En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató el giro de fondos.

Los vetos fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-, mientras que la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.

La oposición en el Senado buscará este jueves rechazar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: una que establece el financiamiento universitario y otra que declara la emergencia pediátrica para destinar más fondos al Hospital Garrahan.

La sesión, programada para las 10 de la mañana, se centrará en la necesidad de la oposición de alcanzar el quórum de 37 senadores. Se considera que lo lograrán, contando con los 34 legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sumando apoyos de otros bloques, como los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Maximiliano Abad, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Una vez que se inicie el debate en el recinto, el desafío será mayor: para insistir en la sanción de una ley tras un veto presidencial, la Constitución exige una mayoría de dos tercios de los senadores presentes en el recinto.

UxP contaría con el respaldo de una amplia gama de legisladores, incluyendo a gran parte del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. En contraste, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se vería con un apoyo reducido, posiblemente solo de Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), con otros de sus integrantes contemplando la ausencia.

Además de los vetos de Milei, el Senado también discutirá el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero para crear el Sistema de Alerta Rápida Sofía. Esta iniciativa busca establecer una normativa para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

Fuente: TN

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales impulsados por el presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de aumento de fondos para el Hospital Garrahan. Estas iniciativas, que buscan garantizar recursos para la educación superior y el sostenimiento del centro de salud pediátrico, serán ahora tratadas por el Senado para su resolución definitiva.

En el primero de los casos, la Cámara de Diputados votó a favor de voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención.

Por otra parte, hizo lo mismo con la Ley que otorga más fondos a las universidades y abre las paritarias en ese sector, en ese caso con 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

En paralelo a la sesión, una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso. Miles de manifestantes, entre estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y ciudadanos, expresaron su apoyo a las leyes vetadas y reclamaron la protección de estos sectores clave.

Desde el oficialismo, se defendió los vetos presidenciales. “Las únicas clases que se perdieron en la universidad son por las marchas como las de hoy”, señalaron en un comunicado. Además, el diputado Santiago Paulí afirmó: “Hablamos de la UBA y del Garrahan, pero no hablamos de las crisis en las provincias, porque solo quieren polemizar”, criticando lo que consideran un enfoque sesgado en el debate.

El rechazo de los vetos en Diputados representa un revés para el Gobierno nacional, que ahora espera la decisión del Senado. La resolución de este cuerpo legislativo será clave para determinar si las leyes recuperan su vigencia o si los vetos presidenciales se mantienen.

El presidente Javier Milei envió al Congreso el veto a la Ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales que busca garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional.

El decreto firmado por el gabinete nacional argumenta que el proyecto implicaba un “impacto fiscal directo” de más de $115 mil millones, carecía de financiamiento genuino y ponía el déficit fiscal, una de las banderas del equipo de Milei.

Asimismo, la legislación persigue la continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas.

En este contexto, Juan Manuel Bustamante, radiólogo y delegado gremial de ATE en el Inareps, declaró en diálogo con El Marplatense que "vamos a salir a la calle, a manifestar, porque es la única forma de darlo vuelta". 

Asimismo, destacó que "creemos que la Ley de Residencias es una de las patas fundamentales de la formación de los compañeros que después terminan trabajando en salud pública, que terminan atendiendo a la gente de a pie". 

"Muchos de los profesionales que se forman en las instituciones públicas terminan siendo los mejores. Por eso me parece bastante peligroso dar este mensaje de que las residencias no sirven y que van a quedar precarizadas. Es todo tan autoritario que genera bronca", continuó. 

De modo que "estamos esperando que se presente algo desde la parte jurídica para se declare inconstitucional el veto porque va en contra de la ley 2.109 del 2025", concluyó. 

Después de que Javier Milei vetara la ley de emergencia pediátrica, trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron un nuevo paro en ese centro médico: será mañana desde las 07:00 y durará por 24 horas.

"Estábamos convencidos de que había que luchar por esta ley. Necesitamos que el Hospital Garrahan reciba un salvataje del Gobierno nacional, porque se está hundiendo, está goteando, los profesionales que se van, los insumos que faltan. Es una situación desesperante", argumentó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.

Asimismo, explicaron que, durante el paro del personal médico y no médico, sólo habrá asistencia en las internaciones y en la guardia.

El veto de Milei a la ley de emergencia pediátrica, que dispone más fondos para el Garrahan, se publicó hoy en el Boletín Oficial. En Diputados quieren sesionar el miércoles 17 para tratar esa medida, mientras que el Senado tiene prevista una sesión el jueves 18. El Congreso ya rechazó una iniciativa similar del presidente, sobre la ley de emergencia en Discapacidad.

Los trabajadores del Garrahan, además, anticiparon que el lunes harán una conferencia de prensa para instar a diputados y senadores a tratar de modo "urgente" los vetos, entre los que se encuentra también el de la ley de financiamiento universitario.

Los trabajadores del emblemático hospital pediátrico ya habían adelantado ayer que, si se confirmaba el veto, harían una medida de fuerza. Además, convocaron a "un gran ruidazo nacional" para defender al Garrahan y también a las universidades nacionales.

"Hoy más que nunca te convocamos a que mañana a las 20 horas podamos llevar adelante un ruidazo nacional en unidad, el Garrahan, la salud pública y la universidad", destacaron los trabajadores del hospital al anunciar el paro.

Y agregaron, con énfasis: "No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud de los niños, de las infancias que este gobierno odia, maltrata y está dispuesto a pasar por encima su derecho a la salud, la dignidad como lo hizo también con los jubilados".

Fuente: Clarín

El presidente Javier Milei vetó, una vez más, la Ley de Presupuesto Universitario que establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios, partidas para investigación y aumentos salariales para los trabajadores docentes y no docentes.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde su presentación, argumentando que su costo fiscal, estimado en $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, comprometería el superávit fiscal, pilar clave de su plan económico. 

Además, señalaron que la medida se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N°24.156, que exige especificar fuentes de financiamiento concretas, actuales y suficientes para gastos no previstos.

En este contexto, Pedro Sanllorenti, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios seccional Mar del Plata, declaró en diálogo con El Marplatense que “habiéndose conocido el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, la respuesta inmediata que todas las federaciones docentes y no docentes de las universidades nacionales han resuelto es que se realice un paro total de actividades el viernes 12 de septiembre”. 

Asimismo, aseguró que “nos encaminamos hacia la tercera Marcha Federal Universitaria que realmente va a ser multitudinaria y se llevará a cabo el día en el la Cámara de Diputados traten el rechazo al veto de esta ley”. 

Respecto a la fecha, aclaró que “esto puede llegar a ocurrir el próximo miércoles, si es que las voluntades en la Cámara están, y sino será el siguiente. Esto lo iremos confirmando con el correr de las horas".

Por otro lado, señaló que “se ha conocido a fines del día de ayer que también hubo un veto presidencial a la Ley de Residencias, que en varios lugares se dio a conocer como una Ley vinculada al Hospital Garrahan, y eso también va a juntar sectores que reclamarán en el Congreso”. 

“Son leyes que se vienen tratando de manera conjunta, seguramente esta Ley de Residencias también va a ser acompañada en la calle en el momento que se trate”, indicó. 

En consecuencia, “va ser una respuesta contundente y le pedimos al conjunto de la sociedad que, tal como lo hizo en dos oportunidades durante el 2024, ni bien ocurra esta marcha se sientan convocados y participen de la movilización que se va a hacer tanto en Mar del Plata como en todas las ciudades de nuestro país donde hay universidades nacionales”, concluyó. 

El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, remitió hoy al Congreso de la Nación el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto. La oposición analiza convocar una sesión especial el próximo miércoles para intentar revertir esta decisión, que requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

La ley vetada, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, ordena la convocatoria a paritarias dentro de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, así como incrementar las becas estudiantiles.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde su presentación, argumentando que su costo fiscal, estimado en $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, comprometería el superávit fiscal, pilar clave de su plan económico. El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N°24.156, que exige especificar fuentes de financiamiento concretas, actuales y suficientes para gastos no previstos.

En la misma sesión especial de agosto, el Congreso aprobó la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también serán vetados por el Ejecutivo, aunque los vetos aún no fueron remitidos y el plazo vence este jueves.

La oposición enfrenta el desafío de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley original, dado que la votación en Diputados alcanzó 158 votos afirmativos, insuficientes para esa mayoría especial. Mientras tanto, el presidente Milei busca fortalecer el Ministerio del Interior para acercarse a los gobernadores, en un contexto de crecientes tensiones internas por la campaña electoral de octubre.

Fuente: con información de Infobae

El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con esta decisión, la norma deberá ser promulgada. La Cámara Alta, al igual que la Cámara de Diputados, se opuso a la decisión del Ejecutivo, marcando un nuevo capítulo en el debate legislativo.

Con 63 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones, el Senado ratificó su apoyo a la ley, que busca atender las necesidades urgentes del sector de la discapacidad. Este resultado refleja un amplio consenso entre los legisladores, quienes priorizaron la implementación de medidas para garantizar derechos y apoyos a este colectivo.

Este rechazo al veto presidencial constituye un revés para el Gobierno, que había intentado bloquear la iniciativa. Ahora se espera que el Ejecutivo, ante esta resolución, evalúe la posibilidad de avanzar con una medida judicial para cuestionar la normativa. 

Mientras tanto, la sesión en el Senado continúa con el debate sobre la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema que también genera preocupación en el Gobierno.

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece la actualización y cancelación de deudas con prestadores de salud, así como un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. La norma, de aplicación en todo el territorio nacional, regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La ley declara la emergencia en materia de discapacidad y establece medidas clave para garantizar la sostenibilidad del sistema. Entre sus principales disposiciones, se destaca la actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023, conforme a los índices del INDEC. Además, se ordena saldar las deudas con los prestadores y ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

En relación con las pensiones no contributivas, estas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, promoviendo así su inclusión laboral. Para incentivar la contratación, los empleadores que incorporen trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado recibirán una exención del 50% en las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años.

La norma también contempla un impacto fiscal significativo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el aumento de las pensiones requerirá un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, dependiendo del número de nuevos beneficiarios, que podría oscilar “entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”, según afirmó la OPC.

Para garantizar la transparencia, la Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría que evaluará de manera justa y transparente la situación de los beneficiarios, considerando criterios de salud y su contexto socioeconómico. Este proceso asegurará “notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo”, garantizando la plena participación y el acceso claro a la información.

El Poder Ejecutivo Nacional financiará estas medidas con recursos del Tesoro Nacional, asegurando una compensación de emergencia para los prestadores. Esta ley, de orden público, busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y garantizar un sistema más equitativo y sostenible.

Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas

El proyecto, impulsado por legisladores bonaerenses de la UCR y el PJ, preveía un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, créditos blandos y una moratoria para deudas. La oposición buscaba que esos recursos quedaran garantizados por ley para evitar discrecionalidad presidencial.

Desde el oficialismo se defendió que los fondos ya fueron enviados mediante decreto. Sin embargo, referentes como Maximiliano Abad y Karina Banfi advirtieron que el decreto no cubre la reconstrucción ni el circuito económico local.

El debate se cortó abruptamente cuando el bloque opositor, sin certezas de conseguir votos para otros puntos del temario, se retiró del recinto. Ante la falta de quórum, Martín Menem levantó la sesión.

A través del decreto 424/2025, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras del Congreso que habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y subsidios para los afectados.

Fuente: Dib

El Gobierno nacional presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inconstitucional el decreto que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, destinada a incrementar los fondos para las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acción se formalizará en los próximos días, según confirmaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo, representado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, argumenta que el magistrado “se extralimitó en sus funciones”. Amerio, quien asumió su cargo en marzo en presencia del presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, llevará adelante la denuncia. Desde la Casa Rosada sostienen que “lo que entendemos es que se excedió y que hubo mal desempeño”, en referencia a la actuación del juez.

Paralelamente, el Gobierno apelará el fallo de González Charvay ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, tribunal con competencia sobre el juzgado de Campana. Los equipos técnicos del oficialismo trabajan en la elaboración de ambos documentos, con el objetivo de presentarlos en el corto plazo, según informaron desde Balcarce 50.

El Ejecutivo también prepara una estrategia judicial para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo al veto presidencial en la Cámara de Diputados. Reconociendo la dificultad para obtener apoyos en el Senado, que podría convalidar la negativa al veto, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la Cámara Alta, argumentando que la autoconvocatoria fue ilegal y que lo sancionado carece de validez.

Otra alternativa en análisis es realizar una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo, enfocada en la “imposibilidad de la aplicación de la ley” debido a la insuficiencia de fondos. Según el oficialismo, las fuentes de financiamiento previstas en la norma no cubren más del 15% de los recursos necesarios, apelando a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En un intento por acercar posiciones con los bloques aliados antes de la sesión en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Presidente está “considerando” un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Sin embargo, desde el entorno del jefe de Estado aclararon que aún no se definió el monto del incremento ni la fecha de implementación.

Fuente: con información de TN

La oposición logró rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión en la Cámara de Diputados. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa, impulsada por diversos sectores opositores, superó el veto del presidente Javier Milei y ahora será tratada por el Senado para su consideración final.

La sesión, que contó con el quórum necesario gracias a la asistencia de los bloques opositores, se centró en el análisis de cuatro vetos presidenciales, incluyendo el de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición, encabezada por el kirchnerismo y otros sectores, se mostró unida en su decisión de insistir con la norma, que busca garantizar mayores recursos y políticas públicas para las personas con discapacidad.

En la previa a la sesión, el Gobierno nacional había anunciado que está evaluando un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, esta declaración no logró frenar el rechazo al veto en Diputados, donde los legisladores opositores priorizaron la defensa de la ley sancionada previamente.

Por su parte, el kirchnerismo no sólo respaldó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que también confirmó su apoyo a otras iniciativas, como el aumento de jubilaciones y la moratoria previsional, enviando un mensaje claro al resto de los bloques opositores para consolidar una postura conjunta.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, criticó duramente a los diputados opositores antes de la sesión, acusándolos de querer “hacerle daño al Gobierno”.

Fuente: con información de TN

Según un reconocido portal de noticias el gobierno nacional evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos presidenciales al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La Casa Rosada tiene en carpeta dos alternativas jurídicas: avanzar con un pedido de nulidad de la sesión en el Senado o recurrir al fuero Contencioso Administrativo, en un intento por frenar las iniciativas que cuentan con amplio respaldo parlamentario.

La jugada se produce en medio de un clima político tenso, ya que los proyectos vetados apuntaban a ampliar la cobertura social en sectores vulnerables y garantizar recursos para universidades y programas de discapacidad. La resistencia del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, abre un nuevo frente de disputa con la oposición y las organizaciones sindicales.

En diálogo con El Marplatense, el referente de ATE en la ciudad, Ezequiel Navarro, afirmó que “estamos en una etapa de resistencia” y que el apoyo inicial al presidente “ha ido decayendo notablemente” por los efectos de la política económica. “A los 180 mil puestos estatales que se perdieron tenemos que sumarle los miles de empleos privados que desaparecieron. En Mar del Plata lo vemos todos los días con pymes que cierran y colas interminables de gente buscando trabajo”, sostuvo.

Sobre los vetos en discusión, Navarro advirtió que se trata de medidas de enorme sensibilidad social. “Un aumento mínimo a los jubilados, la financiación de las universidades y la ley de discapacidad nos parecen claves. Ojalá el Gobierno no consiga sostener los vetos, porque estamos hablando de cosas mínimas”, planteó el dirigente sindical.

El referente gremial cuestionó la estrategia del oficialismo de bloquear iniciativas que buscan contener la crisis social. “Este gobierno vino a hacer esto y no va a cambiar el rumbo, pase lo que pase”, remarcó Navarro, en línea con el diagnóstico de los gremios estatales que anticipan un año de fuertes tensiones.

Con el escenario en manos de la Corte y del Congreso, el desenlace de esta pulseada definirá no solo el alcance de los vetos presidenciales, sino también el futuro inmediato de políticas claves en jubilaciones, educación y discapacidad.

La medida vetada no implica un incremento presupuestario, pero sí determina la continuidad de tratamientos y servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

La convocatoria fue anunciada por Jesica Machado, quien subrayó que la norma “no es un privilegio ni una ayuda, sino la garantía de derechos ya adquiridos”. 

La protesta reunirá a asociaciones civiles, agrupaciones de familias, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales y prestadores de transporte adaptado. “Pedimos a los diputados y diputadas que estén a la altura de las circunstancias”, remarcó Machado en diálogo con El Marplatense.

En Mar del Plata, Lucía Fraternali, referente de Prestadores Unidos con 17 años de trayectoria, ya había alertado sobre la gravedad de la situación “Miles de trabajadores y personas con discapacidad quedan a la deriva. La incertidumbre es enorme y la necesidad de una respuesta legislativa es urgente”.

La concentración busca visibilizar un reclamo que se replica en distintas ciudades de Argentina, en defensa de la atención, la inclusión y los derechos de un sector que advierte que, sin esta ley, su futuro inmediato queda en riesgo.

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay sostuvo que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

Esta decisión se enmarca en un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad, quienes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.

La sentencia consideró que la decisión del Gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.

El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.

La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

Fuente: TN

La última sesión en la Cámara de Diputados dejó al Gobierno con 12 derrotas, en un escenario de fuerte activismo opositor que logró no solo el quórum sino mantener más de 140 legisladores presentes, garantizando el avance de leyes con amplia mayoría. 

La oposición, además, prepara una nueva sesión para la última semana de agosto en la que intentará aprobar proyectos impulsados por 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que ya cuentan con media sanción en el Senado.

El oficialismo, por su parte, se enfrenta a la posibilidad de que el presidente Milei reactive el veto presidencial, complicando las negociaciones con los gobernadores, quienes juegan un rol clave en la definición parlamentaria. En el Senado, las leyes ya fueron aprobadas con votos del bloque oficialista, la UCR y fuerzas provinciales, superando ampliamente el umbral de dos tercios.

Pero la embestida opositora no se limita a Diputados: el Senado también podría dar un nuevo golpe al Gobierno con la aprobación de leyes sociales pendientes, como la emergencia en pediatría, el financiamiento universitario y el rechazo a decretos delegados, en una sesión prevista para fines de agosto o la primera semana de septiembre.

Tras las elecciones bonaerenses, la disputa continuará con una nueva tanda de vetos presidenciales que volverán al Congreso, donde la oposición busca convertir en ley el aumento de jubilaciones, bonos, moratoria previsional y emergencias sociales. Se habla incluso de una “mega sesión anti veto”, con la intención de fortalecer su influencia en plena campaña electoral nacional.

La política parlamentaria argentina, con sus maniobras y tensiones, se muestra más dinámica que nunca en este tramo decisivo del año, con la oposición decidida a capitalizar cada oportunidad para golpear al oficialismo antes de las urnas.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento en las jubilaciones y pensiones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. 

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025, al cumplirse el plazo constitucional de diez días hábiles desde su sanción.

Las normativas rechazadas incluían un incremento real del 7,2% en todos los haberes, salvo regímenes especiales, una suba del bono previsional de $70 mil a $110 mil con actualización por inflación, y una nueva pensión no contributiva compatible con el empleo formal. Según el Gobierno, la implementación de estas medidas representaría un gasto adicional del 1,68% del PBI, con un fuerte impacto en el presupuesto 2025 y 2026.

Desde el oficialismo justificaron el veto señalando que las leyes no cuentan con fuentes de financiamiento claras y fueron aprobadas “en un contexto de creciente presión electoral”, a solo tres meses de las elecciones legislativas. El Presidente ya había anticipado esta decisión semanas atrás, en una exposición ante la Bolsa de Comercio, remarcando que la política del superávit fiscal es “permanente”.

La decisión fue refrendada por casi todo el gabinete: Francos, Sturzenegger, Pettovello, Bullrich, Caputo, entre otros. En paralelo, se intensifican las negociaciones con los gobernadores para asegurar el respaldo parlamentario necesario y evitar que los vetos sean rechazados en Diputados, donde se requeriría una mayoría de dos tercios.

En ese marco, el oficialismo se muestra confiado en tener los votos necesarios para sostener la decisión. Esperan superar los 80 diputados en contra de revertir los vetos, número similar al de otras votaciones anteriores. A su vez, este miércoles se espera una sesión clave en la Cámara baja, donde también se debatirán temas sensibles como el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y el futuro del sistema científico nacional.

Fuente: Infobae

El presidente Javier Milei vetó las leyes que incrementaban las jubilaciones y los fondos destinados a discapacidad, desatando una fuerte reacción de repudio por parte de la oposición. La medida fue cuestionada por diversos referentes políticos en distintos puntos del país.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue uno de los primeros en pronunciarse contra el veto. “No se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad”, afirmó en una entrevista radial. Melella destacó la necesidad de garantizar “una jubilación justa y satisfactoria” y criticó que los jubilados sean considerados “la variable de ajuste” en un país que debería priorizar el cuidado de sus mayores. 

Además, señaló la falta de diálogo con el Gobierno nacional: “No tenemos mucho diálogo con el Gobierno. No sé si algún gobernador lo tiene”, y apuntó contra el Ejecutivo por lo que calificó como un “direccionamiento de fondos para los amigos”.

El veto también generó duras críticas de otros sectores. El diputado nacional de Unión por la Patria, Tomás Ledesma, expresó que “la basura que tenemos de Presidente va a vetar el aumento de jubilaciones y la emergencia de discapacidad el lunes. Nosotros vamos a volver a plantarnos en el Congreso para frenarlo. Pero necesitamos que los que han arrugado antes esta vez no se caguen ni se vendan”.

Por su parte, la referente de izquierda Manuela Castañeira calificó a Milei de “lacra inhumana” y llamó a “tomar las calles para repudiar este veto fascistoide”, exigiendo un salario mínimo de dos millones de pesos para combatir la precariedad laboral. En tanto, el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, ironizó: “El peor Presidente de la historia argentina. Fin”.

Los vetos de Milei serán tratados en la Cámara de Diputados, donde se originaron las leyes que establecían aumentos extraordinarios para jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El presidente de la Cámara, Martín Menem, junto al jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, buscarán consolidar mayorías para sostener los vetos.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el asesor Santiago Caputo negocian con gobernadores para lograr apoyo. La Libertad Avanza cuenta con 39 diputados propios y espera sumar al PRO, liderado por Cristian Ritondo, aunque la crisis interna de este partido podría limitar su respaldo.

El bloque Independencia de Tucumán, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, respaldó el aumento a jubilados, al igual que algunos legisladores radicales como Roberto Sánchez y Julio Cobos. Por otro lado, el bloque Innovación Federal, ligado a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, podría ser clave, aunque su apoyo dependerá de las negociaciones con Casa Rosada. La oposición, por su parte, prepara estrategias para revertir los vetos en el Congreso, en un contexto de creciente tensión política y social.

Fuente: con información de TN

El presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad, sancionadas por el Senado a principios de julio. Las decisiones se oficializaron en las últimas horas y se publicarán en el Boletín Oficial este lunes. 

En este sentido, el Ejecutivo busca dilatar el tratamiento parlamentario de estas iniciativas mientras negocia con gobernadores y bloques aliados para sostener su rechazo en la Cámara de Diputados.

Para afianzar su posición, el Gobierno mantiene conversaciones con mandatarios provinciales, ofreciendo acuerdos relacionados con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y estrategias electorales de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre. En este contexto, se oficializó esta semana la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. Además, la Casa Rosada busca el respaldo del PRO y de bloques federales aliados.

Las negociaciones con la oposición dialoguista son lideradas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas, mantuvieron reuniones con gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También se acordaron frentes electorales con algunos de ellos para competir en las elecciones.

El Gobierno sostiene que no modificará la recaudación del impuesto a los combustibles, salvo el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), y apuesta por acuerdos individuales con gobernadores para cancelar deudas y enviar fondos discrecionales. Por otro lado, la Casa Rosada argumenta que la sesión del Senado que aprobó las leyes fue inválida y planea judicializar las iniciativas si el Congreso rechaza los vetos. Esta estrategia es encabezada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

“Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, afirmaron desde Balcarce 50, subrayando su intención de evitar la erogación presupuestaria antes de las elecciones de octubre.

Fuente: con información de TN

Con la ambición, firme, de ganar tiempo para negociar con los aliados, Javier Milei vetará las mejoras en los fondos para el área de discapacidad y las jubilaciones al límite del plazo máximo, es decir, el próximo el lunes, y en el Gobierno están confiados en que el nuevo frente electoral que acaban de lanzar los gobernadores amigables, pero cada vez más díscolos no afectará las posibilidades del oficialismo de sostener los rechazos.

El inicio de alianza, por ahora frágil, que lanzaron Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut) no mueve el amperímetro, dijeron ayer en la Casa Rosada, donde hace semanas arrancaron la negociación para alcanzar un tercio de los presentes para sostener los vetos que Milei aún no emitió formalmente, pero, prometió con vehemencia, son inminentes.

Milei lo dijo en primera persona y lo recordó repetidamente a través de sus ministros -empezando por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos-: no dudará en dar por tierra los proyectos aprobados hace un mes en el Senado. Si el Presidente dejó pasar los 10 días hábiles desde la sanción de las leyes que, según la Casa de Gobierno, complican las cuentas públicas y el equilibrio fiscal, fue por una decisión política, estratégica.

El frente que se terminó de gestar en la Casa de Chubut, anteayer, generó dudas en el mundillo político, porque de esos gobernadores pueden depender las voluntades que pueda obtener el Gobierno de cara a las reuniones en comisión que tiene previsto empezar a impulsar la oposición para mantener vigentes las leyes que lograron aprobar en la Cámara alta. “No nos cambia nada. Esos no son los gobernadores que nos aseguraban los votos o las abstenciones”, dijeron con tranquilidad, ayer, en un encumbrado despacho de la Casa Rosada.

“Ahora vienen los cierres de listas en la Ciudad, después las elecciones en la Provincia y después ya va quedando menos”, agregó un funcionario, también en Balcarce 50.

El Gobierno necesita dar confianza a los mercados en un contexto convulsionada por la escalada del dólar, y si bien aseguran, repetidamente, que la situación cambiaria está controlada, quieren minimizar cualquier señal de inestabilidad en el frente político. Sobre todo con legislaciones que podrían complicar el plan económico.

Es en parte por eso que los libertarios alientan un acuerdo con PRO en la Ciudad, y que se encargan de asegurar a diestra y siniestra que, a pesar de cualquier vicisitud con los gobernadores, los votos para los vetos están blindados. Cerca del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostraron confiados esta semana sobre el curso de las negociaciones constantes con los gobernadores.

Además, en las últimas horas festejaban la incorporación de Pamela Verasay, que responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien, apreciaron, se mantuvo lejos y sin opinar, al menos en público, sobre el nuevo frente de gobernadores. Lo mismo ocurrió con el jefe provincial de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que está por oficializar una alianza con los libertarios en su distrito para enfrentar al ascendente dirigente del PJ, ex titular de la Aduana y amigo de Sergio Massa, Guillermo Michel, y se abrió de la iniciativa de sus pares peronistas, radicales y de PRO.

La confianza del oficialismo proviene, también, de la mejora en las relaciones con el PRO. Nunca estuvo en duda la fidelidad del titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo. Pero en las últimas votaciones difíciles para el Gobierno hubo abstenciones y ausencias en el sector amarillo, que despertaron cierta alarma entre los libertarios. Tras el cierre de la alianza para las elecciones en la Provincia, creen que tendrán aseguradas más voluntades en esa bancada. Y se esperanzan con un respaldo total en caso de que prosperen los incipientes diálogos para cerrar un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto incluso a pesar de las esquirlas que pueda dejar un enfrentamiento abierto con Jorge Macri, a quien Karina Milei quiere dejar afuera de las negociaciones de las listas. Anoche, el alcalde porteño se disponía a dar pelea, y en su entorno aseguraban que será uno de los apoderados del PRO junto al alfil de Mauricio Macri, Ezequiel Sabor, para asegurarse una participación activa en la conformación de las nóminas. Pero en el Gobierno no se preocupaban: “No tiene a nadie en el Congreso que le responda”, decían.

Fuente: Infobae

La decisión fue formalizada a través del decreto 424/2025, rubricado por Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En los fundamentos, el Gobierno explicó que el decreto 238/25 ya había habilitado la creación de un fondo especial de asistencia directa, administrado por la Agencia Federal de Emergencias bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“La urgencia de la situación y los recursos financieros disponibles exigían una respuesta inmediata”, indicaron desde el Ejecutivo, que cuestionó además que la ley votada por el Congreso no especificaba de dónde saldrían los fondos para su implementación, algo que, según recordaron, exige el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.

La norma vetada había sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, con 153 votos afirmativos y 32 en contra, tras haber obtenido media sanción en el Senado el 7 de mayo.

Desde el oficialismo consideran que el decreto presidencial ya da respuesta a la emergencia. Sin embargo, la oposición podría ahora insistir con la ley en el Congreso, algo que requeriría una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para revertir el veto presidencial.

Fuente: TN