El operativo realizado hoy en la Rambla de Mar del Plata fue valorado por la UCIP como un avance concreto frente al comercio ilegal, en línea con los reclamos que la entidad viene sosteniendo desde hace meses. Desde la organización señalaron que el allanamiento “confirma lo que UCIP viene documentando y reclamando de manera formal desde junio de 2025: el comercio ilegal en nuestra ciudad es un problema real, de magnitud”.

El procedimiento, que se enmarcó en controles vinculados a la Ley de Marcas, incluyó un importante despliegue y el secuestro de mercadería presuntamente ilegal, en su mayoría indumentaria y productos de marcas reconocidas. Para la UCIP, este tipo de acciones ratifica la existencia de circuitos informales de comercialización que afectan directamente al comercio formal.

En ese sentido, recordaron que ya en junio del año pasado habían presentado un reclamo formal ante el Ejecutivo municipal, la Provincia y la Nación, identificando focos críticos como la Rambla, la Plaza Rocha, la Playa Bristol y arterias comerciales clave. Lo ocurrido hoy, sostienen, no hace más que validar ese diagnóstico previo.

Asimismo, destacaron el accionar institucional que permitió llevar adelante el operativo. “Valoramos la acción de la Justicia y el trabajo de las fuerzas de seguridad intervinientes. Cuando las instituciones actúan, los resultados son posibles”, expresaron, en referencia al despliegue que permitió avanzar sobre la feria.

No obstante, desde la entidad advirtieron que la problemática persiste en otros puntos de la ciudad. Subrayaron que “la Rambla es uno de los focos que señalamos hace diez meses”, pero que espacios como Plaza Rocha, la Peatonal San Martín y el frente costero “continúan en la misma situación”.

En esa línea, plantearon la necesidad de avanzar más allá de operativos puntuales. “Un operativo es una respuesta puntual; una política pública es lo que los comerciantes formales de esta ciudad necesitan y merecen”, afirmaron, y reiteraron su reclamo por “fiscalización permanente, coordinación interjurisdiccional y condiciones equitativas” para quienes cumplen con la normativa vigente.

De este modo, la UCIP celebró el procedimiento en la Rambla como un paso positivo en la lucha contra el comercio ilegal, aunque insistió en que el desafío de fondo requiere una estrategia sostenida que garantice reglas claras y equitativas en toda la ciudad.

La policía rescató en una casa de Junín, provincia de Buenos Aires, a diez tortugas terrestres que iban a ser vendidas de manera ilegal, ya que son especies protegidas. Participaron del operativo conjunto agentes de la Delegación de Policía Ecológica y del área de Zoonosis del municipio.

La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, alertó sobre la comercialización de animales silvestres protegidos por la Ley 22.421, que regula la protección y conservación de la fauna silvestre.

El fiscal Martín Laius, a cargo de la Fiscalía 8, dirige las actuaciones legales, que incluyen la notificación formal al acusado. Las autoridades advirtieron que este tipo de procedimientos se intensificaron debido al aumento de la práctica del mascotismo, es decir, la tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas.

La extracción de animales de sus hábitats naturales, su retención en condiciones inadecuadas y su transporte en situaciones deplorables son prácticas comunes que, en muchos casos, terminan en la muerte o daños severos a los animales.

En Argentina, tres variedades de tortugas terrestres habitan en llanuras áridas y semiáridas, y su comercio ilegal como mascotas amenaza gravemente su supervivencia. Además, su hábitat se ve afectado por las actividades agropecuarias, lo que agrava aún más la situación de estas especies.

La demanda de tortugas como mascotas ha crecido debido a su tamaño reducido, los mínimos cuidados que requieren y su gran resistencia, características que, paradójicamente, prolongan el sufrimiento de estos animales en cautiverio.

Los ejemplares confiscados fueron trasladados por el personal de Salubridad y Zoonosis del municipio, quienes dispondrán su destino final en coordinación con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es evaluar su estado de salud y, si es posible, devolverlos a su hábitat natural en una reserva adecuada para su especie, promoviendo así su recuperación y reintegración en el medio ambiente.