La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García en la causa por el Vacunatorio VIP.

Además, se informó que el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por presunto “abuso de autoridad y peculado”, en una decisión que también alcanzó al ex secretario privado del ex funcionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. 

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito.

“El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”, advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido “a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

Los jueces sostuvieron que “aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”.

El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para González García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada.   

Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal. 

En un “vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa”, entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros.   

“Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020”, por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara.

El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con cinco dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud.

Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes “recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas”, remarcó la acusación.

Fuente: Noticias Argentinas

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó al ex ministro de Salud Ginés González García en la causa conocida como Vacunatorio VIP. El otrora funcionario del gobierno de Alberto Fernández está acusado por los delitos de abuso de autoridad y peculado. Además, se dispuso el embargo de bienes por la suma de 130 millones de pesos.

En una resolución firmada este viernes, la magistrada consideró que había elementos suficientes para dar por corroborada la imputación y aseguró que González García “ejerció sus funciones de manera abusiva”. Los hechos de los que se lo acusa ocurrieron durante la pandemia del Covid-19 y en la causa se describe a la organización del funcionario como “un vacunatorio precario”.

Según consta en la causa, cuando el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del ex funcionario, le atribuyó dos hechos puntuales. Uno, fue haber “dado la orden de retirar 10 (diez) vacunas contra el COVID-19 asignadas al centro hospitalario nacional Alejandro Posadas y su traslado al Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021 para la inoculación de diez personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.

Respecto del segundo hecho, la fiscalía le atribuyó haber dado la orden de retirar cinco vacunas contra el COVID-19 asignadas al Ministerio de Salud y su traslado al domicilio particular del ex presidente Eduardo Duhalde, para aplicárselas a él y su familia.

La causa por el Vacunatorio VIP fue uno de los escándalos más grandes que sacudió al gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia del coronavirus, cuando escaseaban las vacunas, se descubrió que había personas que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían la dosis antes de lo estipulado.

La investigación comenzó en 2021, después de que se conocieran los casos de la entrega de vacunas de privilegio al periodista Horacio Verbitsky, al diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, y al ministro de Defensa Jorge Taiana, entre otros. Esto hizo que Fernández le pidiera la renuncia como titular de la cartera de Salud, y lo reemplazara Carla Vizzotti.

A fines de marzo de este año, González García salió a hablar y dio su versión de los hechos. “Estoy acusado por dar nueve vacunas que estaban autorizadas totalmente, que les correspondían porque eran mayores de 60 años. Algunos tenían otras causas, eran médicos, personal estratégico, diputados y senadores. Todos además fueron vacunados cuando ya había en esa categoría más de 35 mil vacunados”.

En la misma línea, aclaró que “todo el mundo sabe que nunca hubo un vacunatorio en el ministerio, ni antes ni después” y se refirió a la vacuna que recibió el periodista Horacio Verbitsky: “Esa fue una emergencia porque al periodista que se fue a vacunar al Posadas no lo quisieron vacunar por sus antecedentes políticos. Como consecuencia de eso, un día que yo no estaba en Buenos Aires se pidió permiso al director del hospital para ir al ministerio a vacunar a los nueve y eso fue lo que se hizo”.

Fuente: TN

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como “Vacunatorio Vip”. No solo dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas. La resolución- a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.

“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el x ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos, entre ellos Florencio Aldrey y sus sobrinas.

Muchos de ellos -el presidente incluido- fueron anotados como personal de salud, según los listados del Posadas. En la causa se explicó que la que lo anotó así fue una maestra del jardín de infantes del Posadas que en ese momento no estaba trabajando de eso porque no había clases.

A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno tal como lo hizo el resto de los ciudadanos. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos que aparejaba la existencia de una vacunatorio para amigos del poder.

En otra resolución paralela, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de una asociación civil para convertirse en querellante. Se trata de la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre. De esta manera, la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.

“Teniendo en cuenta que los hechos y conductas que conforman el objeto de pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, resulta procedente la constitución como parte querellante de la incidentista, en los términos del art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto el objeto social de la organización que representa abarca la defensa y protección de dichas garantías”, dijo la resolución. “Corresponde revocar la resolución apelada y tener como parte querellante a la organización Bases Republicanas; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”.

El Marplatense publicó, durante varios días, un seguimiento de ese hecho que marcó un revuelo importante en la vida política del país. Y Mar del Plata no fue la excepción.

Ya lo dijo el Intendente hace más de 10 días: la vacuna es, en primer término, para los grupos de riesgo, y para el personal de salud y seguridad. pic.twitter.com/3CJis103og

— Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) February 20, 2021

El interbloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó una batería de proyectos repudiando las “prácticas de privilegio” utilizadas por el extitular del Ministerio de Salud de la Nación en el plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina.

En ese momento, el Ministerio de Salud de la Nación admitió que el titular del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y su familia fueron parte de la “vacunación Vip”.

Tras la revelación del diario Clarín, el dato se confirmó por la difusión oficial de un listado de 70 personas vacunadas en la gestión de Ginés González García, por fuera de los mecanismos establecidos en el plan de vacunación contra el Covid-19.

En las últimas horas, se conoció que en Mar del Plata, se presentó una denuncia penal por posibles irregularidades en el plan de vacunación y los supuestos beneficiados.

Es una verguenza lo que están haciendo con la vacuna. Mientras abuelos esperan sus turnos para vacunarse el gobierno las reparte con absoluta impunidad entre sus militantes. Buen momento para recordar lo que dijo @gmontenegro_ok hace pocos días ?

— Agustin Neme (@agustin_neme) February 19, 2021

Por su parte, al igual que las edilas de Elisa Carrió, el bloque de concejales de Vamos Juntos presentó un proyecto de resolución con el objetivo de repudiar a los hechos acontecidos desde la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, que “evidenciaron un sistema de vacunación privilegiado para personas allegadas a las esferas del gobierno nacional”.

Además, el oficialismo expresó “profunda preocupación” por "la falta de cumplimiento en debido tiempo y forma del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19" y exhortó al gobierno nacional a que “de manera urgente arbitre los medios necesarios para obtener las dosis que se precisan para la inmediata implementación en todo el ámbito territorial argentino de dicho plan conforme un marco ético que garantice la equidad para todos los habitantes del país, priorizando los grupos de riesgo y los sectores más vulnerables”.

Mañana a primer hora presentaremos junto a mis compañeros de bloque Proyecto de repudio los hechos acontecidos desde la orbita del Ministerio de Salud de la Nacion q evidenciaron un sistema de vacunación privilegiado para personas allegadas al gobierno @agustin_neme @nicolauria

— Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) February 21, 2021

En la iniciativa, a la cual este portal tuvo acceso, se indicó que “la reciente renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García, se debió a la revelación de hechos que daban cuenta de personas privilegiadas que habían tenido acceso a la vacuna contra el coronavirus, mientras que cientos de ciudadanos vulnerables deben esperar sus dosis e ingresar a un sistema de turnos que a la fecha, no da certezas de cuándo podrá estar la población fuera de riesgo”.

A su vez, se remarcó que “los privilegiados con acceso a la vacuna por fuera de las exigencias oficiales, conforme lo han manifestado fuentes periodísticas, pertenecen al ámbito público como privado, y se vinculan con el exministro de salud ya sea por relaciones personales o por vínculos con el partido político oficialista nacional”.