Axel Kicillof dice que terminará esta y otras obras más con fondos propios. El encargado de finalizar estos proyectos es la misma persona que los tenía a cargo en Nación: se trata de Gabriel Katopodis, hoy al frente de Infraestructura bonaerense. Misma suerte correrá la obra inconclusa de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Baradero), que quedó en un 74% y por la que se pagaron $37 millones: una parte ya la terminó la propia universidad y el resto lo hará el gobierno bonaerense.

Otro de los trabajos que no se terminaron a tiempo y que ahora serán finalizados por la provincia de Buenos Aires es la obra de la Universidad Nacional de Jose C. Paz, en donde se hacían aulas y un natatorio que quedó en un 41%. Ya se pagaron más de $200 millones. Para que una obra pueda ser continuida por otra jurisdicción, la rescisión es una etapa clave ya que para firmar un nuevo convenio se tiene que haber terminado el anterior.

La lista de obras rescindidas también incluye a la Universidad Nacional de Villa María, que quedó en un 48% por los que ya se pagaron 107 millones de pesos. Hubo rescisiones también en la Universidad Nacional de Cuyo ($149 millones); Universidad Nacional de Jujuy ($173 millones); Universidad Nacional de San Juan ($86 millones) y otro trabajo más en la Universidad de Jujuy por $36 millones.

Al momento de hacer el traspaso de gobierno, había 42 obras en ejecución, de las que al menos ya se cancelaron 11. La próxima semana comenzarán los primeros pasos formales para iniciar las auditorías en las universidades luego de que el gobierno dejara sin efecto la resolución de la Procuración del Tesoro que impedía a la Sigen realizar ese control. Las primeras dos serán las casas de estudio de La Matanza y la de Lomas de Zamora y ya se comenzarán con los contactos para desembarcar en la Universidad de Buenos Aires. En la UBA se iniciará por la Facultad de Economía, Medicina y Abogacía.

Fuente: TN

En medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario, que derivó en una serie de tomas de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno firmó hoy una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios.

De acuerdo con el documento firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el dictamen de Barra.

Para el funcionario, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

La decisión se las habían comunicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, a los diputados del PRO y del MID que participaron de las habituales reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.

Un día después de aquel encuentro, se firmó el dictamen en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.

Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.

“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.

La medida se enmarca en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las autoridades de las casas de altos estudios, a las que el presidente Milei quiere supervisar para hacer un seguimiento de los fondos que se destinan a estas instituciones.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, sostuvo Javier Milei el sábado al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Todo surgió luego de que el mandatario firmara un veto que anuló el proyecto que había sido aprobado en el Congreso y que establecía un aumento para todo el personal docente y no docente del sector, lo que motivó a las tomas en los edificios educativos.

Una de las iniciativas del Poder Ejecutivo es controlar que las universidades respeten “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado” y cumplan con “los mismos estándares que en la administración pública”. Así lo anticipó en una entrevista radial el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita de Capital Humano.

Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida” que, “en principio, no afecta la autarquía de las universidades nacionales, en tanto no indica ni autoriza qué deben comprar o dejar de adquirir”, sino que se busca “que el sistema sea más transparente”.

Fuente: Infobae

En una concurrida reunión conjunta entre la mesa ejecutiva y el cuerpo de delegados de la que participaron más de 130 afiliados, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) resolvió que realizarán un nuevo paro este jueves y viernes, además de otras medidas, entre las que incluyen una masiva movilización en la mañana del viernes.

De la marcha participarán los centros de estudiantes, la Federación Universitaria Marplatense (FUM), la Asociación del Personal Universitario (APU), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Conicet y las centrales sindicales y el movimiento de jubilados de Mar del Plata.

Si bien explicaron que se movilizarán hacia las cercanías del Hotel Sheraton, aseguraron que el jueves a la tarde anunciarán el punto de encuentro y los recorridos de la marcha.

Por otro lado, en la reunión se resolvió, a su vez, convocar a una asamblea general de afiliados de ADUM para el martes 22 de octubre, “a los efectos de analizar el conflicto universitario y las medidas a tomar”, y el dictado de clases públicas durante mañana y el miércoles, según el comunicado.

En detalle, las medidas restantes anunciadas por ADUM:

Las acciones fueron resueltas entre todos los gremios mencionados que participarán de la movilización, y “para sostener los reclamos por el aumento presupuestario y salarial de las universidades nacionales”, de acuerdo al comunicado.