El Gobierno anunció que no implementará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar de que el Senado rechazó los vetos a estas iniciativas. 

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo promulgará las normas, pero no asignará recursos presupuestarios para su ejecución, replicando la estrategia aplicada anteriormente con la Emergencia en Discapacidad.

Desde la Casa Rosada indicaron que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tiene un impacto mínimo en las cuentas fiscales, pero que no será aplicado para evitar contradicciones con la decisión de no incrementar fondos a universidades. 

La ley de Emergencia Pediátrica implicaría un gasto de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.

La partida universitaria es la que más preocupa al Ejecutivo: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento previsto para este año alcanzaría $1.959.974 millones, equivalente al 0,23% del PIB, incluyendo un ajuste del 32% en gastos de funcionamiento y un 40% en salarios y becas.

El Gobierno planea dilatar la firma de la promulgación de las leyes hasta el máximo permitido de diez días hábiles y anunció un plan de obras en el Garrahan por $30.000 millones, como forma de contrarrestar el costo político de no aplicar las normas. 

Fuente: TN

Con motivo del tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, tanto la Asociación del Personal  de la Universidad (APU) como la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adoptaron medidas durante la jornada. 

Por el lado de ADUM, resolvieron realizar clases públicas en la peatonal San Martín y Bartolomé Mitre -enfrente de la Iglesia Catedral- de 12 a 16, donde transmitirán y estarán atentos a la definición de la sesión, mientras que APU optó por manifestarse desde el complejo universitario.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, en la que se definió que el día -este jueves 2- que se trate en el Senado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario íbamos a realizar un paro. Recordemos que nos encontró en un paro total de actividades cuando se trató en Diputados y realizamos una gran marcha”, explicó la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, en diálogo con El Marplatense.

Al mismo tiempo, la referente de la organización aseguró que también resolvieron llevar a cabo una serie de actividades de visibilización, al igual que otras universidades nacionales de todo el país, y comentó que a las 9 construirán una bandera en la sede de Funes y Peña, y que una hora más tarde se tomarán una foto con toda la comunidad universitaria presente.

Luego, de acuerdo a Schadwill, harán una Radio Abierta siguiendo el tratamiento en el recinto, ya que se esperan definiciones pasado el mediodía. Pero además, expresó que con estas medidas buscan “hacer la presión necesaria y fuerte para que el Gobierno nacional aplique la Ley, otorgue el presupuesto tan necesario, que hace casi tres años no tenemos, y actualice nuestro salarios”.

Y en cuanto a esa última mención, remarcó que se encuentran “40 puntos abajo” y por ello, destacó que es “fundamental la Ley”.

La Asociación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (ADUM) llevará a cabo un paro total de actividades y un semaforazo en defensa de la universidad pública, este jueves 21 y viernes 22 -respectivamente-, en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario. La medida se suma a otras que se han venido aplicando desde el regreso de las vacaciones de invierno.

Las protestas forman parte de un plan de 48 horas de acciones rotativas que se extenderán durante las próximas cuatro semanas. La decisión fue tomada en la última reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de ADUM.

En ese contexto, mañana se ejecutará un paro total de actividades académicas como medida de visibilización y reclamo. Por su parte, el viernes, a las 10:30, se realizará el mencionado “semaforazo” en la intersección de Independencia y Peña.

La concentración previa está programada a las 10:00 en el complejo universitario de Funes y Roca, desde donde los manifestantes partirán hacia el lugar de la protesta, con regreso al mismo punto a las 12:00.

Se recuerda que la semana pasada, con el inicio del segundo cuatrimestre, se decidió una medida de fuerza que impidió el regreso a clases. El paro se realizó del lunes 11 al jueves 14.

Bloques opositores buscan alcanzar el quórum necesario para debatir y aprobar una serie de proyectos que contemplan aumentos presupuestarios para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales, así como la eliminación de retenciones al campo y la derogación de varios decretos presidenciales.

Desde el mediodía, el bloque Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano, encabeza una de las sesiones especiales con una agenda centrada en salud, educación y recomposición salarial. 

Uno de los ejes es la declaración de la emergencia en pediatría y la suba de partidas para el Garrahan, que incluye una cláusula que exige que los salarios del personal sanitario no puedan ser inferiores, en términos reales, a los de noviembre de 2023.

En paralelo, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal) impulsa un proyecto que busca reconocer al Hospital Garrahan como institución nacional de referencia en atención pediátrica de alta complejidad.

También se pondrán sobre la mesa iniciativas ligadas al campo: desde la eliminación de retenciones a productos agropecuarios hasta la búsqueda de estabilidad fiscal para el sector, con fuerte apoyo de legisladores de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal y el bloque cordobés que responde a Martín Llaryora. “Hay que sacarle la pata de encima al campo”, sostuvo el exgobernador Juan Schiaretti.

A las 14:30, otra sesión especial, solicitada por Unión por la Patria (UxP) junto con Encuentro Federal, apunta a la derogación de varios Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Javier Milei. Se trata de normas que, entre otras cosas, desactivan organismos históricos como el Instituto Yrigoyeneano, el Teatro Nacional Cervantes y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está en agenda la reforma a la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los DNU, herramienta clave para el Gobierno ante su debilidad numérica en el Congreso.

El número mágico es 129. Hasta el momento, Democracia para Siempre aseguró sus 12 diputados. A ellos se sumarían radicales cercanos a Rodrigo de Loredo, como Julio Cobos y Atilio Benedetti, además de los cordobeses del schiarettismo y los cinco diputados del Frente de Izquierda. La atención está puesta en los 98 legisladores de UxP, liderados por Germán Martínez, quienes podrían inclinar la balanza.

Desde el oficialismo, el diputado Fernando Iglesias (Pro) cuestionó las convocatorias y acusó a la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno. “La coalición del déficit quiere preparar el terreno para el club del helicóptero. Estos proyectos no tienen nada que ver con las prioridades de los argentinos”, afirmó.

Desde la UCR, la diputada Soledad Carrizo también se mostró crítica: “Muchas de estas iniciativas no tienen dictamen ni pasaron por comisiones. Están usando causas justas con fines partidarios. Es un juego político, no un verdadero debate institucional”.

Con acusaciones cruzadas y temas sensibles en juego, la sesión promete ser intensa. Resta saber si la oposición logrará reunir los números necesarios para avanzar en el recinto y si el oficialismo podrá frenar una agenda que considera un intento de desgaste al Ejecutivo.

Fuente: TN

La Secretaría de Vinculación con el Medio (C.E.D.E.T.) tuvo una destacada participación en la Ronda de Negocios Multisectorial – Mar del Plata 2025, organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y realizada el pasado jueves 19 de junio en el Teatro Auditorium.

El evento reunió a Pymes, emprendimientos, comercios e instituciones con el objetivo de generar vínculos estratégicos, fomentar el desarrollo productivo y abrir nuevas oportunidades de negocio en la región.

En este marco, el C.E.D.E.T. se presentó como un actor clave para articular acciones concretas junto al sector privado, manteniendo reuniones con empresas de distintos rubros para abordar temáticas vinculadas a la comercialización, el comercio exterior, la intermediación laboral y la formación profesional.

Entre las firmas con las que se generaron sinergias se destacan Somos Consultora de Recursos Humanos, INBIOTEC-CONICET, asesores financieros, la Universidad Nacional del Sur y el Laboratorio Fares Taie, consolidando una agenda de trabajo conjunto con proyección regional.

El Dr. Fernando Graña, vicedecano y representante del C.E.D.E.T. en la actividad, expresó: “Fue una jornada muy enriquecedora. Hubo mucha participación y predisposición para el diálogo. Nos llevamos contactos de valor para seguir construyendo puentes entre el mundo productivo y el universitario, que es uno de nuestros principales objetivos.”

La Ronda, con inscripción previa y entrevistas coordinadas con antelación,permitió a los participantes establecer relaciones comerciales e institucionales en un entorno colaborativo y dinámico. El C.E.D.E.T. continúa impulsando espacios de articulación que fortalecen el entramado socio-productivo de la región.

El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de la VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso. Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

La Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que a su vez deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio.

El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones. También se llevó adelante una orden de presentación sobre la casa de estudios, de la que se obtuvieron varias cajas con papeles.

La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la universidad se lo giraba a las empresas Secutrans y Transito Seguro. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa, sin intermediarios.

La primera de las firmas tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. De hecho este último suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por presuntas inconsistencias en los convenios heredados con universidades públicas; una de estas, la de San Martín.

Foto: fotomultas Córdoba.

“Lo que señala el denunciante es que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas”, dijo una fuente judicial.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

En diálogo con TN, desde Secutrans afirmaron que la compañía “no tiene ningún convenio con la Universidad Nacional de San Martín”. Y agregaron: “Los únicos municipios en los que estuvo fue a través de licitación pública y no tuvo contacto con la Universidad”.

A su vez en el entorno de Camani aseguran que Secutrans nunca se allanó y que se realizó el procedimiento sobre otra firma que tiene un nombre similar. “Es imposible que Secutrans haya cobrado plata en negro”, afirman.

Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

-Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios

-Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Estas empresas no son las únicas investigadas. En otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi están en la mira los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA dijeron que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

El caso D‘Onofrio también tiene una pata vinculada al supuesto lavado de dinero. Allí, el juez Alvaro Gonzalez Charvay investiga un supuesto cobro de coimas por parte del exministro y de la exconcejal Claudio Pombo de proveedores de concesiones de la VTV. Una de las firmas en la mira es Franutec S.A.

Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

Fuente: TN

El director de Economía del Conocimiento del Municipio, Walter Gregoracci, celebró los cuatro años del Distrito Tecnológico local y destacó el crecimiento sostenido del sector en la ciudad. “Es un orgullo ver que el trabajo que se viene haciendo en conjunto con todas las entidades que conforman este sector de la economía del conocimiento está cumpliendo con creces las perspectivas que teníamos”, afirmó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

En principio, Gregoracci resaltó la relevancia del sector tecnológico para el desarrollo económico y social de General Pueyrredon: “Ver que un sector tan pujante y que genera empleo de calidad logra crecer al ritmo que está creciendo en Mar del Plata es muy importante; para la generación de trabajo, para la economía y absolutamente para todo”.

En ese sentido, subrayó que Mar del Plata ofrece condiciones ideales para el desarrollo de la economía del conocimiento. “Tiene un sistema académico muy importante, cinco universidades con carreras vinculadas al sector, centros de investigación, más de 1.500 investigadores, y toda una belleza natural y gran calidad de vida”, detalló.

Para el ingeniero electrónico, ese entorno favorece la llegada de nuevos talentos. “Mar del Plata es un imán para mucha gente que en su juventud ha pasado vacaciones en la ciudad y hoy tiene la posibilidad de radicarse. Pero también tiene un valor agregado respecto de otros lugares del país: el trabajo articulado que naturalmente desarrollan todas las instituciones”, afirmó.

Y agregó: “Hace más de 20 años que las universidades, las empresas, los emprendedores y los institutos de ciencia y tecnología trabajan en forma conjunta. Ese es un valor agregado enorme”.

Consultado sobre la cantidad de empresas del sector, indicó que el número “cambia constantemente” y remarcó el dinamismo del ecosistema tecnológico local. “Hace poco menos de 18 años, en Mar del Plata éramos 15 o 20 empresas y hoy estimamos que hay más de 300. Día a día vas descubriendo un emprendimiento nuevo”, señaló.

Entre los factores que impulsan ese crecimiento, destacó los programas que lleva adelante el municipio con el plan estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento. “Alentamos a los jóvenes a estudiar carreras vinculadas con la tecnología y promovemos el desarrollo de emprendedores y el apoyo a las empresas. Todo eso genera un ciclo evolutivo que va produciendo otras cosas”, sostuvo el funcionario municipal.

Por último, explicó que, a diferencia de las industrias tradicionales, el sector tecnológico se basa en el talento humano. “Una empresa puede estar exportando sus productos a varios países desde una oficina que nadie ve. Por eso existe la idea de impulsar el distrito tecnológico, para que se nuclee el sector, se transforme en un faro y se empiece a visibilizar”.

Allí, también reflexionó sobre los desafíos que impone la innovación. “Los avances tecnológicos son tan rápidos, y la inteligencia artificial está penetrando de forma tan fuerte, que ni los que estamos en tecnología terminamos de entender de qué se trata. Pero ya hay una visión mucho más amplia del tema, tanto a nivel de los vecinos de la ciudad como de otras industrias”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno Nacional dispondrá “el fin de la gratuidad a los extranjeros en el sistema de salud pública”.

En esta serie de modificaciones del régimen migratorio, también se determinó que las universidades nacionales podrán “cobrar aranceles” a todos aquellos que no tengan nacionalidad argentina.

“El objetivo de las medidas es avanzar por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, aseguró. 

Por otra parte, indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, como mejor consideren.

“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, desde ya, no sólo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno salió al cruce tras el rechazo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a las auditorías. “Violan los derechos de los estudiantes”, afirmó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

“Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN de algunas auditorías. En la Universidad Nacional de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades”, dijo el funcionario.

Alvarez defendió la intervención del Poder Ejecutivo en la educación superior, criticada por la casa de estudios. “Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió. Se dan clases”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario abundó: “Todo lo financiero está ejecutado en las universidades públicas. La recomposición salarial no está en el presupuesto. No entiendo dónde recortamos fondos”.

La UBA rechazó las auditorías impulsadas por el Gobierno al argumentar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) busca ejercer un control que excede sus competencias. En respuesta, Javier Milei lanzó una frase tajante: “Están sucias”.

“La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, explicaron desde la institución a través de un comunicado.

También indicaron que la iniciativa de la SIGEN pone en riesgo la libertad de cátedra, un principio fundamental de la educación universitaria, y representa una interferencia que podría limitar el contenido de lo que se enseña y aprende en las universidades públicas.

En ese sentido, para garantizar la transparencia de sus procesos, la UBA anunció una convocatoria a nivel nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.

En el documento titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la institución destaca que “ya cumple con las auditorías establecidas en la legislación vigente”, y que es “una de las entidades públicas más fiscalizadas de la Argentina”.

Además, explicaron que se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría de 2025, en continuidad con los procesos de revisión.

Este paso, según argumenta, busca brindar transparencia y acceso público a toda la ciudadanía, en un contexto en el que el respeto a la autonomía universitaria se vuelve fundamental frente a las acusaciones de falta de claridad en el uso de los recursos económicos.

A su vez, la institución también señaló que, conforme al artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, “la SIGEN solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”.

Desde la UBA también plantean que las acusaciones de falta de transparencia esconden un “ataque ideológico contra la naturaleza de la universidad pública y gratuita en el país”.

Fuente: TN

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) informó cómo continuará el plan de lucha que coordinaron junto al resto de la comunidad universitaria, en contra del ajuste al financiamiento de las universidades nacionales, para que se apruebe una Ley de Presupuesto 2025 acorde a las necesidades de las casas de altos estudios y por la recomposición y aumento salarial de docentes y no docentes. 

“Cientos de estudiantes, graduados, docentes y no docentes seguimos unidos y organizados para ponerle un freno a las políticas de recorte y ahogo del Gobierno nacional, y definimos realizar clases públicas, muestras educativas, ferias científicas y postas de prevención de salud, todos los días y durante dos semanas desde el próximo martes. Se desarrollarán en diferentes lugares públicos de nuestra ciudad a cargo de las diferentes unidades académicas (facultades y Escuela Superior de Medicina), una por vez”, indicaron en un comunicado.

En ese sentido, anunciaron que “los miércoles se realizarán clases públicas sobre las mentiras que el Gobierno nacional esgrime contra las universidades públicas, acompañadas de semaforazos y cortes”. También, otra de las medidas aprobadas por la Asamblea Intercuerpos fue la realización de una vigilia en la previa a la votación de la Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso, y un festival cultural e intervenciones culturales en todas las unidades académicas.

Además, definieron que los fines de semana llevarán a cabo acciones “para hablar del conflicto en plazas y playas de Mar del Plata, con el resto de la comunidad local y turista”. Y por último, resolvieron “promover a Mar del Plata como sede de una marcha regional”.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas también se trasladó a la obra pública: en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ya rescindió 11 proyectos de mejoras edilicias en casas de estudio de todo el país. “No son priorizadas”, aseguran en el Ministerio de Economía.

La decisión de la Casa Rosada se conoce en medio de la discusión por el presupuesto que el Gobierno destina al funcionamiento de las universidades, lo que provocó tomas y clases abiertas en la vía pública en todo el país.

En el Gobierno aseguran que las obras en cuestión se debieron haber terminado en 2023 y que presentaban fuertes retrasos. Se trata de proyectos que fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández. Según cálculos de TN el Estado había invertido unos $1422 millones en estas obras que al momento del traspaso de Gobierno estaban en ejecución, pero que la gestión de Milei decidió rescindir.

El Gobierno redobla la apuesta contra las Universidades y ya rescindió 11 obras de mejoras edilicias. Foto: MapaInversiones.

En algunos casos se trataba de obras que estaban cerca de terminarse, pero otras tenían un muy bajo nivel de avance físico. Como sea, el Gobierno decidió dejar de financiarlas, lo que representa otra decisión que coloca tensión a la actual discusión: mientras las Universidades advierten que el presupuesto 2025 impedirá su normal funcionamiento, el Gobierno insiste con auditar sus gastos.

En el listado de obras que fueron rescindidas se encuentra el nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta que debía haberse terminado en mayo de 2023, pero se avanzó en tan solo un 35%. En la obra ya se colocaron $131 millones. El proyecto contempla la construcción de un sector de 2235 m2. La obra se paralizó.

Javier Milei insiste con auditar el gasto de las universidades. Foto: (AP/Jose Luis Magana)

Otra proyecto que se rescindió es la ejecución de la obra nueva para la Universidad Nacional de Rosario (Unidad Académica Facultad de Ciencias Veterinarias), que debía haberse finalizado en agosto de 2023, pero quedó en un 10.42%. Se pagaron 127 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con un proyecto en la Universidad de Río Negro, en General Roca, en donde se pagaron $152 millones para una iniciativa que quedó trunca. Se debió haber finalizado en el octavo mes del 2023.

Ninguno de estos proyectos forma parte del anexo dos del acuerdo que el Gobierno firmó con las provincias. En ese listado están las obras que la Casa Rosada se comprometió a seguir financiando, por lo que sino son las provincias o las propias casas de estudio las que deciden terminar los proyectos los proyectos quedarán en la nada.

También hay otras obras que en la Casa Rosada dicen haber rescindido pese a que estaban prontas o en camino de terminarse. Un ejemplo de esto son las obras edilicias que se hacían en la Universidad Nacional de José C. Paz, en donde se trabajaba en el edificio aulario y el comedor universitario. La obra debió haberse inaugurado en noviembre de 2023 y quedó en un 64% de avance físico, por el que se pagaron $224 millones.

Otra de las obras que fueron rescindidas por el gobierno de Javier Milei. Foto: MapaInversiones.

La gestión de Axel Kicillof dice que terminará esta y otras obras más con fondos propios. El encargado de finalizar estos proyectos es la misma persona que los tenía a cargo en Nación: se trata de Gabriel Katopodis, hoy al frente de Infraestructura bonaerense. Misma suerte correrá la obra inconclusa de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Baradero), que quedó en un 74% y por la que se pagaron $37 millones: una parte ya la terminó la propia universidad y el resto lo hará el gobierno bonaerense.

Otro de los trabajos que no se terminaron a tiempo y que ahora serán finalizados por la provincia de Buenos Aires es la obra de la Universidad Nacional de Jose C. Paz, en donde se hacían aulas y un natatorio que quedó en un 41%. Ya se pagaron más de $200 millones. Para que una obra pueda ser continuida por otra jurisdicción, la rescisión es una etapa clave ya que para firmar un nuevo convenio se tiene que haber terminado el anterior.

La lista de obras rescindidas también incluye a la Universidad Nacional de Villa María, que quedó en un 48% por los que ya se pagaron 107 millones de pesos. Hubo rescisiones también en la Universidad Nacional de Cuyo ($149 millones); Universidad Nacional de Jujuy ($173 millones); Universidad Nacional de San Juan ($86 millones) y otro trabajo más en la Universidad de Jujuy por $36 millones.

Al momento de hacer el traspaso de gobierno, había 42 obras en ejecución, de las que al menos ya se cancelaron 11. La próxima semana comenzarán los primeros pasos formales para iniciar las auditorías en las universidades luego de que el gobierno dejara sin efecto la resolución de la Procuración del Tesoro que impedía a la Sigen realizar ese control. Las primeras dos serán las casas de estudio de La Matanza y la de Lomas de Zamora y ya se comenzarán con los contactos para desembarcar en la Universidad de Buenos Aires. En la UBA se iniciará por la Facultad de Economía, Medicina y Abogacía.

Fuente: TN

En medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario, que derivó en una serie de tomas de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno firmó hoy una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios.

De acuerdo con el documento firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el dictamen de Barra.

Para el funcionario, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

La decisión se las habían comunicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, a los diputados del PRO y del MID que participaron de las habituales reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.

Un día después de aquel encuentro, se firmó el dictamen en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.

Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.

“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.

La medida se enmarca en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las autoridades de las casas de altos estudios, a las que el presidente Milei quiere supervisar para hacer un seguimiento de los fondos que se destinan a estas instituciones.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, sostuvo Javier Milei el sábado al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Todo surgió luego de que el mandatario firmara un veto que anuló el proyecto que había sido aprobado en el Congreso y que establecía un aumento para todo el personal docente y no docente del sector, lo que motivó a las tomas en los edificios educativos.

Una de las iniciativas del Poder Ejecutivo es controlar que las universidades respeten “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado” y cumplan con “los mismos estándares que en la administración pública”. Así lo anticipó en una entrevista radial el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita de Capital Humano.

Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida” que, “en principio, no afecta la autarquía de las universidades nacionales, en tanto no indica ni autoriza qué deben comprar o dejar de adquirir”, sino que se busca “que el sistema sea más transparente”.

Fuente: Infobae

En una concurrida reunión conjunta entre la mesa ejecutiva y el cuerpo de delegados de la que participaron más de 130 afiliados, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) resolvió que realizarán un nuevo paro este jueves y viernes, además de otras medidas, entre las que incluyen una masiva movilización en la mañana del viernes.

De la marcha participarán los centros de estudiantes, la Federación Universitaria Marplatense (FUM), la Asociación del Personal Universitario (APU), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Conicet y las centrales sindicales y el movimiento de jubilados de Mar del Plata.

Si bien explicaron que se movilizarán hacia las cercanías del Hotel Sheraton, aseguraron que el jueves a la tarde anunciarán el punto de encuentro y los recorridos de la marcha.

Por otro lado, en la reunión se resolvió, a su vez, convocar a una asamblea general de afiliados de ADUM para el martes 22 de octubre, “a los efectos de analizar el conflicto universitario y las medidas a tomar”, y el dictado de clases públicas durante mañana y el miércoles, según el comunicado.

En detalle, las medidas restantes anunciadas por ADUM:

Las acciones fueron resueltas entre todos los gremios mencionados que participarán de la movilización, y “para sostener los reclamos por el aumento presupuestario y salarial de las universidades nacionales”, de acuerdo al comunicado.

Mauricio Macri lanzó duras acusaciones contra el kirchnerismo por el manejo "con fines políticos" de los fondos que recibieron las universidades durante los últimos años. La carta que publicó el ex presidente en sus redes sociales parece acercar posiciones con Javier Milei tras varios días de tensión y en la previa de una semana en la que el Gobierno enfrenta una dura agenda en el Congreso, donde la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

En el texto, Macri sostuvo que "en el debate televisivo sobre la universidad quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura" y aseveró que la discusión hoy no se centra en "la autonomía universitaria", sino que "lo que realmente está en disputa es 'la suya': la parte del presupuesto que se desvía hacia la política".

"La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas", planteó.

En su discurso, dijo que el populismo ve las instituciones como herramientas para acumular poder. "Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy. El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades", siguió.

"En este momento bisagra de la historia argentina, debemos aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas", reclamó.

"La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios", concluyó el presidente del PRO en el texto publicado en su cuenta oficial de X.

Al pronunciamiento del presidente del PRO se sumó el de uno de sus referentes en el Congreso, Diego Santilli, quien hoy anticipó que votará para sostener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. "Yo tengo la misma posición que tuve antes: acompañar lo que nosotros acompañamos hace dos meses atrás. Sostener el veto, el veto que ha fijado el presidente. Porque es lo que hemos fijado antes", dijo el diputado en una entrevista radial y confirmó que el martes habrá una reunión de bloque para debatir el tema.

En tanto, desde la oposición salieron a cuestionar la carta de Mauricio Macri que supone un apoyo tácito a Javier Milei en medio de la pulseada con las autoridades desde las universidades nacionales.

"¡Insólito! Habla como si la conducción de la UBA fuese K y no aliada histórica de él!!!", cuestionó el diputado nacional por Unión por la Patria, Leandro Santoro, y le recordó que a quienes critica lo apoyaron para llegar a la presidencia en 2015 y luego militaron por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.

Fuente: Infobae

La oposición en el Congreso de la Nación está a la espera de que el Gobierno publique el veto a la ley de presupuestos universitarios para rápidamente presentar a la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido de sesión especial que será el miércoles 9 de octubre. Los números que manejan hoy tanto los que buscarán blindar el veto como los que insistirán con la ley de presupuesto universitario son muy finos.

En un principio, la sesión se iba a convocar para la semana del 16 porque varios legisladores tenían viajes previstos. Pero ante la confirmación del veto por parte de Milei, se aceleraron las negociaciones y todos estarán presentes la semana que viene para debatir.

“Están en una encerrona, hoy llamaron a marchar Lilita Carrió, Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Juan Grabois, Martín Lousteau, Myriam Bregman, la CGT, la CTA, no hay grietas desde el punto de vista de la política. Y eso después decanta en el recinto. Si lo vetan, la posibilidad de que pierdan es cierta”, explicó un diputado que va a votar en contra del veto.

La novedad en esta ocasión -respecto del veto a la movilidad jubilatoria- es que todos en la Cámara de Diputados entienden que se desangra el grupo de los “87 héroes”. No sólo porque el diputado larretista, Álvaro González, y una senadora del mismo grupo, Guadalupe Tagliaferri, participaron ayer de la movilización, sino porque otros del PRO, especialmente del interior del país, plantean dudas respecto de la medida presidencial.

Los cinco radicales que apoyaron el veto jubilatorio no firmarán el pedido, pero al menos dos se ausentarán para no quedar vinculados al Gobierno en este tema.

La fecha para la insistencia será el 9 de octubre

En el PRO conviven las dos posturas. Hay un sector que trabaja por mantener el veto y otro que lo hace para, por lo menos, sumar ausentes en esa sesión.

“Estuvimos hablando con algunos y no están de acuerdo con acompañar el veto. Esto no significa que voten en contra del veto, pero sí que puede ser que cuando se llame a sesionar para insistir con la ley se ausenten y nos permitan llegar a los dos tercios con un número más bajo”, explicó una diputada radical encargada de hacer el “poroteo”. El propio jefe del bloque, Cristian Ritondo, adelantó que el bloque todavía no tomó una decisión.

“Los que no quieren acompañar están definiendo si votan en contra o se ausentan. Es una decisión que se va a tomar más cerca de la fecha que se defina la sesión teniendo en cuenta los números que tengan los otros bloques”, dijo un diputado amarillo.

Por el lado de los que trabajan por mantener el bloque dentro de la opción del veto, señalan que el contexto cambió. “Va a depender mucho de cómo reacciona el gobierno. El error de la Casa Rosada fue que no lo mantuvo en una cuestión salarial y salió a decir que la UBA inventa alumnos y cosas por el estilo, eso complicó todo”.

Un punto que juega a favor de la insistencia es que muchos entienden que el escenario es diferente al de la reforma de las jubilaciones. “El ecosistema universitario es diferente, hay muchos diputados y diputadas que son profesores, y no es fácil entrar a tu universidad y encontrarte con que está empapelada con tu cara. Con los jubilados, si sos un diputado públicamente reconocido, alguien te puede decir algo; esto es totalmente diferente”, señaló una legisladora que es profesora universitaria. Esto queda claro de parte de los universitarios: en abril marcharon a la Plaza de Mayo, ayer lo hicieron al Congreso de la Nación.

Estas razones también están haciendo dudar a algunos de los radicales que formaron parte de los “5 del veto” a la ley de movilidad jubilatoria. “Hay dos que no están tan seguros de seguir en esa posición”, explicó un legislador del bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Diputados del PRO se mostrarían contrarios al veto

La presencia o ausencia en estas instancias suele cotizar más que la decisión del voto, ya que la insistencia requiere los dos tercios de los presentes, por lo que mientras menos presentes tenga el recinto, más accesible es el número para llegar a los dos tercios.

En este contexto, los diputados radicales que empujaron la medida se mantendrán en esa postura. A estos se les suma el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Pero no serán los únicos. El bloque de Innovación Federal dejó trascender que sus 8 diputados acompañarán la insistencia (habían acompañado el veto en jubilaciones).

Por el lado del bloque que apoya el veto quedan el PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo. Asimismo, entienden que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria votarían con este grupo.

Fuente: Infobae

El jueves 29 de agosto la Cámara de Senadores de la Nación tratará el proyecto que establece el financiamiento de las universidades nacionales tras la media sanción en Diputados. En este marco, los gremios docentes realizarán un paro y movilización a la expectativa de su aprobación. 

Al respecto de la situación a nivel nacional, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, declaró en diálogo con El Marplatense que “no hay registro de nadie que haya tenido algún contacto, pero empezamos a hablar con los senadores nacionales con quienes estamos tratando que aprueben la ley que refuerza el presupuesto universitario y que establece, entre otras cosas, que se deben actualizar los salarios de acuerdo al IPC que se haya registrado desde diciembre del año pasado”. 

Desde su perspectiva, esto se debe a que “el gobierno nacional, lamentablemente pareciera seguir haciendo oídos sordos a la situación y envió a la universidades, para liquidar el sueldo de agosto, el incremento del 3% que había anunciado e indica que nuevamente perdemos contra la inflación”. 

Por este motivo, habló con el senador marplatense, Maximiliano Abad: “Estuve reunido hace dos días y no solo me adelantó su voto positivo a esta ley, sino que también tenía la esperanza de que se superaran los dos tercios cuando se trate en el recinto. Es decir, que sea una ley con un respaldo muy amplio como lo tuvo en la Cámara de Diputados”. 

Semejante apoyo, “nos pone en el borde de que si Milei quisiera vetar la ley, y el congreso la ratificara por dos tercios, quedaría vigente”, agregó. 

En este contexto, “mañana estamos convocando en la Escuela de Medicina, intersección de Ayacucho y España, para marchar desde allí hasta el rectorado en el marco de un paro total de actividades que tenemos previsto los docentes”, aseguró. 

“En esa movilización, que en principio va a ser de la comunidad universitaria, queremos mantener viva la llama y expectativa por si tenemos que hacer una nueva Marcha Federal Universitaria que es lo que todos los gremios están pensando para septiembre”, concluyó. 

En la segunda jornada de lucha, docentes y nodocentes universitarios se acercaron al complejo de Funes donde funcionan distintas facultades para hacer un “ruidazo” en reclamo por el salario. 

Lo sorprendente fue que las aulas se encontraban totalmente vacías, lo que demuestra una adhesión prácticamente total a la medida por parte de los trabajadores de la educación. 

En este sentido, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, declaró en diálogo con El Marplatense que “la idea era pasar y si había alguna actividad, tener un intercambio, pero no hay ninguna clase en todo el complejo universitario. Lo cual nos llama poderosamente la atención porque en otras oportunidades que hemos hecho medidas de fuerza, no han sido tan contundentes”. 

Asimismo, resaltó que “ayer hubo una clase de arquitectura, pero son muchas las que se dictan a lo largo del día. Entonces, de alguna manera, está reflejando la disconformidad por parte de los docentes con lo que está ocurriendo”. 

Por lo que resulta sorprendente “el acompañamiento que ha tenido esta medida, la necesidad de hacerla, y en un rato iremos a la facultad de Ingeniería para ver si ahí nos encontramos con otra perspectiva. Es realmente notable lo que está pasando, somos muchos lo que estamos para hacer el 'ruidazo', siguen llegando compañeros y no tenemos a quién hacérselo”. 

Respecto a la respuesta del gobierno, “convoca y nos ofrece un aumento del 3% para este mes y un 2% para el siguiente, que seguramente estará por debajo de la inflación y va a agravar la situación por la que estamos reclamando, eso es todavía un factor que fortalece la idea de continuar con las medidas”. 

Por otro lado se refirió a la posición del rector Alfredo Lazzeretti: “Hemos hablado esta semana y he visto que estuvo activo en entrevistas en las que acompaña el reclamo. La preocupación que tienen todos los rectores, porque se han expresado, de que estamos en un estado de emergencia salarial, lo que decimos que es el salario más bajo de la historia de la democracia también lo comparte”. 

“Realmente estamos complicados porque lo que nosotros decimos es que podemos dar clases, podemos ganar un poco más o menos, pero si esta situación se mantiene en el tiempo, hay muchas áreas en la Universidad que no se van a poder cubrir”, agregó. 

Además, resaltó que “un profesional que es muy requerido fuera, y que gana muy bien, por qué va a querer venir a dar clases. No es tan sencillo cubrir algunas áreas con mucha demanda y eso va a quitarle calidad a lo que hacemos. Esto es una preocupación que todos tenemos porque lo hemos vivido en otras épocas con lo que llamamos fuga de cerebros”. 

El Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) reiteró su preocupación sobre la crítica situación que atraviesan las universidades públicas argentinas. A pesar de las respuestas parciales recibidas por parte del Ejecutivo nacional, indicaron que el “normal funcionamiento de estas instituciones sigue en riesgo, y la defensa de las mismas se mantiene como una prioridad innegociable”.

El HCS reconoció que las actualizaciones presupuestarias recientes han permitido a las universidades nacionales afrontar sus gastos de funcionamiento con menor dificultad. Sin embargo, subraya que las mismas impactan sólo en un porcentaje menor al 10% del presupuesto total, lo que es insuficiente para cubrir todas las necesidades operativas.

Se recordó que en febrero de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un pronunciamiento en el que los rectores del sistema universitario destacaban la necesidad de cuatro puntos fundamentales: “Incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme al proceso inflacionario para garantizar la continuidad de las actividades universitarias y el cumplimiento de su misión; actualizar los salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a los programas universitarios destinados a inversión en infraestructura, equipamiento y sostenimiento de programas de becas; y garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.

“De estos cuatro puntos, sólo se ha avanzado en la actualización de los gastos de funcionamiento mensuales. El resto de los temas planteados sigue sin resolverse, afectando gravemente al sistema universitario”, se indicó.

En primer lugar, el atraso salarial de los trabajadores docentes y no docentes continúa sin solución. Ante esto, consideraron que “es urgente activar y respetar los espacios paritarios, donde se deben formular y debatir las propuestas salariales, evitando que el diálogo se transforme en un monólogo marcado por la discrecionalidad”.

Además, manifestaron que “persiste la necesidad de incrementar los montos destinados a becas estudiantiles de toda índole. Sostener la matrícula y planificar su crecimiento es una tarea central e identitaria del sistema universitario”.

Por último, el HCS denuncia una fuerte parálisis en el funcionamiento del sistema científico tecnológico. Las agencias científicas aún no financian proyectos de investigación de manera adecuada y se ha reducido el ingreso de nuevos becarios. No se están cumpliendo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional sobre el financiamiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En conclusión, el HCS de la UNMDP manifestó que “se ha avanzado solo en uno de los cuatro aspectos críticos que configuran la crisis del sistema universitario público argentino. Aboga por respuestas inmediatas a sus demandas, reafirmando su voluntad de diálogo y trabajo conjunto, en post de garantizar el correcto funcionamiento de las universidades públicas argentinas”.

Fuente: Portaluniversidad.org.ar

El Partido de General Pueyrredon cuenta con más de 700 unidades educativas de las cuales cerca del 60% son de gestión estatal y 40% de gestión privada. La tasa de escolaridad es elevada en niños en edad escolar que concurren a los establecimientos educativos, mientras que disminuye algunos puntos porcentuales en el nivel secundario. 

Estos y otros datos se desprenden del informe sobre educación en General Pueyrredon que realizó la Red Mar del Plata Entre Todos junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED), con el acompañamiento del CONICET Mar del Plata.

El informe se presenta como un documento revelador, ofreciendo una visión integral y pormenorizada que habitualmente no se encuentra reunida en un solo espacio. Este análisis, respaldado por datos del Ministerio de Educación de la Nación correspondientes al año 2022, proporciona una imagen clara y precisa de la situación educativa en la región.

El informe 2024 incluye nuevos y cruciales datos, como la distribución geográfica de las instituciones, la cobertura eléctrica de las escuelas, un análisis del presupuesto educativo municipal y detalles sobre las escuelas de formación profesional.

La tasa de escolaridad en Mar del Plata muestra resultados alentadores en los niveles inicial y primario, alcanzando el 100%. Sin embargo, se observa una disminución de 7 puntos porcentuales en el nivel secundario, situándose en un 93%. Esta tasa mejoró notablemente desde el 88.25% registrado en 2016, aunque mostró fluctuaciones, con un pico del 96.76% en 2021.

En tanto, la tasa de alfabetismo se mantiene estable en torno al 99%, mientras que la tasa de repitencia disminuyó, reflejando una promoción efectiva cercana al 99% en el nivel primario y al 95% en el nivel secundario para 2022. Pero la tasa de repitencia varía según el nivel educativo y el tipo de gestión, aunque bajó en los últimos años.

Ese último indicador está relacionado a la promoción efectiva, que en 2022 alcanzó cerca del 99% en el nivel primario, tanto en gestión estatal como privada, y alrededor del 95% en el nivel secundario. La pandemia y las resoluciones pedagógicas implementadas por la provincia de Buenos Aires pueden explicar, en parte, estos resultados.

En términos de matrícula, 22.365 estudiantes estaban inscritos en el nivel inicial, 87.317 en el primario y 62.434 en el secundario en 2022. Comparando con cifras antes de la pandemia de 2019, se nota una disminución en el nivel inicial tanto en el sector privado como estatal. Por su lado, en el nivel primario y secundario hubo un incremento en la matrícula estatal, mientras que la privada se mantuvo constante en el nivel secundario.

En el nivel superior, es motivo de celebración el incremento de matrícula activa observado en el último trienio. Las universidades actualizaron y consolidaron sus propuestas académicas, no solo en términos de contenido, sino también al integrar la educación presencial con modalidades virtuales sincrónicas y asincrónicas. Esto mejoró significativamente la accesibilidad temporal y espacial para los estudiantes. 

“En la sociedad del conocimiento y la innovación, las universidades están llamadas a ser protagonistas del desarrollo sostenible de sus comunidades, ya que en ellas los profesionales académicos producen, transmiten y difunden conocimiento”, señalaron los expertos. Mar del Plata tiene la ventaja de contar con cinco universidades en la ciudad, lo que debería fomentar un compromiso mutuo de articulación y cooperación en el trabajo conjunto.

El informe destaca dos conclusiones claves. Primero, subraya la complejidad del sistema educativo argentino, convocando a una reflexión profunda y consensuada para su enriquecimiento. Segundo, resalta la necesidad de mejorar el acceso a la información educativa, proponiendo este informe como un punto de partida para un debate amplio y constructivo.

A su vez, los responsables del informe señalaron: “En este contexto, la tarea es ver en qué medida la educación es un bien social y ver por qué su atención, resguardo y cuidado constituye una prioridad política. Este informe se configura en disparador de posibles debates y futuras intervenciones que mejoren, enriquezcan y problematicen la situación educativa local”.

El equipo del trabajo, junto con la Red Mar del Plata Entre Todos, propone la realización de informes más focalizados en cada jurisdicción y subsistema educativo, así como estudios específicos basados en las pruebas estandarizadas "Aprender". Las futuras investigaciones buscarán profundizar el conocimiento y brindar a la comunidad información más detallada sobre el estado de la educación en Mar del Plata y zona.

El informe no únicamente ilumina el estado actual del sistema educativo en el Partido de General Pueyrredon, sino que también invita a una acción transformadora y responsable, enmarcada en una comprensión amplia y solidaria de la educación y sus desafíos contemporáneos. 

La Universidad FASTA informa la apertura del ingreso a las carreras de Odontología y Medicina para el ciclo 2025 bajo modalidad presencial. Ambas carreras tienen curso de ingreso obligatorio que se dictará a partir del mes de agosto 2024.

La apertura de la Carrera de Odontología de la Universidad Fasta se celebró a mediados del 2018, convirtiéndose en un hito tanto para la Universidad como para la ciudad, ya que se trata de una oferta única en Mar del Plata y la región. El año pasado se recibieron los primeros 10 odontólogos formados en la ciudad. La carrera tiene una cursada teórico-práctica con atención de pacientes durante 5 años.

Las actividades se desarrollan en el edificio San Alberto Magno de la Universidad FASTA, cuyas instalaciones cuentan con equipamiento de última tecnología que permite el óptimo desarrollo del profesional: el Centro Odontológico Universitario y la Sala de simulación Odontológica son ejemplos de ello.

Por otro lado, la carrera de Medicina cuenta con más de 300 médicos graduados hasta el día de la fecha. Los espacios de la Universidad a su vez están equipados con la última tecnología, tales como las salas de microscopios y simuladores, el consultorio médico y laboratorios. Cabe destacar que todas las instalaciones se pueden recorrer virtualmente a través del “Tour 360º”, una opción para explorar en 3D la vista real de cada área.

Para mayor información comunicarse a informes@ufasta.edu.ar o ingresar en https://cienciasmedicas.ufasta.edu.ar/

.