El Gobierno nacional restituyó la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas o modificadas por el Decreto 461/2025, el cual había sido rechazado por el Congreso Nacional. Este último decreto, promulgado el 7 de julio, había dispuesto, entre otras medidas, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Vialidad Nacional.

La organización Luchemos por la Vida había cuestionado en su momento estas medidas “regresivas”, particularmente la disolución de la ANSV, un organismo descentralizado cuyo propósito es reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito a nivel nacional. “La ANSV promueve, coordina, capacita y supervisa políticas de seguridad vial con un enfoque sistémico y actualizado, siendo un pilar clave para la prevención de accidentes”, señalaron desde la ONG.

Con esta restitución, “se abre una oportunidad para realizar un análisis profundo sobre el funcionamiento y la eficiencia de estas instituciones esenciales”, consideraron desde el organismo. Y señalaron que es “fundamental evaluar de manera seria y detallada la situación de cada organismo, implementando los cambios necesarios para erradicar cualquier forma de corrupción y optimizar su desempeño en pos de los objetivos para los cuales fueron creados”.

“Luchemos por la Vida, ONG que desde hace más de 35 años trabaja incansablemente para evitar muertes en el tránsito, reafirma su compromiso de impulsar una Política de Estado en Seguridad Vial en Argentina”, señalaron a través de un comunicado.

La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el decreto 461 que el presidente de la Nación, Javier Milei, dictó el 8 de julio pasado y de ese modo disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.

La magistrada, en su resolución, le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.

Lo hizo al dictar una medida cautelar en una causa que inició el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). La jueza estableció en seis meses la vigencia de la suspensión del decreto.

En su resolución, sostuvo que en el caso se dan los dos requisitos para dictar una medida cautelar: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. “Dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, consideró la magistrada.

Además, Forns explicó que Vialidad Nacional “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones” de su decreto de creación y a las leyes que dictó el Congreso de la Nación. También que la relación laboral de sus empleados se rige por la ley de contrato de trabajo y por el régimen de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Sobre tales bases, no puedo dejar de señalar que, y tal como lo refiere la actora (Nda: el gremio que inició la causa), toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo”, analizó la magistrada.

La jueza explicó que el decreto que disuelve Vialidad establece que el personal pasará a otras áreas del estado y que la estabilidad laboral se dará “hasta tanto se adecúen la conformación y estructura organizativa correspondiente” y con así “se vulneran las normas y garantías laborales vigentes que fueron detalladas en los párrafos precedentes”.

“Asimismo, resulta indudable que el artículo 33 del Decreto citado, al establecer que ‘todo movimiento de personal que se origine en la Comisión y en los organismos alcanzados por las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 20 del presente decreto, ya sea con destino dentro de la jurisdicción o fuera de ella, independientemente de su figura de contratación o régimen de empleo, deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado’, conlleva la subordinación de las decisiones relativas al personal de la Dirección Nacional de Vialidad a la exclusiva discrecionalidad de dicha Secretaría", sostuvo en otro tramo de su resolución.

Y agregó: “Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

Así, para la jueza esta situación laboral genera “un temor a sufrir un daño inminente, derivado de un acontecimiento natural o humano, que amenaza gravemente con sacrificar un interés tutelado por el derecho”.

“Cabe señalar que la urgencia y temor de daño son las condiciones de procedencia del peligro en la demora. La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo, frustrando el objeto del proceso y tornándolo ilusorio”, concluyó para suspender la vigencia del decreto.

El gobierno puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Infobae

Esta mañana el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, e integrantes de su equipo de gobierno mantuvieron un encuentro de trabajo con autoridades nacionales, con el objetivo de avanzar con las gestiones para encontrar una solución definitiva para los inconvenientes y problemas de seguridad vial en la traza urbana de la Ruta Nacional 226.

Desde hace años el Municipio insiste con el reclamo, ya que la problemática que genera la disposición de la ruta y sus cruces aumenta día a día por el desarrollo de los barrios ubicados al norte de esa vía y el crecimiento del parque automotor en la ciudad.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y Diego Martín, integrante de la Unidad Intendente. Mientras que por Vialidad Nacional estuvieron presentes la ingeniera Emma Albrieu, gerenta ejecutiva de Planeamiento y Concesiones; el ingeniero Jorge Felizia, asesor externo y especialista en cuestiones viales, y el ingeniero Pablo León, que está encargado de proyectos de vialidad.

En primer lugar, las autoridades comunales plantearon su preocupación con respecto a algunas situaciones que se registran actualmente y que están relacionadas a iluminación, cartelería y ocupación de los espacios ubicados entre la ruta y las colectoras.

Al respecto, los integrantes del Gobierno nacional se comprometieron a resolver esos problemas en el corto plazo y notificar a la empresa Corredores Viales, que tiene a su cargo la gestión de ese tramo vial, además de aumentar el control para evitar el mal uso de las banquinas y espacios verdes que se encuentran entre la ruta y las colectoras.

También se trabajó sobre los diferentes problemas que se generan en el tramo de la ruta que atraviesa la ciudad, que desde hace tiempo se convirtió en una barrera urbana, y en algunos sectores es peligrosa para quienes cruzan a diario.

Junto a las autoridades nacionales se repasaron algunos de las alternativas que presentó el Municipio en Vialidad Nacional en diferentes oportunidades, desde donde se encargarán de analizarlas, asumiendo el compromiso de trabajar en la elaboración de un nuevo proyecto integral, que permita ofrecer mayor seguridad vial en toda la travesía urbana de la ruta.

El intendente Lunghi se mostró satisfecho por el resultado del encuentro y destacó el compromiso y predisposición de las autoridades nacionales: “Este es un tema que nos preocupa y por el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, manteniendo reuniones con el objetivo de poder obtener una respuesta a nuestro pedido y una solución definitiva para todos los tandilenses”.

“Continuaremos con todas las gestiones que sean necesarias, porque estamos convencidos que se trata de un tema fundamental para Tandil, importante para su desarrollo, pero sobre todo para brindar mayor seguridad vial a los miles de tandilenses que transitan a diario por esa zona”, afirmó.

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, aprobó los cuadros tarifarios a ser aplicados en los Corredores Viales Nacionales.

A través de la Resolución 332/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comunicó la decisión que abarca de los tramos I a X que comprende los peajes: Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza, Tristán Suárez, Junín (RN 7), Cañuelas, El Dorado, Carcarañá, Zárate (RN 9), San Vicente, Venado Tuerto, Riachuelo, entre varios más de distintos puntos del país. Hay tarifas que superarán los 4.500 pesos.

Por citar uno de los ejemplos, en las estaciones de peaje Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, que forman parte del tramo IX en horarios no pico con la modalidad de pago manual considerando la tarifa del concesionario más la aplicación del IVA, de acuerdo al tipo de rodado variará en su precio al usuario entre 400 y 3.800 pesos. Mientras que en hora pico, los valores irán entre $500 y $4.700 dependiendo el tipo y tamaño del vehículo. Cabe recordar que los horarios pico son: lunes a viernes en ambos sentidos de 07:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; Sábados, domingos y días feriados de 11:00 a 15:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la modalidad de pago automático, en hora no pico, el peaje para una moto costará 370 pesos, para un vehículo categoría 2 $740 y así ascenderá hasta los 3.700 que abonará un camión de seis ejes. En los mismos corredores viales, en hora pico, los montos variarán entre 462 pesos y $4.625 con la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

En la resolución oficializada esta madrugada, el Gobierno explicó que los nuevos valores aprobados “tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación”.

“Publíquese la presente medida durante un día en el Boletín Oficial y difúndase por medio de la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, a través de la página Web de esta Dirección Nacional de Vialidad”, señala el texto del Poder Ejecutivo.

Corredores Viales Sociedad Anónima cuenta con la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales. En los considerando de la resolución, se justificaron los incrementos “a fin que los valores tarifarios acompañen el contexto inflacionario”.

“Debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones, que, en caso de no equilibrarse con ajustes de la tarifa, éstos podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realiza la empresa Concesionaria”, se advirtió. En ese sentido, se justificó que “estas medidas implementadas garantizan al usuario la calidad de las prestaciones en condiciones de seguridad en las áreas concesionadas”, señala la resolución que lleva la firma de Raúl Edgardo Bertola.

Fuente: Infobae. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial registrará cambios en su conducción en las próximas horas, tras cumplirse seis meses de la llegada del nuevo Gobierno. La directora ejecutiva del organismo, Daniela Ortíz, renunció a su cargo, en medio de un reacomodamiento de la gestión, que implica modificaciones en casi todas las áreas.

Ortíz puso a disposición su renuncia este lunes, aunque permanecerá al frente del área encargada de la prevención de la accidentología víal mientras asume su reemplazo, que quedaría definido oficialmente en los próximos días, según pudo saber Infobae.

La novedad se produjo, casualmente, en una fecha significativa para la ANSV. Hoy se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial. En ese contexto, la Asociación Civil Madres del Dolor, que reúne a familiares de víctimas de siniestros viales, había solicitado un encuentro con los funcionarios del área responsable del diseño de políticas públicas para la prevención de accidentes. Pese a la importancia y el peso específico de la mencionada organización no gubernamental, Ortíz había negado la posibilidad de un encuentro.

No obstante, la reunión se llevó a cabo. Vivian Perrone, titular de Madres del Dolor, fue recibida por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien destacó su labor. “Hablamos sobre el enorme trabajo que realizan para poder promover políticas públicas que prevengan los siniestros viales”, contó luego en sus redes sociales el secretario.

La salida de la funcionaria se encadena en la serie de movimientos que tuvieron lugar en el Poder Ejecutivo luego de la renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Con el ex coordinador de ministros fuera del Ejecutivo, numerosas áreas reperfilaron su impronta de gestión, con el consecuente recambio de nombres. Ese fue el caso de la ANSV.

En efecto, de acuerdo a la información relevada por el organismo en Argentina, en el año 2023 murieron 12 personas por día en siniestros viales, según las estadísticas anuales elaboradas por la Dirección de Estadística Vial del Observatorio Vial de la ANSV.

“Para cambiar esta realidad, el organismo se propone, a corto y largo plazo, y a partir de datos precisos y confiables, implementar políticas públicas que generen menos muertos y heridos. Los siniestros viales en Argentina son una problemática. Esta realidad indica que se deben tomar medidas serias y adecuadas que tengan un sustento basado en datos confiables y precisos”, difundió el organismo nacional.

A su vez, la ANSV resaltó la importancia de la información proporcionada por las provincias. “Son la clave para implementar estrategias y acciones de prevención, concientización, educación y control, destinadas a reducir los siniestros viales y sus consecuencias”, indicaron.

Las estadísticas 2023 oficiales (aunque aún son parciales y preliminares) reflejan que 4.369 personas murieron en 3.642 siniestros viales en todo el territorio nacional. De este total, se desprende que la mayor cantidad de fallecidos fueron motociclistas, siendo 4 de cada 10 de las víctimas fatales (40%). En regiones como en el NOA y en el NEA, la mortalidad de los motociclistas aumenta al 58% y 59% del total de las víctimas, respectivamente.

En segundo lugar -agregaron-, el tipo de usuario con más víctimas fueron quienes se trasladaban en auto (25%), seguido por peatones (10%). En cuanto al rango de edad, el 38% fueron personas de entre 15 y 34 años y, de acuerdo al género, el 75% fueron hombres.

Sobre la caracterización de los siniestros viales fatales, el 53% fueron por colisión, el 12% por vuelcos y el 11% por atropellamiento de peatones. El 46% de los hechos viales ocurrieron en rutas (mayormente nacionales) y de acuerdo a la franja horaria, sucedieron casi en porcentajes iguales, tanto de día como de noche.

Fuente: Infobae