Vecinos del barrio Fray Luis Beltrán denunciaron esta madrugada un nuevo intento de usurpación en una vivienda ubicada en Las Dalias al 3100, la cual se encuentra en estado de abandono y destinada a demolición.

Según el testimonio de una vecina de 49 años, alrededor de la medianoche observó, junto a otros residentes, que una familia ingresaba al inmueble con intenciones de ocuparlo. La denunciante aseguró que no era la primera vez que intentaban usurpar la propiedad, aunque en ocasiones anteriores los propios vecinos habían logrado impedirlo.

Ante la situación, la mujer se comunicó con el 911 para dar aviso, dejando constancia de que hasta el momento no se logró ubicar al propietario del lugar.

En ese marco, personal de la Comisaría Decimoquinta se presentó en el lugar y, tras realizar un relevamiento vecinal, consiguieron identificar al sospechoso, un hombre de 31 años.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia N° 12, a cargo de la Dra. Simón, dispuso la notificación del imputado por el delito de “Usurpación”, aunque sin medidas restrictivas sobre su libertad.

El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a las empresas y cooperativas prestatarias del servicio de energía eléctrica que operan en General Pueyrredon que trabajen en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para que elaboren e implementen protocolos de verificación previa para solicitudes de nuevas conexiones y reempadronamientos, orientados a prevenir la consolidación de ocupaciones ilegítimas de inmuebles.

En ese sentido, propusieron que se considere un esquema de control documental mínimo, admitiendo como vías de acreditación, sin carácter taxativo y con criterio de razonabilidad:

a) Título: escritura inscripta, boleto de compraventa con intervención notarial de su contenido -no solo certificación de firmas- u otro instrumento que acredite derecho legítimo de posesión;

b) Tenencia legítima: contrato de locación, comodato u otro vínculo jurídico válido con autorización del titular registral;

c) Habilitación pública: constancia emanada de autoridad judicial o administrativa que autorice la ocupación o el uso;

d) Otros supuestos con respaldo normativo (p. ej., adjudicaciones de vivienda social, regularizaciones reconocidas por autoridad competente), debidamente acreditados.

De esta manera, desde la UCR se remarcó “la necesidad de prevenir la instalación de medidores de energía eléctrica en terrenos o inmuebles ocupados irregularmente o usurpados dentro de General Pueyrredon”.

Al mismo tiempo, se explicó que “la propiedad privada cuenta con tutela constitucional, artículo 17 de la Constitución Nacional y artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siendo deber de los poderes públicos prevenir actos que la vulneren”.

A su vez, se añadió que “el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce mecanismos de protección de la posesión legítima y de la propiedad, incluyendo acciones específicas frente a ocupaciones ilegítimas. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los consumidores el acceso a servicios públicos de calidad, imponiendo a las prestatarias el deber de brindar su servicio conforme a la ley y sin lesionar derechos de terceros”.

A continuación, desde la bancada radical se señaló que “la instalación de medidores en inmuebles ingresados sin título legítimo puede contribuir, involuntariamente, a la consolidación fáctica de situaciones irregulares, complejizando restituciones y agravando conflictos vecinales”.

“En el Partido de General Pueyrredon existen situaciones de ocupación irregular y conflictos de tenencia que exigen mecanismos preventivos y de verificación documental coordinados entre el Municipio y las prestatarias, sin estigmatizar a poblaciones vulnerables ni desconocer excepciones legales válidas”, agregaron los ediles y finalizaron afirmando que “el Honorable Cuerpo debe promover instancias de cooperación institucional que resguarden la legalidad, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica”.

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante con el objeto de analizar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en General Pueyrredon.

En ese sentido, la edil radical manifestó su preocupación por “la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, que constituye un fenómeno creciente con impactos jurídicos, sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial”.

A su vez, remarcó que “estas situaciones generan una profunda afectación del derecho de propiedad y exponen a los vecinos a hechos de angustia, violencia y conflicto, particularmente cuando se producen intentos de desalojo”.

“La experiencia demuestra que las modalidades de usurpación son diversas: ocupaciones violentas, asentamientos clandestinos, engaños mediante boletos apócrifos o falsos poderes de disposición, y maniobras de estafa que terminan perjudicando a familias de buena fe”, añadió Romero, quien también sostuvo que “en muchos casos, la falta de control oportuno y de requisitos más estrictos para trámites vinculados a la acreditación de la titularidad, cambios de dominio o solicitudes de servicios básicos, contribuye involuntariamente a la consolidación de ocupaciones irregulares”.

Además, la concejal indicó que “las consecuencias no se limitan al derecho individual de los propietarios, sino que impactan en el entorno urbano, generando degradación ambiental, pérdida de tierras fiscales que podrían destinarse a fines comunitarios, y mayor inseguridad para la población”.

“Las usurpaciones y ocupaciones irregulares producen efectos sobre el ordenamiento territorial, al consolidar procesos de urbanización no planificada que dificultan la provisión de servicios, la infraestructura adecuada y el desarrollo de políticas de hábitat integrales, afectando tanto a los vecinos involucrados como al conjunto de la comunidad”, expresó Romero.

En último lugar, la edil explicó que “la realización de una nueva jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante constituye una herramienta institucional adecuada para debatir diagnósticos, sistematizar experiencias y elaborar propuestas que contribuyan a dar respuestas sostenibles a esta problemática”.

A través de las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, el Municipio llevó adelante esta tarde un operativo de desalojo en una propiedad usurpada, ubicada en Moisés Lebensohn al 1852, mediante el que retiró a 21 personas, de las cuales siete eran menores, y secuestró un arma de fuego.

En paralelo, el personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis rescató a 38 gatos, que ya fueron ubicados en un hogar de tránsito. 

Según informaron desde el Gobierno comunal, de este modo le dieron respuesta a los reclamos de vecinos de la zona que veían en ese domicilio y en sus ocupantes un polo de conflicto permanente.

“Este operativo se concreta gracias a investigaciones judiciales que se llevaron adelante a través de la Fiscalía 12 de Usurpaciones, a cargo de Luis Ferreira”, señaló el titular de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, quien añadió que se encontraban "frente a una situación en donde algunos propietarios vieron vulnerados sus derechos, puesto que un grupo de personas usurparon su domicilio particular”.

“En función de esto -y como auxiliar de la justicia desde el ámbito municipal- se dio acompañamiento a lo establecido por el fiscal. Pudimos irrumpir en el lugar, controlar la escena, desalojar a las personas que estaban allí indebidamente y abordar cuestiones sensibles, como contención a menores y control estructural y de seguridad de la propiedad”, afirmó el funcionario.

En última instancia, remarcó que “siempre” acompañarán a la Justicia “cuando el objetivo es restablecer estos derechos que son vulnerados indebidamente”, al mismo tiempo que expresó que estarán "prestos a actuar para llevar adelante este tipo de acciones”.

Cinco hombres fueron aprehendidos esta tarde por intentar ingresar por la fuerza a un departamento ocupado por una mujer de 48 años, cuyo contrato de alquiler había vencido recientemente. Ocurrió en un inmueble situado en el macrocentro.

El episodio se registró en un edificio ubicado en la avenida Colón al 1800, donde efectivos de la Comisaría Segunda acudieron tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron a cinco hombres, de entre 25 y 28 años, forzando la puerta de ingreso a la vivienda.

La víctima relató que su contrato había había vencido hace diez días y que los supuestos propietarios intentaban desalojarla por la fuerza, sin orden judicial.

La fiscal Mariana Puzzinelli, a cargo de la UFI N°12, dispuso notificar a los implicados por el delito de "usurpación en grado de tentativa", aunque no ordenó detenciones.

Un tema que no tiene freno en Mar del Plata y, sobre todo, en la zona sur, es la de la toma de terrenos. Este domingo, efectivos de la comisaría 13ra. aprehendió a cuatro personas quienes se encontraban construyendo una casilla en un terreno usurpado.

El inmueble está ubicado en la calle 429 entre 46 y 48 del Barrio Playa Serena. Y a raíz de ello, la fiscal Lorena Hirigoyen, titular de la UFI 12, dispuso la notificación de la formación de causa por usurpación y la libertad de las personas.

Desde hace varios años, vecinos de los barrios del sur vienen denunciando la proliferación de toma de terrenos, situación que en varias ocasiones se judicializó. "El Municipio mira para otro lado", reiteran los vecinos.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Senadores bonaerenses presentaron un proyecto para brindar respuesta al problema "estructural y creciente" de las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires.

El marplatense Lucas Fiorini y Roberto Costa elaboraron un proyecto que brinda la posibilidad a los propietarios de solicitar un "desalojo express". 

Según detalló Fiorini, quien solicite el desalojo de un inmueble de propiedad privada, frente a una intrusión u ocupación ilegítima, podrá hacer valer su derecho con una condena urgente. En el procedimiento propuesto, el juez realizará un control de admisibilidad formal de la petición en el término de 5 días y, en el caso de prosperar, ordenará al demandado que en el plazo de 10 días opte por cumplir con la condena urgente (si lo hace quedará liberado de costas) o interponer una demanda de oposición. Aunque existiesen ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos también respecto de ellos. El desalojo se ordenará junto con la sentencia urgente.

Ante el permanente y creciente problema de las usurpaciones, junto a @DrRobertoCosta presentamos un proyecto de reforma en el procedimiento civil y com. de PBA que brindará una rápida respuesta al propietario que hoy está en los hechos indefenso frente a los ocupas (abro hilo)?

— Lucas Fiorini (@lucascrear) September 19, 2020

"Las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires son un problema estructural y creciente. Esta situación se agrava frente a la imposibilidad práctica de los propietarios de los inmuebles para accionar judicialmente para evitar el despojo, turbaciones y demás afectaciones a su legítimo derecho de propiedad, prerrogativa consagrada en nuestra Constitución Nacional", señalaron.

Asimismo, los legisladores apuntaron que "sin dejar de reconocer el problema social que afecta a muchísimos compatriotas en cuanto al acceso de vivienda, somos conscientes también que dicha deuda no se resuelve con conductas ilícitas ni con un Estado que mire para otro lado".

Si se aprueba el proyecto, se trataría de "una respuesta efectiva real para la vigencia del derecho de propiedad: su protección se ve demasiadas veces desdibujada, y los propietarios no encuentran instrumentos adecuados para poder defenderse. Sin ser el único derecho, es cierto también que toda comunidad necesita de la protección razonable y justa de la propiedad para su progreso y desarrollo".

"Tanto para la demanda como para la oposición, la prueba que se admitirá sólo será la documental. Otro aspecto a destacar es que al resolver la demanda de oposición el juez impondrá una multa de entre el 5 y el 20 por ciento del monto del proceso a favor de quien resulte vencedor y las costas serán a cargo del vencido", agregaron.

Por último, indicaron que "con este procedimiento la cuestión quedará resuelta en un breve lapso de tiempo, y acercaremos así el Derecho a la razonabilidad y eficacia que también hace a la Justicia".

El municipio de Balcarce llevó adelante una reunión en la cual se puso como eje principal de agenda las usurpaciones, una situación que está en consideración de varios distritos bonaerenses desde los últimos meses.

Así, el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani encabezó el encuentro virtual en que además participaron el director de Regularización Dominial, Gonzalo Scioli; el titular de la Fiscalía Descentralizada, Dr. Rodolfo Moure y los jefes de la Policía locales.

"Analizaron las diferentes maneras para prevenir futuras usurpaciones, como también la formas de proceder, de acuerdo a lo que establece la ley, en el caso de que se produzca algún hecho estas características", señalaron fuentes oficiales.

Allí, se acordó "trabajar en conjunto y dar respuestas ágiles a las inquietudes de vecinos que puedan surgir en cuanto a posibles intentos de usurpaciones y unificar criterios para trabajar articuladamente", comentaron a modo de balance del encuentro.

Los participantes manifestaron que la prevención es la mejor herramienta en este tipo de escenarios, por lo cual aconsejan a los propietarios de lotes tengan a bien cercar y cerrar con candado los predios que posean.

El presidente de la Sociedad Rural de la localidad patagónica de Esquel, Leonardo Jones, afirmó este martes en CNN Radio que “el gobierno nacional está siendo cómplice y parte” de las usurpaciones de tierras en el sur del país.

“Pasaron de la actitud de mirar sobre el hombro a ser un partícipe y cómplice de actos delictivos, porque más allá de cualquier reclamo acá lo que ocurre es un delito de usurpación a propiedades privadas”, aseguró el dirigente chubutense en Café con Pepe.

Y añadió: “Hoy el gobierno nacional está siendo cómplice y parte de ese accionar” delictivo.

En ese sentido, mencionó que el lunes el vicepresidente del Instituto de Asunto Indígenas (Luis Pilquiman) "fue detenido trasladando en una camioneta” oficial de Río Negro a gente hacia usurpaciones de Villa Mascardi. “Eso es lo más relevante que pasado en estos días”, indicó.

Para Jones, “esto es muy distinto a temas de usurpación por necesidad habitacional. Durante años hemos venido pidiendo al Estado nacional y provincial que tomen cartas en el asunto y jamás tuvimos una respuesta de ningún tipo con todos los gobiernos”.

Al respecto, dijo que los estados provinciales deben cumplir con la ley 26160 del año 2007 que prevé un relevamiento de todas las comunidades aborígenes de todo el país.

“Ninguna provincia lo hizo, algunas lo hicieron a medias. Es la herramienta que tiene el Estado para decir ´ustedes son comunidades que pueden demostrar que están aquí desde hace 200 años y ustedes llegaron a Mascardi hace dos años y no hay registro para que puedan ser reconocidos como comunidad indígena´”, aseveró.

Y concluyó: “Esa es la llave para empezar a encontrar una solución”. Pero “si el Estado va a avanzar con ese relevamiento con esta dirección nos da mucho miedo de que vaya a relevar siendo cómplices de otras usurpaciones”.

Personal policial de la comisaría 16ta evitó este sábado por la tarde una nueva ocupación de terrenos en el barrio Santa Rita. Los infractores fueron identificados, notificados y luego puestos en libertad.

El hecho ocurrió en Ayolas y Namuncurá, cuando personal del Comando de Patrullas detuvo a 6 personas que se encontraban cercando y limpiando terrenos a los fines de la ocupación de los mismos.

En la causa intervino la fiscal Irigoyen, de la UFI Nº12. La funcionaria judicial infraccionó a los trasgresores por el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, presentó una denuncia y un pedido de destitución contra el fiscal Eduardo Elizarraga, a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°5 con competencia en casos de usurpaciones, estafas y defraudaciones.

A través de una publicación en sus redes sociales, Yeza cargó contra Elizarraga por "su mal desempeño y su falta de accionar ante recientes tomas de tierras en la ciudad balnearia y por tomarse atribuciones ajenas a su cargo", denunció.

"Somos 45 mil habitantes en Pinamar y nos conocemos todos", dijo el Intendente. "Seis meses le pedimos por el desalojo de una casa usurpada y cuando pudimos acceder vimos a un asesino prófugo más otros tres delincuentes que tenían antecedentes. Esto preocupa muchísimo", agregó.

Para ejemplificar el supuesto mal desempeño de Elizarraga, Yeza hizo mención a dos casos reciente de tomas de tierras donde no habría obtenido respuestas satisfactorias del fiscal.

"En el último enero había construido unas paredes y un techo, eran cuatro personas. Solicitamos el desalojo. Hablando con el comisario, el fiscal le dice: Si se acercan a la vivienda métanlos presos. ¿Hablaba de los usurpadores? No, de los funcionarios municipales", denunció Yeza.

"Presenté una denuncia y pedido de destitución ante el consejo de la magistratura contra el Fiscal de usurpaciones y flagrancias Dr Elizarraga. No tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre su función. La fiscalía nace para luchar contra las usurpaciones y no fue así", este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales para hacer público su malestar y mostrar la acción llevada a cabo.

Son prácticamente 5 años en donde hemos tenido que rogar que solicitara desalojos ante usurpaciones. Saben lo que es tener 30 personas traídas de otra ciudad a ocupar tierras municipales y que el fiscal que debiera proteger a los ciudadanos de eso no haga nada?

— Martín Yeza (@martinyeza) September 2, 2020

Gracias al trabajo en equipo de varias áreas municipales de Pinamar se pudo frenar dos nuevos intentos de usurpación. Esta una problemática que ocurre en muchos lugares del país pero que desde el partido de Pinamar han impuesto la campaña: "Seguimos diciendo NO a las usurpaciones".

Fernando Ávila, titular del área de Vivienda y Hábitat dio detalles del operativo: "Desbaratamos dos intentos ilegales de construcción en la localidad de Ostende. Dos intentos de usuarpación más que logramos detener y desmantelar. En ambos casos se clausuró, se intimó a presentar documentación y en ningún caso se logró acreditar titularidad. Tampoco tenían planos presentados. Este es un trabajo conjunto con varias áreas: Seguridad, Servicios Urbanos, Fiscalización, Obras Particulares. Todos colaboraron para poder lograr los objetivos del operativo".

Explicó luego que "La Ley Orgánicas de las Municipalidad nos habilita a dar luz verde a una demolición en caso de ser necesario. Actuamos en coordinación con varias áreas para poder proteger estos bienes. La idea es dar este mensaje claro. En estos últimos meses, esta temática se hizo presente en varios lugares de la Provincia pero acá el mensaje es uno solo: 'No vamos a permitir usurpaciones´. En Pinamar estamos actuando para que no pase. Agradecemos a los vecinos y vecinas que colaboran con sus denuncias para poder seguir avanzando con cada uno de estos operativos".

? NO A LAS USURPACIONES ?Gracias al trabajo en equipo de varias áreas municipales, frenamos dos nuevos intentos de usurpación. Con la colaboración de los vecinos y vecinas que denuncian, seguimos protegiendo los bienes de municipio y particulares. https://t.co/mq5Gcspy0z pic.twitter.com/CSEhsCSrXk

— Muni Pinamar (@muni_pinamar) August 18, 2020

Las denuncias de los vecinos del Barrio Hipódromo surtieron efecto ante la presencia policial para evitar la usurpación de terrenos privados en el límite entre los barrios Hipódromo y La Herradura. Pero del lado de aquellos que intentaban armar sus casillas, también hubo acusaciones de violencia hacia los denunciantes.

"Nosotros nos acercamos a la mañana porque vimos un montón de gente en la calle, camionetas de alta gama, muy agresiva con gente trabajadora", expresó Roxana Roldán, referente del Frente Social Miguel Roldán.

Y agregó que "la situación económica del país es tremenda en la ciudad de Mar del Plata. Es gente que vive acá en el barrio y ya no puede alquilar. No tienen donde vivir. Con un IFE no puede seguir alquilando, no tienen la posibilidad de salir a trabajar porque no son servicio esencial".

"Acá hay cartoneros, albañiles, gente que trabaja en la pesca", añadió.

Integrante de la  ONG "Convocatoria al Sur", Roldán reconoció que "vinimos a apoyar esta toma y vamos a seguir apoyando la recuperación de tierras de parte del pueblo trabajador y pobre, que menos tiene"

"Hemos ido al HCD. Hablamos con concejales de todos los colores políticos. Na hay respuesta, obligan a la gente a esta situación", subrayó.

Y respecto a los incidentes, confió que "del barrio La Herradura no se acercó un sólo vecino a decir que estaba en desacuerdo con la toma. La gente que vino es del barrio Hipódromo, vinieron en autos de alta gama, con machetes, palos y escopetas".

"Vinieron con un bidón de nafta y prendieron fuego una casilla que apenas pudo salir el señor que estaba adentro con dos criaturas", denunció.

Este fin de semana, los vecinos de Fermín Errea y Rawson, denunciaron a la policía que un grupo de personas se estaba instalando de forma ilegal en un lote ubicado en dicha intersección, lo cuales fueron desalojados por personas de la comisaría 12da.

Asimismo, este viernes, una mujer sufrió momentos de temor y angustia cuando un grupo de personas que había tomado su casa, ubicada en Rivadavia y la vía, intentó acuchillarla, pero, gracias al accionar de la policía recuperó su domicilio y no hubo heridos.

Néstor Gonnet, dueño de la propiedad denunció el intento de usurpación de sus propiedades este domingo, luego de ser alertado por vecinos del barrio, ya que él no se encontraba allí. “Es un tema complicado, a mí me salvó que los mismos vecinos fueron los que pudieron sacarlos, yo me enteré el domingo a la noche", consideró en diálogo con El Marplatense.

"Tenemos varias raciones distribuidas en la ciudad de Mar del Plata. Estamos haciendo las gestiones para su división, o sea, raciones de tierra que se transforman en terrenos y después se venden en cuota", explicó.

Y detalló: "Hemos tenido el domingo pasado en una fracción, tres manzanas, que tenemos ahí en Fermín Errea y Rawson, un grupo de gente vino con camiones chapas y demás diciendo que habían comprado los lotes, indudablemente yo no estaba en el lugar".

"Los vecinos estaban preocupados por ese tema. Se creó un conflicto ahí con esta gente, que pudieron desalojarlos, vino la policía por una denuncia que hicieron y aparentemente se retiraron todos", agregó en relación a cómo fueron aquellas horas.

Por último, indicó que está "en contacto con gente del barrio que ya formó una comisión por miedo a que se vaya a transformar en una villa. Es un barrio humilde de gente trabajadora".

“A mí me pasó ahí, pero después tenés muchos lotes aislados, sueltos de propietarios que a lo mejor no están acá en la zona y de repente se encuentran que los están ocupando. Lamentablemente, es un tema que el Municipio debería tener muy en cuenta”, concluyó.

Vecinos del barrio Parque Peña denunciaron una ola de robos y usurpaciones, donde detallaron que "personas del conurbano ocupan terrenos".

En este sentido, y tras un diálogo con EL MARPLATENSE, expresaron que el barrio sufre un "deterioro constante". "Sobre la Ruta 11 está la planta de de tratamientos y creemos que está involucrado directamente con nuestro problema porque vemos todo lo costero evoluciona, mientras nosotros, con la planta frente, hemos involucionado", detallaron.

Según su testimonio, desde hace 2 años "nos robaron a todos". "Hablamos con todas las autoridades, presentamos notas en el Concejo Deliberante, hemos ido al COM. Hace 15 días nos reunimos con Oroquieta", explicó.

"Estamos muy preocupados porque vemos que en el verano se incrementa la cantidad de gente que viene de afuera, el barrio es peligroso y muchos de los que vienen en el verano se quedan", agregaron los vecinos.

"Si la municipalidad no está presente para demostrar autoridad, favorece a que se descontrole todo", agregaron.

En este sentido, relataron que "la mayoría de la gente del barrio termina atrincherada. Nos cuidamos entre nosotros. Contamos con el apoyo de la comisaria, pero se nos complican las salidas".

Desde la Fiscalía de Usurpaciones aseguraron a El Marplatense que actualmente se registra un aumento en los casos de usurpaciones. Sin embargo, destacaron que este aumento es paralelo al aumento de la población. Por lo tanto, "no es una situación crítica, sino que está dentro de los parametros".

Lorena Hirigoyen, a cargo de la fiscalía aseguró que estos casos “se dan en toda la ciudad. Normalmente en el centro lo que más hay son usurpaciones de casas ya construidas, y en la periferia los terrenos que están desocupados, sin cercar”. “En lo que va del tiempo ha crecido igual que otros tipos de delitos, tiene que ver con la mayor cantidad de población, no tiene un índice específico”, reiteró para dejar en claro que no hay un avance peligroso de estos casos.

“Dentro de las usurpaciones de propiedad lo que tenemos que saber es que hay delito de usurpación solamente si se cumplen determinados medios comisivos para todas las ocupaciones ilegales, ya sea de terrenos o de casas, y con determinados medios comisivos que nos marca la misma ley penal, que son las de amenazas, las de violencia, clandestinidad, abuso de confianza”, comenzó Irigoyen en su desarrollo y a su vez, dejó en claro que “hay ocupaciones que son ilegales pero que no configuran el delito de usurpación de propiedad”, aunque también remarcó que “sus propietarios tienen todas las acciones civiles que les da el derecho para recuperar su inmueble si hay una ocupación ilegal”.

“La otra cuestión que hay que saber es que el delito de usurpación protege al poseedor del lugar”, subrayó la fiscal. “El poseedor es la persona que está durante muchos años en forma pacífica dentro de un inmueble, terreno o casa. La ley protege a esas personas para que no puedan ser sacadas de ese lugar mediante violencia”, agregó.

Además, la fiscal explicó que "el dueño de una propiedad no tiene el derecho de sacar mediante la violencia a los inquilinos que no pagan. “Si el dueño del lugar saca al inquilino mediante la violencia, el que está cometiendo el delito de usurpación de propiedad es el propietario del inmueble, porque el propietario tiene todo el derecho civil a su favor para recuperarlo a través de la ley”, destacó comentando una situación habitual al momento de alquilar un inmueble y que el inquilino se atrasa con el pago.

En su explicación, Hirigoyen también contó lo que ocurre frecuentemente ante casos de usurpación, donde “los títulos de propiedad” están en poder de más de una persona: “Muchas veces tenemos dos partes que tienen documentación diferente de un mismo inmueble, y ahí el problema también lo tienen que solucionar a través de la vía civil. Este tipo de casos se da porque la mayoría de las ventas de inmuebles en Mar del Plata, lamentablemente, se hacen de manera informal, no por escritura pública. Se hacen o por boleto de compra venta, o por sesión de derechos, todo por títulos precarios que no tienen firma certificada, ni sellado, ni fecha cierta. Ese tipo de documentación hace que mucha gente sea engañada por otra”.

“La única forma de transmitir un inmueble formalmente es a través de una escritura pública de dominio”.

“En Mar del Plata hay muchos casos de usurpación pero más son las cuestiones civiles que las que realmente son delito”, continuó la fiscal Hirigoyen. “Cuando se inicia una usurpación que hay delito, que se puede probar que se ha ingresado por alguno de los medios comisivos y que la persona que está en el lugar no tiene derecho a estarlo, lo que se hace normalmente es, en el menor tiempo posible, pedir una medida cautelar que se llama 'Restitución del inmueble' o 'Restitución y lanzamiento' y si el juez de garantías nos da esa orden se hace el desalojo y se entrega la casa al verdadero poseedor o propietario”, especificó.

“Muchas veces, cuando hay imputados que ingresan a casas en forma violenta, tienen la creencia de que si las personas que ocupan ilegalmente un inmueble tienen hijos menores no se los puede sacar, y eso es un mito. Lo que se hace es tener mucho más recaudos para que los menores no sufran ningún tipo de violencia y se solicita al Estado que ese menor no quede en la calle”, cerró desterrando así otro gran mito.

Gabriela Martínez, de 48 años, está atemorizada por los usurpadores de terreno que viven cerca de su casa en el barrio San Patricio. Es empleada doméstica y, tras tres días de estar encerrada por las amenazas, tomó la decisión de abandonar su casa y resguardarse en lo de su suegra.

El gran conflicto no nace por su denuncia y las de otros vecinos por la usurpación del terreno donde viven estas personas, sino por defender a un hombre de 80 años al que le “plantaron” un caballo en la puerta de su casa y que, ante la reiterada queja, lo amenazaron con un hacha.

Gabriela y algunos vecinos más comenzaron a ser intimidados y amenazados de muerte. Y en conversación con El Marplatense, contó su versión de los hechos ocurridos a partir del viernes. “En el invierno del año pasado llegaron con una casilla y al poco tiempo comenzaron a edificar sobre terrenos que no tienen dueño, que pertenecían a los Peralta Ramos y un tal Francese es quien le da una especie de posesión de derechos. Ya fueron denunciados por esto y están en la Fiscalía 12, a cargo de la Dra Yrigoyen. Pero más allá de eso, el tema es otro”, comenzó.

“Empezaron a tener caballos y los dejan sueltos, y se meten en tu casa o los atan en los pilares de luz. Hay un vecino de 80 años que pidió más de una vez que le sacaran el caballo de la puerta de su casa hasta que lo amenazaron con un hacha. Creen que son dueños de todos los terrenos. Algunos vecinos acompañamos al señor a hacer la denuncia y a partir de ello sufrimos las amenazas de arma blanca”, continuó Gabriela, al tiempo que detalló que “el viernes vinieron a golpearnos, a lastimarnos, a entrar a mi casa hasta que llegó un patrullero y se fueron. Cuando regresé de la comisaría, volvieron con toda la familia a romper la puerta, vidrios y quisieron envenenar a mis perros. Querían entrar a toda costa y nosotras somos dos mujeres solas y estábamos con mi nieta de 8 años. Si entraban nos mataban porque estaban armados”.

Respecto al accionar policial, la vecina de San Patricio expuso que “aparentemente no había un fiscal de turno y no se los pudieron llevar porque se habían metido en su casa, y hoy me entero que sí había y podía expedir una orden de allanamiento o llevarlos porque aparentemente tienen antecedentes”.

La vida de Gabriela empezó a verse entorpecida por esta cuestión y confió que “el sábado no pude siquiera salir a colgar la ropa porque desde su casa me amenazan o pasan por la puerta y me siguen intimidando. Los caballos los llevaron a otro terreno y se pusieron en una carpa, como si nada. También se hizo la denuncia y los vecinos estamos muy asustados, y yo me tuve que ir de mi casa porque estuve tres días encerrada y no puedo estar así porque tengo que salir a trabajar”.

Y también expresó su temor: “No tengo una medida de seguridad y estoy expuesta a cualquier cosa. Y ahora que salgo en los medios la represalia va a ser peor, me están escrachando en redes sociales con mi nombre, cuando yo ni quiera sé quiénes son ni cómo se llaman. Mi caso está a cargo de Gabriel Bombini”.

“Me fui a fiscalía de La Rioja al 2300 y todavía no había llegado la denuncia que hice el viernes, ni me otorgaron una orden de restricción. Ahora tengo que volver a hacer una denuncia. Mientras tanto corre riesgo mi vida, porque si esta gente entraba el viernes en casa, hoy no la estoy contando”, avisó Martínez.

Por último, y en referencia a este grupo de personas que continúan amenazándola, dijo que “en la zona sur sabemos que existen usurpaciones desde hace más de un año, pero hay gente laburadora, que no molesta a nadie. Pero éstos provocan y joroban a muchos vecinos, que viven atemorizados”.