Una construcción precaria ilegal instalada en un terreno perteneciente a una escuela secundaria del barrio El Martillo fue desmantelada esta tarde a partir de un operativo coordinado por personal de la Comisaría 16ª, con apoyo del Comando de Patrullas.

El predio está ubicado en la intersección de Camusso y Arana y Goiri, y pertenece a la Escuela Secundaria N°19 Héctor Woollands.

La intervención se inició a partir de la denuncia de la propia director de la institución, quien indicó que el establecimiento posee un terreno perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se había instalado una construcción precaria de madera sin techo, desconociéndose su autoría.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un joven de 19 años, a quien se notificó de la formación de causa. Además, se procedió al desarme y retiro inmediato de la estructura precaria, restituyendo el predio a su estado original.

Intervino la Fiscalía N°12, desde donde se dispuso la notificación de formación de causa por el delito de usurpación, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

El municipio de Mar del Plata llevó a cabo un procedimiento para desalojar a personas que habían tomado un espacio de forma ilegal y devolverlo a la comunidad, luego de que vecinos denunciaran la ocupación irregular. El operativo fue organizado por distintas áreas municipales junto a fuerzas de seguridad y permitió recuperar el uso del espacio público y restablecer la seguridad en la zona afectada.  

Durante la acción, las autoridades lograron retirar a quienes habían ingresado sin autorización al inmueble, un hombre y una mujer,  y restituir el orden en el lugar, con el objetivo de que la propiedad vuelva a ser un entorno seguro y accesible para todos los habitantes de la ciudad.  

El municipio destacó que estas intervenciones forman parte de la estrategia para responder a los reclamos de los vecinos, prevenir riesgos y asegurar que los espacios comunes se utilicen de manera adecuada.  

El Municipio llevó adelante operativos conjuntos de desalojo y recuperación del espacio público en distintos puntos de la ciudad, a partir de denuncias vecinales, con el objetivo de garantizar la seguridad, la libre circulación y el uso adecuado de los ámbitos comunes.

Las intervenciones fueron coordinadas por la Secretaría de Seguridad y contaron con la participación de la Patrulla Municipal, Defensa Civil y personal de la Comisaría 3ª. Los procedimientos se desarrollaron de manera ordenada y sin incidentes, y permitieron liberar espacios públicos ocupados de forma irregular.

Uno de los operativos se realizó en la intersección de Talcahuano y Juan B. Justo, donde se desalojó un terreno privado que estaba siendo ocupado ilegalmente por trapitos. En el lugar fueron retirados dos hombres y se procedió al tapiado del inmueble y a la puesta en condiciones del predio para evitar nuevas ocupaciones.

Posteriormente, se llevó a cabo otro procedimiento en Ayolas y la costa, donde se desmanteló una carpa instalada en el espacio público y ocupada por una pareja, también a partir de denuncias de vecinos. La intervención permitió liberar el área y restablecer la circulación y la seguridad en la zona.

Una mujer de 56 años fue imputada en las últimas horas en Mar del Plata por el delito de "Uso de documento público falso, luego de que presentara papeles irregulares en el intento por denunciar una supuesta usurpación.

El hecho ocurrió en la Subcomisaría Acantilados, cuando la acusada se acercó a denunciar que una propiedad ubicada en calle 689 bis y 697 había sido usurpada, aunque al ser requerida la documentación correspondiente, los efectivos constataron que los papeles presentados carecían de legalidad.

Según fuentes policiales, los documentos no tenían sellos ni certificaciones válidas, presentaban membretes genéricos, timbrados no coincidentes y carecían de datos completos.

Ante la sospecha de falsedad, se dio intervención a la UFI de Delitos Económicos N° 10, a cargo del fiscal Bruna, quien avaló el procedimiento policial y dispuso el secuestro de la documentación, la notificación de la mujer por el delito y la elevación de las actuaciones al magistrado interviniente.

Vecinos del barrio Fray Luis Beltrán denunciaron esta madrugada un nuevo intento de usurpación en una vivienda ubicada en Las Dalias al 3100, la cual se encuentra en estado de abandono y destinada a demolición.

Según el testimonio de una vecina de 49 años, alrededor de la medianoche observó, junto a otros residentes, que una familia ingresaba al inmueble con intenciones de ocuparlo. La denunciante aseguró que no era la primera vez que intentaban usurpar la propiedad, aunque en ocasiones anteriores los propios vecinos habían logrado impedirlo.

Ante la situación, la mujer se comunicó con el 911 para dar aviso, dejando constancia de que hasta el momento no se logró ubicar al propietario del lugar.

En ese marco, personal de la Comisaría Decimoquinta se presentó en el lugar y, tras realizar un relevamiento vecinal, consiguieron identificar al sospechoso, un hombre de 31 años.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia N° 12, a cargo de la Dra. Simón, dispuso la notificación del imputado por el delito de “Usurpación”, aunque sin medidas restrictivas sobre su libertad.

El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a las empresas y cooperativas prestatarias del servicio de energía eléctrica que operan en General Pueyrredon que trabajen en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para que elaboren e implementen protocolos de verificación previa para solicitudes de nuevas conexiones y reempadronamientos, orientados a prevenir la consolidación de ocupaciones ilegítimas de inmuebles.

En ese sentido, propusieron que se considere un esquema de control documental mínimo, admitiendo como vías de acreditación, sin carácter taxativo y con criterio de razonabilidad:

a) Título: escritura inscripta, boleto de compraventa con intervención notarial de su contenido -no solo certificación de firmas- u otro instrumento que acredite derecho legítimo de posesión;

b) Tenencia legítima: contrato de locación, comodato u otro vínculo jurídico válido con autorización del titular registral;

c) Habilitación pública: constancia emanada de autoridad judicial o administrativa que autorice la ocupación o el uso;

d) Otros supuestos con respaldo normativo (p. ej., adjudicaciones de vivienda social, regularizaciones reconocidas por autoridad competente), debidamente acreditados.

De esta manera, desde la UCR se remarcó “la necesidad de prevenir la instalación de medidores de energía eléctrica en terrenos o inmuebles ocupados irregularmente o usurpados dentro de General Pueyrredon”.

Al mismo tiempo, se explicó que “la propiedad privada cuenta con tutela constitucional, artículo 17 de la Constitución Nacional y artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siendo deber de los poderes públicos prevenir actos que la vulneren”.

A su vez, se añadió que “el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce mecanismos de protección de la posesión legítima y de la propiedad, incluyendo acciones específicas frente a ocupaciones ilegítimas. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los consumidores el acceso a servicios públicos de calidad, imponiendo a las prestatarias el deber de brindar su servicio conforme a la ley y sin lesionar derechos de terceros”.

A continuación, desde la bancada radical se señaló que “la instalación de medidores en inmuebles ingresados sin título legítimo puede contribuir, involuntariamente, a la consolidación fáctica de situaciones irregulares, complejizando restituciones y agravando conflictos vecinales”.

“En el Partido de General Pueyrredon existen situaciones de ocupación irregular y conflictos de tenencia que exigen mecanismos preventivos y de verificación documental coordinados entre el Municipio y las prestatarias, sin estigmatizar a poblaciones vulnerables ni desconocer excepciones legales válidas”, agregaron los ediles y finalizaron afirmando que “el Honorable Cuerpo debe promover instancias de cooperación institucional que resguarden la legalidad, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica”.

Personal policial frustró esta tarde un intento de usurpación en una vivienda del barrio Plaza Peralta Ramos, lo que motivó finalmente la detención de dos personas, una mujer de 41 años y un hombre de 44.

Según indicaron fuentes policiales, los usurpadores fueron acusados de intentar tomar posesión de la propiedad de un hombre de 57 años, ubicada en Guido al 2700.

El hecho ocurrió durante una recorrida de rutina realizada por la Fuerza Barrial de Aproximación en la zona. Los imputados ingresaron a la vivienda utilizando la fuerza con la intención de desalojar a la víctima y apoderarse del inmueble, aunque no lograron su objetivo.

Tras la intervención policial, se estableció comunicación con la Unidad Fiscal de Instrucción N°12, a cargo de Luis Alberto Ferreyra, desde donde se ordenó la realización de las actuaciones correspondientes.

Los imputados fueron notificados por el delito de “usurpación de inmueble”. Sin embargo, no se dispuso ninguna medida restrictiva de su libertad.

Cinco hombres fueron aprehendidos esta tarde por intentar ingresar por la fuerza a un departamento ocupado por una mujer de 48 años, cuyo contrato de alquiler había vencido recientemente. Ocurrió en un inmueble situado en el macrocentro.

El episodio se registró en un edificio ubicado en la avenida Colón al 1800, donde efectivos de la Comisaría Segunda acudieron tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron a cinco hombres, de entre 25 y 28 años, forzando la puerta de ingreso a la vivienda.

La víctima relató que su contrato había había vencido hace diez días y que los supuestos propietarios intentaban desalojarla por la fuerza, sin orden judicial.

La fiscal Mariana Puzzinelli, a cargo de la UFI N°12, dispuso notificar a los implicados por el delito de "usurpación en grado de tentativa", aunque no ordenó detenciones.

Un hombre de 52 años fue detenido hoy en pleno centro de la ciudad, tras ser descubierto como usurpador de un departamento. Además, al momento de llegar la Policía, quiso escapar y se descubrió que entre sus posesiones tenía un arma de fuego.

La denuncia de la usurpación del departamento ubicado en el noveno piso de un edificio de Santa Fe al 1800 la hizo una mujer de 55, hija de la propietaria que falleció. Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas.

Con ayuda de un cerrajero se logró abrir la puerta de ingreso del departamento, constatando la presencia del usurpador, quien al ser identificado se puso nervioso y tomó una mochila, según el relato policial. En el interior de la mochila había un revólver marca Smith & Wesson, calibre 32 largo, con seis proyectiles intactos en su interior.

Con la intervención de Mariana Pusineri de la Fiscalía N°12, se notificó al imputado de la formación de una causa por “usurpación”, mientras que Facundo de la Canale, de la Fiscalía de Flagrancia ordenó su detención por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” y decidió su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

En las últimas horas seis hombres fueron demorados por la Policía tras protagonizar un intento de usurpación en un terreno de 20 hectáreas en el barrio José Hernández, una situación que se da “lamentablemente con mucha recurrencia” en la ciudad, según manifestó el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Rodrigo Gonçalves.

Sobre la forma de accionar del Municipio, el funcionario confió que “tenemos ciertas herramientas limitadas, porque las acciones de usurpación están estipuladas como un conflicto entre partes. Pero nosotros podemos ser un herramienta importante para la Justicia en determinaciones que tienen que ver con Catastro y poder tener información fehaciente del Estado municipal”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Gonçalves consideró que en este caso específico fue “muy importante” que el dueño hiciera la denuncia con el hecho ocurriendo in fraganti. “La fuerza policial pudo desactivarlo. En casos toma intervención la Fiscalía de temática sobre estas cuestiones y se determinan las acciones que se van a llevar adelante en función de esa acción de indebida”, explicó.

Sobre los reiterados intentos de toma de terrenos, el secretario de Seguridad comentó que “son muy disímiles unos casos de otros” y que difiere en ocasiones la condición social de quienes las cometen: “Uno puede encontrar acciones inescrupulosas, relacionadas con gente de un poder adquisitivo que encuentra ciertos atajos para poder hacerse de terrenos que no son propios y puede encontrarse gente con otro tipo de adversidades”.

“La verdad que es muy lamentable ver cómo alguien pierde un terreno en manos de personas que no entienden lo que es el sacrificio, y poder llegar a hacer su propia vivienda por las de la ley. Pero también una gran cantidad de personas vulnerables que encuentran alternativas en lo que tiene que ver con las condiciones normales del desarrollo”, reflexionó Gonçalves.

El funcionario indicó que el tema se puede abordar desde otros lugares que el de la seguridad, pero “sin duda que es una maniobra ilegal que hay que denunciar, porque hay que preservar los bienes de las personas que han llegado con esfuerzas propios”. En ese sentido reiteró la función del Municipio como una herramienta para la Justicia y recordó que el Estado local sería el damnificado en caso de tratarse de tierras fiscales.

EL MARQUESADO

Hace unos días se registró un voraz incendio en El Marquesado, en el que varios vecinos perdieron sus casas a causa de las llamas. Como un rumor, comenzó a circular que esos incendios fueron provocados en el marco de intentos de usurpaciones. Gonçalves confirmó que “sea ha avanzado con una denuncia penal en función de que fue un incendio interfaz, que es cuando se ve involucrada la pérdida material”.

El funcionario consideró que “hay elementos y declaraciones de los vecinos, y algunos datos más técnicos, quedan a entender que no fue un incendio natural”, por lo tanto estimó que eso “motiva la denuncia y la investigación”. Ahora, según su punto de vista, hay que ver “qué determina la Fiscalía para saber si puede identificar a los autores”.

Con relación a una maniobra para quedarse con terrenos, Gonçalves aseguró que “muchas veces tiene que ver con algún emprendimiento particular e inescrupuloso” y “me parece que esto es lo que hay que combatir con las herramientas que uno tiene”. Ante esto, aseguró que “hemos elegido acompañar la denuncia para poder determinar cuál fue el origen de incendio que fue sin dudas devastador. 

Seis hombres, con edades entre 19 y 36 años, fueron imputados hoy por la Justicia tras el intento de usurpación de un predio que fue impedido por personal policial de la Comisaría Decimoprimera.

El hecho ocurrió esta tarde en Yapeyú y 12 de Octubre, a donde los agentes concurrieron tras la denuncia realizada por un hombre de 78 años, propietario de esas tierras, según documentación que presentó.

El personal policial identificó a los imputados, un total de seis masculinos, dos de 19 y cuatro de 23, 26, 29 y 36 años.

Desde la Fiscalía Temática de Usurpaciones, a cargo de Luis Núñez, se ordenó la notificación de la formación de causa por “tentativa de usurpación”, aunque no se los privó de la libertad, y el cese de toda actividad en el lugar.

Un amplio operativo conjunto entre el poder judicial, el ministerio público, la policía de la Provincia y la Municipalidad de La Plata logró evitar este domingo la usurpación de terrenos en Villa Elvira, en el barrio Aeropuerto. Mantienen la custodia del predio con el Cuerpo de Infantería.

El episodio ocurrió pasadas las 17 horas en calle 93 entre 7 y 8, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas, provenientes de la ciudad de Mar del Plata, intentaron tomar los terrenos. 

Sin embargo, gracias a la rápida respuesta de las autoridades, se logró desarticular la toma y disuadir a las personas para que abandonaran el lugar. El procedimiento arrojó un total de 16 detenidos.

Además de las mencionadas áreas judiciales y provinciales, participaron del procedimiento las secretarias de Seguridad y de Convivencia y Control Urbano de la Comuna.

Según se informó, en el lugar permanecerán las fuerzas de seguridad a través del cuerpo de infantería, la Guardia Urbana de Prevención y Control Urbano custodiando el espacio.

Fuente: La Plata 1

Dirigentes del club San Isidro denunciaron que fueron usurpadas cinco hectáreas de los terrenos en que planeaban construir la villa deportiva, ubicados en la avenida Jorge Newbery y Cabo Corrientes. Esos terrenos fueron adquiridos hace casi quince años por la familia Philapsidis.

Por la situación, referentes de la institución deportiva aseguraron que se movilizarán hacia la zona para confrontar a los usurpadores. La futura villa, para la cual ya habían instalado la columna de la electricidad y acababan de adquirir el alambrado para cercarla, se encuentra entre las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el complejo acuático Aquopolis.

Según indicaron, un grupo de diez personas ingresó al lugar y comenzó a bajar contenedores con pesadas grúas de camiones especialmente fletados, además de haber instalado ya una casilla, la que estaría siendo ocupada por los custodios del lugar.

El caso fue denunciado ante la Justicia y desde la institución pusieron en conocimiento de la situación al intendente Guillermo Montenegro y al secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

Luego del desalojo y cierre de una propiedad del macrocentro que fue usurpada por personas en situación de calle y en la que comercializaban cocaína, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, dio detalles del allanamiento, la situación en la que se encontraba la vivienda y el trabajo de limpieza y prevención que desarrollarán en los próximos días. “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad”, contó.

Después del allanamiento, en el que identificaron a doce personas y detuvieron a tres, también secuestraron más de 200 bochas de cocaína listas para su comercialización. Muchas de esas personas sostuvieron que eran indigentes y que pagaban cerca de 5000 pesos diarios para vivir allí, a pesar de que se cree que el número de habitantes usuales doblaba al que encontraron, debido a que la trascendencia del hecho los advirtió.

En principio, desde el interior de la propiedad, Gonçalves le contó a “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) que se trata de “un lugar muy grande, de muchos metros cuadrados, que cuando uno ingresa puede notar el estado deplorable en el que vivía esa gente”, algunos de ellos con “padecimientos sociales y cuestiones psiquiátricas, y otros básicamente delincuentes”. Según manifestó, esto último se debe a que lograron corroborar que quienes allí vivían “se dedicaban a la compra y venta de drogas”.

Además, indicó que el inmueble “era investigado por la Policía” y que si bien “la orden de allanamiento estaba dada para el día de ayer”, no tuvo la “efectividad” que esperaban porque "la repercusión pública afectó los resultados judiciales y policiales, más no el cerramiento hermético, que es el tercero en cuatro manzanas”. 

“Viviendas en condición de abandono debido a sucesiones, muerte de los titulares o cuando no hay nadie que pueda acreditar ser el dueño, luego son usurpadas por personas que viven en condiciones paupérrimas y llevan a cabo acciones delictuales para los vecinos”, explicó acerca de los motivos más frecuentes por los que las autoridades intervienen en estos casos.

Por otra parte, el jefe de la cartera local comentó que convivían alrededor de entre 30 y 40 personas, aunque “al momento del allanamiento había doce personas, ya que algunas de ellas se fueron ayer por la tarde, producto de que tomó repercusión pública”. A su vez, detalló: “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad con un formato de alquiler de habitaciones medio extraño. Más allá de que la estructura está sólida y en pie, las más superficiales están totalmente destruidas”.

Asimismo, en cuanto a de qué manera trabajarán para prevenir que la situación se repita, aclaró que realizaron un “cerramiento hermético”, contruyeron paredes en los accesos e instalaron empalizadas “para que no puedan entrar”, al mismo tiempo que llevan a cabo un trabajo en conjunto a Espacios Públicos e Higiene Urbana.

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Y por último, el ex titular de Defensa Civil agregó que en la limpieza le dieron “prioridad” a productos “vencidos y que sean comestibles, o a los que generen interés para algún inescrupuloso que entre nuevamente a la zona”, porque algunos elementos quedarán en el lugar ya que consideran que “llevaría días limpiar el espacio por completo”.

Tras una denuncia al 911 que daba cuenta de una denuncia sobre la usurpación de un terreno en el barrio Punta Mogotes a la que acudió personal policial el pasado 7 de abril, se inició una investigación que tuvo como salgo la aprehensión de un hombre en cuya vivienda se encontraron documentación relacionada a la compra y venta de inmuebles y un arma.

Efectivos de la Comisaría 13era. se hicieron presente en las calles Diagonal Estados Unidos y Medrano a raíz de un llamado al 911 el pasado día 7 , donde "manifestaban que estaban usurpando un terreno".

En el lugar identificaron a un matrimonio de 37 y 36 años de edad quienes exhibieron una "Transcripción de Cesión de Acciones y Derechos, apócrifa", detallaron a este medio.

Así, los efectivos dieron inicio a una investigación en la que recabaron elementos probatorios suficientes para que el Fiscal Bruna titular de la UFI 10 de Delitos Económicos solicitara a la Justicia de Garantías orden de registro y secuestro, para un domicilio ubicado en el barrio Punta Mogotes.

"La medida se llevó a cabo en el día de ayer por los efectivos que llevaron adelante la investigación. En el lugar se secuestró gran cantidad de documentación relacionada con la compra y venta de inmuebles, computadoras, celulares y 1 revólver Cal.22 con 28 cartuchos. En la vivienda se aprehendió por el delitos de estafa a un hombre de 67 años", manifestaron a El Marplatense.

Pero, el Fiscal le otorgó la libertad por el Art. 161 debido que el hombre "se encuentra operado recientemente del corazón, y su estado de salud lo coloca en una posición de riesgo", consignaron en el parte policial.

Con respecto al arma secuestrada se le dio intervención a la UFI de Flagrancia de Amavet quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de "Tenencia ilegal de arma de fuego".

Un delincuente de 41 años fue aprehendido por la policía luego que intentara usurpar una vivienda del barrio Faro Norte. Cuando llegaron los efectivos, mostró documentación falsa intentando acreditar que era dueño de la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron que había extraños violentando la cerradura de una propiedad. Uno de los hombres era cerrajero, contratado por el delincuente que dijo ser propietario y exhivió una actuación notarial apócrifa.

Un vecino se acercó al lugar y afirmó que el día anterior el mismo hombre había roto el candado  y forzado la cerradura de la puerta de acceso a la casa.

Se comunicó lo sucedido a la Fiscal Hirigoyen titular de le UFI Nro.12 quien dispuso se notifique al delincuente  de la formación de la causa por el delito de Usurpación de Inmueble y Uso de Documento Público Falso y su alojamiento en la Unidad Penal 44. Se constató que posee una condena en suspenso de 3 años por Robo.

Un hombre de 60 años fue aprehendido por haber usurpado un local en Juan B. Justo al 3100.

La investigación se inició en septiembre, cuando el propietario del local denunció que un hombre rompió la cerradura del local y lo usuró.

El hecho derivó en tareas investigativas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que culminaron con un allanamiento del local y la aprehensión del delincuente.

En el hecho interviene la Fiscalía N°12 a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, marcó distancias esta semana con su par del gobierno nacional, Sabina Fréderic, quien públicamente dijo que las tomas de tierras no son un tema de su área sino que responden al déficit habitacional.

Al hablar del tema, Berni se expresó con una contundencia que había evitado su superior, el gobernador Axel Kicillof: “El derecho a la propiedad es algo que no podemos discutir, la Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y listo, se acabó la discusión”.

Este jueves, consultado por los grises que muestra el gobierno en la cuestión, Berni planteó: “Yo pienso y hablo por Sergio Berni, soy ministro de la provincia de Buenos Aires; el gobernador entiende y comprende la situación como yo, sino ya me hubiera echado a patadas”.

Y justificó en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre: “Quizás yo soy más vehemente porque parte de la transparencia de un político tiene que ser económica e ideológica y no podemos decir una cosa frente al micrófono y después hacer otra”.

Kicillof y Berni afrontan una situación compleja. En la provincia de Buenos Aires ya fueron usurpadas 4.300 hectáreas donde se iban a construir barrios cerrados y viviendas sociales.

Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.

Según esa documentación, que está en los archivos del Ministerio de Seguridad que atesora Berni, desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas. La mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión.

Las tomas son cada vez más organizadas. Berni explicó que últimamente se han sumado diferentes actores a la cadena delictiva, entre ellos abogados, estudios de contadores, y barrabravas que aprovechan la necesidad real de familias que están hacinadas y las usan para ocupar tierras públicas y en algunas ocasiones también privadas.

“Son personas que no tienen un techo propio, son arriadas, las dejan en el lugar 15 días y después cuando se garantizan el control de la zona, los sacan a patadas para hacer negocios inmobiliarios y venta de tierras”, desarrolló.

Estos grupos se amparan en la usucapión, un modo que tienen las personas de adquirir derechos reales -en este caso el dominio (propiedad)- luego de tener el control del terreno durante 20 años.

Fuente: Infobae

Este domingo por la mañana, vecinos del barrio Las Heras denunciaron que un grupo de personas intentaban asentarse en los terrenos ubicados en Fortunato de La Plaza y Tetamanti.  Una situación similar a la ocurrida a principios de agosto en Tatamanti y Mario Bravo.

En esta ocasión, por la insistencia de los vecinos se presentaron en el lugar la policía y la Patrulla Municipal. Detectaron que había un grupo de personas merodeando pero ante la presencia desistieron y se fueron.

Fuentes consultadas por El Marplatense, recordaron una situación muy parecida en el mismo barrio en los terrenos ubicados en Tetamanti y Mario Bravo, en el límite con barrio Parque Hermoso.

En ese caso eran 60 personas y cuando llegó la policía fueron notificados. En el lugar quedó marcado el terreno y se le dio intervención a la Fiscalía 12. Asimismo, se concretó un servicio para que un móvil recorra la zona para que no se haga efectiva la usurpación.

En horas de la madrugada, más de 30 personas comenzaron a construir casillas en los terrenos pertenecientes al Hipódromo de Mar del Plata, pero los vecinos del barrio lograron evitarlo al realizar las denuncias para que la policía intervenga. Incluso hubo enfrentamiento entre los "ocupas" y la gente.

David Da Cunto, presidente Sociedad de Fomento del barrio, dialogó con la prensa para explicar y visibilizar la situación. "Ayer pusieron dos casillas y vino la policía para pedirles que se retiren. Se fueron, pero esta madrugada armaron 5 casillas, vino un montón de gente que estuvo usurpando. Hubo tiros, disturbios, desmanes e incluso vinieron los bomberos porque habían prendido fuego", explicó.

"Los vecinos del barrio estamos cansados de la situación que se vive porque estamos aislados de todo y la inseguridad que hay es terrible. Si este asentamiento que querían hacer hoy se llega a plasmar no vamos a tener paz. Estamos cansados de los robos. No queremos más asentamientos", se quejó Da Cunto.

Asimismo, contó que "estos terrenos son del Jockey Club Argentino, que están en quiebra hace 20 años. Son 75 hectáreas y el caso está en la Fiscalía N°6".

"Estamos pidiendo protección para que no sucedan estos hechos porque los vecinos se levantan temprano para ir a trabajar y están cansados que les tiren piedras", cerró el referente de la Sociedad de Fomento del barrio Hipódromo.

En tanto, una vecina manifestó que "había unas 30 familias y si no fuera porque hicimos las denuncias rápido, ya habrían armado las casillas. Los terrenos se cuidaron por el esfuerzo de los vecinos, pero son muchas hectáreas. Nos interesa a todos porque es un lugar privado que pertenece a Provincia. Hay hoteles en desuso, predios abandonados, sin contar que hemos presentado varias cartas pidiendo presencia policial. Este no es un barrio abandonado".