La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley para fortalecer el Poder Judicial que incluye el pedido de autarquía financiera y el reclamo al Ejecutivo de Axel Kicillof y a la Legislatura para avanzar en la cobertura de vacantes.

Durante un acto institucional, Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, planteó la necesidad de resolver dos problemas centrales: el presupuesto judicial y la falta de designaciones.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó Torres al señalar que actualmente funcionan con tres de los siete integrantes previstos. En ese sentido, advirtió que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica” para garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

El magistrado repasó además que pasaron 2292 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la salida del ex juez Luis Genoud, lo que genera dificultades operativas, especialmente en votaciones clave.

En paralelo, se avanza en negociaciones políticas para completar los cuatro cargos vacantes antes de la feria judicial de julio. El esquema en discusión contempla que tres postulaciones correspondan al oficialismo -repartidas entre distintos sectores internos- y una a la oposición, con pliegos que deberán ser aprobados por el Senado.

Torres subrayó que el problema de vacantes se extiende a todo el sistema judicial. Si bien destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones, remarcó la necesidad de continuar en 2026 para cubrir más de 200 cargos pendientes.

En cuanto al aspecto presupuestario, el titular de la Corte insistió en la necesidad de contar con independencia financiera. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, sostuvo. También recordó que el 90% del presupuesto se destina a salarios.

El proyecto, denominado Fortalecimiento del Poder Judicial, fue firmado junto a entidades del sector como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, y enviado a la Legislatura como una señal política en medio del debate sobre la calidad institucional.

Fuente: con información de DIB

"En la provincia existen 600 vacantes y en Mar del Plata el número alcanza a 25 cargos", señaló el presidente del Colegio de Magistrados, Simón Isacch, quien destacó los problemas que surgen por las demoras en estas designaciones.

Los cargos que faltan cubrir corresponden a jueces civiles, tribunales de trabajo, magistrados del ministerio público, familia, responsabilidad penal juvenil, cámara penal, tribunal oral...

"El sistema de designación de magistrados es bastante complejo, intervienen distintas autoridades de la provincia. Desde el Consejo de la Magistratura, el poder Ejecutivo que eleva los pliegos, el Senado que los aprueba y la Corte que pone en funcionamiento a quien ha sido designado. La demora la vemos en todos estos estamentos", aseveró Isacch.

Este retraso "genera un problema muy grande" porque "los cargos vacantes tienen que ser cubiertos por otros magistrados y afecta en la prestación del servicio".

"Cada magistrado tiene a cargo su organismo, y con esto tiene que dedicar parte de su tiempo atender a otro juzgado, con otra dotación de personal. El problema es bastante grave y, no sólo perjudica a quienes tienen que asumir tareas extras, se ve resentido el sistema de Justicia", aseveró.

Por último, detalló que hay "miles" de personas que aspiran a cubrir estos cargos en el Consejo de la Magistratura e incluso "en otros casos hay ternas nombradas y faltan que le ejecutivo las elija, otros pliegos están en el Senado y hay jueces designados que no son puestos porque se alegan faltas presupuestarias".